La democracia incomoda a los partidos políticos en México. No son capaces de ejercer al interior lo que reclaman al exterior y pretenden que sus procesos de elección de dirigentes y candidatos no sean examinados por nadie sino por ellos mismos, aun cuando abunden las irregularidades.

Con el argumento de “fortalecer la autonomía de los partidos y los sistemas de justicia partidista”, senadores de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso elaboraron la “iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), así como de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

La iniciativa --presentada por la senadora Sara Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México, y que ya ha sido dictaminada por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera-- señala que “es atribución exclusiva de los órganos internos de los partidos políticos interpretar sus estatutos, así como los instrumentos normativos que de ellos se deriven”.

Más adelante, sentencia: “Las determinaciones definitivas que adopten los partidos políticos en materia de afiliación, suspensión y expulsión de sus miembros, elección, designación y remoción de dirigentes, y postulación de candidatos a cargos de elección popular en ningún caso podrán ser revocadas o modificadas”.

De esta manera se excluye al Instituto Federal Electoral (IFE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de conocer de los procesos internos de los partidos cuando los militantes sienten vulnerados sus derechos por la dirigencia.

“Si un ciudadano, por alguna razón, no estuviera conforme con un proceso interno dentro de un partido político, ya no podría presentar ninguna impugnación; no podría hacer uso del juicio que está establecido en el artículo 99 de la Constitución y que actualmente es atribución del TEPJF desahogar”, explica el doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional Miguel Covián Andrade.

El investigador y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y autor de Sistema político mexicano: legitimidad electoral y control del poder político, agrega que, de aprobarse la iniciativa, los ciudadanos no tendrán la posibilidad de defenderse de los actos que realicen las dirigencias partidistas, “aunque éstas violenten sus propios estatutos”.

Covián Andrade advierte que de suprimir las instancias de defensa de los militantes “todo quedará encerrado en un grupo muy pequeño --la dirigencia partidista-- y, lejos de fortalecer a esos actores principales de los sistemas democráticos (los partidos), los debilitará como instituciones. A quienes fortalecerá será a sus dirigentes”.

Para el consejero electoral Jaime Cárdenas Gracia el principal motivo de la iniciativa “apoyada por todos en el Senado” es la falta de democracia al interior de los partidos. “Existen muchos desaseos, violaciones de estatutos, procedimientos irregulares, expulsiones indebidas, arbitrarias, sanciones impropias a los militantes. No se salva ningún partido. ¡Ninguno!”

En efecto, a un mes de las elecciones federales, el TEPJF todavía ordenó la sustitución de 28 candidatos a diputados federales de seis fuerzas políticas (uno del PAN, cuatro del PRD, 16 del PT, dos del PMP, uno del PFC y cuatro del PSN), además de la sustitución de Rafael Ortiz Ruiz como candidato del PRI por Federico Berrueto Pruneda. El Tribunal Electoral argumentó irregularidades en cada uno de los casos.

La “molestia” de los partidos por la “intromisión” del IFE en su vida interna inició con la sentencia del TEPJF del 7 de mayo de 2002, expediente SUP-JDC-015/2002, donde se asienta que el Tribunal Electoral resuelve que el ciudadano Juan Lago Lima, suspendido de sus derechos como militante del Partido Alianza Social el 19 de agosto de 2000, debía ser restituido como dirigente del partido en el Estado de México.

“Eso es inadmisible. Por eso los partidos teníamos que hacer algo”, señala el representante del PRD ante el IFE, Pablo Gómez. “Nosotros hicimos la iniciativa, la hicimos entre todos y, bueno, la presentó la senadora del PVEM”, agrega.

Dice que las actuales resoluciones del TEPJF no tienen base legal y que una vez aprobada la iniciativa “la ley será clara”, pues los partidos “que se dan sus propios estatutos serán quienes tendrán el derecho de interpretarlos”. Recomienda a los militantes que sean objeto de violaciones a sus derechos por las dirigencias que renuncien a su partido, pues “ninguna persona está obligada a permanecer en ninguna asociación política. Los partidos arbitrarios y antidemocráticos serán abandonados por la militancia y desaparecerán”.

El representante del PAN ante el IFE Rogelio Carbajal Tejada considera que es importante que el IFE tenga conocimiento de los asuntos internos de los partidos, “pero esta intervención de la autoridad electoral debe ser acotada. Nos parece que los partidos, cada uno en sus distintas reglamentaciones, tienen órganos internos propios que dirimen los conflictos, las controversias que al interior de los propios partidos se suscitan entre militantes. El IFE debería respetar esas instancias internas.”

A este respecto, Jaime Cárdenas replica que lo único que hace el IFE es revisar si las decisiones y procedimientos que adoptan los partidos para seleccionar candidatos y dirigentes se ajustan a los procedimientos que están en las normas internas y en los estatutos del partido.

“La intromisión del IFE es decir ‘oye, partido, tú tienes en tus estatutos tal regla y en tal determinación no acataste la regla que tú mismo te diste.’ Es decir, el IFE nunca se mete con los partidos para señalarles las reglas o la ideología que deben tener. Sólo revisamos si los partidos están cumpliendo con las reglas que ellos mismos se dieron. En esto consiste nuestra intervención, pero hasta eso les molesta.”

Covián Andrade sostiene que si lo que les interesa a los partidos políticos es el fortalecimiento de su vida interna, “están en el camino incorrecto, porque no es dejando a los partidos sin supervisión como se fortalecerá su autonomía. Los partidos deben pensar en cambios internos. Por ejemplo, se deben preocupar por educar a sus militantes y dirigentes. Si quieren fortalecer el sistema de partidos en México, deben realizar procesos internos realmente democráticos”.

El académico alega que no se puede dejar a los partidos sin supervisión porque éstos son intermediarios entre la ciudadanía y el poder: “Ahora no podemos dejar que la sociedad vaya simplemente a ciegas a los procesos electorales porque no sabe cómo se seleccionó al candidato ni en qué condiciones se llevó a cabo el proceso interno”.

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