Fue un intento de secuestro y una advertencia: “Es mejor que no sigan ofendiendo al Ejército. El teniente Orlando Muñoz desertó.

Se van a arrepentir si siguen difamando al Ejército”, les espetó a doña Guadalupe Guzmán y a su hija Guadalupe Muñoz un sujeto de aspecto militar, vestido de civil y de casquete corto, en la esquina de Álvaro Obregón y Monterrey, en la colonia Roma, al tiempo que trataba de sacarlas del auto.

A mediados de octubre del 2000 estuvieron a punto de ser secuestradas. A bordo del carro de atrás iban dos hombres. Cuando uno de ellos forcejeaba con ellas apareció una patrulla. Los policías les pidieron a los sujetos que se identificaran, después de lo cual los dejaron ir.

Ambas mujeres comprendieron más tarde que aquellos individuos querían evitar su presencia en la primera audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizó en Washington, DC, el 18 de octubre del 2000. Ahí obra el caso de la desaparición del teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán, de 25 años, desde el 4 de diciembre del 2000.

Antes, relata Lupita Guzmán, ya había recibido llamadas telefónicas amenazantes. Ellas vivían en San Julián, Jalisco, y entonces fue intimidada con toda clase de advertencias porque dio a conocer públicamente la desaparición de su hijo, ocurrida el 8 de mayo de 1993.

Madre e hija cuentan su historia y muestran documentos en los que constan las diligencias que hicieron ante la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, en el Cuartel del 26 Batallón de Infantería, en Ciudad Juárez, al que estaba asignado el teniente de Infantería; ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante la Procuraduría de Justicia Militar.

Refieren que hablaron con el presidente Salinas y su esposa, Cecilia Occelli de Salinas, quienes las escucharon pero no les respondieron.

También se entrevistaron con Zedillo, y éste les prometió que haría todo lo posible para resolver el caso de la desaparición del oficial.

En julio, después del triunfo electoral de Vicente Fox, y luego de platicar con el entonces senador Adolfo Aguilar Zínser, acudieron al rancho de San Cristóbal, Guanajuato, y por conducto de una de las hermanas del mandatario y de su madre, Mercedes Quezada, entregaron un escrito en el que relatan cómo desapareció el teniente. Dos años después, todavía no tienen respuesta.

Teniente Orlando Muñoz

Originalmente se abrió la averiguación previa SC/139/93/V en la quinta agencia del Ministerio Público Militar por deserción del teniente Muñoz; más tarde se abrió otra por su desaparición en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH/121/93, y una más en Ciudad Juárez, la CHI/ S03994.000. Años después también las averiguaciones SC/003/98-E y SC/005/99-E.

Según estos documentos --de los que esta publicación tiene copia-- el 8 de mayo de 1993 el teniente Muñoz habló por teléfono con su madre y le dijo lleno de alegría que había sido aceptado en la Escuela Superior de Guerra, donde haría cursos especiales que le facilitarían alcanzar el grado de capitán.

En esa ocasión le dijo que volvería a hablar con ella el 10 de mayo, como en años anteriores. Doña Lupita recuerda que le pidió a su hijo que se cuidara mucho y él, quien seis meses atrás había estado en San Julián de vacaciones, le contestó: “no te preocupes, madre. El verde (el Ejército) es nuestro enemigo si lo provocamos. No voy a hacerlo”.

Han pasado nueve años y siete meses y aún se ignora su paradero. El 16 de mayo Miguel Muñoz García indagó vía telefónica y le informaron que su hijo había desertado del batallón.

“Dos llamadas anónimas le informaron a papá que su hijo había sido trasladado clandestinamente al Campo Militar Número Uno la madrugada del 9 de mayo de ese año”, cuenta Lupita Muñoz. De San Julián se trasladó a Ciudad Juárez, para buscar a su hijo.

El teniente Filiberto Ortiz, compañero de cuarto del teniente Muñoz, le dijo que sabía quién tenía el portafolios de su hijo, pero después ya no se supo nada de él.

En el cuartel le dijeron que Miguel había desertado y le mostraron una copia del acta que se levantó dos días después de la desaparición, el 11 de mayo, en donde se le acusa del delito de deserción franca.

“Se trata de un documento en el que falsificaron la firma de mi hermano --de acuerdo con un peritaje del 12 de marzo de 1994-- y en el que supuestamente había solicitado la devolución de sus documentos porque ya no iría a la Escuela Superior de Guerra, lo cual se antoja inverosímil”, comenta Lupita Muñoz.

Ella resalta en la carta al presidente Fox una contradicción por parte de las autoridades militares, pues el agente del Ministerio Público Militar que le informó de la falsificación también le dijo a Muñoz García “que se olvidara de la falsificación, pues quien lo hizo no pretendió cometer ilícito”. E insiste: “Ello es señal de que no hay voluntad de encontrar a mi hermano”.

Después de haber buscado a su hijo en todos lados y haberse decepcionado por la negativa de las autoridades militares para encontrarlo, Miguel Muñoz García, quien se agravó por la diabetes que padecía, murió el 31 de enero de 1997. “Perdió la esperanza; falleció pensando que ya no encontraríamos a mi hermano”.

La convicción de los familiares es que fue desaparecido y responsabilizan a jefes de la milicia que tuvieron motivos para no permitir el avance del joven militar, porque antes estuvo comisionado en el 16 Batallón, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde supuestamente se enteró de militares involucrados en el narcotráfico. En el 26 Batallón apenas llevaba seis meses, después de haber pasado un mes de vacaciones en San Julián, con su familia.

En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Miguel Orlando Muñoz Guzmán fue comandante de Partida y al término de esta comisión tramitó su ingreso a la Escuela Superior de Guerra.

Con documentos en la mano, madre e hija comentan que a casi 10 años de lo sucedido el expediente SC/003/98-E contiene 17 tomos. “Tan ineficaces son que a la fecha no han averiguado nada sobre la desaparición de mi hermano”.

Responsabilizan en la carta dirigida a Fox: “Inicialmente como presunto responsable de su desaparición al capitán primero José de Jesús Morales García, ya que por información de elementos del mismo batallón esta persona no perdía oportunidad de molestarlo injustamente y buscaba cualquier pretexto para arrestarlo sin motivo alguno.

Es Obvio que esta persona no iba actuar por sí misma, así como quienes falsificaron la firma, sino que por órdenes superiores; al comandante del 26 Batallón de Infantería, teniente coronel Gutiérrez López, quien según testimoniales que obran en el expediente tiene en su poder y revisó todos los objetos que se encontraban en el interior de un maletín que dejó el teniente Muñoz antes de su desaparición.

Había incluso mil pesos. También al general Luis Montiel López, quien fuera comandante de la quinta zona militar y de la Brigada Blanca y jefe de los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro durante la guerra sucia“.

Doña Lupita enciende cada día una veladora para mantener viva la esperanza y la seguridad de que su hijo vive y así lo quiere de regreso. Primero fue el procurador Mario Guillermo Fromow García quien insistió en la deserción y no desaparición del teniente Muñoz, luego Carlos Calcanasco Santa María, Rafael Macedo de la Concha y ahora Jaime Antonio López Portillo Robles Gil.

El Ejército, impenetrable
Ahora, después del caso del general José Francisco Gallardo Rodríguez, quien finalmente obtuvo su libertad el 7 de febrero del 2002, después de haber ingresado al penal del Campo Militar Número Uno el 9 de noviembre de 1993, el del teniente Muñoz es el único que se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El general brigadier Gallardo relata que “en el Ejército suele suceder que en los cuarteles o aun en la cárcel del Campo Militar Número Uno o en cualquier otra de las que existen en Jalisco, Veracruz, Monterrey, Sinaloa y Campeche los militares son golpeados, heridos, desaparecidos o victimados sin que sean enterados los familiares.

El Ejército es impenetrable; no entra ni la Contraloría y si lo hace, sólo maquilla y justifica sus actividades.”

Narra su experiencia en el penal militar, donde permaneció hasta el 22 de mayo de 1999: “Desde el inicio fui sometido a tortura, a golpes sin justificación, amenazas, advertencias intimidatorias; me negaban la visita de los amigos y, no obstante mi jerarquía de general, había oficiales y guardias que me golpeaban, y me defendía.

En las visitas de mi familia me quitaban el agua, la luz, o no dejaban entrar a mi esposa o a alguno de mis hijos”.

Convertido en asesor legal de otros militares bajo procesos amañados, el general Gallardo menciona, por ejemplo, el caso del oficial Isidro Mitre Sánchez, quien cumplió su sentencia y por motivos no conocidos sigue preso.

En los números 3, 4 y 5 de Contralínea, correspondientes a abril, mayo y junio del 2002, se publicaron los casos del subteniente de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) José Raúl Vargas Cortés (expediente BAM/06/95), quien según los peritajes fuera victimado de un balazo en el pecho luego de haber sido torturado en 1995; y el del sargento escribiente, también de la FAM, José Gustavo Plaza Rocío (expediente 16/I/1614/1997), encontrado muerto en el Río Tula en 1997 después de convivir con jefes militares.

Y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no responde, a pesar que se le solicitó por escrito una entrevista con el procurador militar, general López Portillo Robles Gil, para enfrentar los cuestionamientos a efectivos del Ejército por éstos y otros crímenes.

En la información más reciente de la CNDH, que corresponde al mes de octubre, se abrieron 288 expedientes, de los cuales 14 incluyen señalamientos directos a la Sedena por violación a los derechos humanos y 23 contienen menciones tangenciales similares; uno fue resuelto durante el proceso y cinco se solucionaron “por amigable composición”; en 16 se brindó asesoría jurídica y orientación a los quejosos y en uno se comprobó que no había competencia de la CNDH.

El 3 mayo del 2001, al clausurar el congreso “Las fuerzas armadas y los derechos humanos”, el procurador López Portillo explicó la no conveniencia de tener un ombudsman militar --propuesta que motivó el encarcelamiento del general Gallardo-- puesto que según él la CNDH es suficiente para atender las quejas contra las fuerzas armadas y policiales.

Para esas fechas la información oficial confirmaba que el organismo había recibido 80 quejas sobre presuntas violaciones a las garantías individuales, de las que 54 fueron presentadas por civiles y 26 por personal militar.

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