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La
desorganización del movimiento obrero del país,
la crisis económica, el debilitamiento del
movimiento sindical y la amenaza de la reformas a
la Ley Federal del Trabajo (LFT) son el caldo de cultivo
de grandes movimientos sociales en México,
considera el presidente de la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje (JLCA), Jesús Campos Linas.
“Desde
el derrumbe del socialismo en Europa un mayor número
de personas padece hambre y miseria en el mundo, lo
que está generando un caldo de cultivo para
que haya movimientos cualitativos, a través
de distintas expresiones. México no es ajeno
a esta realidad. También formará parte
de esos cambios”, advierte.
Destaca
que un tribunal en ninguna parte del mundo puede impartir
justicia imparcial si está vinculado económicamente
a cualquier institución o persona. “Eso
es elemental. Nosotros nos hemos atenido al presupuesto.
Tenemos autonomía presupuestal, que la define
la Asamblea Legislativa”.
Abogado
litigante con 50 años de servicio profesional
y dos como funcionario público, Campos Linas
reconoce que la impartición de justicia laboral
en México dista mucho de cumplir su cometido.
Las
causas: la corrupción sindical, el coyotaje,
turbios negocios con la titularidad de los contratos
colectivos de trabajo, negociaciones a espaldas de
los trabajadores, contratos de protección,
personal insuficiente y mal pagado, falta de espacio,
una enorme carga de trabajo y presupuesto estrecho.
De
125 mil contratos colectivos de trabajo registrados
en la JLCA, 80 por ciento son de protección.
Los únicos que saben de su existencia son los
líderes sindicales y los patrones, en medio
de una maraña de intereses en la que la autoridad
está maniatada legalmente para intervenir.
“Son una copia de cómo nace el sindicalismo
en los Estados Unidos de América, al viejo
estilo de las mafias.”
Así
se explica la nula existencia de huelgas de trabajadores
de las micro, pequeñas y medianas empresas
--en su mayoría las que más incumplen
con la LFT--, igual que en los grandes corporativos
y tiendas departamentales, donde la ley simplemente
no existe porque no permiten la formación de
sindicatos.
De
tal manera que los salarios que perciben los trabajadores
actualmente no son los que establece el Artículo
123 constitucional y que deben ser suficientes para
cubrir gastos de alimentación, casa, vestido,
cultura y diversión.
¿Cómo
se expresa la corrupción?, se pregunta Campos
Linas. Pues líderes y patrones hacen grandes
negocios en las revisiones de contrato, porque en
una empresa donde se negocia 2 o 3 por ciento más
y el líder cede esos dos o tres puntos porcentuales,
que representan un número importante de trabajadores,
pues es mucho dinero el que se embolsa. Por eso pelean
mucho centrales contra centrales la titularidad de
los contratos.
“Son
unos señores enfrentamientos de los sindicatos
entre sí e incluso siendo de la misma central.
Las centrales grandes también se enfrentan
entre sí por la titularidad de los contratos
colectivos de trabajo. En paralelo, emplazan a huelga
a una empresa y resulta que en ese centro de trabajo
ya existe contrato.”
Para paliar este problema, dice el funcionario, se
está revisando contrato por contrato para limpiar
y depurar el archivo de la Junta. Llevamos 40 mil
documentos regularizados, presume.
Reforma
inminente
Campos Linas estima que hoy más que nunca la
Ley Abascal podría tener éxito bajo
un gobierno de derecha, definido al lado de los empresarios-funcionarios.
Un sindicalismo debilitado y una clase obrera dispersa,
desorganizada, sometida, apática y atemorizada
prefiere ganar poco que luchar e ir a una huelga,
expone.
“No
estallan huelgas por el temor que siente el trabajador
de quedarse sin empleo. Ustedes saben que el desempleo
en esta ciudad se percibe por el incremento de los
vendedores ambulantes. Hay miles de personas sin empleos.
Y el INEGI, la Coparmex así como el secretario
del Trabajo han reconocido que el desempleo ha aumentado
mucho”, apunta.
Acaso
el movimiento obrero independiente, representado por
los telefonistas, electricistas y los trabajadores
del IMSS, entre otros, ha frenado el avance incontenible
de la intentona patronal de reformar la mejor ley
laboral que existe en el mundo, que es la de México,
acota.
Las
demandas
Un ejemplo concreto de cómo evoluciona y se
agudiza el problema de los conflictos laborales son
las cifras que registra a la fecha la JLCA, ya que
se tramitaron 35 mil 300 juicios de enero a abril
de 2003. En esos tres meses es muy revelador el dato
de 9 mil 759 demandas, de las que se han resuelto
8 mil 465.
En
el 2000 se resolvieron 21 mil 973 juicios; en 2001,
26 mil 267; en 2002 la cifra bajó a 22 mil
815, debido a que aumentó la cantidad de juicios
nuevos.
Como resultado de los juicios, en el 2000 los trabajadores
recibieron 406 millones 270 mil pesos, equivalentes
a 18 mil 846 pesos por cada trabajador.
En
2001 las indemnizaciones fueron de 672 millones 282
mil pesos, en beneficio de 20 mil 876 trabajadores;
y en 2002, de 719 mil 356 pesos, para 22 mil 628 trabajadores.
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