México se encamina a ser una economía que importará todos sus alimentos, como Taiwán o Hong Kong, pero con el agravante de que no tiene la capacidad de crecimiento de esos países ni su ingreso per cápita ni sus niveles de vida.

Este estado de cosas pone en peligro la soberanía alimentaria y repercutirá en la inversión y el empleo, además de que será una desventaja adicional ante la globalización y la competencia internacional.

En este entorno, las familias han tenido que adaptar su consumo de alimentos y han visto deteriorado sus niveles nutricionales, lo que ha ido en detrimento de más de la mitad de la población, que vive en situación de pobreza.

La escasez de alimentos alcanza a 55 millones de pobres en México. De éstos, las mujeres, los niños, ancianos y enfermos son los que más padecen la desnutrición como consecuencia de una raquítica dieta.

El investigador de la UNAM Felipe Torres Torres advierte que al trasformarse México en un país dependiente del exterior en materia de alimentos quedan en entredicho términos como soberanía y seguridad nacionales.

Aquí hay que añadir que los países importadores de granos están siendo afectados por los incrementos de los precios en todo el mundo, cuya tendencia al aumento beneficia a las naciones con agricultura altamente tecnificada y castiga a las más pobres.

Para analistas, legisladores y organizaciones civiles el desabasto de alimentos no es una cuestión menor, pues los problemas alimentarios de la población se han agudizado por la pérdida del poder adquisitivo del salario y las políticas económicas que ponen en riesgo la soberanía alimentaria del país.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) ha propiciado la dependencia alimentaria de México respecto de los grandes productores estadounidenses y canadienses, advierte el análisis "La soberanía alimentaria de México en riesgo", elaborado en la Cámara de Diputados.

Para el 2000 la dependencia en materia de alimentos había crecido 77%, con un monto de 23 millones de toneladas de cultivos-producto importadas, a diferencia de los 13 millones que ingresaban al país en 1993. A ese hecho se suma la inminente apertura de la frontera a los productos agrícolas provenientes de Estados Unidos y Canadá.

En contrapartida, la Secretaría de Economía (SE) señala que el aumento en los cupos de importación de granos básicos como el maíz no es resultado del TLC, sino de la insuficiencia interna para cubrir la demanda nacional. Asegura que esta alza en la entrada de granos se ha debido a la petición de los consumidores y como resultado de consultas nacionales.

El documento de los legisladores de la Comisión de Desarrollo Rural indica que ''71% de la población nacional padece pobreza alimentaria'', fenómeno que se manifiesta en 90% de los ciudadanos que habitan en zonas rurales y 65% de los asentados en localidades urbanas.

Agrega que “a partir de la instrumentación de los compromisos con la banca internacional, sobre todo con la carta de intención ante el FMI, el gobierno inició en 1985 un proceso de reducción de los precios de garantía al productor, el cual se aceleró a partir de la apertura comercial, incluso antes de entrar en vigor el TLC”.

El análisis remarca que la destrucción de la economía campesina y la de los productores rurales de alimentos para el mercado interno --propiciada por la larga y persistente política de abandono tanto en la actividad productiva como en la política de desarrollo rural-- se ha agudizado a partir de la entrada en vigor del TLC.

"Uno de sus efectos más peligrosos, en el sentido político y de seguridad nacional, es la destrucción de la soberanía alimentaria del país”, advierte.
Alfonso Elías Cardona, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, indica que México está perdiendo la batalla en la autosuficiencia alimentaria, ya que no hay un equilibrio entre producción y consumo. Es decir, no se cuenta con una balanza comercial que dé certidumbre.

Y el director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Héctor Bourges Rodríguez, dice que el mapa de la desnutrición en México es el de la marginación y la pobreza, y que el medio rural es su principal caldo de cultivo.

Plantea que un agravante a la escasez de alimentos en México es la mala distribución de los mismos, lo que lo sitúa entre los países con un índice muy alto de desequilibrio y que el grueso de la población carezca de muchas cosas.

Hoy por hoy, aunque la importación de alimentos crece y las familias destinan la mayor parte de su ingreso para adquirirlos, el consumo de éstos ha disminuido. Según datos del INEGI, el gasto en este rubro pasó de 34.5% en 1994 a más de 60 % en 2002. La situación es más dramática en las zonas rurales, donde las familias dedican hasta el 80% de su gasto total a la compra de alimentos.

El acceso a los alimentos tiene estrecha relación con la capacidad para comprarlos y con el nivel de empleo. Por ello, el problema del hambre y la desnutrición no es sólo cuestión de desabasto o malos hábitos alimenticios, sino de pobreza.

El incremento de los precios de los alimentos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios han ocasionado que productos de importancia nutricional como leche, frutas, pescado y carne queden fuera del consumo familiar, con las consecuentes adecuaciones a los hábitos alimenticios, como un mayor consumo de tortilla, chile, frijoles, huevo, carnes frías, verduras, retazo de pollo y vísceras.

La desaparición del subsidio generalizado a la tortilla y su focalización (sus beneficiarios tienden a disminuir), ha derivado en un incremento constante en su precio, en una baja en su consumo y, por tanto, en mayores niveles de desnutrición de la población.

El análisis “Dinámica económica de la industria alimentaria y patrón de consumo en México, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explica que la industria alimentaria mexicana enfrenta reacomodos que inciden en nuevos patrones alimentarios por regiones y estratos sociales, con un mayor componente industrializado en la dieta.

Añade que la industria alimentaria mexicana enfrenta reacomodos desfavorables ante los embates de las trasnacionales que intentan ampliar su oferta de productos industrializados de consumo masivo.

Movilización social, la alternativa
La liberalización del sector agropecuario y el desmantelamiento del fomento agrícola han llevado al país a la dependencia e inseguridad alimentarias. El retiro del subsidio a los productos básicos, la disminución del consumo de los alimentos, el aumento de los niveles de desnutrición, la caída de la producción de granos básicos y oleaginosas y el auge de las importaciones de éstos son algunos indicadores que podrían llevar al país a una hambruna.
México ha entrado a la lógica del mercado global agroalimentario y se perfila como importante consumidor, dejando de lado el papel de este aspecto para la seguridad nacional. Por su parte, las grandes trasnacionales avanzan en el abastecimiento interno de alimentos y en el control de la elaboración de productos alimenticios industrializados.

Es necesario revertir estas tendencias, reconociendo el carácter estratégico del desarrollo hacia adentro del sector agrícola y, por tanto, implementando políticas adecuadas para su fortalecimiento. El Estado debe asumir la responsabilidad social de asegurar la autosuficiencia y la seguridad alimentarias. Es decir, erradicar el hambre y la desnutrición.

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