Partidaria de la concentración de la riqueza, pues “sólo así es posible mantenerla y acrecentarla”, según la definición del propio Dionisio Garza Medina, presidente del Grupo Industrial Alfa, la cúpula regiomontana cierra filas y lanza una advertencia al Partido Acción Nacional (PAN) sobre las consecuencias políticas que tendrá el incumplimiento de los compromisos para privatizar el sector eléctrico y la explotación de gas natural.

Aunque desde agosto del 2001 el presidente del Grupo Alfa --grupo con activos por 74 mil 724.8 millones de pesos, 7.3 por ciento más que el patrimonio registrado al término de marzo del 2002-- había asegurado en diferentes foros que el gobierno del presidente Vicente Fox necesitaba mayor eficacia en la aplicación del gasto público y en la defensa de las políticas para promover el crecimiento del país, así como mano dura para combatir el comercio desleal y el contrabando, Garza Medina nunca había sido tan contundente tras erigirse como portavoz de un sector empresarial inconforme con los resultados del gobierno del cambio.

Sin embargo, para Abraham Nuncio, autor del libro El Grupo Monterrey, el objetivo oculto de la cúpula regiomontana es acelerar con este ataque frontal las reformas estructurales, que no son otra cosa que la privatización del sector energético, y con ellas, la participación de la élite de inversionistas de esa región en un nuevo negocio millonario en el que incursionarían como intermediarios de grandes capitales extranjeros, tal y como sucedió con el sector bancario. Y cita el caso de la familia Garza Lagüera, que vendió su participación mayoritaria en el Grupo Financiero Bancomer al corporativo financiero español BBV-Argentaria.

Hecho a un clima de monopolio (acero, petroquímicos, alimentos), que paradójicamente no desapareció sino que se fortaleció con la llamada globalización ante la falta de capital para concentrar la riqueza en perjuicio de los pequeños y medianos empresarios, Alfa busca defender su posición entre los oligopolios que aún fijan los precios de materias primas.

Por ello, dice Nuncio, la cúpula regiomontana se opone a su vez al monopolio en la distribución de energía eléctrica y gas, pues debido a los costos se han visto en problemas para competir internacionalmente.

El pasado 2 de junio en la ciudad de Monterrey, en el marco del XV Foro organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Garza Medina, heredero directo de la estirpe empresarial que dio origen al Grupo Monterrey, capitalizó la inconformidad de los empresarios de todo el país y desmintió al gobierno foxista sobre las causas que, según su equipo económico, frenan el desarrollo del mercado interno:

“La economía mexicana no crece y pierde competitividad no sólo por el entorno internacional, sino por la incapacidad del gobierno actual”, declaró Garza Medina, quien tras la salida de Bernardo Garza Sada asumió a los 40 años la presidencia del Grupo Industrial Alfa, que controla las compañías industriales más importantes de América Latina.

Y agregó: “No es cierto que el país no crece porque no hay reformas o por los problemas de la economía internacional", a lo que añadió que el gobierno podría aplicar transformaciones que no involucran debates constitucionales, como es la eliminación de burocracia o el respeto al Estado de Derecho.

En una jugada que resultó en una carambola de tres bandas, con su crítica a la gestión panista en el gobierno federal, Dionisio Garza Medina puso en tela de juicio la propuesta electoral de su primo Mauricio Fernández, quien se enfrenta al priísta Natividad González Parás por la gubernatura del estado de Nuevo León.

“Casualmente, las declaraciones de Dionisio se presentan a un mes de las elecciones en las que el PAN tendrá que definir si cuenta con el apoyo del sector empresarial para esta plaza tan importante y en la que compite a través del empresario Mauricio Fernández Garza”, señala Nuncio.

En febrero de 1994, Garza Medina peleó la presidencia del Grupo Alfa contra Mauricio Fernández, en un proceso que no sólo involucró la decisión de los accionistas del conglomerado, sino también la participación de firmas de head-hunters. El mensaje, asegura Nuncio, es claro: sin reformas, sea quien sea, no habrá apoyo de los empresarios al PAN.

Panista y accionista de Industrias Monterrey (IMSA), el secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, salió en defensa del régimen foxista y sostuvo que la inconformidad del presidente del Grupo Alfa proviene de las pérdidas que le ha originado el régimen de libre flotación del tipo de cambio, una variable que, de acuerdo con el exgobernador de Nuevo León, es imposible manipular.

Este es el balance que hace Garza Medina sobre el clima empresarial del país al cierre del primer trimestre del año: ”Un retador clima de negocios caracterizado por la creciente volatilidad en los precios del petróleo y en sus derivados”. Con una generación de flujo de efectivo superior a los 201 millones de dólares y un incremento en las exportaciones, la depreciación de 4.4 por ciento del peso frente al dólar le costó al Grupo Alfa alrededor de 977 millones de pesos.

La pérdida cambiaria no impidió, sin embargo, que los accionistas del grupo regiomontano recibieran un dividendo en efectivo por 37 millones de dólares. No obstante, atribuyó a mayores costos el estancamiento de su utilidad de operación en mil 395.4 millones de pesos y sus pérdidas netas por 36.6 millones.

Canales Clariond recordó además que Grupo Alfa ha sido una de las empresas que mayores apoyos ha recibido por parte del gobierno federal por medio de tratamientos arancelarios especiales.

En entrevista, el presidente del IMEF, Alberto Espinosa Desigaud, acepta que los empresarios buscan de una vez por todas la aprobación de reformas estructurales para mejorar la competitividad de la economía nacional.

“Estamos urgiendo a todos los actores políticos a que hagan todo lo necesario para que las reformas estructurales puedan formar parte de la agenda de la sesión extraordinaria del Congreso y que, de alguna manera, las más importantes puedan ser aprobadas.

“No quiere decir que esta inconformidad sea una señal de que se puede regresar al PRI, pues las reformas estructurales se deben anteponer a cualquier interés partidista. Aún se puede recuperar el terreno perdido en los últimos tres años”, advierte.

La misma inquietud que exhibió Alfa, precisa el presidente del IMEF, es la que tienen todos los empresarios ante el estancamiento que presenta la economía y que preocupa mucho más frente al proceso electoral del 6 de julio.

Hasta ahora, agrega Espinosa Desigaud, parece que han prevalecido, por sobre los cambios que necesita el país, intereses políticos de los secretarios de Estado, de los políticos y de los mismos legisladores.

Además, es un hecho que la economía mexicana ha perdido competitividad hasta en 40 por ciento y que se enfrenta a una situación sumamente desventajosa por los costos del gas natural y la energía eléctrica.

En Vitro, que preside Federico Sada, el expresidente del Consejo Mexicano para la Exportación (Comce) que durante el primer año del gobierno foxista apoyó la promoción de inversiones extranjeras, varios ejecutivos consultados consideraron que las declaraciones de Garza Medina habían sido sobredimensionadas. Sin embargo, reconocieron que lograron captar gran parte de las preocupaciones de los empresarios de la región.

Sobre el tema de la energía, el exsecretario de Energía y actual vicepresidente del Grupo Desc, Luis Téllez, habla de que las empresas mexicanas se enfrentan a un clima adverso para su desarrollo.

“Lo que vemos en Desc es que las tarifas que tenemos que pagar en la industria petroquímica son mucho mayores a las que se aplican en otros países y que cubren nuestros propios socios, como Repsol en el sur de España en el sector petroquímico, como Dana Corporation en el rubro de autopartes, que opera en el medio oeste de Estados Unidos.”

Aquí cabe mencionar que en México el pago de la energía eléctrica se cubre mediante contratos spots, mientras en Estados Unidos existe una gran variedad de esquemas para manejar los costos de producción. “Cuando comparamos recibo contra recibo, lo que vemos es que la economía mexicana está perdiendo competitividad”, apunta Téllez, quien como directivo de Desc ha tenido que hacer frente al despido de 7 mil empleados.

Carlos Reyes, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua, se sumó a las críticas de los empresarios regiomontanos, pues consideró que el gobierno foxista carece de la aplicación de políticas que frenen el contrabando y el comercio desleal.

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