Es la misma disyuntiva que en el pasado reciente enfrentaron otros países del mundo salientes de regímenes autocráticos agotados. En México, el camino hacia la transición democrática está lleno de escollos.

Apenas se confirmó su triunfo en julio del 2000, Fox le entró de lleno al tema, creó una comisión especial para elaborar el proyecto de Reforma de Estado y firmó su compromiso en el llamado Pacto de Chapultepec.

El documento final incluye propuestas que para unos son vanguardistas y para otros son retrógradas.

En el corazón del debate está precisamente el tema de la correlación y equilibrio de fuerzas dentro del actual sistema político en transición hacia la democracia: ¿Cómo distribuir el poder en un país que dejó de ser unipartidista?

Entre los criterios que prevalecen dentro del acervo de iniciativas, hay quienes sostienen que una nueva Constitución sólo puede ser producto de una revolución o un golpe de Estado.

Pero hay otros que opinan que también puede nacer a partir de una grave crisis económica, de un severo proceso de deslegitimación de las autoridades --a lo que el argot jurídico llama "rupturas pactadas"-- o como resultado de la transición a la democracia.

Sobre éstas diferencias, surgen a su vez tres posturas opuestas: quienes consideran que la Constitución no debe sufrir modificaciones sino simplemente se debe aplicar y respetar la vigente; quienes sostienen que requiere una restauración "quirúrgica" y quienes están por un cambio radical del contenido constitucional y del diseño institucional.

En otro nivel de discusión, los criterios también están polarizados en cuanto al tipo de sistema político a diseñar.

Aquí, hay dos grandes bloques --con ramificaciones por diferencias de matiz--: los que sólo proponen acotar el régimen presidencialista (con la introducción de ingredientes parlamentaristas como la creación de la figura de "Jefe de Gabinete", por ejemplo) y quienes se pronuncian por la instauración de un sistema de corte semiparlamentario a través de una nueva Constitución.

En el terreno de las facultades y los derechos políticos, algunas de las dudas que prevalecen son:

¿Cómo establecer el equilibrio entre los poderes? ¿Debemos atarle las manos al Ejecutivo o no? ¿Cómo defender la Constitución de posibles arbitrariedades del Ejecutivo o Legislativo? ¿Tendrá el Legislativo facultades para ratificar o no al gabinete presidencial? ¿Cómo estructurar el federalismo? ¿Cómo regular a los municipios? ¿Ganaran más derechos los ciudadanos o tendrán más responsabilidades? ¿Presidencialismo o parlamentarismo?

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