A las garantías constitucionales aún no les llega su tiempo de reforma. Salvo la controvertida Ley Indígena, a dos años del gobierno foxista no se vislumbra una revisión seria y profunda de esta agenda que involucra directamente los intereses de los gobernados, toda vez que la discusión se ha concentrado en las instituciones de poder.

La lista de pendientes sobre derechos fundamentales es extensa ante un texto constitucional de los albores del siglo XX que en algunos aspectos resulta anacrónico frente al actual contexto socio-cultural de los mexicanos y del mundo, con ausencias como las necesidades de la tercera edad, los jóvenes, las madres trabajadoras, las minorías religiosas y sexuales.

En los resultados de los Foros para la Revisión Integral de la Constitución sobre este tema, las corrientes vanguardistas proponen, de principio, cambiar el título de garantías individuales a derechos humanos y agrupar sistemáticamente los ya contemplados en la Constitución con los firmados por México en los tratados internacional.

Más allá de la prohibición a la esclavitud del artículo 2o, se plantea incorporar expresamente la no discriminación por “raza, sexo, religión, habilidades limitadas, preferencias y cualquier otra circunstancia diferencial”.

En materia educativa los puntos básicos son definir los alcances de la gratuidad por parte del Estado y crear un Consejo Nacional para la Educación, autónomo e integrado por académicos y científicos, que diseñen y evalúen los programas educativos en todos los niveles. Se busca, asimismo, que el Estado destine el 1.5% a la cultura y el derecho de los particulares a participar en el diseño de la política cultural.

Para los indígenas se contempla fundamentalmente reconocer en el texto supremo sus derechos a “ser pueblo“; a la tierra; a la libre determinación y autonomía; a contar con un sistema jurídico propio; a la cultura y la ciencia; al acceso a la educación y a la educación bilingüe; a la salud; al desarrollo con modelos propios y a la doble nacionalidad.

También se sugiere integrar un Tribunal Arbitral como mediador en los conflictos indígenas, crear tribunales especializados para la administración de justicia de los pueblos indios con traductores, intérpretes y peritos culturales y garantizar la participación igualitaria de la mujer con el hombre, aun en contra de sus usos y costumbres.

De sus derechos políticos se propone que las asociaciones de comunidades indígenas se conviertan en un cuarto nivel de gobierno; una circunscripción electoral especial para los indígenas en el Congreso de la Unión y los congresos locales; descentralizar facultades de los gobierno locales a favor de estas comunidades, como el desarrollo de la política social; reestructurar la organización municipal para resolver los conflictos de autonomía en asuntos territoriales; otorgar el régimen jurídico de tierras comunales a sus territorios y respetar su derecho al acceso colectivo de los recursos naturales.

Sobre la familia se pretende crear un nuevo artículo constitucional que abarque los derechos y deberes de los padres, los hijos, las mujeres trabajadoras, las madres solteras, la tercera edad y los minusválidos.

Además de instituir una Secretaría de la Familia.

Se busca igualmente establecer en el texto constitucional los derechos y garantías de los jóvenes y niños como servicios educativos, de salud, de mercado de trabajo y de un medio ambiente sano; curules para jóvenes en los órganos de representación política y disminuir las edades en algunos cargos públicos.

Una novedad constitucional sería un catálogo mínimo de derechos a favor de los migrantes. Mientras que para extranjeros y mexicanos por naturalización se pide revisar las “limitaciones obsoletas” para ciertas ocupaciones y cargos dentro del servicio público.

En cuanto a la libertad de expresión las propuestas giran en torno a precisar el contenido y la efectividad de los artículos 6º y 7º constitucionales; crear un órgano autónomo que garantice el derecho a la información y a la libertad de expresión; el derecho a la información como derecho social y la libertad de expresión como libertad individual; además de suprimir algunas de sus limitantes pero reconociendo en la Constitución los derechos a la intimidad personal, familiar y a la imagen propia.

Para los periodistas y comunicólogos se quiere garantizar sus derechos fundamentales como el respeto a la integridad del trabajo, la cláusula de conciencia y el secreto profesional de las fuentes de información, aunque reconociendo el derecho a la réplica, la rectificación y la aclaración por parte de los afectados.

Respeto a la integridad
En el rubro de procuración de justicia se exige que el combate a la delincuencia se supedite al respeto de los derechos humanos y se supriman los excesos en la restricción de la libertad física de los procesados en las detenciones preventivas, arraigos domiciliarios y cualquier otra medida cautelar similar. Reforzar la defensa jurídica de los particulares contra el no ejercicio de la acción penal y establecer las bases constitucionales de los derechos de los menores infractores en parámetros similares a las convenciones internacionales.

La ley de amparo se modificaría de acuerdo con las reformas constitucionales propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contemplan como ingrediente sustancial dar efectos generales a los amparos individuales, conocida como la fórmula Otero.

Además se busca redefinir el ámbito constitucional de competencia penal entre Federación y estados de la república, para permitir la uniformidad de la legislación penal sustantiva y procesal y consagrar constitucionalmente en el ámbito penal los medios alternativos de auto composición jurídica (parecidos a los juicios de barandilla) que permitan una pronta y expedita administración de justicia sin necesidad de llegar a procesos penales a cargo del Estado.

Foto: David Jaramillo Excluidos de la Reforma del Estado

El Ministerio Público, según las propuestas, se desincorporaría del Poder Ejecutivo, en una especie de poder autónomo. Se suprimiría el “sistema inquisitorio” que la Constitución le otorga, con el establecimiento preciso de los límites constitucionales de su actividad acusatoria y la prohibición expresa para que no sea el mismo órgano el que prive provisional o preventivamente a los presuntos responsables de la comisión de delitos.

Incorporar expresamente en la Constitución la noción de Estado laico es otro de los pendientes, junto con el reclamo de concordar el contenido permisivo del artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa con el prohibitivo o limitativo del artículo 130.

La libertad religiosa se ampliaría en los ámbitos de la enseñanza, la práctica, el culto, el acceso y posesión de medios de comunicación, la asociación y la expresión de manera individual o colectiva, tanto en público como en privado, además que se prohibirían las medidas coercitivas que menoscaben esta libertad, siempre y cuando no se afecten los derechos de terceros.

Capítulo aparte ocupa el derecho a un medio ambiente sano, según las propuestas, éste se elevaría a un derecho humano con naturaleza justiciable y las políticas y atribuciones del desarrollo económicos sustentable y el equilibrio ecológico estarían a cargo de un Consejo de Desarrollo Sustentable. También se prevé que las aguas residuales se incorporen al catálogo de aguas nacionales para fijar una política de prevención ambiental.

Para el artículo 27 constitucional se plantea una reforma estructural por los siguientes argumentos: los poderes federales no son los únicos representantes de la nación ni los actores fundamentales en muchas de las materias; el ejido no es una forma de acceso a la tierra sino una forma de exclusión para acceder a ella; los recursos naturales ya no son distribuidos por el Estado sino por nuevas formas de apropiación social; la expropiación dejó de ser una manera de redefinir la propiedad como función social; el territorio nacional tiene riquezas que no están reconocidas en este artículo; y las comunidades indígenas no están representadas.

Por último, terminar con el Estado corporativo es el centro de las propuestas en materia laboral, que contemplan “un nuevo texto constitucional que contenga los fundamentos de un nuevo pacto social, las garantías individuales y colectivas mínimas, fundacionales y de cohesión de un Estado democrático”.
Neofederalismo

Bandera histórica del PAN, el fortalecimiento del federalismo es otro de los puntos que tampoco se tocará a fondo a pesar de la gran cantidad de propuestas que surgieron en los foros y de la presión creciente de los gobiernos estatales, por medio de la Confederación Nacional de Gobernadores del PRI (Conago).

La insuficiencia de los recursos federales sigue siendo la manzana de la discordia entre municipios, estados y federación, por lo que la principal demanda sería “adoptar un federalismo cooperativo mediante mecanismos compensatorios para los estados, sobre la base de criterios de equidad, justicia y proporcionalidad, en todos los rubros”.

Las propuestas más vanguardistas se pronuncian por que las facultades que no están expresamente concedidas a la Federación se entiendan “reservadas a los estados y a los municipios”.

Inclusive, como algo totalmente nuevo, se plantea modificar el artículo 124 constitucional para incluir “un catálogo de facultades y competencias explícitas a favor de los tres niveles de gobierno”.

Otra novedad constitucional sería la creación de la figura de “región autónoma” como entidad de gobierno que permita la construcción de un federalismo intermedio entre los estados y municipios.

Pero el plato fuerte está en el controvertido tema de la redefinición del federalismo fiscal, con mayores atribuciones en ingreso y egreso a favor de los estados y municipios a partir del replanteamiento del Sistema de Coordinación Fiscal a efecto de reconocer mayor número de fuentes impositivas que se traduzcan en mayores recursos para éstos.

Para ello se sugiere otorgar la autonomía del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con participación de los tres niveles de gobierno. Su función principal sería recaudar todos los impuestos y repartir los ingresos mediante el esquema de coordinación fiscal que se adopte.

Además, se pide reconocerle a los municipios sus derechos políticos en la Constitución. La reforma iría desde la redefinición del concepto de nación, a fin de que en éste se integre al municipio, hasta hacer patente el aval expreso de autonomía política y jurídica del mismo, al considerarlo como poder público y gobierno, no sólo como administración descentralizada.

Entre los derechos que los municipios reclaman sobresalen los siguientes. Administración de la tributación por concepto de los impuestos por hospedaje y al valor agregado y participación de los ingresos generados por la carga impositiva en el consumo de combustibles.

En el terreno electoral, la reelección inmediata e individual de los integrantes de los ayuntamientos; ampliar a seis años el periodo de gobierno en éstos; permitir la participación de candidatos independientes, sin partido, en las elecciones locales; establecer el plebiscito y el referéndum. Y la cereza del pastel sería facultar a municipios para iniciar leyes en el ámbito local.
Órganos electorales

Consideradas como el punto de partida de una transición democrática que no termina por aterrizar y “único patrimonio democrático” de los mexicanos, las instituciones electorales ocupan hoy el último lugar entre las prioridades en la agenda de la reforma del Estado. El argumento legislativo de que se echa mano es que, por el momento, los avances conseguidos en los últimos cinco años son suficientes para garantizar la limpieza electoral y el voto de confianza ciudadano.

Es así que las indefiniciones que vive el IFE por el nuevo contexto electoral —como el financiamiento de las precampañas políticas— deberán esperar hasta que se resuelvan los puntos más urgentes sobre el equilibrio de poderes, el federalismo y las garantías constitucionales.

Tal vez la única excepción sería la iniciativa de establecer a nivel federal una democracia participativa que al menos permita la figura del referéndum, aunque el disenso priva sobre el tema entre las principales fracciones parlamentarias.

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