El nuevo Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión --anunciado por el expresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Bernardo Gómez, el 10 de octubre de 2002--, además de representar beneficios económicos para los industriales del ramo, es un signo de poder que inclusive rebasa el Estado de derecho, reflexionan los analistas Alma Rosa Alva de la Selva y Javier Esteinou.

Coinciden en que la relación entre el gobierno y los empresarios de la radio y la televisión es una historia de complicidades. Los dueños de los medios electrónicos se vuelven políticos para beneficiarse desde el poder, afirma la analista en medios de comunicación Alva de la Selva.

Como ejemplo cita el caso de Francisco Sánchez Campuzano, socio mayoritario y presidente del Consejo de las Empresas del Grupo Siete Comunicación. Actualmente Sánchez Campuzano es diputado federal e integrante de la Comisión de Comunicaciones y de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

No obstante, las historias de poder y las relaciones creadas a través de los medios masivos de información no son algo nuevo. Ya desde la década de los cuarenta Luis M. Farías tuvo una participación intensa en el mundo de la radio que combinó con el ejercicio político --fue diputado, senador, gobernador de Nuevo León y dirigente sindical.

Durante los gobiernos priistas esta relación de conveniencias era controlada por el presidente. De esta manera, el Ejecutivo imponía las reglas y los empresarios de la comunicación tenían que someterse a este conjunto de decisiones tomadas únicamente por una persona.

Treinta años después, en el gobierno de Vicente Fox, el poder cambió de dueño. Los expertos consultados sostienen que ahora el gobierno se rinde ante el poder mediático y para avalar este hecho reparan en el caso más reciente: el conflicto en CNI Canal 40.

Hoy los magnates de los consorcios televisivos imponen sus reglas y ni siquiera la otrora solidez de la figura presidencial hace sombra. El poder de los medios se convirtió en el primer poder del país, consideran Alva de la Selva y Esteinou

Al respecto, la diputada Heidi Storsberg, integrante de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, opina que ante la actual relación del gobierno federal con los medios de comunicación es urgente un Estado de derecho en el que se respete la ley y se eviten los abusos de poder por parte de cualquier sector.

Alevosía y ventaja
El nuevo reglamento, afirman integrantes de las mesas de estudio para la reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión, fue redactado en su totalidad por Bernardo Gómez quien, simultáneamente, se desempeñaba como funcionario de la CIRT y ejecutivo de Televisa.

Este nuevo reglamento está diseñado para favorecer a los industriales del ramo, advierte la diputada priista Lorena Beaurregard, secretaria de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Argumenta que el Estado dejó de percibir 29 mil 594.4 millones de pesos al reducir el tiempo fiscal del 12.5 al 1.25% que deben pagar los empresarios del ramo. Ahora sólo percibe 2 mil 466.2 millones de pesos.

Asimismo el nuevo reglamento otorga y refrenda cientos de concesiones sin mayor trámite. En cambio alarga las gestiones de instituciones públicas o de organizaciones sociales que piden permisos para operar un canal de televisión o una estación de radio.

Esta inequidad propicia que los grandes grupos privados concentren la radio y la televisión. El 76% de la radio comercial es controlada por 14 familias. Tan sólo los Grupos Radio Fórmula, Radio Centro, Grupo Acir y Televisa aglutinan 47.8% de las emisoras.

En televisión la concentración es mayor. Grupo Televisa opera 306 estaciones de radio, es decir el 50% del total; mientras que TV Azteca controla 180 estaciones, 30% del total. Así, 87% de las emisoras concesionadas pertenecen a estas dos grandes compañías.

El nuevo reglamento contempla la creación del Consejo Nacional de Radio y Televisión, cuyo objetivo es promover la autorregulación en materia de contenido y fungir como órgano de consulta del Poder Ejecutivo a la hora de evaluar el servicio que prestan los concesionarios.

Lo sorprendente de este Consejo es su conformación. Está integrado por los secretarios de Educación, Reyez Tamez; de Gobernación, Santiago Creel; de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola; y únicamente participa el él un representante de la sociedad civil.

La presencia gubernamental en este órgano no significa que el presidente pueda reivindicar su figura ante los industriales de la radio y la televisión. “En la redacción del nuevo reglamento, Bernardo Gómez no sólo excluyó el trabajo de las mesas de análisis sino también al mismo secretario de Gobernación, Santiago Creel”, afirma Aleida Calleja, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMRC) en las mesas paralelas a las de la Secretaría de Gobernación.

La resistencia
Dos meses después del decretazo, el 4 de diciembre, 53 organizaciones no gubernamentales entregaron al senador Javier Corral una propuesta de iniciativa para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión. El 12 de diciembre el Senado le da a la propuesta el carácter de iniciativa. Un día antes Bernardo Gómez se había reunido con legisladores de todos los partidos.

A excepción de legisladores prisitas, los demás firmaron para que la propuesta ciudadana se convirtiera en iniciativa de ley. “El senador Genaro Borrego Estrada justificó el hecho diciendo que como el PAN ya había firmado era una estrategia de este partido para presionar”, relata Aleida Calleja.

Aunque las presiones reales fueron en contra del senador panista Javier Corral, quien apoyó para que la propuesta de las organizaciones no gubernamentales fuera elevada al nivel de iniciativa de ley. El actual presidente de la CIRT, Jorge Mendoza, le habló para exigirle el rechazo de la propuesta ciudadana, o de lo contrario le “pasarían la factura en Chihuahua”.
En su momento, además del senador Corral, la diputada Teresa Gómez Mont --también panista—y juristas destacaron inconsistencias en el nuevo reglamento.

El deber
Todo reglamento debe garantizar el desarrollo de la ley sin alterar su contenido. Por tanto, no puede crear instancias ni derechos, porque de lo contrario provocaría inseguridad jurídica. Este nuevo reglamento se caracteriza por la incertidumbre jurídica, al erigir el derecho de réplica y la creación del Consejo Nacional de Radio y Televisión, que ya existía.

Para transparentar el otorgamiento de las concesiones el Poder Ejecutivo planteó la conformación del Registro de Concesionarios. Sin embargo, la transparencia del proceso ya está garantizada en la Ley de Acceso a la Información que aplicará a partir de junio.

“Modificar el reglamento es facultad del presidente. No le compete al Congreso. Por tanto, no es inconstitucional”, puntualizan los diputados Juan Carlos Pallares y Heidi Strosberg. En todo caso, continúan, lo que ahora nos corresponde es impulsar una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión. Mientras que los industriales disfrutan la victoria de Bernardo Gómez, en el Congreso hay ocho propuestas de los diferentes partidos para reformar dicha ley.

Foto: Miriam Sánchez Carlos Pallares

A pesar de las precisiones sobre las facultades del presidente Fox, no cesan los embates en su contra. Alma Rosa Alva de la Selva destaca que la forma en que se hizo público el nuevo reglamento habla del debilitamiento de Vicente Fox y de un vacío jurídico en la materia. ”Antes el presidente daba a conocer las grandes decisiones y el pasado 10 de octubre Bernardo Gómez fue el primero en anunciar los cambios al reglamento”.

En contraparte, el presidente de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Pallares, justifica: “De haberse anunciado con anticipación los cambios al reglamento, se hubieran caído las negociaciones entre el gobierno y los industriales de los medios electrónicos debido a que los partidos políticos y otros sectores hubieran intervenido”.

El presidente, continúa el legislador, tomó la determinación de hacer el anuncio en el marco de la semana de la radio y la televisión, sin previo aviso, debido a las filtraciones de información, que lejos de beneficiar lo perjudican.

Y precisa que el vacío jurídico de las leyes mexicanas no es privativo de los medios de comunicación, pues en los diferentes sectores de la sociedad están ocurriendo hechos que alertan sobre la ingobernabilidad del país. Por un lado el presidente complace a los industriales de la comunicación pero por otra vía pretende recuperar el terreno cedido, sintetiza Pallares.

Foto: Miriam Sánchez Romero Apís

Este es el juicio que adelantan los diputados priistas Lorena Beaurregard y José Elías Romero Apís: “Estamos frente al enorme riesgo de que el aseguramiento de Canal 40 desate un efecto dominó. Los hechos representan el inicio de la represión a los medios de comunicación. La tentación del comercio mediático y de la mordaza son muy grandes”.

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