Cuando autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) declararon públicamente que los teatros de esta institución “harían más de estacionamientos” si no funcionaban, la comunidad artística y teatral reaccionó con sorpresa e indignación ante la poca valía que en este nuevo sexenio se le otorgaba a los 74 foros cerrados y al aire libre que conforman la red de teatros más importante en Latinoamérica, construida entre 1958 y 1964.

Varios de éstos abandonaron la inactividad gracias a los comodatos que se otorgan desde 1996.

Luisa Huertas, vocal de la Academia Mexicana de Arte Teatral, señala que “en esta administración no vemos claro, pues desde que entró el gobierno foxista el IMSS tardó más de año y medio en ponerse de acuerdo con el Conaculta”, dependencia que se encarga de hacer la convocatoria “Teatros para la Comunidad Teatral” y que selecciona los proyectos ganadores que presentan los grupos artísticos.

De ahí que los comodatarios se unieran para pelear por la continuidad del programa de comodatos, dado que se consideraba la posibilidad de que desaparecieran, afirma el propio director de Prestaciones Económicas del IMSS, Antonio Sheleske Farah. “Pero nuestra lucha valió la pena, ya que se volvió a lanzar la convocatoria y firmaremos contrato nueve ganadores”, comenta Rodolfo Arriaga, comodatario en Sinaloa.

No obstante el logro, el nuevo contrato contiene cláusulas que parecen haber sido redactadas para destruir lo construido por los comodatarios sobrevivientes. Prueba de ello es la cláusula que pide 10 % de las entradas para el IMSS por medio del fideicomiso establecido para tal fin, misma que ahora les impide subarrendar los espacios, aunque éstos no hayan sido para muchos una constante en sus temporadas.

Estas nuevas medidas no son bien comprendidas por los ganadores, pues las entradas a las funciones se reinvertían en las puestas en escena, y el dinero obtenido por una renta subsanaba los gastos necesarios del inmueble, pero no constituían en modo alguno un paliativo para la crisis por la cual atraviesa el IMSS.

“Piensan que nos estamos haciendo ricos con el teatro. Para ser sinceros, la compañía al año gana 30 mil pesos”, precisa Mauro Mendoza, comodatario en el Teatro Isabela Corona (ubicado en Eje Central, a un costado de la Clínica 27 del IMSS), al referirse a las nuevas cláusulas.

“Realmente no es por eso que estamos aquí, la ganancia para la compañía es, primero, ver su proyecto cristalizado y, segundo, tener un foro donde poder crear cosas que no todos podemos hacer.”

Pero la cláusula más incómoda es la que le otorga al IMSS la facultad de retirarles los teatros a los comodatarios en el momento que le parezca, “por razones de política institucional”, como explica Gilberto Guerrero, comodatario del Teatro Santa Fe en la ciudad de México: “Lo firmamos así porque la estrategia sugerida por los abogados fue métanse y no los van a sacar y si lo intentan recurrimos al amparo´, entonces discutiremos en otros términos la procedencia jurídica de esta otra cláusula”.

Berrinche institucional
Si bien la mayoría decidió firmar a pesar de todo, Ángel Norzagaray, comodatario en Mexicali, Baja California, sufre ahora las consecuencias de haber encabezado la pelea por el espacio teatral ganado bajo el marco legal que estableciera el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) vía el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pues su contrato no le ha sido enviado, aun cuando él está dispuesto a firmarlo.

“El IMSS está incurriendo en una irregularidad muy grave porque se niega a enviarme el convenio para firmar, con todo y que aprobamos los requisitos y ganamos el derecho a tener legalmente el inmueble y las aportaciones. Pero tiene un inconveniente especial con la obra Mexicali a secas sólo porque no les gusta que nosotros hablemos o critiquemos la forma centralista como está operando”, señala Norzagaray.

El Fonca, a través de Ana Cecilia Martorell, directora de Promoción y Difusión, declara que es al IMSS al que le corresponde aclarar por qué de esta situación.
Sin embargo, Patricia Pineda, directora técnica del Fideicomiso de Administración de Teatros y Salas de Espectáculos del IMSS, a pesar de reconocer que la cartera a su cargo es responsable del envío de los contratos, no respondió a más preguntas, por “política del instituto”, pues “comunicación social dará la información correspondiente”.

Sólo el delegado del IMSS en Baja California, Fortunato Álvarez, dijo que “esto se debe a que la Contraloría interpuso un recurso en virtud de que argumentan tener asuntos pendientes con el señor Norzagaray”, pero no sabe a ciencia cierta a qué se refieren dichos asuntos.

Lo anterior resulta algo confuso, pues la Contraloría funge como juez no como parte acusadora. “Nosotros no podemos interponer ningún recurso”, argumenta el contralor interno de la Secretaría de Control Administrativo (Secodam) en el IMSS, Roberto Lara Arreola: “Sé que existen problemas con Norzagaray, pero legalmente no hay nada, ya que no he recibido ninguna inconformidad en contra de él”.

Para resolver su situación, Norzagaray no ve otro camino más que recurrir a la Contraloría, demanda que retrasa porque considera que cada día que pasa es más conveniente para Mexicali a secas: “No saben ni qué explicar, porque es mentira, no puede haber nada en contra mía, es más bien un berrinche institucional”.

El IMSS ya no puede
Hoy, el futuro de este programa que rescata sólo nueve espacios teatrales “es incierto, porque a como va el país es difícil determinarlo”, opina Rodolfo Arriga, comodatario en Sinaloa.

Pero es más incierto el de los que no forman parte ni del programa ni de los cinco teatros comercialmente productivos que tiene el IMSS en el Distrito Federal, como el Tepeyac, el Hidalgo o el Morelos, o de aquel de nombre Reforma y que ahora hace las veces de bodega.

Y es que la incapacidad del IMSS es evidente, pues retiró el apoyo de 23% del presupuesto otorgado para el programa, arguyendo que su trabajo es sólo fomentar la cultura, pero es el Fonca el que tiene los recursos para apoyar el desarrollo y las actividades del teatro. Si esto se concibe así, ¿por qué se niega la posibilidad de que los teatros puedan pasar a otro organismo cultural que pueda darles su otrora esplendor?

Fausto Martínez reconoce esta necesidad: “El Seguro Social tiene otro tipo de actividades sustantivas, y creo que ésta es una actividad marginal. Los teatros no deben ser manejados por el IMSS sino por los sectores que se dedican a promover la cultura”.

Pero la razón de que esto no ocurra va más allá de una defensa de la propiedad de los derechohabientes, como lo manifiesta Gilberto Guerrero: “La administración foxista ha llegado a contemplar al IMSS como una empresa privada, que no tiene claro cuáles son sus objetivos de trabajo y esto lo ha ido demostrando también frente a varios de sus problemas, como las guarderías, igual que el problema de los pensionados”.

TRADICION POPULAR

El teatro es una de las más arraigadas tradiciones populares del país. Su práctica se remonta a la época prehispánica, aunque sus características eran muy diferentes al teatro europeo.

La tradición de escenificaciones prehispánicas favoreció el desarrollo de las primeras representaciones que se llevaron a cabo en el tiempo de la Colonia con la finalidad de evangelizar principalmente. Los frailes organizaban obras de teatro con temas religiosos educativos, auxiliares en la labor de catequesis de los antiguos mexicanos.

En los inicios del siglo XX, el teatro es una parte de la vida cultural de México, sobre todo con el teatro popular mexicano, que surge del pueblo, como las tandas y la revista mexicana.

Hacia mediados de siglo surge un teatro más académico, propositivo, sin perderse el popular, y que incorpora a México a los países desarrollados en la dramaturgia, los intercambios culturales entre los países. Esa forma de hacer teatro es auspiciada por instituciones como la Secretaría de Educación Pública y, marcadamente, el IMSS.

La importancia de los teatros del IMSS es reconocida hasta por connotados expriistas, como Ricardo García Sáinz, exdirector del instituto, quien señala que “los espacios escénicos deben ser reubicados administrativamente y entregados intactos a la sociedad”.

No se puede disociar el desarrollo histórico y financiero de la seguridad social de nuestro país con la construcción, el desarrollo y el futuro de los espacios teatrales, según García Sáinz.

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