Ignacio Arturo Salas Obregón, el máximo líder de la famosa Liga Comunista 23 de Septiembre, está desaparecido desde hace 28 años. Sin embargo, existen documentos oficiales que registran su detención y al menos 20 días de interrogatorio por parte de fuerzas del gobierno de Luis Echeverría Alvarez.

Tras el enfrentamiento con agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la policía del Estado de México, Salas Obregón y dos patrulleros heridos son trasladados al Hospital de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de Tlalnepantla. Oseas es registrado como Santiago Juan de Dios Martínez Castro.

Según los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que investigó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “confirman la existencia de violaciones a los derechos humanos de Salas Obregón”.

El informe de la CNDH destaca que al revisar los archivos del Cisen -heredero de la DFS- se encontró un oficio dirigido a Fernando Gutiérrez Barrios del 25 de abril de 1974 que registra la detención de Salas Obregón. Dos días después, 29 de abril, Martínez Castro acepta ser Salas Obregón y queda asentado en un oficio.

Y en otra prueba de su detención por fuerzas gubernamentales, un documento del 1 de mayo de 1974, con firma del entonces director de la DFS, precisa que Salas Obregón describe detalladamente la forma de organización interna (células compartimentadas) de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Más aún, otro documento oficial del 6 de mayo informa de la ampliación de declaración del líder de la guerrilla. Por último, otro oficio con fecha 15 de mayo informa la ampliación de declaración.

Es decir, da cuenta de los interrogatorios a que fue sometido por la DFS durante 20 días del ahora desaparecido.

Como en muchos casos de desaparecidos, existen testimonios de personas que lo vieron con vida, como Héctor Escamilla Lira, trasladado del penal de Topo Chico, Nuevo León, el 27 de abril de 1974 a la prisión del Campo Militar Número 1 para identificarlo,

Graciela Mijares, excompañera de Salas Obregón y la abogada Bárbara Zamora López, afirman que la Fiscalía Especial Sobre Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, que encabeza Ignacio Carrillo Puerto, ha cometido graves irregularidades en la integración de la Averiguación Previa A.PPGR/FEMOSPP/003/2002, por la desaparición forzada del líder guerrillero.

Afirman que desde el 21 de febrero de 2002 cuando se presentó la denuncia en la Fiscalía Especial, desde entonces se ha revisado el expediente de manera cotidiana y descubrieron algunas irregularidades.

Afirman que las constancias integradas al expediente carecen de valor jurídico y probatorio, pues son copias simples sin firma. Por ello exigieron que agregar los originales o copias certificadas de los documentos completos y que además se foliaran como lo indica el artículo 18 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Es más, Mijares y Zamora López tuvieron que recurrir a un juez para demandar al fiscal especial por las irregularidades que tiene el expediente, como la falta de folios, pero sobre todo que no se haya citado a personas cuyos nombres aparecen en los documentos para que ellos los ratifiquen.

La falta del mínimo rigor en la integración de la averiguación podría dar al traste con la investigación, lo cual es inconcebible en funcionarios con esa experiencia, lo cual motiva muchas dudas y sospechas.

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