Durante los procesos electorales los políticos buscan afanosamente el voto de los ciudadanos. No escatiman recursos económicos ni retóricos para convencer a los electores de los beneficios que traerá a la población su llegada al poder. Sin embargo, después del derroche, la sociedad es ignorada y los políticos pueden, incluso, hacer exactamente lo contrario de lo que prometieron.

Ante el ciudadano desfilan tratados, decretos e iniciativas de ley, que los tres poderes crean, aprueban y ejecutan. Aun cuando la población no esté de acuerdo, no existen mecanismos legales para que se manifieste y su opinión incida en las políticas de gobierno.

Mientras que en la mayoría de los países de América Latina y Europa occidental la participación ciudadana no se agota en las elecciones, sino que se extiende al ejercicio del poder con referéndum, plebiscitos, iniciativas populares y revocación del mandato, en México no se ha podido concretar una iniciativa de ley en la materia que cuente con el respaldo de las tres principales fuerzas políticas en el Poder Legislativo.

La pasada LVIII legislatura de la Cámara de Diputados discutió seis iniciativas de reforma a la Constitución con el objetivo de instaurar las figuras del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Ninguna prosperó. Las enmiendas involucrarían a diez artículos de la Carta Magna: 35, 36, 40, 41, 71, 73, 99, 115, 122 y 135.

“El concepto de democracia que prevalece en México es sumamente limitado porque se reduce al origen del poder, es decir, a las elecciones”, explica el doctor en Derecho Constitucional y en Ciencia Política, Miguel Covián Andrade.
El catedrático universitario explica que a nivel federal, el ciudadano elige al gobierno cada seis años y a una parte del Poder Legislativo cada tres. “¿Y qué hace durante todo el tiempo de ejercicio del poder?” pregunta Covián, para contestarse agriamente: “literalmente, nada.”

El autor de Sistema Político Mexicano: legitimidad electoral y control del poder político, entre otros libros, plantea que el poder político en la democracia debe basarse en la aceptación permanente de los ciudadanos, porque “una democracia sin ciudadanos o con ciudadanos lejos del poder es un contrasentido”.

El viejo régimen
El sociólogo Luis Gómez señala que la ausencia de participación ciudadana en México fue una herencia del viejo régimen, porque “estaba basado en la ausencia de ciudadanos. Al gobierno actual tampoco le interesa la formación de ciudadanía, que es donde está el problema de fondo”, considera el académico.

El problema, agrega, es que no existen “estructuras de control del poder político” a lo largo de todos sus procesos electorales, de ejercicio del poder, de los medios empleados para el ejercicio del poder y la rendición de cuentas.
En lo que ha llamado “la teoría del rombo” (La teoría del rombo. Ingeniería Constitucional del Sistema Político Democrático), Covián plantea el diseño del “control de la legitimidad”, es decir, de la creación de una democracia semidirecta con las figuras de plebiscito, referéndum, iniciativa popular y la responsabilidad de los servidores públicos.

“El Tratado de Libre Comercio de América del Norte –ejemplifica– se realizó desde el poder: el presidente lo firmó y el senado lo aprobó. ¿Y los ciudadanos? Nada. Ese tratado tendría que haber pasado por un referéndum, para ver si lo aceptábamos o no. Lo mismo para las pretendidas reformas energéticas que impulsa el gobierno de Vicente Fox.”

El control de la legitimidad se complementaría con “el control de la constitucionalidad” y con un “sistema de responsabilidad de los servidores públicos” para dejar atrás el sistema político autoritario presidencialista enquistado en la propia Constitución y construir un “Sistema Político Democrático”.

Covián explica que el control de la constitucionalidad consiste en la evaluación y verificación de que el ejercicio de gobierno y las propias iniciativas de reforma de la Constitución “no violenten los principios esenciales de la misma Constitución”.

El sistema de responsabilidad de los servidores públicos tiene como objetivo fincar responsabilidad penal a los funcionarios que atenten “contra la Constitución o contra los intereses de la ciudadanía. Con estos tres mecanismos los ciudadanos mantendrán el control del poder a lo largo de todos los procesos del poder público”, enfatiza.

Considera insuficientes la creación de agrupaciones políticas porque tratan de fomentar la participación ciudadana solamente desde la primera etapa del ejercicio del poder político, “que concierne a la generación del poder y las elecciones, pero dejan de lado todo lo demás; y así nuestro sistema político no es plenamente democrático”.

Modificaciones constitucionales
Para la secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC) de la Cámara de Diputados, Susana Manzanares, es urgente incluir en la Carta Magna las figuras de plebiscito, referéndum, iniciativa popular y rendición de cuentas.

La diputada perredista va más allá: “debemos de promover el presupuesto participativo, porque las posiciones de los partidos ya están aquí en la Cámara, pero no se encuentran las opiniones de los ciudadanos”. Propone la formación de un Consejo Ciudadano frente al presidente de la República, que se tome en cuenta y que sus decisiones tengan carácter vinculatorio.

Reconoce que el nivel de abstencionismo en las elecciones de julio pasado “muestran que la participación ciudadana es baja, entre otras cosas, porque los ciudadanos no tienen manera de incidir en el ejercicio del poder”. Señala que el gobierno federal tiene también la responsabilidad de promover la participación ciudadana.

“A través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación se debería estar promoviendo la educación cívica ciudadana y el fomento a la participación en el ejercicio del poder; para eso tiene un presupuesto asignado, pero no están haciendo nada”, considera

La diputada panista y también secretaria de la CPC, María Angélica Ramírez Luna, coincide en la necesidad de instaurar las figuras de referéndum y plebiscito; pero señala que “el ciudadano es el que debe tomar conciencia que no nada más en la emisión del voto consiste su participación, sino en la observancia de lo que hace su representante”.

Luis Gómez, autor de México en el nuevo milenio: elementos para discutir el nuevo régimen mexicano, señala que no obstante que son necesarias las reformas constitucionales, la ciudadanía debe “abrirse paso a pesar del gobierno; debe ser autogestiva, pues no puede estar esperando a que los políticos le otorguen la participación ciudadana”.

El doctor en Sociología e Historia por la Universidad de París agrega que una expresión de la búsqueda de espacios que la ciudadanía realiza al margen del gobierno es “el enorme crecimiento de lo que conocemos como la sociedad civil y las Organizaciones No Gubernamentales.”

Explica que para que haya participación ciudadana, primero debe haber ciudadanos. “Y en México apenas está en ciernes la formación de ciudadanía, que reclame espacios en la polis, en el país, que exija a los mandatarios la ejecución del mandato que ella les ha ordenado”. Dice que la creación de ciudadanía y de participación ciudadana pasa necesariamente por la cultura y los procesos sociales en los que están inmersos los individuos.

“El individuo asume la ciudadanía no sólo a través del voto, sino en la construcción de sus opiniones, sus decisiones, en su manera de confrontarse con la sociedad y el Estado. Esto empieza con transformaciones culturales que pasan por las relaciones de pareja, con los hijos, entre alumnos y profesores y al hacer trámites en una ventanilla. Se trata de que el individuo genere la conciencia de que su opinión vale y de que su expresión individual tiene un peso en el conjunto de las decisiones.”