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El
tema que ha sido tratado con reserva por el gobierno
mexicano por las pretensiones de su homólogo
estadounidense de hacer trabajos de mantenimiento
en el canal, ramal del Río Colorado, ubicado
en la franja fronteriza entre el Valle Imperial, California,
y el Valle de Mexicali.
Canal Todo Americano, visto
desde México |
A principios
del 2000 el gobierno estadounidense resolvió
unilateralmente revestir el canal para que dejaran
de filtrarse al subsuelo mexicano 100 millones de
litros cúbicos de agua al año e incurrió
en responsabilidad jurídica internacional con
obligaciones de reparo a nuestro país, de acuerdo
con el Tratado de aprovechamiento de los ríos
Colorado, Tijuana y Bravo, celebrado entre los gobiernos
de Ávila Camacho y Harry Trumman, el 13 de
febrero de 1944.
En
medio del conflicto, se “llegó al acuerdo
de dejar pendiente el problema del río Colorado
hasta después de solucionar los problemas del
río Bravo y el pago de la deuda de agua a los
Estados Unidos”, dice Jeffrey Max Jones, presidente
de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado
de la República, sin importar que estas cuencas
hidrológicas tengan un mismo sustento legal.
Para
Jones el asunto del Colorado se ha relegado por la
negociación sobre las aguas del Bravo y la
determinación de no mezclarlos.
Jeffrey Max Jones |
Sin
mencionar a qué nivel de gobierno se dio el
acuerdo de postergar el conflicto internacional, agrega
que frente a este tipo de determinaciones urge democratizar
la toma de decisiones sobre los ríos que comparten
ambas naciones.
El
16 de enero pasado, luego que la Comisión Internacional
de Límites y Agua de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (CILA) diera a conocer una nueva
negociación de pago de aguas del Río
Bravo, el gobierno de Baja California solicitó
una protesta formal del gobierno mexicano a su principal
socio comercial por los graves daños que ocasionaría
al Valle de Mexicali.
Para
Leonel Vizcarra Ojeda, director de la Comisión
Estatal de Agua, el gobierno federal pretende crear
una ´comisión especial´ que negocie
de manera discreta los problemas surgidos en relación
con el río Colorado y su derivación,
el Canal Todo Americano”.
Asegura
que todo está listo para que una vez que haya
acuerdos internos en EUA, inicien las negociaciones
entre el gobierno de ese país, el distrito
federal de riego norteamericano y Eduardo Sojo como
coordinador del grupo negociador mexicano.
Protesta
en el olvido
El 30 de marzo de 2001 la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), por mandato senatorial, envió
una nota diplomática a Washington objetando
la posición del “criterio interino del
Departamento de Estado de actuar en beneficio del
estado de California, y violentar, además del
tratado de 1944, el acta 242 firmada en 1973.
En
la misiva la SRE advirtió al gobierno estadounidense
que, de materializarse la aplicación del criterio
unilateral de EUA, estaría incurriendo en responsabilidad
jurídica internacional con obligaciones de
reparo por los posibles daños, privaciones
y trastornos ecológicos al noreste mexicano.
La
SRE no dio respuesta a los cuestionamientos de la
reportera sobre sí hubo respuesta formal por
parte del gobierno norteamericano a la nota diplomática
que envío México a Washington en 2001,
y si apoyará la solicitud de protesta del gobierno
de Baja California,
Desastres
ambientales
De concretarse la decisión unilateral, se dejarían
de regar 17 mil 200 hectáreas en el Valle de
Mexicali, con pérdidas por más 32 millones
de dólares, en perjuicio de 3 mil 600 agricultores,
denuncian el gobierno de Baja California y autoridades
del Distrito de Riego número 14 de Mexicali.
“El
que se revista el canal va a tener consecuencias graves
de este lado de la frontera”, advierte Carlos
Orozco Riesgo, subsecretario de Fomento Agropecuario
de Baja California, quien dice que el gobierno local
rechaza obras que perjudiquen a la población
con el recurso del agua.
Agrega
que el impacto se vería en la excavación
de pozos más profundos con un mayor costo para
obtener el agua y la salinidad se incrementaría
por filtración del mar, con perjuicios a las
cosechas, además de que se dejarían
de sembrar algunas hortalizas que no se adapten a
las nuevas condiciones.
El
problema de salinidad se extendería hacia la
desembocadura del río Colorado, en el Golfo
de California, y ocasionaría la desaparición
de la flora y la fauna en una superficie de 29 mil
200 hectáreas, así como la desertificación
de la tierra. 
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