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Estado-iglesias, relaciones viciadas
Zósimo Camacho

Las relaciones entre las iglesias y el Estado mexicano se complican a tres años de gobierno de Vicente Fox. Aunque por razones diferentes, ningún actor está conforme con las políticas seguidas por la administración federal panista en relación con las asociaciones religiosas.

Santiago Creel - Norberto Rivera
Santiago Creel - Norberto Rivera

A más de 13 años de publicada la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), que definiría en un estado laico la convivencia armónica entre las religiones y garantizaría la libertad de culto, es letra muerta.

No ha sido publicado por el Poder Ejecutivo el reglamento que haga efectiva la Ley, aunque el anteproyecto fue enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el 7 de julio pasado. Las violaciones a la LARCP son cotidianas, pues no se puede integrar una comisión sancionadora mientras no se publique el reglamento.

El proyecto de reglamento que actualmente existe, y del que se dijo se publicaría en agosto pasado, no cuenta con el consenso de las asociaciones religiosas ni de los diputados de la presente legislatura, tampoco de investigadores especialistas en el tema.

“Es urgente que se publique el reglamento, pues se están cometiendo irregularidades que no se sancionan”, dice el diputado perredista Daniel Ordóñez Hernández, miembro de la Comisión de Gobernación y quien impulsó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a que convoque a la sociedad a discutir el reglamento de la Ley de culto.

Para el doctor Elio Masferrer Kan, especialista en el estudio de las religiones en México, es positivo que las relaciones entre el Estado y la Iglesia se transparenten y no se mantengan en un cono de sombras.

“En una sociedad democrática, es importante que se tenga claro el tipo de relaciones que mantienen los distintos actores y que aquellos que deseen expresar sus preferencias religiosas lo hagan, pues se trata de una libertad de conciencia”, agrega.

El también presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, señala que “todo esfuerzo en cuanto a la publicación del reglamento es loable, pero debe analizarse con un criterio amplio, pues es difícil introducir cuestiones religiosas y de conciencia en reglamentos legislativos, que habitualmente están diseñados para otras cuestiones en el campo civil, penal o mercantil”.

De acuerdo con el diputado Ordóñez Hernández, la discusión del reglamento de la Ley es imprescindible y urgente.

“Espero que Gobernación convoque a las distintas personas involucradas. No es un asunto personal. Es un asunto que atañe a un conjunto muy amplio de asociaciones religiosas. Me he reunido con varias agrupaciones y ellos son los de las inquietudes. Deben escucharse esas voces para que haya un buen reglamento”, sugiere el legislador.

Del proyecto que actualmente existe señala que se queda corto. “Es necesario que salga un reglamento, pero con el consenso de los interesados en el tema, de todos, para evitar al rato otro tipo de problemas”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el sacerdote Francisco Javier González, considera que la publicación de un reglamento es importante “porque delimita responsabilidades y deslinda conflictos entre iglesias”.

Pero para la iglesia católica el proyecto de reglamento y la propia Ley de culto nunca serán suficientes. “Los reglamentos, las leyes, la misma Constitución, siempre tendrán limitaciones y es ahí donde debe haber un diálogo maduro, un diálogo muy sereno sobre la forma de manejarse y de tratar los asuntos religiosos”, dice el clérigo.

Aunque señala que las relaciones entre la iglesia católica y el Estado mexicano “son cordiales y de respeto” e impulsa la aprobación del reglamento, Francisco Javier González, también hace sus observaciones:

“No puedes tratar igual a una iglesia mayoritaria que a una iglesia que apenas aparece. A una iglesia con muy pocos fieles no la puedes equiparar con otra que tiene un 85 o más por ciento de toda una nación y hacer una Ley y un reglamento en el que se les trate igual.

“Y vamos hablando del derecho a los medios de comunicación. El reglamento tendría que puntualizar ese derecho de acuerdo al número de adeptos de cada una de las religiones. Y si el reglamento va a contemplar la recepción de recursos, ellos tampoco nos deben tratar igual. Quizá la iglesia católica deba tener más obligaciones, pero también debe tener más derechos”, reclama el secretario ejecutivo de la CEM.

González tiene otra “observación” respecto de los bienes de las iglesias: “el reglamento marca que la asociación religiosa puede adquirir bienes para su sustento, con finalidades muy concretas, pero con presentación de cuentas muy claras. Eso es correcto, pero aquí no tenemos un Estado que subsidie, como en otros países, a la iglesia católica. Ésta subsiste por sus propios ingresos, desde limosnas y donaciones, hasta de recursos que de pronto puede hacerse a través de las editoriales; entonces, no se puede equiparar en esa forma de avenirse recursos, a una iglesia minoritaria y a nosotros”.

¿Religión oficial?
¿No quieren que el Estado los declare la religión oficial?”, pregunta irónicamente el diputado Ordóñez a punto de que la sonrisa esbozada se convierta en franca carcajada. “Si van a tener privilegios los que son más, entonces que a los diputados priistas les paguen el doble que a nosotros y a los del Partido del Trabajo menos”.

El artículo sexto del proyecto de reglamento señala que “los responsables de los centros de salud e instituciones de asistencia social (…) así como las autoridades de los centros de readaptación y de estancias o estaciones migratorias (…) proveerán las medidas conducentes para que sus internos o usuarios (…) reciban asistencia espiritual de las asociaciones religiosas y los ministros de culto”.

A este respecto, Ordóñez Hernández dice: “el problema es que hay 6134 asociaciones religiosas, entonces cómo les vas a dar las garantías a todos. Hay problema en eso.

“No está prohibida la figura de la asistencia religiosa. De hecho, un recluso o un enfermo pueden llamar a su sacerdote, a su cura, a su pastor, a su rabino. Pueden asistirlos. El asunto es que hay hospitales donde lo hacen ya de una forma oficial: ponen capillas.

Entonces no hay esa libertad hacia todas las demás iglesias. Ese artículo vendría a legalizar las capillas”, señala Ordóñez.
Otra de las “incongruencias” en el proyecto de reglamento que el diputado encuentra, es que “sólo contempla quejas de aplicación de sanciones cuando hay una denuncia previa, pero ante un acto público del conocimiento de las autoridades no lo aborda”.

El proyecto del reglamento también señala, en el artículo 30, que “sólo podrán ser transmitidos o difundidos a través de medios masivos de comunicación no impresos, los actos públicos de culto religioso (…), previa autorización de la Dirección General y únicamente de manera extraordinaria y no podrán efectuarse permanentemente”.

Sin embargo, Televisa trasmite las misas dominicales que tienen lugar en la catedral de la ciudad de México a las 10 de la mañana desde 1997. “Por eso es urgente que la Ley tenga su reglamento, pues la violan impunemente. Y si la Ley sigue sin aplicarse, van a trasmitirse las misas diario”, dice Ordóñez.

“El Estado -continúa el legislador- debe responder, es el responsable de las conducciones de las relaciones con la iglesia. La iglesia no tiene la culpa, está haciendo su papel, y lo va a hacer hasta donde el gobierno se lo permita, hasta donde el gobierno le abra las puertas, hasta ahí se van a meter.”

Pero, la iglesia católica también tiene sus reclamos al gobierno. La jerarquía eclesiástica creyó las promesas que le hizo uno de sus fieles, Vicente Fox, y esperó y celebró su llegada a la presidencia. Ahora, la decepción no se puede ocultar.

“Con anteriores gobiernos las relaciones también fueron de mucho respeto, contaban con toda una infraestructura ya bien hecha por parte del gobierno. Con el cambio, (los actuales gobernantes) aprenden a gobernar y esto también ha causado en cierto momento, roce con la iglesia”, dice el sacerdote Francisco Javier González.

El secretario ejecutivo de la CEM agrega: “se prometía no burocratizar los trámites, por ejemplo, de las asociaciones religiosas y esto no ha sido tan claro. Pero la diferencia la marca básicamente esa expectativa creada por parte del Ejecutivo”.

Respecto de la asistencia a ceremonias de culto religioso por parte de funcionarios públicos durante este sexenio, el diputado Ordóñez declara que se está socavando el Estado laico, mientras que el secretario ejecutivo de la CEM aclara que si el presidente va a misa y besa el anillo papal, ése es problema del presidente. “La iglesia se congratula que un presidente lo haga. Pero si él hace bien o hace mal, a la iglesia en su jerarquía no le toca juzgarlo”.

En el mismo sentido, el investigador y catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Elio Masferrer Kan, señala que es un problema para la iglesia que los políticos hagan claras sus preferencias.

“Es un problema para la iglesia deslindarse tanto del Estado como del gobierno. A la iglesia no le conviene aparecer asociada al destino de un partido político o de un gobernante”, sentencia el académico.

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