Apenas inició formalmente el proceso de auscultación en la Universidad Nacional Autónoma de México para designar al rector del periodo 2003-2007, y ya 46 directores de escuelas, facultades e institutos, de un total de 51, se volcaron para apoyar a Juan Ramón de la Fuente en su reelección.

El proceso, que inició en la primera semana de octubre, tiene como fecha límite el 10 de noviembre para designar al rector de los próximos cuatro años e iniciar su periodo a partir del 17 de noviembre.

A casi cuatro años del rompimiento de la huelga estudiantil por la Policía Federal Preventiva, la máxima casa de estudios del país no ha realizado la Reforma ni el Congreso universitarios, banderas que el posgraduado en psiquiatría había arrebatado al decadente Consejo General de Huelga.

“Haremos la reforma porque la institución lo requiere y la sociedad lo espera”, señalaba el rector durante los primeros meses de su administración y prometía que el Congreso Universitario sería “académico, democrático y resolutivo”.

Pero el cuatrienio se acabó y no hay siquiera visos de cuándo y cómo se llevará a cabo el Congreso. La Comisión Especial para el Congreso Universitario (CECU) padece la escasa participación de estudiantes y académicos. “Es a consecuencia de la huelga”, se apresuran a señalar las autoridades. “Lo que sucede es que no tiene legitimidad”, reviran estudiantes.

Mientras, la UNAM opera con una Ley Orgánica de 1944, un Estatuto General de 1945 y un Estatuto del Personal Académico de 1974. La propia legislación universitaria centraliza las decisiones en el rector en turno y ha permitido enquistarse en la estructura de gobierno de la Universidad a tres grupos políticos: los médicos, los científicos y los abogados.

“No son grupos de académicos, ni de estudiantes. Son grupos que se han constituido a través de la academia y que identifican a la Universidad como un vínculo con los puestos en el gobierno federal”, advierte el politólogo Carlos Lozano Ángeles, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

De estas fuerzas políticas, sólo la de los científicos, que postuló al director del Instituto de Matemáticas, José Antonio de la Peña, se enfrentó a De la Fuente. Este grupo, encabezado por el exrector José Sarukhán, y a quien también pertenece el químico Francisco Barnés, fue sacado de la rectoría por el movimiento estudiantil de 1999-2000.

Los únicos cinco directores de escuelas, facultades e institutos que no apoyan públicamente a De la Fuente son del área de las ciencias exactas. El rector había alcanzado ya un acuerdo con los otros grupos y no había otra figura que realmente compitiera por la rectoría. Los había anulado desde el inicio de su administración, cuando llegó de la Secretaría de Salud a la rectoría con la exigencia de acabar con una huelga que contaba ya siete meses.

“El arribo de Juan Ramón de la Fuente a la jefatura máxima de la Universidad en 1999 no estuvo presidido de una negociación, arreglo o disputa entre los poderes tradicionales de la Universidad. Llegó en el marco del conflicto. Así, él tuvo la posibilidad de armar su equipo central de trabajo sin tener que convocar a los poderes cruciales de la Universidad”, explica el doctor en economía Roberto Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU).

“De la Fuente -agrega- no armó el conjunto de secretarías generales con base en figuras políticas de la institución, sino que pudo seleccionar a su grupo de trabajo sin ellas. Por eso no hay liderazgos político-académicos en las cercanías del poder. Están en las escuelas y facultades pero no han sido preparados para la función de rector como lo hubieran estado en posiciones más cercanas a la rectoría.”

Todavía una semana antes de que la Junta de Gobierno de la UNAM iniciara formalmente el proceso de auscultación para designar al rector, el grupo de los médicos, al que pertenece De la Fuente, había logrado colocar a otro de los suyos en la propia Junta: el investigador emérito Carlos Larralde.

El académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas compitió con otro egresado de la Facultad de Medicina, el profesor Enrique Piña Garza, y sustituyó al también médico Héctor Fernández Varela. Así, la estructura de este órgano universitario no se alteró y el “grupo medicina” mantuvo la supremacía.

De los 15 miembros de la Junta de Gobierno que se encargan de designar a las autoridades universitarias; cuatro son médicos, cuatro científicos; tres científicos sociales, dos humanistas, un ingeniero y un contador público.
Investigadores y estudiantes coinciden en que el “gran pendiente” de Juan Ramón de la Fuente es el Congreso Universitario. “El rector tenía que haber concluido el gran tema del Congreso: Era hacerlo o no hacerlo; pero es un punto que queda pendiente. Y de esta gran reforma, hacer énfasis en la reforma administrativa: de la manera en que se articulan las decisiones y las responsabilidades en la UNAM. Tenemos una universidad muy centralizada”, considera el doctor en Ciencia Política, Carlos Sirvent, director del Centro de Estudios Políticos.

Por su parte Roberto Rodríguez dice que “no podrá dejar de hacerse una reforma en la que se revisen los temas fundamentales del cambio de la UNAM. La Universidad será plenamente autónoma en la medida en que ella misma pueda cambiar con sus propias funciones. Y eso está pendiente.”

“No hay una política de reforma que, por ejemplo, se plantee integralmente la redefinición de las áreas académicas de la UNAM”, lamenta el doctor en economía Axel Didriksson Takayanagui, director del CESU y coautor de La UNAM: el debate pendiente.

Con todo, los investigadores coinciden en calificar de “buena” la administración de Juan Ramón de la Fuente, pues “logró estabilizar a la Universidad después de una huelga que había dividido profundamente a la comunidad”, dice Carlos Sirvent, y logró “recomponer el tejido social y la cohesión, lo que es un logro mayor”, completa Roberto Rodríguez.

Para Axel Didriksson “éste ha sido uno de los mejores rectores que hemos tenido en los últimos años. Reconstruyó el tejido académico y social, reencausó las tareas y funciones de la Institución después de una huelga traumática y desarticulada”.

“Además -continúa- la Universidad ha recuperado su prestigio, ha reconstituido sus bases académicas y culturales y es una institución de vanguardia, que discute constantemente temas de la agenda y del debate nacional.”

Roberto Rodríguez destaca la habilidad del rector para “hacer más autónoma a la Universidad”, pues aprovecha el contexto del fin del régimen priísta y, “aún enfrentado al gobierno de Vicente Fox, logra obtener un aumento en el presupuesto hasta del 10 por ciento por año; pero esto es por la labor de convencimiento que realiza ante diputados”.

Para Lozano Ángeles el respaldo al rector mostrado por los directores se debe a que “ha podido articular un pacto político entre las corrientes dentro de la UNAM. Puede vincular a los distintos grupos. No polariza y ha logrado mantener una estabilidad relativa en la UNAM. Por otra parte, ha sido capaz de garantizar una defensa de la Universidad como proyecto viable. Se convirtió en una garantía de supervivencia dentro de la UNAM”, considera el investigador.

Pero los pendientes de Juan Ramón de la Fuente, como el Congreso Universitario y las reformas administrativas de la UNAM, pueden resultar incómodos en el proceso interno de reelección del rector.

El maestro en ciencias, Alejandro Canales, no quita el dedo del renglón: “el compromiso central era hacer una reforma universitaria. A lo largo de estos años se han registrado diferentes intentos, algunos muy desafortunados. Está ausente la expresión de la amplia mayoría del cuerpo académico y, si uno toma como principal aspecto de valoración esto, pues ahí vemos que las cuentas no han sido buenas”, finaliza.