De este centro, Luis Castillo tiene uno de los recuerdos más amargos de su vida, porque durante el tiempo que permaneció asegurado (4 meses y 14 días) fue presa de torturas físicas y psicológicas, intimidaciones y acoso, a manos de los mismos agentes de migración a quienes correspondía brindarle seguridad.

Los otros mojados
Frías paredes y largos pasillos. Los gruesos barrotes y las pesadas puertas de cada dormitorio en la Estación Migratoria de Iztapalapa remiten involuntariamente a las de cualquier prisión. Como los reclusorios, el principal centro de retención de indocumentados en México está bordeado por una malla de alambre remachado a cada metro, y como los penales, las condiciones físicas del inmueble son deplorables.

Diseñado originalmente para 140 personas, aloja un promedio diario de 500, entre niños y adultos de distintas nacionalidades.

El año pasado se hizo una pequeña remodelación, pero las autoridades reconocen que el espacio todavía es insuficiente: 35 dormitorios para hombres, 10 para mujeres y únicamente dos estancias familiares.

Aunque la Ley General de Población señala que las familias de migrantes no deben ser separadas en los centros de retención, ésta es una práctica común en la Estación Migratoria, la segunda norma violada con mayor frecuencia es la que indica que los indocumentados no deben permanecer retenidos por más de 15 días, plazo fijado como máximo para que se gestione su repatriación.

Cuerpo a cuerpo, sobre el piso en pasillos y áreas comunes duermen los indocumentados que no alcanzan el beneficio de una de las seis camas que hay en cada dormitorio. La diferencia es únicamente de altura, porque las camas son de concreto y muy pocas tienen colchones. Las cobijas son alquiladas por un grupo de indocumentados que por su antigüedad en el lugar buscan la manera de obtener un ingreso. Cada cobija tiene un costo de diez pesos la noche, y son las mismas que por obligación debía proporcionar el INM a cada retenido.

El agua potable es escasa, al igual que la comida; choque brutal para pueblos que según sus costumbres, prohiben la ingestión de determinados alimentos, como el caso de los hindúes.

Las fuertes carencias, hábitos dispares y múltiples lenguas son los principales factores que dificultan la convivencia de los extranjeros retenidos en este centro, además del trato inhumano y prepotente por parte de los agentes, que deja a los indocumentados a merced de cualquier vejación.

La Patrol Mexicana
El tormento para Luis Castillo Sepúlveda, ciudadano de República Dominicana, se agudizó pasadas dos semanas de su ingreso a la Estación Migratoria.

La noche del 23 de diciembre de 2001, entraron hasta su dormitorio tres agentes del centro debidamente uniformados, dos de ellos con el rostro cubierto, el tercero plenamente identificado como Adrián Pérez Leal.

Los empleados de migración profirieron amenazas contra Luis, luego insultos y empujones; después del acoso y la intimidación psicológica, vino la tortura física. Durante casi una hora los agentes lo golpearon salvajemente, ocasionándole contusiones en distintas partes del cuerpo, moretones, la pérdida de tres dientes y una cicatriz en la cabeza en forma de “u”.

Después de golpearlo, con el cuerpo sangrando lo arrastraron para llevarlo hasta una celda de castigo, aislado de la población, sin atención médica e incomunicado por dos días.
El director del centro, Alejandro Alcantar Rangel no informó de los hechos al órgano de control interno del Instituto Nacional de Migración, a la Procuraduría General de la República, ni a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Días antes, durante la visita de una organización no gubernamental, Luis Sepúlveda había denunciado el maltrato y hostigamiento del que había sido objeto desde su ingreso por parte de los agentes del centro, además del robo de sus pertenencias, que incluía al propio director Alejandro Alcantar, quien le había quitado su walkman, dijo Sepúlveda.
Así que se trataba de una reprimenda contra el indocumentado.

Sin Fronteras, una de las pocas organizaciones no gubernamentales de defensoría para los derechos de los migrantes, a la que Luis Sepúlveda denunciara el maltrato del que era objeto, solicitó a las autoridades migratorias la custodia del migrante en tanto se resolvía su retorno al tiempo que tomó su defensa.

Lejos de gestionar la repatriación, el 10 de abril de 2002, Alejandro Alcantar Rangel presentó una denuncia penal contra Luis Castillo Sepúlveda por los delitos de daño en propiedad ajena, ejercicio indebido del propio derecho y delitos contra la Ley General de Población.

Sin Fronteras promovió un amparo contra los actos de tortura y deportación, y otro más contra la privación ilegal de la libertad, ambos ratificados en revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, donde un juez ordenó la libertad inmediata por falta de elementos para procesar.

Luis Sepúlveda salió bajo custodia el 14 de abril de 2002, con la obligación de presentarse a firmar el libro de control de extranjeros los jueves de cada semana.

Contra las autoridades del Instituto Nacional de Migración, el dominicano presentó una denuncia integrada en la averiguación previa 419/DDF/2002, en contra del agente Adrián Pérez Leal y quienes resulten responsables por los actos de tortura, tortura equiparada, robo y lo que resulte.

Durante los siguientes cinco meses el agente Adrián Pérez localizó el lugar donde se albergaba el migrante para hostigarlo e intimidarlo con amenazas a fin de que retirara su demanda.

Acoso que se recrudecía los días en que acudía a las Oficinas de Control y Verificación Migratoria del INM a firmar para comprobar su permanencia en el país.

La averiguación previa 419/DDF/2002 contra el agente Adrián Pérez Leal se consignó penalmente por el delito de tortura, pero un juez federal redujo el proceso a abuso de autoridad, con lo cual el agente se encuentra en libertad caucional, y no ha sido cesado por las autoridades del INM.

Al ver que su demanda no progresaba, y temeroso de las represalias del agente, Luis Sepúlveda dejó de asistir a firmar el 29 de septiembre de 2002, para ocultarse del agente.

En el caso de Luis Sepúlveda, los abogados de Sin Fronteras señalan que el INM violó los derechos humanos del inmigrante al incurrir en actos de tortura, incomunicación, privación ilegal de la libertad, proceso indebido, inseguridad jurídica, ilegalidad y hostigamiento personal.

De acuerdo a los tratados internacionales, el INM violó los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre los derechos humanos; los artículos 4.1, 4.2, 12. 13 y 14.1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Además de los artículos 6, 8 y 9 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

En lo que respecta a la acusación contra del agente migratorio Adrián Pérez Leal, ésta es la primera realizada de manera formal, pero no la única. En sus ratos libres el agente del INM se dedica a localizar a migrantes en sus domicilios para extorsionarlos a cambio de no denunciar su estancia ilegal en el país.

En entrevista, un grupo de centroamericanas que desde hace 20 años viven en el estado de México y que por su calidad migratoria solicitan el anonimato, cuentan que la extorsión por parte de los agentes de migración es una práctica común dentro y fuera de los puntos migratorios.

Si los migrantes se niegan a entregar lo que se ha convertido en una cuota fija mensual, los agentes los amenazan con trasladarlos a la estación de Iztapalapa.

En contubernio con policías de Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes les dicen que si no entregan una “cooperación”, les “echarán” a la “Migra”.

Por ignorancia, los ilegales prefieren pagar la cuota en vez de regular su situación migratoria o tramitar la nacionalidad.

Encubrimiento oficial
Aunque en distintas ocasiones las quejas han sido llevadas hasta la misma comisionada del Instituto Nacional de Migración, Magdalena Corrales Cuevas, la versión es completamente negada por las autoridades del Instituto, lo que se traduce en el solapamiento de los actos violatorios a los derechos humanos de los migrantes.

Hace un mes, Alejandro Alcantar, encargado de la Estación Migratoria de Iztapalapa, fue revocado de su cargo. Las autoridades del INM dicen ignorar la razón. La queja por robo que lo involucra nunca progresó y, con su despido, el Instituto dio carpetazo al asunto.

Fernando Ochoa, titular de la Coordinación de Control y Verificación del INM, argumenta que todas las detenciones que efectúa el INM se realizan conforme a derecho, aunque admite: “tenemos muchas deficiencias, estamos lejos de la perfección, pero la filosofía es anteponer los derechos humanos”.

El también delegado regional del INM, que incluye la verificación de la Estación Migratoria de Iztapalapa, habla además de otros conflictos que se presentan todos los días en el centro de detención, de carácter religioso y político, por concentrar a un alto porcentaje de migrantes de distintos países en un espacio tan reducido.

“Los conflictos son por nacionalidad, religiosos y políticos. Hay un choque tremendo de religiones; diversas formas de pensar entre cubanos y latinoamericanos, rechazo de costumbres de los orientales hacia los occidentales; insultos, rencillas e intercambio de golpes. El migrante vive un drama y la detención corta de manera abrupta su camino. Están en estado de alerta, hostiles, y mantener la armonía en el centro mientras se resuelve su situación jurídica es muy complicado.”

Como en cana
-Por favor, no lo llamemos centro de detención, sino de aseguramiento-, pide Fernando Ochoa -porque nosotros garantizamos la seguridad-.
El funcionario no puede negar que se trata de un espacio donde se recluye a los migrantes en las mismas condiciones que viven los presos en México.

El INM no reporta datos de muertes al interior del centro, pero muchos de los retenidos viven al borde del suicidio debido a su situación jurídica y a las condiciones en las que son alojados.

Frente a la depresión generalizada, en las prisiones se prohíbe la entrada de armas y materiales punzocortantes, medicamentos y cualquier objeto que pudiese servir de arma a quien pretenda quitarse la vida.

Racismo y xenofobia
El INM tampoco da el mismo trato a todos los retenidos en la Estación Migratoria. Hacia los centro y sudamericanos, al igual que hacia los negros, hay un fuerte racismo, menosprecio y discriminación, sobre todo por tratarse de ciudadanos de países en extrema pobreza. Tal es el caso de los originarios de Nicaragua, El Salvador, Honduras y algunos países y provincias del continente Negro, como Sudáfrica, Kenya, Botswana y Etiopía.

Al tratarse también de personas muy pobres, que difícilmente reunieron la cantidad de dinero apenas suficiente para dejar su país, los agentes de migración saben que estos migrantes difícilmente pueden pagarse una estancia cómoda en la estación a cambio de dádivas y sobornos.

A pesar de recibir indocumentados de todo el mundo, el INM no cuenta con suficientes traductores capacitados legalmente para dar a conocer a los extranjeros el motivo de su detención e informar sobre las gestiones efectuadas ante los distintos consulados para que se realice su repatriación.

En la Estación Migratoria ninguno de los indocumentados tiene la certeza de cuánto tiempo durará su encierro.

-¿De qué depende?
-Ésta es la pregunta del millón- bromea Martha Virrareal, integrante de Sin Fronteras, asociación civil que desde hace dos años gestiona que las autoridades migratorias mejoren el trato hacia los indocumentados detenidos y retenidos.

-Depende de la voluntad política, la eficiencia con que se manejen los casos; de que la burocracia no se enrede, partir del hecho de que a algunos extranjeros no se les informa siquiera el motivo de su detención, y que poseen sus documentos migratorios en completo orden.

Muestra de ello es la gran cantidad de brasileños que durante los últimos meses han sido detenidos por agentes del INM que los trasladan a la Estación Migratoria aún cuando cuentan con todos sus documentos en regla e incluso sus boletos de avión fechados con regreso a su país.
Sobre estas detenciones, la abogada explica:

-Si las autoridades migratorias encuentran un brasileño en alguna ciudad o punto fronterizo lo detienen, aunque cuenta con su pasaporte y visa de turista, presumiendo que su intensión es utilizar a México como trampolín para llegar a Estados Unidos; lo aseguran y lo llevan a la Estación Migratoria.

Teniendo todos sus documentos en regla son detenciones arbitrarias que el Instituto Nacional de Migración trata de justificar como una política de prevención.

-¿Cómo guardianes de Estados Unidos?
-No te lo dicen, pero eso es lo que están haciendo, sirviendo de patio trasero, que no es lo aceptable, sino contrario a derecho. Habría que hacer un llamado a Brasil para saber porqué a pesar de todos los casos que nosotros hemos detectado, el gobierno de ese país no ha hecho ningún reclamo contra México.

En los últimos años el flujo migratorio en México se ha disparado significativamente, para hacer frente al problema, las autoridades del INM, con sus agentes distribuidos en los distintos puntos fronterizos, incluido el Grupo Beta, han reforzado sus tácticas de aseguramiento, mas no su calidad, consolidándose como guardianes que a toda costa bloquean el ingreso hacia Estados Unidos.

Actualmente la situación de los migrantes detenidos en México se caracteriza por las graves violaciones a los derechos humanos, que se reproducen de forma sistemática y no con casos aislados, como ha señalado el secretario de Gobernación respecto a las demandas.

Los organismos no gubernamentales señalan la urgencia de que México establezca una política migratoria integral, además de combatir la impunidad de los servidores públicos, además de capacitar de manera integral y continua a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

Lo anterior es reconocido por Gabriela Rodríguez Pizarro, relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, quien en entrevista telefónica comenta que de ninguna manera las condiciones que ofrece el Instituto Nacional de Migración para la detención, aseguramiento y repatriación de los extranjeros indocumentados en México son las adecuadas y por el contrario, parecen muy lejos de serlo.

Política incoherente con el trato que para sus connacionales México exige en el extranjero.

Migrantes, no delincuentes

“Migrar no es delito, delito es lo que lo provoca”, dice una frase escandinava.
La migración irregular es actualmente un fenómeno en plena expansión. Un reciente estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revela que en todo momento hay alrededor de 175 millones de migrantes irregulares en el mundo entero, lo que equivale al 2.9 por ciento de la población mundial, una de cada 35 personas.

El OIM señala que la mayoría de las migraciones son motivadas por el deseo de los migrantes de mejorar sus condiciones de vida y a partir de éste hecho, los gobiernos deben gestionar y desarrollar políticas que garanticen la seguridad de los migrantes, pues el volumen, complejidad y las repercusiones de la migración irregular crean sufrimiento humano y agobian a los países de tránsito y destino.

RepatriaciÓn, tortura prolongada

El Programa Piloto de Repatriación Lateral que recientemente aplicó el Buró de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para devolver a los indocumentados a sus países de origen (principalmente de Centro y Sudamérica, incluido México) esposados y fuertemente custodiados durante todo el trayecto, recibió fuertes críticas de la opinión internacional que calificaron el hecho como inadmisible, humillante y vejatorio.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano manifestó que de ninguna manera va a permitir que las autoridades estadounidenses maltraten a los connacionales indocumentados.

En territorio nacional, el Instituto Nacional de Migración también esposa a los indocumentados que son detenidos en los distintos puntos del país y luego trasladados a la estación migratoria del Distrito Federal.

En las repatriaciones, principalmente extracontinentales a bordo de los aviones, el INM se abstiene de utilizar esposas, pero las devoluciones se hacen en medio de fuertes dispositivos de agentes del INM que durante todo el trayecto vigilan hasta el mínimo movimiento de los migrantes, como si se tratase de delincuentes, lo que se traduce en una prolongación de la tortura psicológica e intimidación que las autoridades infunden en los ilegales.

De su partida presupuestal (700 millones de pesos) el INM destina una parte no específica para la repatriación de los indocumentados. Al igual que el flujo migratorio, las devoluciones, como el Instituto califica a cada repatriación, depende de muchos factores, como qué tan rápido efectúe los trámites que comienzan por definir la situación migratoria.

Se solicita la intervención de los consulados de cada país para que reconozcan a los indocumentados como connacionales, aunque hay países como Albania, Ucrania y Kosovo que no cuentan con representación consular en México, lo que complica las diligencias que en estos casos se hacen a través de los consulados en Estados Unidos, igual que los países con conflictos sociales, como Palestina, Israel, Irán, Irak y la India, en donde los rasgos fisiológicos de los distintos pueblos son muy parecidos, lo que dificulta su identificación.

En México los principales puntos utilizados como de expulsión por el INM son Tapachula en el sureste, Cancún en el Caribe y Monterrey en el norte, además del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para el caso de extranjeros extracontinentales.

Las devoluciones se efectúan vía terrestre para los indocumentados de Centroamérica; vías terrestres y aérea para Sudamérica, Europa, Asia y África.
Al costo del viaje del repatriado se debe sumar el del agente de migración encargado de su resguardo durante todo el trayecto, lo que eleva al 200 por ciento el costo de cada repatriación, pues del agente se debe pagar el viaje hacia el punto que lleve al indocumentado, y su propio regreso a México.
Las repatriaciones más costosas son las de los asiáticos y africanos.

A China el costo aproximado es de mil 500 dólares, a Sudáfrica mil 200 por cada migrante.

Contrario a las normas de la Secretaría de Gobernación, las repatriaciones de familias enteras se llevan a cabo de forma fragmentada, en ocasiones con niños menores de edad que son separados de sus padres y devueltos a su país, con el riesgo de caer en redes de tráfico de infantes que, como es sabido, operan en los aeropuertos internacionales de muchos países.

Los retornos se efectúan en medio de un clima de tensión, por que su camino fue cortado abruptamente y los migrantes no quieren que se les retorne. De nuevo el largo y pesado viaje de regreso a su país, sólo que ahora fuertemente custodiados por lo menos por un agente que justo a su lado vigila cada uno de sus movimientos.

Viola EU la soberanía nacional

Erika Ramírez

Legisladores y académicos rechazan el decreto publicado en el Diario Oficial mediante el cual se autoriza a la Administración General de Aduanas enviar al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos las listas de pasajeros que entran y salen del país, debido a que ello vulnera la soberanía nacional, la independencia y la seguridad interna.

Sometida a los intereses de Estados Unidos, la Administración General de Aduanas de México (AGA) de México entregará al gobierno de George W. Bush los datos personales de la tripulación y de los pasajeros que entren y salgan del país por medio vía aérea.

Sin previa consulta al Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó las reglas en materia de comercio exterior para facilitar a Estados Unidos la información detallada del tráfico de pasajeros en México, mediante un sistema electrónico que será financiado por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con lo dispuesto en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de este año, el capítulo 2.16 señala que la AGA "deberá transmitir electrónicamente utilizando el Formato Estándar para el Intercambio de Información Electrónica para la Administración, el Comercio y el Transporte de los Estados Unidos de América (US/EDIFACT), conforme los lineamientos que establezca la Administración Central de Informática de la AGA".

La información confidencial de los pasajeros que será entregada al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos contendrá: nombre completo, fecha de nacimiento, género, sexo y tipo de tránsito, qué pasaporte utiliza, visa o matrícula consular expedida por el gobierno mexicano, código del país, aeropuerto de origen, código de la línea aérea, número de vuelo, fecha y hora de salida y de llegada.

Bajo el argumento de preservar su seguridad nacional, Estados Unidos llevará a cabo una evaluación del padrón de viajeros que entregue la AGA. La información será analizada en un departamento de seguridad, conocido como “Blancos”, y este mismo determinará qué personas podrían ser los principales “enemigos” del gobierno de Bush.

Los resultados que se deriven de este análisis serán dispuestos por el gobierno de EU en una "lista negra" que se entregará a la AGA y ésta a su vez la turnará a los organismos mexicanos que participarán en este proceso de análisis de información confidencial: Inteligencia Militar, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Policía Federal Preventiva (PFP), Agencia Federal de Investigación (AFI), Migración, Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría Fiscal Federal.

Con la entrega de dicha información al gobierno estadounidense, México contribuye a que se violen la privacidad y las garantías individuales de toda aquella persona que entre o salga del país, coinciden Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en seguridad nacional; el diputado perredista Emilio Zebadúa González, integrante de la comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, y el senador priísta Eric Rubio Barthell, miembro de la Comisiones de Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes.

Javier Oliva señala que dichas determinaciones no se limitan a las políticas y medidas de combate al “terrorismo”, sino que “tienen que ver con una actitud de subordinación del gobierno de Vicente Fox ante la Casa Blanca y con ello, no estaremos lejos de las sanciones bajo el pretexto del bioterrorismo aplicados a los productos agrícolas mexicanos”.

Para el diputado Emilio Zebadúa González “es preocupante que acciones de esta naturaleza aparezcan enmarcadas en un reglamento que no pasa por el Congreso de la Unión, pero que implican atribuciones y acciones que inciden sobre el marco de acción y libertad de ciudadanos mexicanos”, por lo que se exigirán la información y fundamentos a la Secretaría de Hacienda para justificar lo que parece un exceso en materia de Comercio Exterior.

Rubio Barthell dijo que este acuerdo debió llegar al conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y no sólo quedarse como un decreto de Hacienda. Ante esta situación, Pedro Cerisola y Weber tendrá que ser cuestionado sobre su participación en las nuevas disposiciones.

El senador priísta precisó que la entrega de información al gobierno de Estados Unidos no corresponde a un arreglo bilateral con México, “esto es otro atropello por parte del Ejecutivo Federal, de esos a los que frecuentemente ya estamos acostumbrados”, puntualizó.

Para el director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, los reglamentos modificados por Secretaría de Hacienda sólo tienen que ver con el incremento de medidas de seguridad que los Estados Unidos han promovido en todo el mundo para evitar lavado de dinero, evasión de impuestos y terrorismo, entro otros graves delitos.

Del intercambio de información de los pasajeros que viajan de Estados Unidos a México y viceversa, el funcionario afirmó que esta medida tiene más de año y medio de aplicarse y consiste en proporcionar el nombre y el número de pasaporte para efectos migratorios, con estos datos se realiza una lista denominada como no fly, que determina quiénes son los “potenciales delincuentes que no deberían abordar un avión”.

Entrevistado telefónicamente en Yucatán, López Meyer dijo que no ha recibido ninguna nueva notificación después de que el 9 de octubre se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el cual se ordena a la Administración General de Aduanas proporcionar información de la lista de pasajeros que entran y salen del país por vía aérea al gobierno de Estados Unidos.