El líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM) pretende además vender el terreno de 40 hectáreas en donde estuvo ubicado el ingenio azucarero, mismo que está valuado en mil millones de pesos.

Jorge Ortiz Marín, Hilario Ramírez Ayala y Andrés Ávila Morales, representantes de la Asociación Civil Ex Obreros del Ingenio de Oacalco, y el diputado federal Arturo Herviz Reyes, aseguraron que con estas y otras pruebas contundentes procederán penalmente contra Ramos.

El 13 de diciembre de 1990, esos bienes muebles e inmuebles fueron cedidos al sindicato por el dueño del ingenio, Agustín Sáenz Muñoz, como pago del adeudo que tenía con los 13 fideicomisos de los trabajadores, entre ellos los de vivienda, jubilación y becas.

En la dación de pago manifiesta el motivo de cierre y suspensión definitiva de las operaciones fabriles y productivas del ingenio de Oacalco y solicita al gobierno federal un acuerdo favorable en relación con las prestaciones salariales.

A partir de esa fecha esos bienes muebles e inmuebles pasaron a ser propiedad del sindicato, para beneficio de los obreros de la Sección 100 de ese ingenio, por acuerdo del entonces líder sindical Salvador Esquer Apodaca.
Los trabajadores jamás fueron informados, ni por la administración del Sindicato Nacional ni por el representante de la Sección 100, Fausto Cruz Huertero. Por el contrario, los representantes diluyeron la sección para hacer a un lado a los obreros.

El 30 de abril de 1997 éstos se presentaron en el ingenio para exigir cuentas a Cruz Huertero, acompañados por un juez de paz.

Cruz Huertero dijo que a él no le correspondía informar de la disolución y de la venta de los autobuses, y señaló que Enrique Ramos dio la orden para desmantelarlos y “venderlos” a la empresa Miya S. A. de C. V., que en ese momento se encontraba en crisis. Fue así como inició su relación con esta empresa, de la que es socio importante prácticamente desde 1995.

En 1994 el también diputado federal por el PRI Enrique Ramos se acercó a Tomás Bernabé Torres Martínez, dueño de Miya --en plena crisis-- y le propuso conformar una sociedad anónima.

Un año después Ramos comenzó a “vender” a esa empresa los motores, llantas, rines y cigüeñales de las ocho unidades que tenían los trabajadores del ingenio Oacalco --con valor de 3 millones 927 mil pesos-- y le transfirió recursos sindicales por más de un millón 300 mil pesos.

Luego, el 17 de mayo de 1996, ordenó otra operación por otros 4 millones 308 mil pesos, de la cuenta del sindicato (74098) del Banco Obrero. De esa cantidad, un millón 392 mil pesos fueron a parar a la cuenta 5000285-5 de Bancomer de Tomás Bernabé Torres Martínez en Orizaba, Veracruz.

El 21 de mayo de ese mismo año Ramos volvió a transferir a la cuenta de Torres Martínez 2 millones 88 mil pesos, y el 24 de marzo de 1997 otros 900 mil pesos.

El 29 de noviembre de 1996, ante el notario público 120, José Luis Latapí Fox, del Distrito Federal, con 50 mil pesos, Enrique Ramos constituyó con su familia la Sociedad Mercantil Grupo Creativo San Miguel.

Enrique Ramos Rodríguez quedó con 90 acciones de 45 mil pesos; Susana López Vázquez (esposa del líder sindical), con cinco acciones de 2 mil 500 pesos, y Enrique Ramos López (hijo de ambos), con una cantidad equivalente, con 2 mil 500 pesos.

Ramos Rodríguez quedó como presidente del consejo de administración, Susana López Vázquez como tesorera y Enrique Ramos López como vocal.

El objetivo del Grupo Creativo San Miguel era controlar, administrar o adquirir acciones de otras sociedades. Este negocio se concretó el 5 de diciembre de 1996, cuando la sociedad se registró formalmente con Tomás Bernabé Torres Martínez, dueño de Transportes Turísticos Miya, ante el notario público número 4 de Orizaba, Veracruz.

Ahora Tomás Bernabé Torres Martínez encabezaba la presidencia del consejo de administración y Enrique Ramos Rodríguez y Susana López Vázquez fungían como vocales, con 50 por ciento de acciones para el primero y 50 por ciento para la familia Ramos López.

Con autobuses de Oacalco y envíos millonarios de recursos sindicales, Ramos Rodríguez fortaleció a la empresa de Torres Martínez, hoy la más exitosa del transporte interurbano en Orizaba, Veracruz, con la ruta Ciudad Mendoza-Nogales-Río Blanco-Orizaba.

Se buscó a Enrique Ramos para una entrevista sobre las denuncias que pesan en su contra, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

En la denuncia que el diputado Arturo Herviz entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) se establece que, dentro del sindicato, Rubén Nava es la persona que sabe cómo se destinaron y manejaron los recursos de los fideicomisos.

El legislador pide que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe del manejo de los fideicomisos, así como de los movimientos que realizaron los dirigentes del sindicato en las cuentas de Banco Obrero, Banorte, Afirme, Serfin, y Citibank.

Hay que decir que el dinero recabado para la constitución de estos fideicomisos provino de aportaciones de empresarios azucareros y de descuentos vía nómina a los trabajadores.

Los recursos llegaban, vía la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIA), a un fideicomiso concentrador y eran administrados por Financiera Nacional Azucarera (Fina), que los hacía llegar al sindicato a través del Banco Obrero.

En un estudio presentado por la CNIA al sindicato en julio del 2000 “sobre los costos históricos de los fideicomisos”, que arrojaban un total de 21 mil millones de pesos”, dice el diputado que los dueños de los ingenios solicitaban al sindicato que informara cómo se materializaron esos recursos para beneficio de los trabajadores.

No hubo respuesta, porque de todos esos dineros los trabajadores no tuvieron beneficio alguno, mientras los dirigentes sindicales viven como magnates.

Esto sucede en momentos en que más de dos mil viudas esperan que les liquiden sus pólizas de seguro de vida. Se trata de recursos millonarios que fueron administrados en el Fondo de Protección Familiar desaparecido en 1992 sin explicación alguna.

Uno de los fideicomisos que mayores recursos recibió fue el de vivienda, y hasta la fecha miles de trabajadores siguen reclamando ese derecho.
Los hechos están asentados en las averiguaciones previas 1378/FESPLE/2001, 235/FESPLE/2002, cuyas diligencias se desarrollan en la mesa XVIII de la PGR.

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