Mientras que en España continúan las investigaciones por las irregularidades y el presunto lavado de dinero que cometió el grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en la compra de los bancos Mercantil Probursa y Bancomer, en lo que está involucrado José Madariaga Lomelín, aquí la Auditoría Superior de la Federación exoneró prácticamente al exbanquero mexicano.

Más aún, según declaraciones de legisladores de oposición, hay indicios de que el propio secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, solicitó detener las indagaciones, versión que de inmediato desmintió la dependencia.

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública del 2000, entregado por la Auditoría Superior de la Federación, la operación de compra-venta realizada en 1997 por José Madariaga Lomelín del Multibanco Mercantil Probursa al gigante español Bilbao Vizcaya no reportó irregularidades.

El senador Jesús Ortega, principal impulsor de las investigaciones en México sobre el BBVA, afirma que la fiscalía española cuenta con nuevas líneas de investigación que se remontan al mes de abril del 2002, cuando se desató en España el escándalo de los “fondos ocultos” en paraísos fiscales de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Recuerda que en ese mismo mes Francisco Gil Díaz lanzó una férrea defensa de José Madariaga Lomelín, aun antes de que la fiscalía española revelara la verdadera dimensión de sus pesquisas e insistió en la pulcritud de las operaciones financieras implicadas en la compra de los bancos mexicanos.

Algunos de esos datos fueron recogidos por Rafael Loret de Mola en su libro Confidencias peligrosas (editorial Océano). El periodista narra ahí que fue durante un coctel en el lujoso Hotel Ritz de Madrid cuando Francisco Gil Díaz dio el espaldarazo tanto al BBVA como a Madariaga.

Una reunión a la que por cierto asistía el presidente José María Aznar. El secretario de Estado mexicano se habría acercado a Francisco González, presidente del Grupo Bilbao Vizcaya.

La cita textual dice así: “Usted esté tranquilo don Francisco. Las cosas en México son de otra manera y le aseguro que no habrá ninguna investigación sobre el origen de la compra de Bancomer”.

El desmentido llegó por conducto de Raúl Martínez Ostos, vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “El secretario de Hacienda no está en posibilidades de decir u ordenar que se cierre un caso así. La versión es demasiado temeraria, absurda y sacada de contexto”, dice al reportero el funcionario.

Y explica: “En España el secretario (Francisco Gil Díaz), en el marco de su gira por ese país el año pasado, se reunió con diversas personalidades del sector financiero y les comentó que en ninguna de las operaciones de compra de bancos se había visto algo irregular. Nunca tuvo ese tipo de pláticas ni de promesas”.

En abril del 2002 la propia SHCP hizo referencia al asunto en un comunicado en el que destacó que las investigaciones referidas tienen lugar en España: “En virtud de que las irregularidades que pudieran haberse cometido se llevaron a cabo en aquel país y fueron realizadas por una institución de crédito española. Por tanto, es competencia de las propias autoridades españolas determinar las sanciones correspondientes”.

Por su parte, funcionarios del BBVA-Bancomer advirtieron que el caso para el grupo financiero ya está cerrado, al menos por lo que hace a la compra de Bancomer. “La operación fue totalmente transparente y toda la documentación así lo acredita”.

No obstante, los legisladores están tomando como punta de lanza los nuevos datos para impulsar las investigaciones, porque para ellos éstas aún no están cerradas.

“Ese es el dato que estamos investigando (el de la supuesta charla entre Gil Díaz y Francisco González) para demostrar que son las propias autoridades mexicanas las que están encubriendo a José Madariaga y a los banqueros españoles del BBVA”, esgrime el diputado José Antonio Magallanes, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.

A su vez, el senador Jesús Ortega afirma que el fiscal anticorrupción Jesús Cardenal y el juez Baltazar Garzón, quienes presiden desde España las indagatorias en contra de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, proporcionaron documentación inédita sobre el caso, además de que un testigo protegido reveló que en estas transacciones hubo lavado de dinero e intervinieron varios prestanombres (Probursa, 1995; Bancomer, 2000).

Ortega se entrevistó con ambos funcionarios ibéricos y plantea que si bien la Auditoría Superior de la Federación ya rindió su informe respecto del caso Probursa en la Cuenta Pública del 2000, la documentación que intercambió personalmente con Cardenal y Garzón permite seguir con las investigaciones.

Los papeles, indica, fueron remitidos ya a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante sus titulares Arturo González de Aragón y Jonathan Davis Arzac, respectivamente.

Oscura compra
La primera etapa de esta operación se llevó a cabo el 15 de agosto de 1997, cuando la SHCP autorizó la integración para fusionarse a BBVA y Probursa y constituirse como grupo financiero, cuya razón social quedó establecida bajo el nombre de Grupo Financiero BBVA-Probursa S. A. de C. V.

En ese mismo año se resolvió que la sociedad controladora filial tendría por objeto adquirir y administrar acciones emitidas por los integrantes del grupo financiero. Además, BBV International Investment Corporation quedó como propietaria de 51% de las acciones del grupo financiero.

Según consta en el acuerdo, la sociedad controladora filial sería propietaria, en todo tiempo, de acciones que representaran por lo menos 51% del capital social de cada uno de los integrantes del grupo financiero, salvo en el caso de aquellas entidades para las que la ley le impusiera ser propietaria de por lo menos 99% del capital social. Las averiguaciones incluyen estas posiciones accionarias.

Jesús Ortega agrega: “En audiencia le dimos (al juez Garzón) la información que nosotros tenemos que puede ayudarle a la investigación que él está haciendo en España y que involucra a BBVA.

Concretamente, que hubo lavado de dinero según uno de los testigos protegidos, además de que hubo prestanombres en los procesos de cambio de acciones en la venta de Bancomer y de Probursa, y otros relacionados con la normatividad bancaria y financiera”.

Desde ese año la asociación quedó integrada por la administradora Sociedad Controladora Filial constituida por las entidades financieras siguientes: Banco Bilbao Vizcaya-México S. A. de C. V., Institución de Banca Múltiple; Casa de Bolsa BBV-Probursa, S. A. de C. V.; Seguros BBV-Probursa, S. A. de C. V.; Arrendadora BBV-Probursa, S. A. de C. V.; Fianzas Probursa S. A. de C. V.; Factoraje Probursa S. A. de C. V., y Promotora BBV-Probursa S. A. de C. V.

En la resolución de fusión quedó plasmado el capital fijo sin derecho a retiro, cuyo monto ascendió a 3,392,248,242.00 pesos, quedando como domicilio de operación la Ciudad de México. Incluso, en esa autorización quedaba asentado que dicho capital sería ”intransmisible” a otra institución.

La cláusula décima del acuerdo señala a la letra: “BBV International Investment Corporation queda obligada a no trasmitir la propiedad, ni en general a realizar operación alguna que le prive del ejercicio de derechos patrimoniales o corporativos de sus acciones en Grupo Financiero BBV-Probursa S. A. de C. V., o de aquellas que suscriban en ejercicio de un derecho de referencia o por pago de dividendos, sin la previa autorización de esta dependencia (SHCP)”.

Para Jesús Ortega, esta situación no ha quedado definitivamente clara, así como tampoco la aprobación que dieron las autoridades en su momento a Bancomer para fusionarse.

En el documento consta que por “ausencia del secretario” de Hacienda José Ángel Gurría firmó como testigo el subsecretario Martín Werner con fecha 23 de junio de 1997.

A pesar de esto, y como segundo paso, en un programa de integración gradual en noviembre de 2000, el grupo encabezado por Banco Bilbao se anexó a Bancomer-Banca Promex.

La nueva institución bancaria fue denominada BBVA-Bancomer, y su estructura quedó como sigue: Ricardo Guajardo Touché, presidente; José Madariaga Lomelín, vicepresidente primero; Juan Carlos Braniff, vicepresidente, y como consejero delegado Vitalino Nafria Aznar.

José Madariaga y Ricardo Guajardo, , fusión Bancomer-BBVA

El líder de la bancada del Sol Azteca en el Senado de la República reconoció que de comprobarse los ilícitos, el caso serviría de antecedente a otra averiguación: la de Banamex, en su nada clara integración con Citigroup.

Funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación admitieron que está en proceso esta averiguación --denominada “número nueve”-- solicitada por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en la Cámara de Diputados, por medio del legislador José Antonio Magallanes, secretario de la misma.

Dice el senador Jesús Ortega que las indagatorias no se quedarán ahí. “Estamos exigiendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que investigue lo de BanCrecer, que fue prácticamente regalado en lo que se vendió, no corresponde a lo que se invirtió con recursos fiscales para su saneamiento”, advierte.

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