Consideradas como la antesala formal de los partidos políticos en México, las agrupaciones políticas nacionales, con registro ante el Instituto Federal Electoral desde 1996, se han convertido en recolectores de votos y en un cómodo refugio de políticos que ven en ellas un botín nada despreciable.

Lejos de contribuir efectivamente a la formación democrática del país, las 74 agrupaciones políticas existentes, financiadas con recursos del erario público, representan un gasto “injustificado” para el Estado de más de 40 millones de pesos anuales.

“En teoría las agrupaciones políticas son instrumentos muy valiosos para la vida democrática, animan la participación ciudadana y producen partidos que integran los intereses sociales. Sin embargo, en estricto sentido, hasta hoy, son sólo intermediarios entre los liderazgos locales y los partidos existentes, funcionan como cajas chicas de éstos e, incluso, sirven para la compraventa de militantes potenciales de partidos en formación”, dice Martha Singer, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

La definición jurídica señala que las APN son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, según lo establece el artículo 33 del Código Federal de Instituciones Políticas Electorales.

No obstante, los especialistas consultados aseguran que estas asociaciones no cumplen con dicho papel. “En principio, las agrupaciones no contribuyen ni deterioran a la democracia; es positivo en cuanto a la competencia y negativo en cuanto a lo que nos cuesta a todos vía financiamiento público”, asegura Diego Reynoso, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Costos
El pasado 10 de octubre, el Consejo General del IFE aprobó el anteproyecto de presupuesto para el año 2004 que asciende a 5 mil 807 millones 47 mil 300 pesos. De esta cantidad, más del 35 por ciento será destinado al financiamiento de los partidos políticos y las Agrupaciones Políticas Nacionales. Es decir, 2 mil 53 millones 555 mil pesos.

De ser aprobado por el Congreso de la Unión, en diciembre próximo el IFE destinará el dos por ciento de esa cantidad a las APN; es decir, una bolsa de 41 millones 71 mil 104 pesos que se repartirá entre las 74 organizaciones registradas.

Para el doctor en ciencia política Diego Reynoso, el financiamiento público entraña dos razonamientos. “Por una parte cuida que la democracia funcione dándole dinero a las agrupaciones y partidos para que compitan; pero por otra, surge la pregunta de por qué darles dinero cuando se trata de interesados políticos que buscan objetivos específicos”.

Agrega que el financiamiento público se convierte en un incentivo perverso, pues se crean agrupaciones y partidos con la finalidad única de conseguir dinero, sin pensar en la novedad de la agenda política o en la contribución a la vida democrática.

Desde que se creó la figura de la agrupación política en 1996, con la aprobación del Cofipe, el número de aspirantes a recibir ese título con los privilegios y deberes que de ello se desprende, ha ido en aumento.

En aquel primer año fueron 12 las asociaciones que lograron su registro y actualmente se cuentan 76, aunque durante el 2003, Unión de la Clase Trabajadora perdió su registro y Causa Ciudadana desapareció.

El artículo 35 del Cofipe señala que las agrupaciones con registro gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política e investigación socioeconómica y política.

Para ello, señala la legislación, se constituirá un fondo consistente en una cantidad equivalente al dos por ciento del monto que anualmente reciben los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

En el 2003, las APN recibieron un presupuesto total de 48 millones 432 mil 238 pesos. La asignación de los recursos depende de la fiscalización que hace el IFE sobre los gastos anuales de las agrupaciones.

De las 76 organizaciones registradas, tres recibieron un financiamiento superior a los dos millones de pesos. Plataforma Cuatro, encabezada por el abogado Marco Tulio Zárate Luna, recibió 2 millones 512 mil 992 pesos; Unidad Obrera Socialista (Uníos), dirigida por Alejandro Varas, recibió un presupuesto de 2 millones 260 mil 774 pesos; y México Líder Nacional obtuvo 2 millones 205 mil 11 pesos.

Alejandro Varas, dirigente de Uníos, dice que gracias al trabajo ordenado han logrado un “poquito” más de financiamiento que las demás agrupaciones. “Nosotros hemos tenido un promedio de 2 millones de pesos casi todos los años, eso es mucho y es poco, porque debemos tener abiertas oficinas en 10 entidades, entonces hay que gastar en teléfono, en viajes, en envíos, etcétera”.

Pero la investigadora Martha Singer pone en tela de juicio los resultados de estas organizaciones. “No importa si las agrupaciones reciben poco o mucho dinero, el hecho es que reciben financiamiento del erario público y no vemos resultados en el ámbito político”.

Un dato que contrasta con el financiamiento de las agrupaciones Plataforma Cuatro y Uníos, es el presupuesto que recibió Movimiento Patriótico Mexicano, que reportó una cantidad inaudita: 76 pesos. Otras siete agrupaciones no recibieron presupuesto alguno para el ejercicio 2003, como consecuencia de las sanciones y multas que el Instituto Federal Electoral les impuso hace un año.

Cinco de las agrupaciones que recibieron presupuesto en 2003, receptaron cantidades superiores al millón de pesos; 33 obtuvieron entre 100 mil y un millón de pesos; y las 28 restantes se les otorgaron menos de 100 mil pesos.

Referente a la disparidad en la asignación de los recursos, el dirigente de la agrupación Expresión Ciudadana, Rogelio Zamora Barradas, dice que esto sucede por la falta de investigación para saber cómo se realizaron los gastos, ya que en la mayoría de los casos no se justifican más allá de la comprobación fiscal ante el IFE y no hay fiscalización del trabajo político.

Los objetivos
Valeriano Ramírez, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, advierte que en la lógica de rentabilidad el presupuesto que reciben las APN no es muy grande, sólo les permite cubrir gastos de administración; por ello, la intención de las agrupaciones es crecer y en un futuro mediato convertirse en partidos nacionales para tener un financiamiento más elevado.

En el 2001, 52 organizaciones políticas notificaron al IFE su intención de convertirse en partidos políticos. De éstas, tan sólo 10 reunieron los requisitos para solicitar su registro, y únicamente tres lo obtuvieron, entre éstas Fuerza Ciudadana, partido que en este año perdió el registro y no reportó los gastos de campaña al IFE.

Martha Singer, académica de la UNAM, asegura que los partidos pequeños que se forman en torno a las elecciones y que luego desaparecen, están formados a partir de esas militancias evanescentes que aparecen y desaparecen sin control alguno.

“Es un problema complicado porque implica la libertad de cada quien de formar parte de la agrupación que mejor le convenga y por otra parte la necesidad de fiscalizar quiénes son los verdaderos miembros de estos grupos que muchas veces son sólo membretes”, afirma.

Y es que militantes reconocidos de los grandes partidos encabezan agrupaciones políticas nacionales. “El PAN y el PRI tienen agrupaciones de manera adherente. El PRI tiene a México Nuevo, que en sus bases se declara adherente al partido, y por lo tanto sus candidatos y el trabajo que está haciendo esta agrupación es en apoyo al PRI”, dice el maestro en ciencia política Valeriano Ramírez.

Otras organizaciones que también son adherentes al Partido Revolucionario Institucional son Cruzada Democrática Nacional, dirigida por Jaime Moreno Garavilla; Generación Ciudadana, de Rebeca Arenas Martínez; y Frente Democrático de Agrupaciones Sociales y Políticas, encabezada por el diputado priista Fernando García Cuevas.

El dirigente de Uníos, Alejandro Varas, reconoce que las APN han servido más a militantes de partidos que a la sociedad. “Los tres partidos grandes son tan autoritarios que en lugar de reformar sus estatutos, sus militantes prefieren organizar agrupaciones para que desde ahí organicen, entonces encuentras a priistas como Rebeca Arenas, Mauricio López, diputado local y Moreno Garavilla al frente de agrupaciones”.

Para explicar este fenómeno, Diego Reynoso comenta: “Vamos a partir de un supuesto: todos los políticos son ambiciosos; ahora, cuando uno en el partido no encuentra la forma de llevar adelante sus intereses personales o grupales, el incentivo que tiene es ‘armo mi propia estructura’, y si encima le dan dinero, aumenta ese incentivo. El resultado es que muchas veces se trata de un acto exclusivamente estratégico orientado sólo a la obtención de dinero y no porque planteen una diferencia política concreta e importante en el sistema político, sino simplemente porque buscan financiamiento público para intereses privados”, comenta Reynoso.

Los investigadores coinciden en que la justificación legal que sustenta el financiamiento de estas agrupaciones, es decir, su contribución a la vida democrática, es inexistente.

El diseño institucional de incentivar con financiamiento público la creación de agrupaciones políticas empeora el esquema político, no hay resultados directos en la opinión pública; indudablemente hace falta una reforma respecto del financiamiento de la actividad política, se deben disminuir los costos públicos y transparentar el financiamiento privado, asegura el investigador de origen argentino Diego Reynoso.