Dentro del sistema penitenciario mexicano, la legendaria Santa Martha Acatitla, habitada por mil 22 internos sentenciados a las penas más largas, es la única cárcel que cuenta con un área designada para los portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH): el dormitorio número 10 o D-10: el pabellón de la muerte.

De manera oficial se le denomina Módulo de Atención Integral de VIH, aunque entre el grueso de la población es conocido como el de los "sidosos". Pocos se acercan al D-10.

El estigma hacia la enfermedad que padecen sus 38 moradores se los impide. Para llegar allí hay que atravesar los largos y helados corredores de la llamada Casa Azul (el color del uniforme de los internos).

Enormes roedores salen de sus madrigueras para buscar su propio rancho (alimento de la prisión); corren en sus ralos jardines a plena luz del día. Ahí se despliega una raquítica área de juegos infantiles que los custodios se empeñan en mantener cerrada con un grueso candado, aunque los hijos de los presos que acuden a la visita familiar ya rompieron la malla ciclónica para escabullirse por debajo, burlando toda autoridad.

El 10 es el último de los dormitorios, desde hace cinco años compartido. El lado derecho está reservado para los portadores de VIH.

El izquierdo, para los reos de alta peligrosidad, en calidad de castigo y protección: castigo, por parte de la Dirección, por delitos cometidos dentro de la penitenciaría; protección, sobre otros internos que pretendan tomar venganza, cobrar deudas de droga o asesinar a quien llega hasta ahí.

La zona cuenta con dos apandos, uno de ellos lo ocupa, desde febrero pasado, Ernesto Ramírez Romo, en castigo por el asesinato de otro interno a quien le clavó una punta de metal.

Tantos días en el encierro dentro del encierro lo ponen tenso. En la reducida celda de castigo camina en zigzag, como si fuera un chango. Se acerca a la reja de la que cuelga un candado oxidado para confesar su nueva hazaña: "me eché a uno de otro dormitorio", susurra.

La desesperación lo lleva al límite. Lo peor del apando es que allí no es tan fácil conseguir dulces. Su cuerpo conoce todo tipo de drogas. En la penitenciaría lo más barato son "las reinas" o chochos (pastillas Reynol de los laboratorios Roche), que se consiguen hasta en diez pesos. Ernesto ingiere dos diluidas en el Nescafé del desayuno. Ingresó a Santa Martha hace un año, con una sentencia de seis, a la que se sumará la nueva condena.

--¿Por qué lo mataste?
--Hay cosas que no se pueden evitar --, dice melancólico.

En la mano derecha esconde una punta de metal, que destella entre la sudadera azul marino y los picados brazos en los que se ha metido cientos de agujas. Es la misma arma con la que mató a su compañero. Se aleja de la reja y el susurro ya no se escucha.

Así convive, por disposición del Consejo Técnico Interdisciplinario, la población más peligrosa de la Penitenciaria con la más vulnerable. Ni unos ni otros alcanzan a pagar su deuda social. Los primeros, porque cada delito que cometen es acumulable, y los segundos, porque antes les llega la muerte.

Cuando un interno de cualquier prisión solicita el beneficio de la visita conyugal, el Consejo Técnico Interdisciplinario requiere una serie de exámenes médicos, entre los que se incluye el de VIH. Si se detecta que es portador, se le traslada a Santa Martha Acatitla, tenga o no dictada una sentencia y en calidad de "depositado".

El supuesto es que allí recibirá la atención necesaria, aunque el Servicio Médico de la Penitenciaría, dirigido por el médico cirujano Jesús Arreguín Parra, es tan deficiente que no cuenta con un solo infectólogo.

Los internos con SIDA (algunos en fase terminal) son atendidos por un médico general y un anestesista; no se les realizan los análisis clínicos que deben efectuarse por lo menos cada seis meses (subpoblación de linfocitos, CD4 y carga viral), y tampoco se les proporcionan medicamentos para prevenir tuberculosis, neumonía o micosis, ni se les suministran antirretrovirales. Y es que, reconoce el titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, Héctor Cárdenas San Martín, "los centros penitenciarios no tienen las condiciones para ello".

En el plano de la prevención e información sobre el SIDA, el director de la Penitenciaría, Hazael Ruiz Ortega, ha prohibido el paso a organizaciones no gubernamentales como Ave de México, Vanguardia Mexicana de Personas Afectadas por VIH y hasta al propio Conasida, que realizaban campañas de información y regalaban condones a los internos, que ahora sólo conocen la evolución de la enfermedad por los estragos que causa en su organismo.

Epidemias
La ausencia de atención médica especializada originó grandes estragos durante el año 2000, con el arribo de dos presos con tuberculosis ganglionar y pulmonar que, por no recibir medicamentos ni consultas, provocaron un rápido contagio entre todos los internos del pabellón, que pronto se convirtió en una epidemia.

En aquel tiempo la mayoría pasó de uno a dos meses al interior del Servicio Médico, carente hasta de alcohol etílico y gasas, y donde el instrumental médico como jeringas, bisturís y agujas, se guarda en baldes con agua sucia.
Sobre camas de fierro oxidado, con sábanas percudidas que alguna vez fueron blancas, los internos cubrían su cuerpo para evitar el ataque de los roedores y cucarachas que infestan el lugar.

El Servicio Médico se localiza a escasos metros de los baños generales, donde el drenaje nunca es suficiente y las tazas desbordan excremento y olores malsanos, pues su fajina (limpieza) corre a cargo de los tiernos (presos de recién ingreso), que no disponen de jabón ni cloro y únicamente cuentan con un chicharrón (pedazo de cobija) para esas tareas.

Durante la epidemia de tuberculosis, bajo el resguardo del personal hospitalario, murieron los internos Walter Haroland Cubenet, Mario Barbosa, Arturo Sánchez y Servando Plata, este último a un mes de cumplir su condena y obtener su libertad.

Un nuevo brote de tuberculosis ganglionar y pulmonar está latente entre los 38 internos. La enfermedad se agudiza por las deficientes instalaciones que no reciben mantenimiento; las tuberías de agua están podridas y fracturadas, y por ellas sale el agua llena de gusanos, causantes de herpes, hongos en la piel y enfermedades gastrointestinales.

Al hablar, el interno Juan Carlos Chávez López arroja flemas con sangre. Padece fiebres nocturnas, tos y un dolor constante en el pulmón izquierdo que no lo deja respirar. Desde hace 17 años padece SIDA. El promedio de vida para una persona atacada por la enfermedad es de 18 años y Juan Carlos está consciente de que en cualquier momento puede morir.

Durante la epidemia de tuberculosis él resultó afectado. La enfermedad fue controlada, pero en este nuevo brote los médicos de la Penitenciaría se niegan a darle un solo medicamento: "dicen que mi familia los consiga en la calle porque aquí no hay", cuenta cabizbajo mientras se toca la piel que cubre sus delgados brazos. El dolor de los huesos lo tiene postrado al interior de su estancia, la número 54, por lo menos tres días a la semana.

Ocasionalmente el médico general les entrega una dosis de antirretrovirales: Crixivan, Azt, y 3tc sin conocer la carga viral, evolución de la enfermedad, edad y peso del paciente; medicamentos que deben ingerir en su presencia, no importando la hora ni los efectos secundarios.

A Luis Albarrán León el Azt le produce mareos, náuseas e hipersensibilidad gástrica. A Alberto Mixueiro Cruz el Crixivan le causó problemas intestinales, y para combatirlos le dan de vez en cuando una pastilla de Ranitidina, que inhibe los medicamentos contra el SIDA.

El interno Alejandro Arellano está en etapa "de rescate". Hace dos años logró entrar a un protocolo de Kaletra (desde Canadá le envían el medicamento), pero en el Servicio Médico le indicaron que durante su estancia en la Penitenciaría tendría que tomar Crixivan, Azt y 3tc, "el mismo coctel que todos los demás". Alejandro padece tuberculosis ganglionar, neumonía, candidiasis del esófago (algodoncillo), herpes, problemas en los riñones y dolores en el apéndice.

Javier Torres Ordóñez es el huésped de mayor antigüedad en el D-10, la parte del penal donde los delitos pierden sentido y el castigo parece más duro que la culpa.

Los presos parecen levitar, sus rostros ojerosos, los pómulos pronunciados y las sumidas mejillas enmarcadas en manchas y moretones; las delgadas piernas que apenas sostienen los cuerpos enjutos, que se vuelven cadavéricos a medida que los acecha la muerte.

Por el corredor de la estancia deambulan como zombis. Su única ocupación es caminar de ida y vuelta a lo largo de escasos sesenta metros de concreto. Antes tenían un taller de serigrafía, repujado, acrílico y una mesa de ping pong, esta última obsequio de una ONG, pero el director cerró los talleres y prohibió el juego.

Los internos también evitan las zonas comunes: comedores y áreas deportivas, por temor al maltrato y la agresión física y verbal por parte de custodios y el resto de la población.

Para cinco de ellos, los días de visita (martes, jueves, sábados y domingos) llegan acompañados con el aliento que brinda la gente de afuera, pero el resto no conserva ningún lazo familiar o afectivo, y se sumen en el letargo de la ida y vuelta monótona, lenta, que desquicia y enloquece.

La depresión, psicosis y desesperación de saberse recluido entre las frías paredes de cemento, en una prisión que reúne todas las características para generar la violencia cotidiana, sin ningún programa de readaptación ni rehabilitación, y con una enfermedad infecto-contagiosa e incurable, ha llevado a algunos internos del D-10 al suicidio.

En 1998 a Gustavo Chávez Salmerón le llegó un aviso de que pronto obtendría su libertad, y a los pocos días la noticia de que ésta había sido nuevamente revocada. El interno de 30 años de edad sufrió el llamado "carcelazo": se cortó las venas, desangrándose hasta morir. En la estancia 16, de la viga del techo, en febrero de 2001, se colgó el interno José María Alfaro. Sus compañeros aún lo recuerdan como "El Chema". Tenía 22 años de edad.

Javier Torres Ordóñez lleva preso una década, apenas la cuarta parte de su condena, deuda que no va a saldar. Tiene SIDA en fase terminal, padece neumonía, tuberculosis ganglionar, pulmonar, moniliasis oral de curso crónico y herpes. Ha permanecido hospitalizado en el Servicio Médico por lo menos en cinco ocasiones, y a veces no puede levantarse de la plancha de cemento que le sirve de cama, sobre la que colocó un colchón de hule espuma. Ningún médico de la prisión acude a verificar su estado de salud.

Si él intenta salir de su dormitorio, los custodios le dicen que mejor se quedé allí, que de todas maneras se va a morir. Habla de forma pausada, se agita. Viste un jersey azul marino, con el número 99 y el nombre del equipo de fútbol americano de la Penitenciaria: Perros, en el que jugaba hasta antes de que le diera la tuberculosis, tras la que su cuerpo perdió 30 kilos de peso en los dos meses de su hospitalización.

Cuenta haber presenciado la muerte de por lo menos 50 internos en aquel pabellón, muertes por el SIDA o suicidios por la misma causa.
De acuerdo con el artículo 75 del Código Penal, que habla de la incompatibilidad del estado físico del interno con el incumplimiento de la pena, y con base en el artículo 63 de la Ley de Ejecución y Sanciones Penales para el Distrito Federal, que indica que "cuando se acredite que el sentenciado no puede cumplir con algunas de las modalidades de la sanción impuesta, por ser compatible con su edad o estado de salud, la autoridad ejecutora podrá modificar la forma de ejecución estableciendo las condiciones y el lugar para tal efecto". Torres Ordóñez ha solicitado ser puesto bajo cuidado de su hermana Patricia Torres.

Para ello ha girado oficios a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal y a la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, pero no ha recibido respuesta alguna. En ésta última, señala Patricia Ordóñez, su director Pedro Arellano argumentó que no podía aplicar el artículo 63 a Javier porque quizá si le otorgaban su libertad "podía curarse".

La entrada en vigor, el pasado 13 de noviembre, del nuevo Código Penal del Distrito Federal permitió la salida a 3 mil 500 internos de distintos reclusorios. Ninguno por la aplicación del artículo 63. De los internos del D-10 no se revisó un solo expediente. "En este dormitorio nuestra única boleta de libertad es un ataúd", dice Ordóñez.

Aun cuando cumplan su condena, los trámites burocráticos, otra muestra de las fisuras del sistema penitenciario mexicano, retrasan hasta el último sello, a menos que el interno pague "dádivas" a las secretarias y técnicos del Consejo que agilicen la revisión de su expediente.

Georgina Gutiérrez narra cómo su marido, del cual se niega a indicar su nombre "por respeto a su memoria", tras cumplir una sentencia de 12 años debió obtener su libertad, pero fue retrasada durante tres años por el Consejo Técnico Interdisciplinario bajo el argumento de que no cumplía con el examen psicológico, puesto que presentaba trastornos emocionales provocados por su estancia en prisión.

Durante los tres años, en espera de su boleta de libertad, el interno enfermó de tuberculosis pulmonar y murió a los pocos meses de su egreso de Santa Martha.

La ley de Cana
En denuncia por la ínfima calidad de atención médica, la ausencia de medicamentos y solicitando que se giren instrucciones para la elaboración de los análisis clínicos, los internos del D-10 han enviado oficios a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Secretaría de Salud (federal) y la Secretaría de Salud del DF; a la Subsecretaría de Protección a la Salud, a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. No hay más, nadie toma injerencia sobre ellos, y finalizan: "No tuvimos una opción de vida, ahora sólo buscamos una opción de muerte".

Cana cuenta con sus propias reglas, que no están escritas en códigos, reglamentos, instructivos, ni manuales. Son verbales y se siguen, nadie las rompe, o como dicen los custodios "lo que aquí pasa, aquí se queda".

Según detalla un informe de la Subcomisión Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, presidida por la diputada Enoé Uranga, tras una visita "no grata" a la Penitenciaría de Santa Martha: "Esta subcomisión llegó a la conclusión de que no se cuenta con verdaderos centros de readaptación donde se respeten los derechos de los internos".

En una evaluación general del sistema penitenciario mexicano, la visión del Observatorio Internacional de Prisiones es contundente: "El sistema penitenciario actual representa un gran costo social que no readapta, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona y, lo más grave, no propicia la readaptación de daños causados a las víctimas ni a la sociedad".

Entre los presos de todo el país hay un aforismo popular que dice: "Si los reclusorios son la escuela del crimen, Santa Martha es la universidad".

Curiosamente, el modelo de construcción de la Penitenciaría, ubicada en los límites de la delegación Iztapalapa, se basó en el mismo modelo de Ciudad Universitaria, aunque sin murales ni esculturas. Sólo queda una parte del mural Todos somos culpables, de Arnold Belkin, porque la otra la mandó cubrir el general Juan Alberto Antolín Lozano, en su calidad de director, en la década de 1970, quien fue acusado de innumerables excesos y vejaciones en contra de los internos.

Antes de cruzar la puerta de "Santa Tacha", como la llaman algunos exconvictos, quedan unos minutos para observar los cuadros de madera con acrílico que se exhiben en los puestos instalados los cuatro días de visita: La última cena, bodegones, un Santo Cristo coronado de espinas junto a Mickey Mouse y otras imágenes de Walt Disney.

El trabajo de pocos internos que en los reclusorios preventivos les retribuye un ingreso, en la Penitenciaría de Santa Martha, la universidad del crimen, ahora es negocio de la Dirección.

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