Este es el balance general sobre la política de derechos humanos de la administración foxista realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el cual enfatiza que la falta de una reforma al sistema de justicia mantiene prácticas violatorias como detenciones arbitrarias, tortura y privación de la libertad.

“No basta con las liberaciones de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, de José Francisco Gallardo y de los pescadores de Pátzcuaro Aurelio Guzmán y Leocadio Asencio Amaya, ya que las decisiones para su liberación fueron tomadas como medidas políticas y por la presión internacional, justo cuando Fox debía informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre estos casos”.

Edgar González, director de este centro, afirma que “quienes integran hoy el sistema de justicia y tienen el discurso de defensa de derechos humanos son en su mayoría los mismos funcionarios públicos; cuerpos policiacos y militares que en administraciones pasadas hacían lo contrario, lo que significa que las inercias para violentar derechos se mantienen.

José Antonio Guevara, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, observa que “el discurso y la voluntad de respeto a los derechos humanos en la administración foxista es novedosa y favorable para México, porque los gobiernos anteriores se negaban a cumplir con las recomendaciones de la CIDH. Ahora por lo menos en el discurso se trata de cumplir”.

Reconoce que los resultados no han sido satisfactorios porque el gran pendiente desde los años ochenta para cumplir con las recomendaciones internacionales es que el poder judicial no persigue ni sanciona a los responsables.

“Esta práctica permanece en el gobierno de Fox, donde no hay luces de cambio para perseguir y sancionar a los culpables de violaciones a derechos humanos. Las investigaciones en torno a la muerte de Digna Ochoa o los crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra sucia del 68 y del 71 parecen no avanzar”, asienta.

El Prodh señala a la Secretaría de Hacienda como una de las responsables del incumplimiento en el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales, debido a las restricciones de presupuesto que impone a las demás dependencias del Ejecutivo.

Edgar González dice que “los 60 millones de pobres en el país no salieron de la nada, son producto de políticas económicas que agravan las desigualdades sociales y la falta de conocimiento sobre las obligaciones del Estado para garantizar los derechos al trabajo, salud, vivienda, educación y cultura”.

Edgar Cortés encabeza el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro

Fernando Valadez Pérez, director de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), dice que “lo más grave en la administración de Fox es continuar con la dinámica de militarizar los cuerpos policiacos, algo que no sólo viola la Constitución sino que propicia la impunidad en los aparatos represivos del gobierno”.

La tortura como método de investigación

“La tortura en nuestro país se aplica de manera sistemática para conseguir declaraciones y fabricar culpables en un proceso de investigación policiaca. Esta práctica es recurrente en los distintos cuerpos policiacos, en militares y funcionarios públicos”, anota el Prodh.

El reporte 2001 registra 217 víctimas de tortura entre 1998 y 2001, de las cuales 13 murieron. Las autoridades responsables fueron 52 elementos policiacos estatales, principalmente del estado de Guerrero, con 24 de estos casos. El segundo lugar lo ocupan las policías municipales, con 22 expedientes, seguidas de los cuerpos militares, con 18, y las policías federales, con 17, en el contexto de sometimiento de la delincuencia organizada, la violencia política, el narcotráfico, en los centros penitenciarios y la homofobia.

Valadez Pérez afirma que “el aparato represivo sigue siendo el mismo y el cambio (de gobierno) sólo fue en los colores partidistas, porque quienes violan los derechos humanos con estas prácticas siguen en el sistema policiaco y, en particular, en el ejército”.

La diferencia es que tienen cuidado de no dejar huellas físicas, porque “se orientan más a realizar la tortura psicológica precisamente por la vigilancia más activa de las organizaciones no gubernamentales”.

Al respecto, Edgar González plantea que la práctica de este delito está acompañada de una cadena de violaciones a otros derechos que generalmente inician con detenciones arbitrarias, encarcelaciones injustas y privación de la vida. En el primer semestre del 2002 el Prodh ha detectado 16 casos en que se aplicó la tortura.

“De éstos, 35 personas fueron torturadas. En 12 participaron policías judiciales y emplearon este método para fabricar culpables, y en tres estuvieron implicados policías de seguridad pública. Otras prácticas de tortura fueron ´tácticas´ empleadas comunmente por militares”.

Tortura, práctica común
La recomendación 7/2002 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sustenta que Salvador González Centeno, interno en el Reclusorio Norte, fue víctima de tortura.

“Una custodia me solicitó que le elaborara un cuadro como los que realizaba en el taller de manualidades del centro penitenciario, y como anticipo me dio 70 pesos. Pasaron 15 días y recibí los primeros golpes y amenazas del custodio apodado “el Reicito”, porque no le había entregado el trabajo.”

González Centeno, ahora interno en el Reclusorio Sur denunció los daños que sufrió: estallamiento de vísceras y amputación de un brazo.

El 14 de diciembre era un día normal para González Centeno, hasta que fue trasladado al servicio médico --rutina para certificar su estado de salud-- por los custodios David Ponce de León Mendoza y Pedro Montalvo González, a quien reconoce como “el Reicito”, quien posteriormente lo llevó al área de segregación y lo golpeó.

El recluso narra: “Me golpeó con la palma de las manos en los oídos, con el puño cerrado en el estómago y me dio varias patadas en las espinillas, y al terminar de golpearme me dijo: ‘en el próximo turno me liquidas o de lo contrario habrá problemas´ ”.

Después de esta primera agresión e intimidación los dos custodios llevaron al González Centeno a su dormitorio, el número cuatro de la zona 4, en la sección conocida como estancia. “Yo no entendía por qué me había amenazado si no le debía ninguna deuda al custodio, y entonces pensé que se refería al cuadro que no le había entregado a una custodia, de la que no sé cómo se llama”.

Pasaron tres días y el 17 de diciembre, a las 19:30 horas, al pasar por el auditorio, González Centeno nuevamente fue agredido y torturado por “el Reicito”: “Me aplicó la llave china para tirarme al suelo boca arriba.

Me sujetó de las manos, se me subió encima y me dio un rodillazo en el estómago. De inmediato sentí como si algo me hubiera explotado en el interior del estómago y le dije al Reicito:’ ya me rompiste la madre´. Entonces puso cara de asustado, se aventó hacia atrás, se puso de pie y se fue de inmediato diciéndome: ´no le juegues al loco´”.

Con la ayuda de otros internos González Centeno acudió al servicio médico del reclusorio y a las 21:00 horas fue trasladado al Hospital General La Villa, donde estuvo en observación. Después lo regresaron porque en los estudios que le hicieron no detectaron el estallamiento de vísceras y sólo le aplicaron unas inyecciones para calmar su dolor.

Al siguiente día --18 de diciembre--, en la unidad médica del reclusorio, el doctor en turno ordenó el traslado del interno al Hospital de Tepepan. Durante el trayecto la camioneta de Reclusorios chocó y González Centeno perdió el conocimiento por el impacto. Esto obligó a que lo llevaran al Hospital General Balbuena.

Ahí, el 19 de diciembre le practicaron una laparotomía exploradora por contusión abdominal, laceración de páncreas y extirpación parcial de páncreas, así como la amputación de un brazo. A partir de esa fecha González Centeno perdió la salud y presenta deficiencia de producción de enzimas pancreáticas y de insulina, por lo que el resto de su vida tendrá que tomar medicamentos para procesar los alimentos y producir enzimas.

Luego de las investigaciones realizadas por la CDHDF, el custodio Pedro Montalvo González, a quien se le comprobó su responsabilidad en los hechos, sólo fue inhabilitado de su cargo durante un año y no fue sentenciado por el delito de tortura.

info@contralinea.com.mx