La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) recibió denuncias por los 532 casos de guerrilleros desaparecidos en la década de 1970 y 1980, que motivaron su creación y muy pronto se sumó las matanzas de Tlatelolco, 10 de junio, Aguas Blancas, los 600 desaparecidos del Partido de la Revolución Democrática durante el salinato, los perseguidos del Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca y 170 homicidios de maestros disidentes.

Atrapada en la inercia de recibir todas las denuncias que le presentan, la Femospp acumula un volumen de trabajo que rebasa su capacidad. Actualmente desarrolla siete indagatorias, que involucran poco más de mil 500 casos de desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.

La fiscalía cuenta con 25 agentes del Ministerio Público Federal, un equipo de investigación histórica y documental -seis expertos- y un comité ciudadano.
Su titular, Ignacio Carrillo Prieto, enfrenta además las limitaciones que impone la legislación sobre prescripción para investigar delitos y por si fuera poco candados y reservas que impiden la plena aplicación de la legislación internacional en derechos humanos.

En el caso de la masacre del 68, que en agosto pasado el fiscal Carrillo Prieto citó como el de mayor avance, no existen consignaciones de presuntos responsables, que según la propia dependencia serían unos 60 o 70.

En el caso de la guerra sucia que influyó decisivamente en la creación de la Femospp, apenas comienzan las comparecencias de los presuntos indiciados.
El resto de las demandas están en proceso de ser recibidas y darle curso formalmente si es el caso.

En esa vorágine de denuncias, la PGR recibió casos que no le corresponden, como las denuncias contra Elba Esther Gordillo y Carlos Jonguitud Barrios por desaparición y asesinato de maestros normalistas. Como se recordará, el decreto de creación de la Femospp establece que investigará delitos cometidos “por servidores públicos”, que no es el caso de los exdirigentes sindicales.

Entre los más críticos al desempeño de la fiscalía para desaparecidos se encuentra la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), que asegura tener documentadas más de mil 200 desapariciones, entre miembros de grupos guerrilleros, activistas de organizaciones políticas de la década de 1970 y otros luchadores sociales de las dos décadas siguientes.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la organización, asegura que no hay avance en las indagatorias. La PGR ha recibido la ratificación de varias denuncias y realizado comparecencias, “pero no hay trabajo de campo; los expedientes son copias de los de la CNDH que, a su vez, son copia de las denuncias ante la PGR y otras instancias”.

“La Fiscalía se convirtió en el chiquero del Estado, ahí mandan todo lo que no quiere investigar la PGR. No va a poder con el paquete, porque ni siquiera están haciendo investigaciones. Llaman a declarar a la gente, como pasó con (Luis) Echeverría y (Miguel) Nassar Haro, pero no hay investigación de campo y ni siquiera en los expedientes hay cosas nuevas. Todo es una serie de repeticiones”, afirma.

El inoperante Comité Ciudadano
A un año de su instalación, el Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía -que debía coadyuvar con el fiscal y aportar elementos históricos, jurídicos y sociales para la investigación- no ha funcionado como se esperaba. De muestra un botón:

A lo largo del año pasado ningunos de los miembros originales - el penalista José Luis Isunza, la académica Juliana González, los exdirigentes estudiantiles Salvador Martínez della Roca y Luis González de Alba y el exmiembro del Partido de los Pobres, Mario Ramírez Salas- pudo presentar una propuesta de trabajo conjunta ni se reunieron conjuntamente al menos en una ocasión para discutirla.

Sólo Martínez della Roca y Ramírez Salas desarrollaron algunas actividades principalmente de enlace entre las víctimas y familiares de desaparecidos con la Fiscalía. El exguerrillero Ramírez Salas decidió pasarse al bando de la PGR y entrar a la nómina: fue nombrado por el fiscal Carrillo Prieto director de Coordinación y Participación Ciudadana.

El ahora funcionario explicó que entre los nuevos integrantes del Comité Ciudadano están articulista Denisse Dresser; el rector de la Universidad de Puebla, Enrique Doger, y Miguel Arroyo, de la organización México Unido contra la Delincuencia.

Detectives óseos
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) iniciará en breve exhumaciones en Guerrero en busca de restos desaparecidos de la guerra sucia. En esta ocasión participará un grupo independiente de expertos del Equipo Mexicano de Antropología y Arqueología Forense (EMAAF).

La participación de los especialistas se logró por la insistencia de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), como una condición para validar las investigaciones, explicó Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la organización.

“La Fiscalía aceptó el convenio porque sabe que la participación de peritos independientes le dará credibilidad a las investigaciones y porque nosotros no vamos a aceptar que la Procuraduría General de la República haga las identificaciones de restos humanos sin conocimiento de los familiares”, manifestó.

Ignacio Carrillo Prieto y Emilio Álvarez Icaza

Como coadyuvante en la investigación participa también la Fundación Diego Lucero de Michoacán, que decidió, junto con Afadem, utilizar los servicios de los forenses independientes que identificaron el año pasado los restos de Lucio Cabañas, fundador del Partio de los Pobres.

Aunque las exhumaciones iniciarán en Guerrero, el proyecto es localizar fosas clandestinas en Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, y Chiapas, destacó Mata.

“Sabemos que en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se presentó una relación de unos 20 sitios donde podrían existir cementerios clandestinos. Nosotros tenemos identificados varios más”, dijo.
Otro hecho revelante del convenio es que por primera vez en 30 años organizaciones de familiares de víctimas de la “guerra sucia” admiten la posibilidad que los desaparecidos estén muertos.

“No podemos cerrarnos a esa posibilidad; sabemos que algunos cuando los desaparecieron tenían 60 o más años de edad. Es importante la consigna ‘vivos los llevaron, vivos los queremos’, pero ante todo queremos saber la verdad de lo que les ocurrió”, manifestó Mata.

Sin embargo, este proyecto enfrentará varios problemas. El primero es que los lugares donde habrían inhumado los cuerpos tiempo después se construyó, como el caso del Hotel Copacabana en Acapulco o se levantó club de golf.
Pero en muchos otros no es necesario y además tenemos el sitio preciso.

El segundo problema son los costos de las investigaciones. Porque una vez el sitio de la excavación el equipo forense debe permanecer mucho tiempo.
Proponemos que la PGR asuma el mayor costo, aunque nosotros ya buscamos financiamiento internacional, señaló Mata.

info@contralinea.com.mx