En su afán expansionista, Consorcio ARA --una de las constructoras más grandes del país-- se asentó de nuevo en el estado de México, en terrenos de la exempresa Sosa Texcoco, donde edifica 13 mil viviendas en una zona contaminada con residuos alcalinos, corrosivos y tóxicos, según expertos en mecánica de suelos, geógrafos, ambientalistas y ecologistas.

Los residuos dañinos que aún quedan ahí se dispersan por causa del viento entre los meses de febrero y marzo.

El sodio, que parece polvo blanco, es un elemento metálico extremadamente blando y muy reactivo, que irrita garganta, ojos y mucosas. Si se respira en exceso, provoca diarreas, debilitamientos, desmayos, alcalosis en la sangre y dermatitis. Tolerable para el organismo humano, es mortal para plantas y animales.

El gobierno reconoce la zona como una de las que presentan mayores conflictos de abasto en servicios y desarrollo urbano, altos niveles de contaminación, escasez de agua altamente salina y saturación de vialidades y drenaje.

A decir de Margarita Gutiérrez, investigadora del Instituto de Geografía del Laboratorio de Análisis Físicos y Químicos del Ambiente, el proyecto de ARA en Sosa Texcoco debe prohibirse por lo inadecuado del terreno.

“El subsuelo tiene sodio que acaba con las construcciones; al reaccionar con agua se convierte en sosa cáustica, la cual quema, y al contacto con el cuerpo humano es sumamente agresiva, provoca problemas respiratorios y de la presión”, dice la experta.

Aunque no hay un tiempo determinado para la corrosión, una vez que las paredes construidas sobre terrenos con altos niveles de sodio comienzan a presentar rastros de salitre, el desgaste es inevitable.

“De manera que construir sobre bancos naturales de sodio está asociado a una mala decisión, mucha corrupción y una gran ignorancia.

“El carbonato de sodio es un componente natural del Lago de Texcoco. Lo debieron de haber dejado en el lugar y las condiciones naturales en las que estaba, y no usufructuar con esas tierras, mucho menos con viviendas.

“Así como el Mar Muerto es utilizado como depósito de sales que permite que los suelos de Israel estén limpios, en México el depósito natural es esta zona, y construir viviendas es similar a querer construir sobre el Mar Muerto”, señala la investigadora, quien augura que todo estará lleno de salitre antes de que la gente que compre en el conjunto Las Américas termine de pagar.

Vivienda digna

¿Vivienda digna?

Para los futuros habitantes de Las Américas, la promesa es que tendrán escuelas, guarderías, hospitales, estación de bomberos, áreas recreativas, zonas deportivas y centros comerciales. Parece impensable para los habitantes de Valle de Ecatepec, sus vecinos, quienes obtienen el agua potable por medio de pipas.

Ecatepec registra un alto déficit de abasto de agua. El 80 por ciento de la que se extrae del subsuelo se destina al Distrito Federal.

Los representantes de ARA afirman que no hay problema para el desarrollo del conjunto, pero según un informe de la Comisión Nacional del Agua, la zona fue declarada en veda.

Los promotores dicen desconocer dónde se ubicarán los servicios, y aunque ARA ni siquiera hizo la maqueta del proyecto, la constructora ya vendió las mil 500 casas de la primera fase de desarrollo del proyecto.

Cinco casas de muestra (en colores pastel) son atractivas a los ojos de los compradores: 60 metros de construcción a un costo de 250 mil pesos, con créditos del Infonavit y Fovissste, pero se oculta que en el subsuelo la sosa permanece intacta.

Suelo inoperante
Las arcillas de Sosa Texcoco, conocidas como expansivas, contienen calcio, magnesio, potasio y sodio, este último en niveles mucho más altos que los permitidos, más de ciento por ciento que los niveles de salinidad del mar.

El exceso de sodio, explica Adán Salgado, investigador de la UNAM, provoca que las arcillas se “hinchen”, lo que dificulta su manejo, a tal grado que hace inoperante el suelo.

El experto en mecánica de suelos evalúa que este tipo de terreno no es apto para la construcción, y de llevarse a cabo, por muy resistentes que sean los materiales utilizados, los edificios presentarán agrietamientos y hundimientos diferenciales. El mantenimiento correrá por cuenta del comprador.

“Se está especulando con una tierra inservible. Me parece insensato, porque en esta zona los fosfatos originan emanaciones, gases corrosivos que causan graves daños pulmonares”, advierte Salgado.

Al margen de la controversia, Donald Forsek, representante de ARA, afirma que éste es uno de los proyectos en los que más confía el consorcio. ARA invertirá en Las Américas 5 mil 500 millones de pesos.

“Definitivamente va a ser un desarrollo con su propia problemática técnica, pero la tenemos contemplada, y una muy buena estructura de costos, y además tenemos la escala para afrontarla.”

Forsek asegura que ya hay muchos empresarios que pretenden invertir en la zona, aunque se niega a dar sus nombres, pues se podría “caer la negociación”.

Tajante, señala que de ninguna manera ARA ejecutaría proyectos no convenientes para sus clientes: “Nuestro activo más importante es nuestra reputación y nuestra marca”.

Pero la imagen de ARA no es del todo nítida. Tiene varias demandas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por incumplimientos de contrato en otras unidades habitacionales del estado de México.

Vigías sobre ARA
Víctor Manuel Borrás, director del Infonavit, precisa que su labor es detectar incumplimientos y “cuando se presentan muchos casos sobre una determinada constructora, ponemos una luz amarilla para futuras promociones que intente hacer con nosotros y orientamos a los derechohabientes para que demanden ante la Profeco”.

Severo Córdoba Muñoz, subdirector de Autorizaciones Urbanas del Gobierno del estado de México, comenta que en Las Américas el consorcio se comprometió a cumplir con la nivelación del suelo, piso y materiales especiales y con el implante de terrenos y rellenos, lo cual será supervisado por el director general de Protección Civil, Arturo Vilchis Esquivel.

De haber incumplimiento, la dependencia citará a ARA en garantía de audiencia, precedida de una sanción económica y la posible revocación de la autorización.