Ante el cada vez más deteriorado Estado de derecho y la ineptitud de buena parte de los funcionarios gubernamentales, la Secretaría de Gobernación elaboró una especie de manual para gobernar, cuyas directrices aplicará a partir de este mes —febrero— para controlar conflictos sociales y conjurar el peligro de la ingobernabilidad.

Dicho de otra forma, el gobierno foxista no volverá a negociar, por ejemplo, con quienes secuestren funcionarios y amenacen con machetes, como lo hicieron los ejidatarios de Atenco. Tampoco con quienes bloqueen carreteras o autopistas, como lo hicieron en la México-Cuernavaca agricultores morelenses encabezados por la diputada priista Marisela Sánchez Cortés. Ni con quienes --para hacerse justicia por propia mano-- cometan despojos como el que sufrió el Canal 40 a manos de pistoleros de TV Azteca.

Estos y otros buenos propósitos gubernamentales se desprenden del manual, un documento de 31 páginas oficialmente titulado Modelo de operación general para la Atención de conflictos sociales, y cuyo objetivo fundamental es, textualmente, el siguiente:

“Contar con lineamientos y procedimientos específicos de acción para la atención y solución de los conflictos, en su lugar de origen, por las dependencias del gobierno federal involucradas y de acuerdo con su ámbito de competencia, a fin de lograr una actuación inteligente, eficaz y oportuna para evitar su escalamiento”.

Después de dos años de recibir críticas por su “tibieza” o “miedo a aplicar la ley”, el gobierno foxista decidió crear equipos de negociadores políticos y adoptó una nueva estrategia, precisamente al iniciarse un año considerado “político”, en el que, además de renovase la Cámara de Diputados, habrá importantes elecciones locales.

Con logotipo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y elaborado por la Subsecretaría de Gobierno y su Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, el manual para gobernar —del cual tiene copia el reportero— establece la conformación de un grupo interinstitucional de apoyo que establecerá “líneas de acción y condiciones de negociación”.

Este grupo manejará “información clasificada” y estará integrado, además de la Segob, por el Cisen, la Secretaría de la Defensa, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y, en los casos que sea necesario, por la Secretaría de Marina.

Durante los últimos días de enero, funcionarios de la Segob empezaron a formar “comités de crisis” en secretarías de Estado —como la de Agricultura y la Sedesol— susceptibles de enfrentar conflictos sociales, y también en organismos y empresas paraestatales como Pemex.

En el capítulo “Diseño de estrategia”, el manual enumera las condiciones y criterios para negociar con los inconformes sociales; marca, en primer lugar, que la negociación deberá efectuarse en un “lugar neutral” y, lo más importante, que no habrá “negociación bajo presión”.

Una vez iniciado un conflicto, los responsables del manual pretenden “lograr una eficiente coordinación institucional para evitar una posible etapa de crisis”.

Su primera prueba de fuego debió presentarse el viernes 31 de enero, cuando se esperaba que más de 50 mil campesinos se concentraran y desfilaran en el centro de la ciudad de México para protestar por la política agropecuaria de la administración foxista.

Inclusive el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, advirtió que solicitaría el uso de la fuerza pública para desalojar a quienes bloqueen vías de comunicación, ya sean carreteras, puertos o aeropuertos.

Formalmente, los responsables del llamado manual para gobernar son Ramón Martín Huerta, subsecretario de Gobierno, y Florencio Salazar Adame, director de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales.

El primero, muy ligado al presidente Vicente Fox, pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) desde 1984, de cuyo comité directivo, en Guanajuato, fue secretario general (1988-91). También fue secretario general de gobierno de 1995 hasta 1999, cuando lo nombraron gobernador interino.

Florencio Salazar, por su parte, militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 36 años. Su larga trayectoria en ese partido —diputado dos veces, presidente municipal de Chilpancingo, secretario general de gobierno de Guerrero, secretario de la CNOP, miembro de la Comisión de Ideología...— terminó en el 2000, cuando decidió apoyar la candidatura de Fox a la Presidencia de la República. Hasta hace unos meses fue coordinador general del Plan Puebla-Panamá.

Según el manual, en cada dependencia susceptible de enfrentar problemas sociales habrá un “comité de conflictos” que, en la “fase de prevención”, deberá reunir información para analizar las “fortalezas y vulnerabilidades” de, supuestamente, los inconformes y sus líderes.

Después de diagnosticar el problema, ese coordinador deberá “determinar las acciones y condiciones (de negociación)”. Pero si en lugar de lograrse una solución se produce un “escalamiento del conflicto”, entonces intervendría la Segob a través del subsecretario de Gobierno (Martín Huerta), de quien depende la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales (Salazar Adame).

Foto: David Jaramillo Policía Federal Preventiva

En esta etapa (“escalamiento del conflicto”) se efectuará un nuevo “acopio de información” que incluirá “antecedentes y acervo”, “tipología”, “participantes”, “demandas y recursos”, “condición o dinámica” y “programas institucionales”, y luego se pasará al “análisis de la información”, que implica un nuevo proceso burocrático:

“Integración y ordenamiento de la información, depuración de información, revisión de información y materiales, revisión de información pública, conformación de expedientes, monitoreo de información...”

Al término de este proceso los funcionarios elaborarán el “Diagnóstico del problema”, para lo cual tomarán en cuenta los siguientes aspectos: “Base objetiva del conflicto, naturaleza y causas”, “Descripción del problema”, “Fortaleza y debilidades de la organización en conflicto”, “Fortaleza y debilidades institucionales”, “Tipología del conflicto y fuentes de origen”, “Identificación de liderazgos”, “Validez del reclamo”, “Dependencias involucradas”, “Costo de los reclamos y/o riesgos para la dependencia”, “Implicaciones políticas”, “Escenarios”, “Cédula básica de riesgos”...

Y todavía no terminará el proceso. Para evitar ser acusados de represores, los funcionarios iniciarán otra etapa que implica “establecimiento de mesas de negociación”, “escuchar reclamos y posición inicial de las organizaciones”, “identificación de problemas”, “alternativas de solución”, “elaboración de propuestas y consultas”, “firma de acuerdos y minutas”, “toma de acuerdos”, “seguimiento de acuerdos y compromisos”...

Si tampoco así se resuelve el problema y, por lo contrario, se produce otro escalamiento, entonces se hace un “cambio en los ámbitos de competencia del conflicto”.

Comienza así la fase de “coordinación interinstitucional”, en la que además de la Segob intervienen el Cisen, las secretarías de la Defensa y de Marina, la PGR, la SSP, etcétera, y se reinicia otro ciclo de “acopio de información, diagnóstico del problema, diseño de estrategia, proceso de negociación, consecuencias de la negociación...”

Sin desesperarse, los burócratas seguirán aplicando su manual para gobernar, e inclusive tienen previsto cómo actuar si se produce un nuevo “escalamiento del conflicto” y se llega a la “ruptura del proceso”.

Se entrará entonces en una “fase de crisis”. Y ahora sí, a temblar. Después de que de nada sirvió el curso que el año pasado tomaron altos funcionarios del gabinete foxista sobre Los siete hábitos de la gente altamente efectiva que les impartió la firma Franklin Covey, ahora, basados en el manual para gobernar, establecerán una “vinculación directa entre el coordinador de conflictos de la institución involucrada y las instancias de seguridad e inteligencia del gobierno federal”, y se culminará con la “aplicación de medidas de fuerza”.

Los funcionarios “interinstitucionales” tienen contemplada, según el manual, una “etapa post-crisis” y una “estrategia de reposicionamiento” en los medios de comunicación colectiva. De tal manera que si fracasan en su esfuerzo negociador y en hacer respetar la ley, con su “estrategia de reposicionamiento” quizá logren que los chantajistas políticos, en vez de temblar, dejen de reírse.

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