A punto de ser liquidado, el Grupo Situr —la compañía que llegó a controlar una mayor extensión de reservas territoriales que el propio Fondo Nacional de Apoyo al Turismo (Fonatur)— podría desaparecer sin aclarar cientos de fraudes que concretaron sus directivos en contra de sus propios contratistas vía la extorsión.

El mecanismo era casi perfecto: Situr, la principal subsidiaria de Sidek, logró incrementos históricos en sus ventas año con año así como un crecimiento explosivo en su cartera de propiedades gracias a la extorsión a constructoras a las cuales, a cambio de contratos en sus desarrollos turísticos, las obligaban a adquirir tiempos compartidos, condominios y otros bienes inmuebles.

A cargo de los hermanos Jorge, Guillermo y José Martínez Güitrón, el Grupo Situr controló hasta 1996 activos por más de 3,200 millones de dólares. El problema fue que su pasivo aumentó al mismo ritmo hasta superar los 2 mil 600 millones de dólares.

Bajo el amparo de la administración de Carlos Salinas de Gortari, los Martínez Güitrón junto con los dos cerebros del grupo, el inglés Kenneth Prysor y Gabriel Ruíz Huerta, armaron una compleja estructura financiera que les permitió obtener recursos en los mercados financieros internacionales así como de la banca nacional y extranjera.

Como garantía ofrecían pagarés que respaldaban millones de dólares en compromisos de ventas por los intercambios a cargo de los contratistas que ganaban concursos de obra en los megadesarrollos. Sin embargo, una gran cantidad de dichos contratos nunca fueron reales, pues formaban parte de los acuerdos extralegales que pusieron en marcha las dirección de Finanzas y el Jurídico de Situr. Por ello, una gran parte de esos contratos nunca se llegaron a concretar.

Para obtener un convenio con Sidek-Situr, los contratistas tenían la obligación de ceder un porcentaje del contrato como enganche inicial para la compra de bienes en los desarrollos turísticos del propio grupo con sede en Jalisco, tales como villas y tiempos compartidos.

Los contratos de obra y de venta se cerraban mediante intercambios de cheques por el 15 porciento del valor delos contratos que, en la mayoría de las veces, era de uno a uno. Además, se les obligaba a firmar pagarés para la liquidación del monto total. Con esos documentos, los ejecutivos de Situr respaldaron la emisión de instrumentos a mediano plazo conocidos como Mexican Acceptance Corporates (MACs).

La crisis del Grupo Sidek, el más acabado ejemplo de un Enron a la mexicana, se presentó cuando la pirámide llegó a su cúspide y el flujo de efectivo nunca se presentó, pues los contratistas iniciaron una cadena de incumplimientos en los compromisos forzosos, pues no se les pagaba el avance de sus obras.
Representantes legales de contratistas que formaron parte de la estrategia armada por los Martínez Güitrón describieron a Contralínea el mecanismo que explica la crisis de pagos y liquidez que obligó a Situr y a su controladora Sidek a convertirse en la primera compañía en suspensión de pagos después de la devaluación de diciembre de 1994.

De manera paralela a las ventas ficticias, una sociedad que también fue constituida por los Martínez Güitrón, la sociedad anónima Estratur, sí cobraba en efectivo comisiones equivalentes a 10% de las supuestas ventas. Las comisiones en este caso no se limitaban a las ventas sino también a los intercambios que no generaban un flujo real.

Sin embargo, el despacho Galaz, Gómez Morfín, Chavero, Yamasaky (Deloitte Touche Tomatsu Internacional), los auditores de cabecera de los Martínez Güitrón, nunca reportaron dichas anomalías ni las inconsistencias en la valuación de inventarios pues los lotes que conformaban la cartera de propiedades se reportaban con una importante sobrevaluación en los activos circulantes.

El equipo de directivos de Situr recibía indicaciones precisas de los Martínez Güitrón de fondear las necesidades financieras para la operación del corporativo con el flujo real de la compañía a fin de no tocar los recursos que se obtenían por medio de financiamientos y colocaciones públicas. Dicho capital, por tanto, se concentraba en cuentas en el extranjero así como en paraísos fiscales.

El encargado de las peculiares estrategias de comercialización de Situr era el ejecutivo estadounidense Keneth Prysor, entonces director de Situr y responsable de la relación comercial que iniciaron los Martínez Güitrón con Roberto Hernández, entonces presidente de Banamex.

Entre las compañías constructoras que se vieron afectadas por estas operaciones se encuentran Landa & Rubio con participación en el desarrollo turístico El Tamarindo; Construcciones y Arrendamientos del Centro cuya actividad se presentó en Cabo, San Lucas; así como la constructora Gibraltar en Puerto Peñasco, Sonora.

Banamex, el gran cómplice
Fue Keneth Prysor, quien trabajo para el franco italiano Jean Franco Briñone —ex propietario de Careyes y el Tamarindo en Jalisco, el promotor de la asociación entre Situr y Roberto Hernández.

La relación de negocios entre los Martínez Güitrón y Hernández se concretó a través de la aportación que hizo el Grupo Financiero Banamex-Accival de sus activos turísticos como la cadena hotelera Sierra Radison, con lo que adquirió el 13 por ciento de Situr.

A través de los desarrollos Punta del Mar y Bahía Dorada, Situr —vía su subsidiaria financiera Sitinvest del Grupo Sidek-Situr—, se conformó una alianza adicional entre Los Martínez Guitrón y Roberto Hernández, pues en esos dos proyectos participaron en un 50 por ciento en cada caso. Las partes que firmaron la alianza fueron Situr, por un lado, y María de Lourdes Hernández, representando los intereses de Roberto Hernández. Mientras tanto, Grupo Plan sólo participaba como administrador de los intereses del ex presidente de Banamex.

Uno de los principales activos de la coinversión fue el desarrollo turístico El Tamarindo, un espectacular club privado en un litoral de la costa del Pacífico que se extiende más de 200 kilómetros entre Puerto Vallarta y el estado de Colima, “con impresionantes bahías y acantilados que delinean la delicada unión entre el mar y la exuberante vegetación virgen de la jungla”, según la descripción de la revista especializada Premium Great Status.

El “desarrollo ecológico” diseñado por el arquitecto Luis Bosoms, director del Grupo Plan y yerno del banquero, cuenta con 14 kilómetros de playa, campo de golf profesional con 18 hoyos, par 72; casa club con salón de socios, servicios de Spa; restaurante, muelle; amplias calles adoquinadas e iluminadas, corredores de jardines botánicos y caminos ecuestres, acceso a los servicios del exclusivo club privado “El Tamarindo” —operado por St. Regis Luxury Collection— y, por supuesto, seguridad con control de acceso las 24 horas.

Ahora, el Grupo Plan, según Premium Great Status, ofrece a la venta exclusivos terrenos con superficies de entre 30 y 150 mil metros cuadrados. Los precios de venta van desde 750 mil dólares.

La coinversión entre Hernández y los Güitrón constituyó 14 sociedades anónimas cuyos principales propósitos fueron el diseño, estructuración, planeación, construcción y comercialización de desarrollos turísticos inmobiliarios. Entre ellas figuraron las empresas Península de las Estrellas; Desarrollo Playa Azul (Careyes), Desarrollo Ixpamar, Bahía Dorada, Desarrollo El Tamarindo; Desarrollo Punta del Mar; Hotel Sierra México; Promotora de Inmuebles y Espectáculos; Operadora Las Glorias de Occidente; Châteu de la Motte —la controladora de un castillo del siglo XII—, así como la compañía Imagen y Espectáculos de Lujo.

Para financiar su desarrollo, la coinversión comenzó a contratar financiamientos a través de Factoraje Banamex, una de las subsidiarias del grupo financiero que presidía Roberto Hernández junto con Alfredo Harp.

Adolfo Garcín, exdirector jurídico de Sidek, recuerda que si bien el desarrollo turístico de El Tamarindo se fondeó, supuestamente, con el capital aportado por ambas partes, las operaciones de endeudamiento siempre fueron a cargo de Situr.

Así nació la coinversión entre Hernández y Situr: con cero capital y alto nivel de apalancamiento.

Situr, asegura el exabogado de Sidek, llegó a contratar financiamientos con Factoraje Banamex hasta por 50 millones de dólares, operaciones que también se descontaron en la cartera crediticia de Banamex, pues las cuentas por cobrar se generaron a partir de las compras iniciales que hicieron de manera conjunta los Martínez Güitrón y Roberto Hernández firmando pagarés que fueron descontados por Banamex.

En 1996 los socios de El Tamarindo enfrentaron su primera gran crisis, ya que Roberto Hernández presionó para que la coinversión pagara los créditos por 50 millones de dólares al Grupo Financiero Banamex, pues temía sanciones por tratarse claramente de créditos relacionados sin la adecuada reserva que determinaba la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Garcín recuerda que la reunión del consejo de administración de la sociedad a cargo de El Tamarindo sesionó durante todo un fin de semana para aprobar el pago preferencial del crédito a Banamex, a pesar de que Sidek y Situr ya se encontraban en una seria crisis de liquidez y a punto de pasar al control de la banca que se encontraba lidereada precisamente por Banamex.

La propuesta para el pago de estos pasivos provino del propio Roberto Hernández, quien impulsó la venta en 51 millones de dólares del hotel Sierra México, el mismo activo que había aportado para ser socio de Sidek. Sin embargo, su participación en la sociedad nunca disminuyó. Los créditos intercompañía, en cambio, tuvieron que ser capitalizados por Sidek y Situr, relata Garcín.

Para Sidek y Situr la pérdida total derivada de su asociación con Roberto Hernández fue de 72 millones 545 mil 881 dólares, a pesar de que las auditorías posteriores a las realizadas por Deloitte indicaban un saldo a favor de Situr por 86.7 millones de dólares, capital que tendría que haberse dirigido al pago equitativo de deudas entre bancos e inversionistas. La firma auditora a cargo de las revisiones posteriores fue KPMG Cárdenas Dosal.

En 1998, ya bajo el control de la banca y con la gestión de Luis Rebollar, un ejecutivo que Banamex colocó en la presidencia de Sidek, el Grupo Plan S.A. de C.V. firmó en abril de ese año un acuerdo con el Grupo Situr con el propósito de finiquitar su relación con la compañía que, en ese momento, ya se encontraba en proceso de liquidación ante los problemas para saldar sus pasivos totales.

Zona de castillos del siglo XII en Francia: uno de ellos forma parte de los activos que adquirió Roberto Hernández al endeudado grupo SITUR.

Fue así como Sitinvest trasmitió al Grupo Plan las acciones representantivas del capital social de Desarrolladora Punta del Mar que amparaba los activos de El Tamarindo. La contraprestación pactada para Situr fue de 13 millones 232 mil 900 dólares, monto por el cual se suscribió un pagaré sin intereses con vencimiento al 1 de abril de 2001 con una prenda sobre las mismas acciones.

El pago se presentó el 4 de abril del 2001 sin que Situr hubiera ejercido su derecho de prenda, según un dictamen de la operación realizado por la firma de auditores Pérez, Manzano, Parra y Asociados. Los 15 bancos que también participaban en el sindicato de acreedores del Grupo Situr no pudieron ejercer su derecho al tanto en la operación que benefició al Grupo Plan, de acuerdo con los documentos de la transacción.

El análisis de esta firma sobre la operación también revela que Situr pagó alrededor de 20 millones 394 mil dólares, monto que incluía una penalización por 9.4 millones de dólares, por concepto de restitución de pérdidas generadas en la subsidiaria al 50%, Desarrollo Punta del Mar. A Grupo Plan, a pesar de ser socio en esta firma en un 50%, no se le aplicó la pérdida proporcional.

Castillo privado
El complejo turístico de El Tamarindo se comercializaba como una membresía de gran lujo con playa y reserva ecológica. Sin embargo, en los mejores momentos de su asociación, la coinversión de los Martínez Güitrón y Roberto Hernández decidió comprar el castillo Château de la Motte, para ofrecerlo como un activo de “valor agregado” para la membresía.

La compra de Societê du Châtteu de la Motte se cerró en 28 millones de dólares y los fondos, según Adolfo Garcín, también provinieron de las arcas de Situr.

Garcín habla con conocimiento de causa, pues fue precisamente este abogado jalisciense el ejecutivo a quien los Martínez Güitrón responsabilizaron en 1993 de la compra del antiguo inmueble francés considerado una joya arquitectónica del siglo XII con legendarias historias como la estancia de Juana de Arco.

Al asumir el control de la coinversión, el Grupo Plan tenía que haber cubierto un saldo por pagar a Situr a cargo de un sindicato de bancos por 7.7 millones de dólares. No obstante, ese monto se impugnó y Plan nunca lo cubrió.
A la oficina de Luis Bosoms se le hizo llegar la información sobre estas irregularidades. Sin embargo prefirieron no hacer comentario sobre ellas.

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