El Consejo de la Judicatura, órgano de control interno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), recibe un promedio anual de 500 quejas y denuncias en contra de los titulares de los juzgados penales por sentencias erróneas o consideradas fuera de la ley.

Y es que, sin mayores preámbulos, las respetables figuras de toga sentencian a partir de expedientes analizados e integrados únicamente por el Ministerio Público, que no leen por completo y en ocasiones son respaldados con pruebas y declaraciones falsas.

De un momento a otro cualquier persona inocente puede ser víctima de los encargados de impartir justicia; sentenciada y encarcelada en el mejor de los casos, hasta que compre su libertad, como Eduardo Espejel Gómez, pequeño empresario de la construcción a quien los caprichos de dos jueces y las arbitrariedades de agentes del Ministerio Público lo sumieron en un infierno.

A merced de la justicia
Estaba acusado de robo y al enterarse de que un juez había dictado una orden de aprehensión en su contra, Eduardo Espejel buscó un amparo que le fue negado.
La única manera de evitar la cárcel era convertirse en un prófugo de la justicia, mantenerse escondido y vivir con la incertidumbre de si cada día transcurrido sería para él el último de su libertad.

Cambió de apariencia, se dejó crecer el cabello y la barba, utilizaba lentes obscuros y gorra; abandonó a su familia y se trasladó a vivir solo en distintos domicilios, entre Xochimilco y la colonia Lindavista. Si veía una patrulla comenzaba a cojear, tratando de deformar su cuerpo para que no lo reconocieran.

Sabía que iban tras él y muchas veces los tuvo cerca. Era una pareja de judiciales a bordo de un automóvil Malibú color blanco. En una ocasión descendió de un taxi ecológico para hacer una llamada telefónica en una cabina cercana a la avenida Montevideo, hasta allí los vio llegar. Estaban a menos de un metro, uno de los judiciales descolgó la bocina para dar su “parte” del día.
-“Ninguna novedad mi comandante, éste hijo de la chingada no aparece”.

Eduardo vestía ropa deportiva demasiado holgada, pero sus nervios lo traicionaron, las manos comenzaron a sudarle, y poco a poco sintió la orina que corría entre sus piernas. Si los policías hubieran descubierto aquel par de anteojos, habrían descubierto las pupilas asustadas, pero no lo hicieron.

Colgó el auricular, torció una pierna y echó a caminar, cojeaba a cada paso, alejándose lentamente para no levantar sospechas.
En la zozobra cotidiana transcurrieron casi dos años. El 13 de marzo de 2002, los judiciales que iban tras su rastro finalmente lo localizaron en el municipio de Naucalpan, estado de México.

-¿Dónde te escondiste cabrón?- los representantes de la ley le cuestionaban a manera de reproche, mientras descargaban sobre su cuerpo patadas y puñetazos. Lo golpeaban con furia, una reprimenda por el trabajo que les costara localizarlo.

Su adolorido cuerpo yacía tirado a un lado del Malibú blanco, los minutos le parecían eternos. Finalmente lo subieron al asiento trasero de la patrulla y él sintió alivio.

-No más golpes- pensó.
Lo trasladaron al Reclusorio Oriente, donde el juez 24 penal, Alejandro Jiménez Villareal, le dictó sentencia: seis años de prisión y una multa por 35 mil 999 pesos con diez centavos por el delito de robo, cargo que luego se demostró, era un invento.

Delitos fabricados
El 20 de octubre de 1998, Eduardo Espejel Gómez fue citado a declarar ante el Ministerio Público de la delegación Miguel Hidalgo, por la demanda por robo que en su contra interpusieron Jorge y Ana Eugenia Figueroa Pierre, asentada en la averiguación previa SC/6729/98-07.

Ante el agente del Ministerio Público, Adrián Pérez Becerril, y la secretaria de éste, Angélica García Martínez, el acusado negó todo cargo en su contra, se reservó su derecho a declarar y se comprometió a entregar una declaración escrita.

A pesar de la negativa del acusado, Pérez Becerril avaló una supuesta declaración en la que Espejel admitía los cargos en su contra y en el acta se asentó que éste se acreditaba con credencial para votar expedida por el IFE, aunque no se registró el número de folio ni se dio fe de la firma. Una identificación inexistente, en virtud de que había sido reportada como robada cinco años atrás.

El mismo Ministerio Público avaló también la supuesta ratificación a la declaración, en la que aparece una firma que Eduardo nunca emitió, sembrada en las instalaciones de la delegación Miguel Hidalgo para turnar el expediente al Juzgado 24 Penal.

En dicho juzgado, el juez Alejandro Jiménez Villareal dio visto bueno al expediente a pesar de las irregularidades, y el 3 de diciembre de 1999 citó a comparecer a Eduardo Espejel.

Durante la presentación, el acusado escuchó su supuesta declaración y la ratificación a la misma, al negar ambas, Jiménez Villareal exhortó al Ministerio Público para que se abriera una nueva averiguación previa en contra de Eduardo Espejel Gómez, por el delito de falsedad de declaraciones, asentada en el acta 20/1051/00-02, consignada sin detenido al Juzgado 65 Penal, con sede en el Reclusorio Sur, entonces a cargo del juez Juan Carlos Rayo Mares (acusado de extorsión, detenido el 8 de octubre pasado, al demostrarse que había solicitado 10 mil pesos y favores sexuales a Yazmín Tovar Cárdenas para que su esposo no fuera encarcelado).

Rayo Mares siguió el proceso contra Eduardo Espejel por falsedad de declaraciones. En tanto, el 7 de abril de 2000, el juez Alejandro Jiménez Villareal dictaba la orden de aprehensión por el delito de robo.

Por las sentencias erróneas y deliberadas de los jueces Alejandro Jiménez Villareal y Juan Carlos Rayo Mares, Eduardo Espejel pagó un alto precio: su ingreso en prisión y una fianza de 265 mil pesos, como no existían pruebas para fundamentar la acusación en su contra, éstas fueron creadas para que los jueces justificaran sus arbitrarias sentencias.

9 días en el infierno
Eduardo Espejel Gómez habla con recelo de los días que pasó en el reclusorio, acusado del ilícito que jamás cometió.
Recuerda que su holgada posición económica se hacía evidente en la calidad de ropa que vestía, lo que provocó que más de un custodio tratara de extorsionarlo.

A las pocas horas de su ingreso a prisión se dio cuenta de que iba “recomendado”, cuando de un apando vio salir al interno que preguntó:

-¿Tú eres Eduardo Espejel?- ante la respuesta afirmativa, Eduardo escuchó la amenaza: cuando pases a dormitorios te matan.

Era casi seguro que tras pasar unos días en ingreso, durante su estancia en el Centro de Observación y Clasificación (COC), los técnicos interdisciplinarios lo asignaran al área de “los padrinos” (presos con mayores ingresos económicos), eso le valió que los custodios del Penal de Alta Seguridad de Puente Grande, Jalisco (presos en el Reclusorio Oriente por su presunta complicidad en la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán), trataran de protegerlo.

Transcurridos nueve días, Eduardo pagó por su libertad 265 mil pesos, aunque no se salvó de acudir todos los lunes a firmar a los juzgados.

El tercer lunes, en las inmediaciones del Juzgado, fue detenido por dos agentes judiciales quienes le manifestaron que en el Juzgado 65 Penal existía una orden de aprehensión en su contra dictada por el juez Juan Carlos Rayo Mares, por el delito de falsedad en declaraciones. Fue trasladado al Reclusorio Sur donde permaneció 24 horas, luego fue liberado, aunque el proceso en su contra continuó.

Rayo Mares dio fe de la firma que Eduardo no había hecho en la ratificación de su declaración del 5 de noviembre de 1998, sobre la firma asentada en la ratificación, la Procuraduría de Justicia del DF no emitió peritaje alguno, como lo solicitó el inculpado. Luego, Rayo Mares sería detenido acusado de extorsión agravada, delito por el que actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Oriente.

Al asumir el cargo que dejara vacante Rayo Mares, el juez Alejandro Sentíez Carriles señaló improcedente el juicio contra Espejel por el delito de falsedad de declaración y lo absolvió.

Aunque estaba demostrado que el presunto inculpado no había hecho declaración alguna y mucho menos la ratificación, con lo que quedaban sin validez las pruebas por el delito de robo, el juez Alejandro Jiménez se negó a hacer una revisión de la sentencia y, por el contrario, el 24 de febrero la ratificó dándole además el carácter de “definitiva”, extralimitándose en sus funciones.

El acusado recurrió a la apelación y en este recurso la magistrada Rosalinda Sánchez Campos, según consta en copia de acta en poder de ésta reportera, con fecha del 9 de mayo de 2003 señaló revocada la sentencia dictada por el juez 24 de lo Penal “ante la incomprobación del cuerpo del delito de robo continuado”.

El TSJDF declaró absuelto y en libertad definitiva a Eduardo Espejel, quien hace unas semanas interpuso una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, contra el juez 24 Penal, Alejandro Jiménez Villareal, por dictar una sentencia contraria a derecho y avalar pruebas falsas y apócrifas para sustentar su veredicto; en contra también del Ministerio Público Adrián Pérez Becerril y la oficial secretaria Angélica García Martínez, por presentar y avalar pruebas falsas, entre ellas una identificación oficial expedida por el IFE.

Eduardo Espejel confía en que esta vez sea beneficiado y no más víctima de la justicia mexicana:

“Por los malos designios de dos jueces y el contubernio entre los agentes del Ministerio Público perdí la tranquilidad de mi vida, pisé la cárcel en dos ocasiones y fueron pisoteados mis derechos humanos. El juez y los ministerios públicos saben que metieron a un inocente a la cárcel, pero creo que no imaginan lo que es pasar un solo día en prisión”, aunque lamenta no poder presentar una demanda también en contra del juez Juan Carlos Rayo Mares, por haberlo declarado absuelto el juez que tomara su lugar.

Por su parte los involucrados en la demanda, incluido el Juez 24 Penal, prefieren no hablar al respecto.

Jueces, agujero de la justicia
En lo que va de su administración al frente del TSJDF, Juan Luis González A. Carrancá reconoce que las quejas contra jueces del DF son permanentes, hecho que atribuye al alto número de personal del Tribunal, entonces, dice “hay algunos que no siempre actúan debidamente”.

A unas semanas de que rinda su cuarto y último informe como presidente del Tribunal, ante el pleno de los magistrados, en el que dará a conocer, entre otras, las cifras de quejas en contra de jueces acumuladas en el 2003, señala que éstas se presentan a diario, en una cantidad que califica como inimaginable, aunque no precisa el número exacto.

Mediante las indagatorias del Consejo de la Judicatura, señala el magistrado, si las quejas resultan completamente fundamentadas, entre las medidas del Tribunal están remover de adscripción al juez, retirarlo del juzgado u obligarlo a disculparse.

“Incluso hemos denunciado algunas situaciones irregulares ante la Procuraduría y bueno, se han removido algunos jueces”.

También hay inconformidades por parte del personal de los juzgados, quienes se manifiestan en contra del maltrato del que son objeto por parte de los jueces.

Aunque el proceso para demostrar que un juez incurrió en una falta administrativa, legal o ética difícilmente prospera, el obstáculo principal es reunir las pruebas en el término legal establecido.

El titular del TSJDF lamenta que sean precisamente los términos de ley los que frenen las indagatorias para investigar la corrupción o ilegalidad de los jueces, porque si todas éstas pudiesen llevarse al término, argumenta, mejoraría la administración de la justicia.

“Nosotros sabemos que muchas de las quejas son fundadas, el problema es que si no nos la presentan a tiempo, no nos dan los elementos, nosotros no podemos sancionar”, añade.

En un modelo de vigilancia bastante limitado, el Consejo de la Judicatura es la única instancia para reportar las irregularidades cometidas por un juez, y son los consejeros los encargados de evaluar si ésta procede o no.

El consejero Juan Bautista evalúa lo constantes que son las quejas por desacato a las normas elementales de conducta tanto administrativas como del orden ético, incluso algunos casos de “desvarío”, que Bautista atribuye a “esa parte de la naturaleza humana que no podemos erradicar porque es imposible”.

El procedimiento de investigación, indagación y acercamiento de pruebas para demostrar que un juez incurrió o no en alguna falta es un proceso sumamente limitado porque los jueces, conocedores de la ley, pueden usarla a su favor para frenar las indagatorias en su contra, como los casos de corrupción, donde rara vez se reúnen todas las pruebas necesarias para el extrañamiento.

Aunado al encubrimiento, la falta de integridad y de principios éticos profesionales de los encargados del litigio en contra de los jueces, miembros todos de una institución calificada por los propios consejeros como “un tanto demeritada”.

Juzgados y juzgadores, deplorables
Para quienes litigan en los juzgados penales la queja no sólo es hacia el desempeño de los jueces, sino a las condiciones físicas y materiales que ofrecen los inmuebles.

Ubicados en edificios anexos a los reclusorios del DF, los 66 Juzgados Penales no cuentan con una sala específica para que los abogados analicen el expediente de su defendido, las audiencias se realizan en la oficina del juez, o frente al escritorio de cualquier secretaria, en medio del barullo cotidiano propio de las oficinas gubernamentales. No existe la mínima privacidad, los expedientes se traspapelan y ni un solo juzgado tiene la capacidad administrativa para el número de casos que recibe (un promedio de 2 mil al año).

Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la consultora internacional Mudis señala que dentro del Poder Judicial Mexicano, en materia penal es donde se presenta el mayor número de irregularidades en términos de administración de justicia, casos de corrupción y resoluciones mal dictadas.

Wistano Orozco, investigador del ITAM y director del Centro de Justicia Alternativa, argumenta que el principal factor que hace deficiente al Poder Judicial en el DF es que la designación de jueces todavía no es la adecuada, a pesar de los concursos de selección que efectúa el Consejo de la Judicatura, porque los designados no siempre tienen la suficiente preparación para desempeñar un cargo de tal envergadura.

“No están los individuos idóneos para ocupar un cargo tan importante como es el de juez, pues no tienen el conocimiento jurídico suficiente y dictan resoluciones deficientes, tal vez no sea con dolo, pero sí por su falta de preparación. Esto es muy grave, porque está en juego la libertad de los individuos; desgraciadamente el mal desempeño es difícil de comprobar”.

No se sabe a ciencia cierta cuántos jueces corruptos se encuentran desempeñando funciones dentro del sistema de justicia mexicano. Es difícil hablar de porcentajes, dice el magistrado Cipriano Gómez Lara, “porque los sinvergüenzas no dan recibo y no hay ninguna constancia ni registro. Los pillos se ocultan, actúan en la obscuridad”.

El profesor emérito de la UNAM evalúa que la solución a las irregularidades que se registran en el sistema de justicia mexicano no radica en la modificación de las leyes, como han propuesto algunos juristas, sino en quienes las imparten.

“Es mejor tener buenos jueces, aún con malas leyes, porque puede haber leyes muy buenas desvirtuadas en su aplicación por jueces muy malos”.

El jurista asegura: “Los asuntos duran demasiado, no se resuelven bien, en ocasiones se dictan sentencias erróneas que se complican aún más durante su ejecución. Pero no se trata de las leyes, sino de la manera en que éstas se aplican”.

Wistano Orozco señala que el Consejo de la Judicatura debía establecer programas que midan la conducta de los jueces. Miguel Sarré señala que el principal problema radica en la autonomía con la que se desempeñan, de allí la urgencia de que existan no sólo mayores controles por parte del Consejo de la Judicatura, sino también el escrutinio social que garantice la transparencia sobre estos miembros del Poder Judicial cuyo desempeño es cada día más cuestionable.

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Bajo la lupa

El Poder Judicial mexicano se encuentra bajo la lupa de observadores internacionales que lo señalan como una estructura donde imperan dos elementos que impiden el pleno acceso a la justicia: la impunidad y la corrupción.

En un informe fechado en abril de 2002, Dato Param Cumaraswamy, relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, afirma que en México más del 80 por ciento de los jueces son corruptos y que su reprobable conducta afecta principalmente la imagen e integridad de la Judicatura en general.

El relator apunta que el Poder Judicial mexicano es a todas luces insuficiente y carece de credibilidad a los ojos de los ciudadanos.