El expediente abierto que resguarda la investigación de la empresa ISOSA, creada por el actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se reventó por lo más delgado: los fondos millonarios que ha acumulado el fideicomiso de la empresa durante diez años y que no ha sido posible ser auditado.

ISOSA fue fundada desde hace más de diez años por instrucciones del entonces subsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz y la asesoría jurídica de Santiago Creel, actual secretario de Gobernación.

Esta empresa privada ha recaudado hasta agosto de este año, por concepto de
Derecho de Tramite Aduanero (DTA), más de 8 mil millones de pesos que se encuentran depositados en dos fideicomisos (Aduanas I y Aduanas II) en Nacional Financiera y que son administrados por la Secretaría de Hacienda fuera del presupuesto federal.

El primero de octubre de 2003, Francisco Gil Díaz se presentó ante los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado de la República como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Vicente Fox.

En esa ocasión sólo la senadora priista Laura Alicia Garza Galindo preguntó al secretario sobre los fideicomisos que se encontraban en Nacional Financiera. La respuesta fue escueta y el secretario reviró que a la brevedad la senadora tendría las reglas de operación de dichos fideicomisos.

A pesar de cierto desconocimiento del tema, la senadora Garza Galindo comentó que en varias ocasiones ya ha pedido las reglas de operación de los fideicomisos. “Sé sobre estos fideicomisos. Lo que no tengo claro y creo que hay cierta confusión, es sobre el fondo que calificó la Auditoría Superior de la Federación, donde habla de un fideicomiso que está en Nacional Financiera, lo de ISOSA lo ignoro, pero es lo que necesito investigar a fondo”, dice la senadora.

Uno de los datos que ha alimentado las sospechas en torno a la operación de la empresa ISOSA, es la compra de 204 camionetas en el año de 2001 por un monto de 41.7 millones de pesos, de las cuales cinco son blindadas y fueron destinadas a la oficina del secretario Gil Díaz, con un costo de 5 millones de pesos; otras 59 en el año 2002, a un precio de 14.5 millones de pesos, revela un documento del órgano interno de Control de Nacional Financiera, dirigido al entonces secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, en donde el contralor Jorge Sánchez Baca denuncia estas adquisiciones irregulares con fondos del Fideicomiso Aduanas II.

Al ser cuestionado al respecto, el líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Francisco Barrio, negó tener conocimiento del asunto. “Deberá usted entender que en la secretaría que estaba a mi cargo se manejan miles de asuntos; de muchos yo no llegaba a tener conocimiento hasta que surgían ya como asuntos donde había un problema más o menos de consideración, pero mientras estaban haciéndose revisiones pues había una cantidad de asuntos de los que no tenía conocimiento”.

La Cámara de Diputados inició una investigación formal sobre la empresa ISOSA en la legislatura pasada y la Auditoría Superior de la Federación asumió las indagaciones, “sin embargo por presiones de personajes de lato nivel se ha ocultado todo lo referente a esta auditoría para que quede oculto algo que no es más que un acto de corrupción hecho al amparo del poder de una secretaría”, dice Dolores Padierna, diputada del PRD. “Voy a hacer un seguimiento puntual y una auditoría profunda”, asegura Padierna.

Mario Di Constanzo, asesor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y experto en finanzas públicas, comentó sobre ISOSA: “Esto a todas luces es irregular, Hacienda nunca ha querido darnos información sobre ISOSA, lo delicado es no solo que maneje fondos por recaudación de tramite aduanero, sino hasta qué punto maneja fondos de otros ramos de la recaudación fiscal. Hay que saber quiénes están detrás de esta empresa que no le están dando transparencia a la recaudación”.

La diputada perredista Diana Bernal, secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, reconoció que el asunto de ISOSA es una violación directa a la Constitución porque no se está observando el principio de destino de las contribuciones, cuyo objetivo es el gasto público, para lo cual deben ser recaudadas únicamente a nivel federal por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las entidades coordinadas.

“Desde el momento en que no está ISOSA dentro de la administración pública centralizada, carece de estos órganos de contraloría e incluso de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para los funcionarios que estén a cargo de la empresa. Realmente es un caso muy grave”, comenta la legisladora.

El día de la comparecencia de Francisco Gil Díaz en la Cámara de Diputados, el 2 de octubre, solo las diputadas perredistas Dolores Padierna y Diana Bernal cuestionaron al secretario sobre la empresa ISOSA pero no obtuvieron respuesta.

Dolores Padierna lamentó el silencio de Gil Díaz. “Así son ellos, no están respondiendo a nada y es una falta de respeto a los diputados que le preguntemos cosas y no responda. Lo que le puedo decir es que el poder financiero del país está en manos de priistas con el aval del presidente”.

El diputado priista Tomás Ruiz, quien como funcionario de Hacienda supo de la empresa ISOSA en los tiempos en que se constituyó, comentó que cuando se concibió la empresa, el propósito era modernizar, poner al día los sistemas, no solamente en aduanas, sino en la misma Subsecretaría de Ingresos, para poder brindar un ejercicio de excelencia a los usuarios de las aduanas.

“Sin embargo, como lo entiendo, y como me tocó participar en la Subsecretaría de Ingresos, operar apoyándose en este fideicomiso privado, era un solución temporal, de transición, en lo que podíamos encontrar un mecanismo que efectivamente le diera más transparencia al manejo de recursos, porque se trata, efectivamente de cantidades importantes”, dice Ruiz.

“Hasta donde yo conocí la estructura, se contaban con los respaldos legales necesarios en el momento en que me tocó actuar como subsecretario, y de alguna manera ver que la aplicación de los recursos de este fideicomiso privado se hicieran adecuadamente, se verificó que la fundamentación legal fuera la correcta. No sé si ha tenido transformación ese mecanismo, pero hasta donde yo lo entiendo, tenía fundamento legal”, asegura el ahora diputado priista.

Para el diputado Marco Antonio Cortés Mendoza, integrante de la Comisión de Hacienda, el asunto es claro. “Aquí dicen que hay que cumplir la ley, pero también hay que tener una vista ética y mostrar ante la sociedad que estos recursos millonarios se están manejando de una forma adecuada. Como diputados pensaremos, en este caso específico de ISOSA, a dónde debemos llevar los recursos y si debemos llevarlos a algún régimen en donde podamos fiscalizarlos”.