Para la industria editorial mexicana la competencia desleal genera una merma del 60 por ciento en sus utilidades. Las editoriales, las librerías y los autores pierden entre 2 mil y 3 mil millones de pesos al año por la piratería, cifra que representa tan sólo el 20 por ciento del derrame. La reprografía (fotocopiado) constituye el otro 40 por ciento.

En fotocopiado no autorizado y piratería editorial nuestro país es el número uno de América Latina, afirma el presidente del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (Cempro), Ángel Quintanilla.

Ángel Quintanilla

“Dos de cada diez libros que se comercializan son piratas; el sector privado produce cien millones de ejemplares al año, entonces, estamos hablando de 3 mil millones de pesos que pierden proporcionalmente las librerías, las casas editoras y los autores”, asegura.

Mercado Negro
Pese a que México ocupa el penúltimo lugar en los índices de lectura de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura entre los 108 países que la integran, con 1.2 libros por habitante al año, los piratas mantienen 20 millones de ejemplares a la venta en el mercado negro.

Los puestos informales en el Zócalo capitalino y en otras ciudades como Monterrey y Guadalajara son considerados por el Cempro como principales puntos de distribución, no obstante, los alcances de esta industria aumentan y algunos negocios establecidos comienzan a vender ejemplares falsos.

Quintanilla reconoce que “sí hay librerías que comercian material pirata, pero esto no quiere decir que estén participando de manera consciente, sino que los involucraron de alguna forma, y como no tengo información específica de que estén actuando de mala fe al soltar un nombre podría dañar la reputación de alguien que no está participando”.

Para Gonzalo Araico, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), “los encargados de las librerías o están en contubernio con este comercio ilegal o reciben libros piratas por originales con algún tipo de factura apócrifa, el problema es complejo, no quiero pensar que el comercio formal está comprando libros piratas para comercializarlos, eso sería muy grave”.

Aunque no existen registros en México, la industria ilegal extiende su mercado al resto del continente, Ana María Cabanellas, presidente del Grupo Interamericano de Editores, con sede en Argentina, ha denunciado que la proliferación de la piratería es tal que se han exportado libros apócrifos. De Colombia y de México se exporta material ilícito a Centroamérica, sentencia.

En nuestro país este ilícito se ha sofisticado en la parte editorial; en oposición a los primeros libros piratas que eran de muy baja calidad, ahora hasta el realzado en las portadas se copia, comenta el presidente de la Caniem.

La calidad del papel, de la impresión o el precio, que es entre 10 y 50 pesos más barato, son las únicas diferencias que un lector puede detectar entre la edición ilícita y la original.

Uno de los casos más relevantes es el de Los Hornos de Hittler, publicado por editorial Diana, entre la versión original y la copia no hay diferencias porque ambas se realizan con los negativos de la casa editora; este título reporta ventas de entre 5 mil y 8 mil ejemplares al año.

El nivel de sofisticación de la industria pirata no tiene más que una explicación, y es que se trata de una industria rentable. Aún cuando un ejemplar pirata no sea exactamente idéntico al original la calidad es aceptable, expresa Raúl Zorrilla, director general de publicaciones de Conaculta.

Dificultades jurídicas
Pese a la evidente comercialización en el centro de la ciudad de México, según informes del sitio de Internet de la Procuraduría General de la República (PGR), de 1997 a 2003 se han confiscado tan sólo 98 libros de los 20 millones de ejemplares que se producen por año en imprentas clandestinas.

Para poder decomisar la mercancía apócrifa los afectados deben denunciar el hecho, presentar testigos y pruebas de la violación a sus derechos ante el Ministerio Público Federal, para que éste las analice y solicite al juez acciones específicas como operativos o cateos. La ley no facilita la persecución de estos delitos porque la piratería no se persigue de oficio, sólo por denuncia del afectado o de sus representantes, dice Quintanilla.

Ernesto Villanueva, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comenta que “debería de hacerse algo más expedito, no podemos pedir que sea un delito que se persiga de oficio porque las autoridades no tienen los elementos para analizar e investigar cuando hay un requerimiento de una persona moral o de una persona física afectada, pero sería positivo que hubiera un procedimiento sumario”.

El sumario consiste en la reducción de los tiempos tradicionales que establece la ley para el proceso administrativo y el proceso judicial, así, un asunto que abarcaría de seis meses a año y medio se tardaría tres o cuatro meses.

La piratería editorial se combate a través de tres instituciones: el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDA), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la PGR.

Pero estas instituciones sólo actúan si el afectado presenta denuncia; el INDA puede establecer una junta de avenencia con los supuestos infractores para llegar a un acuerdo. El IMPI tiene autoridad para combatir violaciones en materia de comercio pero sólo si así lo solicita el afectado; y para que la PGR proceda se tienen que levantar una denuncia ante el Ministerio Público.

Alfredo Rendón, presidente general adjunto de propiedad industrial del IMPI, expresa que “en el caso de la piratería editorial, las denuncias que nos presentan son mínimas, porque los titulares de los derechos de esta industria acuden directamente a la PGR”.

Para Raúl Zorrilla, los resultados en el combate a la piratería se entienden porque “estos son delitos que se han dejado pasar, es inexplicable que vayas al centro histórico y esté lleno de libros apócrifos y nadie pueda hacer nada al respecto”.

Es un hecho que el incremento y la sofisticación de la piratería amenazan al ramo editorial y que de no combatir este ilícito, el sector podría enfrentar una importante crisis. “En el largo plazo la piratería daña a la industria e inhibe la producción”, sentencia Zorrilla.