El IFE es una de las instituciones con mayor credibilidad, pero ahora tiene el reto de organizar elecciones menos dispendiosas. En sus entrañas se libra una guerra de cabilderos entre partidos, consejeros, funcionarios y candidatos externos.

Árbitro confiable pero blandengue, el Instituto Federal Electoral (IFE) renueva su Consejo General enmedio de una disputa interna y como telón de fondo las ambiciones partidistas para colocar a consejeros.

En ese río revuelto salió a relucir la ropa sucia del IFE: jaloneos por las cuotas de poder entre consejeros y altos funcionarios, uso discrecional del presupuesto, que podría ser eventual fuente de corrupción en las licitaciones y concesiones de servicios profesionales.

En realidad, en el cambio de noviembre próximo del Consejo General del IFE se juega mucho, pues además de garantizar la continuidad de elecciones confiables, enfrentan el reto de reducir el costo de los comicios y cerrar definitivamente la puerta al fraude electoral. Pero más que todo, propiciar una democracia deliberativa que sea atractiva y enorgullezca a los mexicanos.

La Cámara de Diputados deberá elegir o ratificar a más tardar el 31 de octubre a los nueve consejeros electorales -incluido el sustituto de Woldenberg -, además de los sustitutos, para integrar el Consejo General, la máxima autoridad del IFE, y en ese proceso los partidos PAN, PRI y PRD están en plena negociación. Por la composición en la Cámara, a Acción Nacional le corresponderían proponer tres, al PRI cinco y sólo uno al PRD.
Y una vez más el IFE, será una cuota de los partidos, más que de los ciudadanos.

Consejeros ciudadanos
Desde 1991 cuando se constituyó el IFE, la ley ha tenido al menos dos cambios sustanciales. En la primera etapa, la ley identificaba a los miembros del Consejo General como “consejeros ciudadanos”, pero en la reforma de 1996 se les denomina “consejeros electorales”.

Ese cambio, explica Bernardo Bolaños --profesor de derecho y filosofía, que actualmente concluye un doctorado en la prestigiosa Universidad de La Sorbona--, es importante, pues se buscaba que fueran menos personalidades públicas y más especialistas de derecho electoral y ciencia política.

En 1996, cuando se nominó a ciudadanos distinguidos sin vínculos aparentes con los partidos políticos y con prestigio social gracias a su profesión (periodistas, abogados), el Consejo General del IFE lo integraron mayormente académicos de El Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Lo que pesó entonces, añade Bolaños, no fue tanto su prestigio como ciudadanos y la confianza que les depositara la gente (pocos mexicanos sabían de su existencia), sino la certeza de los partidos en sus conocimientos como juristas y politólogos. Eso, independientemente de sus simpatías políticas y que supieran que su corazón latía por la izquierda, el centro o la derecha. “Ese equilibrio de parcialidades ilustradas resultó viable y hasta exitoso”, agrega Bolaños.

El éxito despertó el interés de otros académicos que aspiran a beneficiarse del prestigio, la proyección política, el salario y hasta el glamour del puesto.
Ahora, los puestos parecen que se repartirían entre el ITAM y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Quizá por eso suenen como posibles sustitutos de Woldenberg, Carlos Elizondo Mayer-Serra, director del CIDE, y Federico Reyes Heroles, director de Transparencia Mexicana, aunque éste se excusó públicamente.

Para consejeros por el CIDE suenan José Antonio Crespo Mendoza y Luis Carlos Ugalde, ambos investigadores de la división de Estudios Políticos.
Por el ITAM están nominados José Ramón Cossío (profesor de Derecho), Alejandro Poiré (director del área de Ciencias Políticas) y Jesús Silva Herzog-Márquez (profesor de Derecho).

También se menciona al exsubsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Luis F. Aguilar.

Ahora, los suspirantes, añade el investigador, suelen presentarse ellos mismos, cabildear con los jefes de bancada en San Lázaro y acudir a los partidos con sus líderes nacionales y políticos influyentes en la estructura.

En esa pasarela, que se aceleró en los últimos días, también incluye aparecer en los medios impresos. “Es recomendable publicar algunos artículos que convenzan a los partidos y diputados que el candidato tiene simpatías por ellos. Basta elogiar ésta o aquélla proeza y felicitarse de la madurez lograda”, añade Bolaños.

Desde luego tienen ventaja los académicos que escriben en los diarios de circulación nacional, explica.

Así que los candidatos a consejeros electorales con más posibilidades son quienes pueden entrar en contacto con las élites políticas y ostentan alguna medalla al mérito profesional.

El PRI, con mayor peso a la hora de votar, podría proponer a Carlos Elizondo Mayer-Serra -con cercanía con el grupo de la líder de la bancada priísta Elba Esther Gordillo- y bien visto por el PAN y PRD.

Nacos y trampolín
El IFE, dice Bolaños, se ha convertido en un vivero de la clase política y en una incubadora para el Poder Legislativo y la administración pública.

Y en efecto, basta recordar el paso del actual secretario de Gobernación, Santiago Creel, y de los diputados José Agustín Ortiz Pinchetti, Juan Molinar Horcacitas (exsubsecretario de Gobernación y vocero del PAN hasta febrero pasado) y Emilio Zebadúa González (fugaz secretario de gobierno en Chiapas).

El senador panista Felipe de Jesús Vicencio Alvarez dijo que se desvirtuaría el trabajo y la credibilidad del IFE si los partidos políticos imponen a los consejeros electorales o crean cuotas.

Quizá porque no vota en este caso, el senador Vicencio Alvarez añadió que “espero que los partidos políticos no caigan en la tentación de aprovechar la renovación de los consejeros electorales para caer en el regateo de cuotas. Una cosa es que exijamos un IFE ciudadanizado y otra que sea una institución donde cada partido tenga su parcela”, agregó.

En tanto, la senadora priísta por Sinaloa, Martha Tamayo Morales, estableció que “tendremos que cuidar los perfiles de los aspirantes para no escoger a una persona con algún sello partidista”.

Se quejó de la falta de imparcialidad, y señaló el caso del consejero Alonso Lujambio. “Es insostenible su afirmación de imparcialidad. Es a todas luces antipriísta como en los casos Pemexgate y Amigos de Fox. Sus decisiones estuvieron cargadas de esos elementos. Hay que ver sus parientes y familias, han estado involucrados en el PAN”, sostuvo.

Desde París, dice que Bolaños, los mejores candidatos son quienes tengan una trayectoria profesional en las ciencias humanas (politólogos, juristas, sociólogos, historiadores, filósofos políticos) o en el servicio electoral (funcionarios de carrera del IFE).

El profesor Bolaños, un pensador polémico y hasta provocador, indica que “es conveniente que no tengan nexos directos con algún partido político e, incluso, que existan algunos cuya vida la hayan consagrado al estudio de la democracia que existe fuera de los partidos políticos (en la ciudadanía, los movimientos sociales, la cultura política)”.

También es importante que representen la diversidad del país, que vengan del sur y del norte del país.

“Voy a decir algo polémico que, sin embargo, creo profundamente: sería muy sano si la Cámara de Diputados nombrara a algunos `nacos` como consejeros electorales. Es decir, a personas que no tengan ni abolengo, ni tez clara ni hayan estudiado en Estados Unidos o en España”, agrega el catedrático.

Porque ahora, dice el también profesor de derecho y filosofía, existe la impresión de que el IFE reúne al jet-set de una intelectualidad que vive de usar el lenguaje de la democracia. Pues bien, hace falta ver allí a algunos plebeyos (esos que buscaban la transición desde movimientos semiclandestinos en los años 70, antes de que el Grupo San Angel asumiera esa bandera cuando se puso de moda).

Eso no significa que estos candidatos deban carecer de méritos profesionales: es conveniente que cuenten con un posgrado, que hayan impartido clases en la universidad, publicado en alguna revista académica y participado en organizaciones civiles. Si, como dicen en privado y a veces en público nuestras élites, México es un país de “nacos”, entonces hay que comenzar a compartir con ellos el poder.

--Con las reformas de 1996, parecería que los consejeros representarían a las élites de las academias, ¿ahora se corre el riesgo de que puedan representar a las élites políticas no partidistas y a la intelligentsia nacional?

--Esa tendencia se observa en los rumores que corren. Pero como aún no han sido nombrados los consejeros, es inútil hacer profecías. Lo que llamas “élites políticas no partidistas”, se podrían identificar más precisamente como las personas que creen haber diseñado y empujado la transición democrática ellas solas, desde las cenas que organizaban en sus casas, y que creen que aun no han recibido su recompensa. Jorge Castañeda, Elba Esther Gordillo, Santiago Creel o Vicente Fox ya cosecharon lo que querían, ahora su entorno intelectual quisiera ir al IFE.

Es legítimo que hagan su luchita, pero algunos de esos intelectuales son engreídos e ignorantes, porque ignoran a propósito que la transición fue una conquista de movimientos sociales desde antes de 1968, afirma.

El IFE no debe ser una pasarela hacia los altos puestos del gabinete o del Legislativo, porque la sociedad sentiría que pasó del PRI a una partidocracia estilo priísta.

Los que quieren
El consejero presidente José Woldenberg no repetirá y lo ha dicho a los cuatro vientos -aunque Contralínea pidió entrevista, pero no fue atendida-, porque ya está harto, cansado y satisfecho.

Se limitará a convocar a una única sesión --aunque podrían ser dos: la última de despedida-- ordinaria del Consejo General antes de concluya su encargo, que será maratónica. Ahí se establecerá la sanción económica a la Alianza por el Cambio que ascendería a unos 600 millones de pesos, dividida entre los dos partidos.

José Barragán Barragán, igual que Woldenberg, propone una renovación paulatina (tres consejeros electorales) del Consejo General, con la idea de darle continuidad a las tareas institucionales y no perder la experiencia de los consejeros.

La fórmula de Barragán Barragán es que el Congreso designe a seis consejeros (presidente y cinco consejeros electorales). Suele decir a quien lo quiera escuchar que él es el primer propuesto para ser relevado del cargo y regresar a la academia y al terreno jurídico en su natal Guadalajara.

Jaime Cárdenas también se autodescartó y anunció que regresa a la academia y a la abogacía. Dos poderosas razones lo llevaron a tomar esa decisión: primero, sabe que su radical postura en el caso Amigos de Fox le ganó el rechazo del PAN, y en segundo lugar, porque está harto del vacío que le hicieron sus colegas consejeros.

Su excesivo y radical protagonismo colmó la paciencia del consejero presidente. El último episodio, que lo llevó a una abierta confrontación, fue cuando denunció que la encuestadora Berumen y Asociados incumplió con el contrato de monitoreo sobre la publicidad de partidos políticos en medios electrónicos. Eso, añadió Cárdenas, imposibilita al IFE a mantener una herramienta propia que fiscalice los recursos públicos otorgados para las campañas políticas.

Harto, Woldenberg le pidió vía telefónica que llevara la fiesta en paz y lo dejara acabar tranquilo su periodo.

Alonso Lujambio se da por perdido, porque a sus 40 años de edad suma dos infartos que lo mantuvieron fuera de la vida pública. Por si fuera poco, le tocó bailar con las más feas, pues tuvo la voz cantante como presidente de la Comisión de Fiscalización en dos de los más polémicos asuntos y que marcarán la gestión del IFE: Pemexgate y Amigos de Fox.

Hijo de un fundador del PAN, Amigos de Fox le pondrá una mancha más al ya moteado tigre con su partido de origen.

Otro de los descartables, por su gris actuación, es Virgilio Rivera, el exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a quien reclaman en su estado por presuntos malos manejos en el presupuesto, además de su mala relación con el gobernador Ricardo Monreal.

Otro es Gastón Luken Garza, el joven y casi silente consejero bajacaliforniano que ha dicho que en caso de no continuar, regresaría a sus actividades empresariales en el noroeste, donde nadie lo extraña.

Luken Garza fue consejero distrital del IFE en Tijuana, consejero ciudadano en el Instituto Estatal Electoral de BC --el único que mantiene una estructura paralela al IFE, empezando por credencial local para votar-- y luego presidente consejero del instituto bajacaliforniano.

Sin conocerlo, Cuauhtémoc Cárdenas lo invitó a su gobierno como contralor general y a la salida de éste, fue asesor de Rosario Robles. En diciembre del 2000 llegó al IFE, pues fue suplente desde 1996 y ocupaba el primer lugar en la lista de prelación. Aquí se le cuestiona su indefinición política, que lo haría repetir en el cargo o, paradójicamente, regresar a Baja California.

Formó parte del grupo inicial (Consejo de Notables) de personalidades que analizarían y propondrían una coalición entre el PAN y el PRD para la contienda presidencial en el 2000.

Jacqueline Peschard, única mujer en el Consejo General, tiene varios puntos a su favor: discreta, respetuosa, capaz, ecuánime. Muchos afirman que tiene todo para repetir, más porque en ella el IFE cumpliría su cuota de género, que por su capacidad.

Por la cuota de género también se apuntaría a la investigadora de El Colegio de México, Soledad Loaeza; Rosa María Mirón Lince, del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Si no es electo consejero presidente y hace honor a su palabra, Jesús Cantú regresaría a Monterrey, pues no aspira a menos. Sin embargo, podría repetir en el cargo debido a su movilidad y heterodoxia política (acomodaticio, dicen sus detractores).

La alta burocracia del IFE lo ve con malos ojos, porque, dicen en voz baja, su convicción es la conveniencia. Algunos directores se quejan de que utiliza los consejos locales y distritales a su conveniencia y para presionar sobre diversas situaciones en el Consejo General. Mantiene una imagen de conocer a fondo al IFE, aunque en realidad sólo es una pose propia y de sus asesores.

Tiene en la nómina del IFE a amigos personales, como denunció en su momento el exdirector del Registro Federal de Electores, Eduardo Badillo Gutiérrez.

Hace mancuerna con Arturo Sánchez Gutiérrez --director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos-- para cabildear en el PAN a favor de ambos. Los panistas lo ven con recelo por su indefinición política y en la Cámara de Diputados se considera que tendría el voto del PRI.

El consejero Mauricio Merino Huerta adelanta que se queda en el IFE siempre y cuando sea como consejero presidente. Su espacio natural es el Servicio Profesional Electoral, cuya dirección está en manos de una de sus fuerzas personales: el PRI de Felipe Solís Acero, a través de Marco Antonio Baños. Es otro que si hace honor a la palabra regresaría a la academia.

Marco Antonio Baños Martínez, director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, es otro de los de casa que aspira a ser consejero electoral y cuenta con el respaldo de Felipe Solís Acero. Los priístas en la Cámara de Diputados también votarían por él.

El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Arturo Sánchez Gutiérrez, también quiere ser consejero a partir del cobijo que le brinda Juan Molinar, exconsejero electoral, exsubsecretario de Gobernación, exvocero del CEN del PAN y actual diputado federal, de quien recibe llamadas inclusive cuando funge como Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización o en pleno Consejo General.

Otra que quiere es María del Carmen Alanís, a través del PRI y el grupo UNAM, al que pertenecería el actual presidente consejero.
Y qué decir del secretario ejecutivo Fernando Zertuche Muñoz, el hombre más poderoso en el ejército burocrático del IFE, quien actualmente teje alianzas y realiza un intenso cabildeo.

Renglones torcidos
A principios de este año, el Consejo General del IFE votó --con la oposición del propio Woldenberg -- un acuerdo en el que sujeta a la burocracia --10 mil 719 individuos-- y funcionarios de consejos distritales y locales a la fiscalización de la Contraloría Interna y a la Ley de Servidores y Funcionarios Públicos. Pero deja un enorme vacío legal sobre los consejeros electorales, pues como son los propios consejeros quienes aprueban la elección del contralor, no pueden ser fiscalizados por esa instancia. Así que en los hechos, nadie los fiscaliza y eso permite una manga anchísima.

Todo indica que existe un manejo discrecional en el otorgamiento de asesorías y servicios por honorarios que tienen al guiño de un par de consejeros electorales.

Contralínea solicitó una entrevista con el consejero presidente para que ofreciera un balance de su gestión y también el manejo del presupuesto de poco más de 5 mil millones de pesos este año. La respuesta fue que tenía la agenda “cubierta las próximas dos semanas”.

El reportero solicitó a la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, que depende del secretario ejecutivo Fernando Zertuche Muñoz, información sobre el presupuesto del 2002 y 2003 del IFE. Específicamente del presupuesto ejercido por el Centro de Formación y Desarrollo y la Dirección de Capacitación, así como el nombre del proyecto de servicio de asesores para capacitación en el 2003. Otro requerimiento fue la estructura laboral de los consejos distritales y locales.

Primero fue atendido por Alejandra Servín, quien ofreció enviar la información vía correo electrónico. Pero nunca llegó. Más tarde, Raúl Torres de la Unidad de Enlace, precisó que no tenía conocimiento previo de la solicitud del reportero y que esa información no estaba disponible, además la petición tenía que hacerla personalmente en las oficinas del sur de la ciudad, mediante un escrito, con una copia, dirigido a Zertuche Muñoz.

Todo indica que existe un manejo discrecional en el presupuesto, al menos en el Centro de Formación y Desarrollo y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Estas estructuras son las encargadas de formar a los funcionarios de casilla y aunque existe personal capacitado para proporcionar cursos (pedagogía, estrategia, evaluación de pedagogía, diagnóstico), menudeó la contratación de asesores externos, contratación de familiares, amigos y recomendados de consejeros electorales.

Elena Verdugo Quiñones es la coordinadora del Centro de Formación y Desarrollo, y María del Carmen Alanís Figueroa, directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

A ambas se les reconoce por su capacidad y entrega al trabajo, pero también por mantener un conflicto personal más allá de lo laboral y la afición a las asesorías externas.

Con nexos familiares y de filiación con el PRI de Baja California, la carrera de Verdugo Quiñones comenzó en el IFE en 1991, como vocal ejecutiva distrital. En 1994 su jefe, el priísta Alberto Raza Saldaña, dejó la vocalía ejecutiva estatal en Mexicali y regresó al PRI del estado.

A invitación de Woldenberg, Verdugo Quiñones vino a la ciudad de México para ocupar la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral --que depende de Junta General Ejecutiva del IFE-- en sustitución del también priísta Felipe Solís Acero.

Elena Verdugo estudió ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Baja California, pero cuando fue nombrada directora no cumplía el requisito de haber concluido una licenciatura cinco años antes de su nombramiento.

La presión obligó a Woldenberg a solicitarle su renuncia, pero la reubicó en la Coordinación del Centro de Formación y Desarrollo del IFE.

El primer círculo de colaboradores de Verdugo Quiñones está integrado por puro cachanilla (mexicalenses) y como buena norteña tiene fama de temperamental y con carácter.
Mantiene una fluida comunicación con José Woldenberg y Fernando Zertuche, secretario ejecutivo del IFE, más allá de que sean sus jefes jerárquicos. De entre los consejeros, trabaja estrechamente con otro bajaliforniano: Gastón Luken.

Por su parte, María del Carmen Alanís Figueroa --hija del exprocurador del DF, Agustín Alanís Fuentes-- también rebosa carácter y tiene fama de caprichosa y voluble, incluso con su propio personal.

María del Carmen (Macaco, para sus íntimos) va a todas partes --incluidos viajes al extranjero-- con su secretario particular, Juan Carlos Cuervo, quien se entiende de sus cuestiones personalísimas, como cargar el portafolios, entre muchas otras cosas.

Tiene un alto sentido de las relaciones familiares, como lo demuestra que uno de sus subdirectores sea su cuñado (está casado con su hermana).

Alanís Figueroa llegó al IFE en sustitución de Alberto Begné, quien buscó la Secretaría Ejecutiva pero perdió frente a Fernando Zertuche, así que renunció, y tiempo después fundó la revista Arcana. Hombre porfiado, insistió en la Secretaría Ejecutiva y la consiguió, pero la del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, donde actualmente despacha.

Macaco mantiene buena relación con José Woldenberg y Fernando Zertuche. De los consejeros trabaja íntimamente con Jesús Cantú Escalante.
Con Verdugo Quiñones, Alanís Figueroa comparte, además, su cercanía con un sector del PRI, una fuerte relación con el consejero electoral Jesús Cantú, quien podría ser apoyado por los diputados tricolores para suceder a José Woldenberg.

Los que conocen dicen que los comités distritales y locales son una gran sangría. Qué hacen el vocal ejecutivo, secretario y los dos secretarios de Capacitación, Organización y el del Registro Electoral, cuándo no se trabaja en proceso electoral. ¿A cuántas personas pueden atender en el módulo? Y tienen salarios de 30 mil pesos el jefe y 20 mil el resto.

Y es ahí donde aterrizan buena parte de los contratos para capacitación electoral por asesorías externas.

Un caso ejemplifica la mala fiscalización. En junio del 2001, fue destituido Eduardo Badillo Gutiérrez de la Dirección del Registro Federal de Electores por la licitación de alrededor de 4 millones de pesos a la empresa Niveles, propiedad de Oscar Rossbach, pues según la Contraloría Interna se cometieron serias irregularidades.

Al cabo de tres años, dice Badillo Gutiérrez en entrevista, el tribunal me dio la razón y se comprobó que no cometí ningún delito y ahora me tienen que reinstalar.

Cuenta que Niveles es una empresa que proveía software de computación (digitalización) y brindaba servicio de mantenimiento (sistema óptico), pero luego ofreció ser proveedor de papel seguridad (que sólo se produce en Canadá, Francia y Argentina) para las boletas y listados.

La verdad es que la falta de control hizo que muchos --incluidos funcionarios del IFE, consejeros y proveedores-- descubrieran que el IFE es una mina de oro en las licitaciones.

Yo creo que es muy grave que nadie le pida cuentas a los consejeros, dice Badillo Gutiérrez.” Varios hacen y deshacen, sugieren recomendados y presionan a todo mundo. Desde luego que otros son muy respetuosos y no se meten a la administración”, agrega.

Por lo pronto se anuncian dos jugosas licitaciones: la elaboración de la nueva credencial electoral, que la ocasión pasada obtuvo Unysis y la puesta en marcha del Centro Nacional de Cómputo.

La tecnología para producir la credencial se modificó en el 2001 y se cambió de la foto instantánea (polaroid) a la digitalizada. El costo de la credencial se redujo de 15 a 6 pesos. El resultado de la nueva licitación, en la que se inscribieron 19 participantes, se debe conocer la primera semana de octubre.

En tanto, el Centro Nacional de Cómputo sustituye a 17 centros regionales de cómputo en el país y se ubica en Pachuca, Hidalgo. Los enterados dicen que es la gran apuesta de Jesús Cantú y amenaza ser un elefante blanco, porque deberá resguardar los documentos originales de los 60 millones de mexicanos inscritos al padrón, por lo menos 180 millones de papeles importantísimos.

El proyecto arquitectónico lo tiene la UNAM y debe entregarse la primera parte en octubre.

Internamente, Cantú Escalante es mal visto y se le conoce como el “consejero pura vida”, pues no se olvida el pachangón de Júrica --en donde agarró una borrachera de pronóstico reservado-- y los 101 mil pesos en boletos de avión a Monterrey con cargo a las arcas del IFE, irregularidades por las que incluso fue destituido del cargo en agosto de 1999, aunque finalmente regresó al Consejo General.

El IFE por dentro
El Instituto Federal Electoral es una entidad pública autónoma que tiene la responsabilidad administrativa de preparar, organizar y conducir las elecciones federales (elección de presidente de la República, diputados y senadores) de los miembros que integran el Congreso de la Unión.

Propaganda millonaria

El Consejo General es la máxima instancia del IFE y es el responsable de vigilar el cumplimiento de la ley en materia electoral. Está integrado por nueve consejeros ciudadanos (un presidente y ocho consejeros), que tienen derecho a voz y voto. Son elegidos por la Cámara de Diputados, a propuesta de los seis grupos parlamentarios (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, CD).

También forman parte del Consejo General, los representantes del Poder Legislativa y uno por partido con registro nacional (seis en la actualidad) y el Secretario Ejecutivo del IFE, quien es nombrado por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta del consejero presidente.

Para organizar y vigilar los comicios, el IFE integra, revisa y actualiza el padrón y lista electoral y emitir la credencial de electora, que desde hace unos años se transformó en el documento de identificación por excelencia en el país. Para ello cuenta con 32 consejos locales (ubicados en las capitales de los 32 estados) y en los 300 distritos electorales.

Igualmente, elabora programas permanentes de educación cívica y concede registro a los partidos políticos y agrupaciones políticas para participar en las elecciones. Es el responsable del diseño, impresión y distribución de materiales electorales y en un proceso casi se paranoia, se incrementaron increíblemente las medidas de seguridad y con ellas los costos.

Y desde luego, el IFE fija el millonario subsidio público y acceso a los medios de comunicación, otorgamiento de franquicias postales y telegráficas y trato preferencial en materia fiscal para los partidos. Casi nada.

El trabajo del IFE es por etapas y varía de acuerdo con el tipo de elección intermedia (renovación de la Cámara de Diputados, como la pasada), que comprende tres etapas y concluye a más tardar la última semana de agosto. La elección presidencial -en la que también se renuevan las dos cámaras- tiene cuatro etapas y concluye en septiembre.

Las tres etapas de una elección intermedia son la preparatoria, jornada electoral y resultados y certificación de validez de las elecciones.
La preparatoria se inicia formalmente con una sesión del Consejo General del IFE (primera semana de octubre del año previo a la elección) y concluye el día de las elecciones.

La etapa de la jornada electoral es de apenas un día, que invariablemente se celebra el primer domingo de julio, se “inicia a las ocho de la mañana y concluye con el cierre de los sitios de votación y cómputo inicial de los votos”.

La fase de resultados y validez de los comisiones se inicia cuando “se remiten los expedientes y documentos electorales de las casillas a las oficinas distritales del IFE y concluye con el cómputo y certificación de resultados” que realizan los órganos electorales (IFE y Tribunal Electoral, en su caso). Esta fase concluye, a más tardar, la última semana de agosto.

El instituto electoral tiene “tres tipos diferentes de órganos: los directivos, que se constituyen bajo la figura de consejos, instancias de deliberación y decisión responsables de velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

Técnico-ejecutivos, concebidos como juntas ejecutivas “responsables de las tareas técnicas y administrativas para la preparación, organización y desarrollo de las elecciones”.

Los de vigilancia, “integrados bajo la figura de comisiones y con atribuciones exclusivas en el ámbito del registro de electores”.

El Consejo General tiene las atribuciones de designar -a propuesta del consejero presidente- a los directores ejecutivos del IFE. Y es justamente, en la Junta General Ejecutiva, el órgano ejecutivo y técnico de mayor jerarquía. El secretario ejecutivo es Fernando Zertuche Muñoz) y sus directores son del Registro Federal de Electores, Alberto Alonso y Coria; Prerrogativas y Partidos Políticos, Arturo Sánchez Gutiérrez; Organización Electoral, Jaime Rivera Velázquez; Servicio Profesional Electoral, Marco Antonio Baños Martínez; Capacitación Electoral y Educación Cívica, María del Carmen Alanís Figueroa y Administración, Alfonso Fernández Cruces.

El IFE tiene una envidiada burocracia y tiene como columna vertebral al Servicio Profesional Electoral. Y no está por demás decirlo, que como en otras estructuras administrativas, constituye un botín de cuotas de poder para consejeros y altos funcionarios del IFE, así como eventual fuente de corrupción por las licitaciones y servicios profesionales.

Así que también en este renuevo del consejo general, también están en juego decenas de plazas cómodas, bien pagadas y hasta con cierto glamour.

El IFE se jacta de ser uno las instituciones más leales y transparentes del sector público y aunque en su estructura cuenta con una Contraloría Interna, curiosamente los consejeros electorales no son sujetos de esa fiscalización.

Con el pretexto de que fueron elegidos por la Cámara de Diputados, dicen que se sujetan a su sólo a su supervisión, con lo cual logran una manga anchísima, pues la Cámara no tiene la estructura para fiscalizar su actualización de ahí que se hayan presentado excesos.
(Miguel Angel Ortega)

El Tribunal Electoral
La otra instancia del IFE, la contraparte, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tiene facultades para resolver, “en forma definitiva e inatacable”, las impugnaciones en las elecciones federales de presidente de la República, diputados y senadores.

Esta instancia del Poder Judicial tiene facultades para decidir sobre actos y resoluciones de autoridades estatales “para organizar y calificar los comicios o resolver controversias”. Igualmente funge como tribunal laboral entre el IFE y sus trabajadores.

Una de las mayores facultades también es “determinar e imponer las sanciones en materia electoral”.

Resoluciones imapelables

EL TEPJF se integra con una Sala Superior permanente, compuesta por siete magistrados, con sede en la Ciudad de México y cinco salas regionales que funcionan temporalmente (únicamente durante el año electoral), integradas por tres magistrados. Las salas regionales tiene como sede las cabeceras de las cinco circunscripciones electorales plurinominales en que está dividido el país: Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca.

Los magistrados -mayores de 35 años, al menos con licenciatura y 10 años de antigüedad como jueces- son elegidos por la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quienes son elegidos para integrar la Sala Superior duran 10 años improrrogables. Los magistrados de las salas regionales duran ocho años.

La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Tribunal Electoral, está a cargo de una Comisión de Administración, que se integra por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la preside, un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación, así como por tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal.