El paisaje como su niñez es modesto. El universo dibuja un paisaje plano, gris... yermo: es apenas una línea que se dibuja desde Jalatlaco hasta Tianguistengo.

El rapaz --en el sentido infantil de la palabra-- partirá desde la humildad de su nacencia hasta una opulencia tan inesperada como posible. Su rostro es el de un gracioso pillo --en el mismo sentido infantil de la palabra-, en el que se dibuja la astucia y la ambición.

A veces, silencioso, parece presentir que su morada final está bajo los cedros y los motores de Mercedes Benz almacenados en la tierra querida del rancho Don Catarino.

El Estado bienestante fue generoso con los hombres que llegaron al poder. Las complicaciones de los laberintos políticos los obligaron a veces al uso de medios injustos o deshonestos que ingeniaban con el saber perverso que se denomina astucia.

Cuando llegaron a la meta, no había límites. Incluso, en la inversión de los valores de un sistema político que convirtió la corrupción en una presencia pétrea, eran vistos con los atributos propios del vencedor: poder y riqueza eran la divisa de su fortuna. Dos ejemplos están a la vista: uno descansa en la planicie pobretona de Tianguistengo y el otro amasa sus rencores y amarguras en Almoloya.

La vanagloria es superior a la codicia. Porque no es suficiente la opulencia sino que es más importante la ostentación. Tan importantes son las monedas como los honores que traen aparejados los placeres incontables del poder. Por ello, son empeñosos para defender el patrimonio y combativos para desagraviar sus sentimientos del honor.

En algunos casos, como en las buenas herencias, los caudales y las dignidades ornamentales descienden testamentariamente a los hijos y a los hijos de sus hijos --en el sentido infantil de la palabra.

La vanagloria por su propia naturaleza impide la discreción. Y acaso también los pudores. De las bonanzas privadas que provienen de los caudales públicos se conoce prácticamente todo. La sociedad en los últimos años del siglo pasado fue crítica e inquisitiva.

Además, de la complacencia legal se pasó a los rigores jurídicos; que si bien es cierto que no han sido suficientemente rigurosos sí han sido eficaces para señalar vicios y fortunas.

Es muy común que de los avatares políticos se pase a militar en actividades empresariales de carácter financiero que en los tiempos de apertura pueden incluso trascender el territorio nacional. Sin embargo, la clave es la misma: la vanagloria; es decir, la ostentación de la riqueza y el nombre.

En hechos de esta naturaleza se encuentra la explicación de los ataques a la libertad de expresión que pueden desplegarse a partir de posiciones privilegiadas por razones de carácter político y económico.

En este ámbito se desenvuelven los enredos litigiosos en los que se ve envuelta la periodista Dolia Estévez, por haber publicado documentos originados en el seno de agencias policiales del gobierno de los Estados Unidos.

Aunque el embate actual parece novedoso, lo cierto es que ya cuenta con antecedentes tanto en aquél país como en México.

En los tribunales extranjeros y nacionales, la periodista ha resultado absuelta y no ha podido ser obligada a revelar sus fuentes, con lo que se ha salvaguardado las categorías sociales, constitucionales y fundamentales de la libertad de expresión. Sin embargo, sus demandantes y acusadores, encabezados por Carlos Hank Rhon, replantearon su estrategia y han vuelto a la carga.

Este debate se centra realmente en el derecho al acceso a la información de los documentos de la administración pública. Por lo pronto, se deberá atender solamente al derecho de los Estados Unidos, y en cuanto a México seguir de cerca la experiencia para entender los alcances de la nueva legislación informativa.

En el fondo, el procedimiento judicial se fundará en una legislación que se inició a partir de la segunda mitad del siglo XX con las discusiones de 1955 y que desembocaron en la Ley sobre la Libertad de Información de 1966 (Freedom of Information Act).

Este cuerpo legal, por su novedad, presentó defectos que influyeron en la práctica; por ello, después de Watergate tuvieron lugar las reformas de 1974 y 1976 para darle mayor amplitud y, finalmente, se restringió de nueva cuenta cuando se procuró la discreción policiaca y se impidió mediante el Anti Drug Abuse Act que trascendiera el contenido de información relacionada con los delitos contra la salud y el lavado de dinero.

En ese sentido, para Hank Rhon y sus socios las cosas no ruedan con la sencillez que pretenden al filtrar información para emprender una campaña periodística y una estrategia legal contra una periodista porque, en casos como éste, están en juego todas las categorías que son pertinentes a la transparencia de la administración pública que se atribuye una legitimidad democrática.

Es decir, los hechos son reales: nadie, de allá ni de aquí, desconoce la opulencia de la riqueza que acumuló el pequeño Oliver Twist de Jalatlaco, del que sólo se conocieron cuatro actividades: vendedor de dulces juvenil, profesor normalista, político profesional y empresario.

Así pues, a la mirada suspicaz de las curiosas policías estadounidenses hay cosas que investigar en el origen de la fortuna del de cujus --así le llaman los abogados al autor de una herencia-- y de sus herederos.

La información de la periodista Dolia Estévez proviene de documentos que se generaron en el interior de la autoridad gubernamental y en zonas donde el derecho permite el acceso en orden a los criterios vigentes de una sociedad que se asume democrática y libertaria. Expresado en otros términos, en nombre de la riqueza y la dignidad, la vanagloria litiga en contra de la libertad de expresión.

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