Josefina Flores no recuerda la edad que tenía cuando llegó a la ciudad de México, pero sí tiene muy fresco aquel el momento cuando una olla de agua hirviendo quemó su brazo derecho. No alcanzaba la estufa y tuvo que subir a un banco que le diera la altura para abrir las hornillas. El accidente ocurrió durante su primer día de trabajo como empleada doméstica.

Abandonó el estado de México en busca de la sobrevivencia. Huérfana de padre y con la pobreza a cuestas, tuvo que emplearse para dar de comer a sus seis hermanos. Su madre también había salido de San Antonio Pueblo Nuevo con la misma necesidad de subsistencia.

Doña Josefina es indígena mazahua y calcula que fue hace más de 35 años cuando tuvo que dejar el campo. El mismo tiempo que ha padecido los embates de la discriminación constante en la ciudad de México.

De acuerdo con el diagnóstico titulado: “Situación de pueblos indígenas originarios y poblaciones indígenas radicadas en el Distrito Federal”, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino, los indígenas que habitan en la ciudad de México viven en un “entorno hostil y ajeno, que se traduce en discriminación cotidiana, lo que impide el ejercicio de una ciudadanía plena y limita el goce de los derechos sociales.

“En el marco de la hegemonía cultural del país y de la ciudad se les llama marías, oaxacos o inditos. Se asocia su desventaja social con su condición indígena y no se les considera habitantes de la ciudad en igualdad de condiciones, sino extraños”.

Para Josefina Flores la discriminación ha sido un estorbo que ha tenido que combatir desde su traslado a la capital. “No se ofende uno pero hay que ver la realidad de lo que somos, luego vas en el Metro y la gente dice: hazte a un lado porque te quemas. Nosotros no tenemos enfermedad, ni piojos. No somos de otro planeta, aunque seamos indios guarachudos, patas rajadas, como quieran llamarnos, somos mexicanos”, se lamenta.

Aunque a ella le guste vestir sus enaguas, peinar sus trenzas, usar sus collares y aretes de colores brillantes que encienden su piel morena, a veces las burlas de la gente la obligan a desprenderse de su identidad indígena. “Intentamos conservar la cultura, pero dejamos de vestir con nuestros trajes por la discriminación que hemos vivido siempre. No puedo ir a la escuela de mi hija así, porque sus compañeras me dicen india María”.

Josefina aguarda, se hace de oídos sordos y tiene confianza en que la lucha social que ha llevado a cabo por más de seis años al frente de la Organización Mazahua San Antonio Pueblo Nuevo brinde sus primeros frutos, y pronto pueda habitar, junto con otras 54 familias indígenas, las viviendas que ha prometido el gobierno del Distritito Federal.

Conoce sus facultades y las enarbola: “nosotros los indígenas también tenemos derecho a una vivienda, trabajo, salud, educación y libertad de tránsito en nuestro país”.

La exclusión
“Todo el tiempo se sufre discriminación, a veces en broma, pero en ella va cargado el veneno. Los casos de segregación ocurren porque no hay quien defienda a un indígena, al contrario, hay los motes: pareces provinciano, indio bajado del cerro a tamborazos y otros más”, señala Bulmaro Ventura, integrante del Grupo Yacalteco, Asociación Civil.

Bulmaro es indígena zapoteco, él y otros dos compañeros de la secundaria local de Villa Hidalgo, Oaxaca, emigraron a pie a la ciudad de México en 1969. Vinieron en busca de un mayor nivel de estudios, ilusión que quedó trunca.

Fueron 14 horas de camino, relata, “al llegar nos enfrentamos al desconocimiento total de la ciudad; traíamos el certificado de secundaria, algo que pensamos nos abriría las puertas de trabajo”. Sin embargo, Bulmaro y sus compañeros se encontraron con varias sorpresas: la discriminación, el movimiento acelerado de la ciudad, la falta de empleo y la consigna: si no trabajas no comes, no subsistes, no estudias.

Según el análisis de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino, determina que en el sector infantil y adolescente existe un 65 por ciento de deserción escolar, y explica que “debido a la migración, han tenido que abandonar temporal o definitivamente el sistema educativo, para incorporase al mercado laboral”.

Una de las principales dificultades que enfrentan los niños y jóvenes indígenas que llegan a la capital es la inexistencia de procesos de educación bilingüe e intercultural, lo que genera experiencias traumáticas en su desempeño escolar y la deserción del sistema educativo.

A ello se suma la falta de sensibilidad de los profesores, quienes ante la incomprensión de diversidad cultural, canalizan a los niños indígenas a Centros de Atención Múltiple, “ya que consideran que existen problemas de discapacidad en el aprendizaje de los menores” señala el documento.

Bulmaro encontró su primer trabajo en una tienda de abarrotes, pero su suerte no dejó que continuara estudiando. Años más tarde se incorporó a la empresa Mabe para trabajar como mecánico. Sin embrago, recuerda que antes de entrar como empleado a la empresa transnacional tuvo que superar temporadas largas sin trabajo, seis u ocho meses. “Había que buscar cualquier cosa para poder subsistir”, señala.

El antropólogo Oscar Banda González, presidente del Centro de Derechos Humanos Yax’kin, A.C. explica que “por la baja calificación laboral que tienen los indígenas, se dedican a actividades del llamado trabajo informal, actividades poco remuneradas y de carácter temporal, no cuentan con un sistema de seguridad social y carecen de una adecuada regulación legal”.

Los vemos desempeñarse como empleados domésticos, en el comercio ambulante, como albañiles y se reclutan en las tropas de seguridad pública y del ejército. Las actividades artesanales propias de cada grupo étnico se van quedando poco a poco de lado, porque no generan los recursos que les permita subsistir, comenta el antropólogo.

Crisis artesanal
Juan Martínez tiene un rostro que refleja cansancio, tristeza, hambre. También llegó de Oaxaca en busca de un mejor nivel de vida, pero las condiciones no han sido óptimas para él y su familia.

Las canas pintan su cabello y bigote, su piel morena comienza a hablar del tiempo transcurrido y sus manos ya no tejen los telares, jorongos y huipiles que hace más de 30 años lo motivaron a venir a la ciudad de México.

De origen triqui, Juan Martínez vive en el Mercado Artesanal de la Ciudadela, ubicado en el primer cuadro de la ciudad de México. Paradójicamente, no cuenta con un espacio en el que pueda ofrecer sus productos. “Queremos trabajo para vivir, no tenemos plaza, nos estamos muriendo de hambre porque no tenemos donde vender”, platica tristemente.

Oscar Banda señala que a raíz de que en 1998 se reordenó el ambulantaje, los artesanos indígenas que vendían en el centro de la ciudad se quedaron sin un lugar donde poder ofrecer sus productos. “El gobierno de la ciudad mantiene espacios de interlocución con las grandes organizaciones de ambulantes, proponiendo la creación de plazas comerciales y deja de lado a los artesanos indígenas.

“Nos han detenido por vender en el ambulantaje, y no podemos pagar el espacio que se nos cobra en algunas ferias, el cual puede llegar a costar hasta 10 mil pesos por cada lugar”. En el mercado artesanal es imposible pensar, ya que un local tiene un precio aproximado de 600 mil pesos, señala Juan Martínez.

El caracol de la capital
Después de casi 10 años de trabajo y lucha constante, el Grupo Otomí que vive en la calle de Guanajuato de la colonia Roma obtuvo el derecho a un vivienda digna en la ciudad de México.
“Algo que nos ha servido es la relación constante que existe en nuestro grupo étnico”, señala Isaac Martínez Atilano, indígena otomí, herrero de oficio y líder social del grupo que llegó a la capital en busca de mejores condiciones de vida.

La tarea de Isaac y sus compañeros no ha sido sencilla, hacer valer el respeto de su identidad otomí les ha costado mucho trabajo. Nuevamente el flagelo de la discriminación hace presencia en las calles de la ciudad, en donde los colonos de la Roma soslayan sus logros.

El joven otomí señala que “pese a los esfuerzos del gobierno capitalino por realizar programas de apoyo a las comunidades indígenas en la ciudad de México, las autoridades encargadas de los proyectos desconocen su problemática”.

Indigenas el escalón mas bajo
Las migraciones indígenas a la ciudad de México y los grupos que radican en ella, han hecho de la capital un ramo de diversidad cultural que no ha sido asimilada, dice Alejandro López Mercado, Director de Atención a los Pueblos Indígenas en el Distrito Federal, quien explica que las primeras migraciones datan desde la década de los 40, cuando la creación de los centros manufactureros requerían mano de obra.

El funcionario capitalino confirma que entre los problemas que enfrentan los grupos étnicos que llegan a la capital son: la discriminación y la inexistencia de escuelas bilingües, pero asevera que “de haberlas nos servirían de mucho, porque la población indígena no está concentrada en comunidades sino dispersa por toda la ciudad".

Actualmente, señala, existe casi medio millón de hablantes de lenguas indígenas, migrantes y originarios en el Distrito Federal. La primera población está asentada principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco y Gustavo A. Madero.

Las principales zonas expulsoras de la población migrante a la ciudad de México son: Valle del Mezquital en Hidalgo; Tolimán y Amealco en Querétaro; Tierra Blanca en Guanajuato: otomíes. Las huastecas de Hidalgo y San Luis Potosí: Nahuas. Acayucan, Catemaco, Hueyapan, Mecayapan, Sayula de Alemán, Soteapan y Pajapan en Veracruz: Popolucas-Nahuas. Timilpam, Atlacomulco, San Felipe del Progreso, Acambay, Ixtlahuaca, Temoaya, El Oro, Jiquipilco, Temaxcalcingo y Donato Guerra en el estado de México: Mazhuas.

“La falta de empleo es una cuestión estructural de la economía del país y es algo que desafortunadamente revienta en la ciudad de México. Aunque el derecho al trabajo sea para toda la población, es difícil garantizarlo porque estamos hablando de cuestiones económicas que no tienen nada que ver con la diversidad cultural”, dice López Mercado.

En los programas de apoyo que ha brindado el gobierno capitalino se han ofrecido alternativas a los artesanos que están demandando la construcción de una plaza, a cambio de empleos distintos, “sin embargo, no está en su perspectiva dejar las actividades del ambulantaje”.

Un aspecto particular que resalta el funcionario del Distrito Federal es el “vacío jurídico” que existe en el Código Penal, en el cual se “establece el derecho al traductor para todos los indígenas que son sujetos a procesos judiciales, pero que no señala cómo hacer efectiva esta garantía”.

“Es difícil llevar a cabo ésta garantía por el pago que se tiene que hacer a los traductores, además de conseguir el traductor mismo. Tenemos hablantes de todas las lenguas indígenas de todo el país, lo que no tenemos son personas capacitadas de todas las lenguas”, asevera.

El estudio Situación de pueblos indígenas originarios y poblaciones indígenas radicadas en el Distrito Federal, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino, señala que “dentro de la escala jerárquica en los penales, los indígenas ocupan con frecuencia el escalón más bajo, recibiendo un trato denigratorio por parte de los otros reclusos y ocupándose de las tareas y actividades más difíciles”

Al respecto, la Dirección General de Prevención Social en el Distrito Federa señala en su diagnóstico de población indígena que con relación a los delitos imputados, el mayor índice registrado corresponde a homicidio calificado, con el 15.57 por ciento; delitos contra la salud, 10.03 por ciento, y el robo calificado, 9 por ciento, de un total de 289 casos registrados en el presente año.