Si el contralor Francisco Barrio cumple su compromiso de atrapar a todos los “peces gordos” sin excepción, caiga quien caiga, el senador priista Emilio Gamboa Patrón sería el próximo funcionario a investigar penalmente por su presunta participación en el desvío de más de 58 millones de pesos cuando encabezó la subsecretaría de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 1998.

Desde mediados del 2001 la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) tiene pruebas que implican a Gamboa Patrón en irregularidades presupuestarias sobre la contratación simulada de servicios de transmisión con las empresas Televisa, Televisión Azteca y Tele Rey-Multivisión.

La investigación se sustenta en tres auditorías practicadas a las últimas semanas de la administración de Ernesto Zedillo, mismas que concluyeron a mediados del 2001 y arrojaron datos que hacen presumir que los recursos fueron a parar a la campaña del priista Francisco Labastida Ochoa, de la cual Gamboa Patrón fungió como coordinador general.

Las auditorías se anexan al tomo VII del expediente clasificado como Pemexgate en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO). Además de Gamboa Patrón figuran también como responsables de estos hechos Jorge Cárdenas Elizondo y Alonso Bretón Figueroa —exoficial mayor y exdirector de Programación, Organización y Presupuesto de Gobernación, respectivamente—, quienes se dieron a la fuga tras ordenarse su detención por el presunto financiamiento irregular para la campaña de Labastida Ochoa en el 2000.

Los resultados de la primera incursión de la Secodam se entregaron el 6 de agosto del 2001 al director del órgano de Control Interno de la Segob, Raúl R. Medina, quien recibió el oficio 05/DGA-078/2001 con las conclusiones de la auditoría 40/99 levantada a la Dirección General de Información y Difusión.

En el documento, los auditores internos Edgar Arturo García Pérez, Francisco Gómez Villa y Manuel Rueda Reyes informan que indebidamente y con cargo al presupuesto de esta dirección se realizó el pago de 22 millones 990 mil 800 pesos por concepto de “gastos de difusión relativos a la trasmisión de la sesión ordinaria del Congreso de la Unión” previo al informe presidencial de 1998. El servicio habría sido contratado de las 17:00 a las 19:00 horas para que el programa de la sesión fuera trasmitido en el canal 5 de Televisa.

Francisco Barrio, silencio sospechoso

Sin embargo, el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) reportó a los auditores que el debate del Congreso sólo fue trasmitido por los canales 11 y 40, “lo que demuestra que la Segob no recibió el servicio de trasmisión”. La programación de canal 5 sólo preveía la trasmisión del informe presidencial de las 18:50 a las 20:55 horas.

Los auditores refieren que para pagar el servicio, Gamboa Patrón realizó una enredosa triangulación de recursos. De acuerdo con la factura A-293983 del 21 de septiembre de 1998 expedida a Televisa, el gasto se sufragó con recursos de la partida 3601.

De entrada se encontraron con la sorpresa de que era la primera vez que el Ejecutivo solicitaba servicio para trasmitir una simple sesión ordinaria del Congreso y también les causó sospecha que en todo caso la subsecretaría de Comunicación Social no requiriera a RTC para que el servicio fuera con cargo al tiempo aire de trasmisión oficial a título gratuito a favor del Estado. En este caso se utilizó la figura de una reducción compensada a la partida 2100 para dar suficiencia presupuestal al concepto 3601 con una ampliación compensada.

Inclusive, la afectación presupuestal en la que indebidamente se aceptó una nueva figura jurídica de pago, “la dación en pago”, fue hecha con posterioridad —el 6 de octubre de 1998— a la contratación del servicio proporcionado por Televisa, según la cuenta por liquidar certificada número 00115212.

Otras de las irregularidades reportadas fue aceptar la afectación presupuestal para cubrir un concepto de gasto no contemplado en la Ley de Egresos de la Federación y por aceptar servicios de trasmisión televisiva como “dación en pago” sin comprobar que se cumplieron los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y en su reglamento.

La auditoría no encontró evidencias del procedimiento oficial para que la Secretaría de Gobernación aceptara el servicio como dación en pago con cargos a su presupuesto, además de que al momento de contratar el servicio no se contaba con recursos disponibles y la alternativa era el empleo del tiempo oficial gratuito.

Los auditores consideraron a Emilio Gamboa Patrón como presunto responsable debido a que en su carácter de titular de la subsecretaría de Comunicación Social solicitó, sin tener facultades, la contratación del servicio con Televisa de toda la sesión ordinaria del Congreso. Asimismo, por tramitar, gestionar y ordenar el pago bajo la figura de dación en pago por la cantidad de 22 millones 990 mil 800.

Elementos adicionales para esta imputación son haber propiciado una reducción al presupuesto de la dependencia y haber omitido solicitar la opinión de las direcciones generales de Información y Difusión y de RTC, las competentes para determinar la contratación y el uso de tiempos oficiales. De igual forma se cuenta haber pagado por un servicio no recibido y haber hecho la adjudicación directa del mismo.

Operación presupuesto
Dos días después de recibir el primer caso de irregularidades, el contralor de la Secretaría de Gobernación Raúl Medina Rodríguez recibió un nuevo oficio, el 05/DGA/116, en el cual de nueva cuenta los auditores internos le detallaban otros fallos.

La auditoria 64/2001 ordenada en el oficio 05/C1/484/2001 el 22 de junio del 2001 confirma que de manera indebida se cargó al presupuesto de la Segob un gasto de 33 millones 810 mil pesos por la difusión y trasmisión del Plan Nacional contra la Delincuencia los días 27, 28 y 30 de agosto de 1998, por medio de canales de Televisa y de acuerdo con las solicitudes de servicio números 658489, 658492, 658490 y 658491.

Se pasó por alto pedir a la Dirección General de Información y Difusión su autorización respecto de “la conveniencia de realizar la trasmisión en los costos, horarios y canales de televisión”, pues a esta área le compete dirigir y ejecutar las políticas de información y difusión con cargo al presupuesto de la Segob.

Los auditores concluyen que no se obtuvo la opinión de la Dirección General de Información y Difusión respecto del medio de transmisión idóneo ni tampoco se consultó a la Dirección General de RTC para explorar la posibilidad de realizar la transmisión a título gratuito, conforme lo permitía el tiempo aire oficial de que dispone el Estado mexicano.

De la investigación se desprende que el gasto se hizo de partidas presupuestales de comunicación social restringidas y no previstas en el presupuesto de las secretarías. Adicionalmente se constató que “no existió la suficiencia presupuestal necesaria” para solicitar los servicios y costos de trasmisión del Plan Nacional contra la Delincuencia.

El reporte de los auditores corrobora el hecho de que el presupuesto original de la Segob, disponible y autorizado para 1998, fue violado al entrar a claves restringidas: 3601 “Gastos de Difusión e Información”, disminuyendo el concepto 2100 “Materiales y Útiles de Administración”, y con otra baja externa del ramo 23 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el concepto 7400 “Erogaciones Especiales”.

De igual forma que el caso anterior, no se cumplió con el procedimiento de aceptación formal de la Segob para la adquisición de los servicios de trasmisión bajo la modalidad de dación en pago y tampoco se convocó al comité de adquisiciones, arrendamiento y servicios de esa dependencia para analizar y dictaminar la adjudicación directa de la contratación del servicio aludido y obtener las mejores condiciones.

Los auditores denuncian que el entonces subsecretario Gamboa Patrón asumió atribuciones para las que no estaba facultado al solicitar y autorizar el pago de los servicios de trasmisión multicitados. Finalmente, aseguran que la Segob, vía la Dirección General de RTC, no tiene evidencia alguna del total de minutos facturados en los canales y los horarios solicitados.

Así, en la revisión se encontraron cuatro cuentas por liquidar certificadas para el pago de servicios de trasmisión de televisión, las dos primeras con los números 17858 y 17859 para liquidar la trasmisión del Plan Nacional contra la Delincuencia bajo la figura de dación en pago por un monto de 27 millones 484 mil 992 pesos.

Existen otras dos cuentas certificadas por saldar, suscritas el 28 de diciembre de 1998, por un monto de 6 millones 325 mil 007 pesos cuya finalidad también fue pagar la trasmisión de este programa. Las cuatro cuentas se realizaron bajo la figura de “dación en pago” y fueron expedidas a Televisa S. A. de C. V. por un total de 33 millones 810 mil pesos.

Otra cosa que se logró descubrir fue que el servicio se contrató por un tiempo de 144 minutos (36 minutos por canal: 2, 5, 4 y 9). Sin embargo, los auditores no localizaron evidencia alguna en el registro del RTC de que Televisa realizara la transmisión del programa en los horarios señalados.

De lo único que sí hay evidencia en la ficha técnica de la Dirección de Información y Análisis de RTC del 27 de agosto de 1998 es de que la trasmisión se llevó a cabo sólo por el canal 2 de las 15:00 a las 15:12 horas con una duración de 12 minutos.

Otros exfuncionarios en que recae responsabilidad en este caso son Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón Figueroa, Héctor Contreras Rodríguez, Manuel Suárez Ríos, exdirector de Programación, Organización y Presupuesto.

También TV-Azteca
La tercera auditoría practicada a la subsecretaría de Comunicación Social, número 64/2001, refiere que indebidamente se cargaron al presupuesto de la Segob gastos de difusión por la producción y edición del IV informe presidencial del 1 de septiembre de 1998, contratados con las empresas TV Azteca y Tele Rey-MVS, según oficio 05/DGA /115/2001 de los auditores internos.

La investigación permitió localizar dos cuentas certificadas (17857 y 18326), con fecha de emisión de 24 de noviembre de 1998, por medio de las cuales se realizó el pago de servicios de producción y edición del IV informe presidencial de 1 de septiembre de 1998 a favor de las empresas TV Azteca, por la cantidad de 5 millones 750 mil pesos, y Tele Rey-MVS, por 575 mil pesos.

Según los auditores los pagos están soportados con las facturas AA10217, de TV Azteca, y 2693, de Tele Rey-MVS. El análisis de estas facturas comprobó que los servicios de producción, edición y trasmisión del IV informe presidencial afectaron el presupuesto de la Segob —por la cantidad de 6 millones 325 mil pesos bajo el esquema de “dación en pago”— debido a que la cobertura nacional en medios masivos de televisión privada debe considerarse como un servicio a título gratuito.

En términos de las disposiciones legales sobre licitaciones públicas que obligan al Estado a contratar los servicios con las mejores condiciones, los auditores consideran que no se justificó el pago a TV Azteca y a Tele Rey-MVS, pues por norma todo esto se debe licitar o en su caso adjudicar en forma directa.

Con estas evidencias en la mano, el contralor Barrio ha preferido guardar silencio, quizás ante la proximidad del calendario electoral.

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Asunto muerto
Entrevistado sobre el particular, Gamboa Patron asegura que se trata de un asunto muerto desde hace ocho meses en que tanto la Secretaría de Gobernacion como la Contraloria determinaron que no habia pruebas suficientemente fundamentadas y motivandas.

Tiene alguna resolucion official que demuestre lo que nos dice
Por supuesto, eso es un asunto viejo del cual no tengo mas que agregar.
No debe ni teme nada
No tengo nada de que temer. Mi vida es publica y transparente.

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