De instrumento ejecutor contra los priistas indisciplinados del antiguo régimen, el juicio político en México se convirtió en arma de defensa y ataque entre los diferentes partidos políticos, sin importar que es un instrumento ciudadano para destituir a los funcionarios irresponsables.

A partir de 1997, fecha en que el PRI pierde el control del Congreso, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados reporta que las demandas de juicio político se han incrementado casi al cien por ciento. La cifra ha aumentado desde que Vicente fox llegó a la Presidencia. Los 86 juicios políticos que se han presentado en los últimos 27 meses, desechados en su mayoría por carecer de elementos, dan cuenta de la intensa batalla que han sostenido los partidos para someter a sus rivales.

Entre los funcionarios de alto nivel del Estado demandados de 1999 a la fecha sobresalen los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (5); Santiago Creel, secretario de Gobernación (3); José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda (3); Arsenio Farell, excontralor federal (3); Genaro Góngora, expresidente de la Suprema Corte (2); Francisco Barnés, exrector de la UNAM (2); Roberto Madrazo, líder nacional del PRI (1); Porfirio Muñoz Ledo, embajador plenipotenciario ante la Unión Europea (1); Andrés Manuel López Obrador, jefe del gobierno capitalino (1); Patricio Chirinos, exgobernador de Veracruz (1); Ernesto Zedillo, expresidente mexicano (1); Herminio Blanco, exsecretario de Comercio (1); Jorge Madrazo, exprocurador (1), y Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes (1).

Santiago Creel, 3 denucnias

También han sido demandados los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal (1); ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1); José Woldenberg; titular del IFE (1); el diputado priista Óscar Levín Coppel (1); Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública (1); Diódoro Carrasco Altamirano, exsecretario de Gobernación (1), y Rosario Robles, líder nacional del PRD (1). Sin embargo todos estos casos no han procedido, lo que pone en entredicho la funcionalidad del mismo.

La integración del juicio político a la Constitución en 1982 tuvo un destinatario: el exsenador Jorge Díaz Serrano, a quien en 1983 el presidente Miguel de la Madrid y la mayoría priista en el Congreso de la Unión desaforaron para procesarlo por corrupción durante su gestión como director de Pemex. Desde entonces ningún otro juicio político ha prosperado, a pesar de que a la Cámara han llegado centenares de demandas contra funcionarios y exfuncionarios.

Los negativos efectos de esta medida de persecución política están siendo revisados a fondo por los legisladores federales a propósito de los procesos de desafuero contra el diputado priista Carlos Romero Deschams y del senador Ricardo Aldana, acusados de desviar más de 2 millones de pesos para la campaña electoral del derrotado candidato priista Francisco Labastida Ochoa.

Son precisamente los priistas en la Cámara de Diputados —ahora que ya no son gobierno y sus integrantes son blanco de ataques políticos— los más interesados en impulsar una amplia reforma para regular el procedimiento del juicio político y poner freno a la discrecionalidad con que se utiliza esta herramienta jurídica.

El diputado priista Salvador Rocha Díaz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación afirma que el proceso legislativo contra sus correligionarios por el escándalo del Pemexgate es una acción de carácter político y no una investigación de un delito.

“Lo vimos cuando en Chiapas el presidente dijo que si no le habían dado permiso de salir venía lo de Pemex. Es una venganza y la sociedad cada vez lo ve más claro. Las cosas se están resolviendo en cuestión de mayorías y no en función de razones. Sin ninguna responsabilidad se decidió que la Sección Instructora se integrara con dos diputados del PAN, dos del PRD y uno del PRI con el fin de asegurar la mayoría”, apunta.

Roberto Madrazo, 1 denuncia

En este momento –señala— es muy difícil que el Congreso pueda legislar para evitar que el presidente maneje a las instituciones a su antojo “pues es evidente que hay una alianza entre el PAN y el PRD con la intención de desprestigiar al PRI”, y no cree que se vaya a votar nada que limite las atribuciones presidenciales o la actuación ilegal de la PGR.

Es obvio —dice Rocha Díaz— que la idea de dar a la luz el asunto del Pemexgate es mantener el tema presente en los medios de comunicación hasta que pase el periodo electoral. Pero –agrega— les va a salir contraproducente en la medida en que la población no va a votar por el PAN y así “lo veremos en las elecciones locales, pues está perdiendo presencia porque el gobierno de Fox es un gobierno inepto, pues por una parte quiere llegar a acuerdos y por otra está tratando de desprestigiar a la única fuerza política con la que podría lograrlos”.

En este sentido el diputado Rocha Díaz reconoce que el juicio político fue creado como un instrumento para guardar orden y disciplina dentro del propio partido. “Nunca se usó hacia ninguno de la oposición por razones políticas. Ahora que estamos en un México distinto y plural se ha convertido en una herramienta perversa, es decir, las asociaciones pueden destituir a otros. Lo único que trae esta norma es propiciar acuerdos perversos”.

“Hay que darle un marco jurídico a la idea de que el Congreso sea un órgano jurisdiccional que obligue a que el propio Congreso se ajuste a la legalidad en lugar de que lo defina mayoritariamente”, reconoce.

En respuesta, el diputado Sergio Vaca Betancourt del Partido Acción Nacional (PAN) asegura que es totalmente falso que se esté dando una concertacesión con el PRI para acallar las mutuas acusaciones de fraude electoral. “En todo caso aunque Deschamps y Aldana perdieran el fuero no significaría necesariamente que ya estén con un pie en la cárcel, pues en ambos casos las cámaras no juzgan“, revira.

Por lo pronto, en el Congreso de la Unión esperan turno tres iniciativas para reglamentar el juicio político y la declaración de procedencia. Estas iniciativas presentadas desde 2000 por las bancadas del PRI, PAN y PRD no han sido tomadas en cuenta por la Cámara de Senadores y es muy difícil que puedan salir adelante en la actual legislatura.

José Ángel Gurria

Algo común en las iniciativas es que las tres fracciones parlamentarias están de acuerdo en la necesidad de hacer una verdadera reforma integral del Estado en que la reglamentación del juicio político sea una prioridad. Otra coincidencia se da en la propuesta de simplificar este proceso para hacerlo más ágil y que la normatividad sea clara para no caer en interpretaciones subjetivas de la ley.

Además las fracciones se pronuncian por imponer sanciones ejemplares a los funcionarios irresponsables y por revisar a fondo la figura del fuero constitucional, que se ha desvirtuado a tal grado que ha permitido la impunidad. Una propuesta realmente innovadora es que el Congreso ceda su función de juez al Poder Judicial de la Federación para que sea éste, sin carga política, el que determine la responsabilidad de funcionarios sometidos a juicio político.

El diputado perredista, Arturo Herviz, presidente de la Comisión Jurisdiccional, opina que el juicio político debe ser un procedimiento tan ágil que cualquier ciudadano pueda presentarlo con la certeza de que se hará justicia en caso de que hubiera elementos suficientes para sancionar a un funcionario.

Por su parte, el panista Sergio Vaca Betancourt se inclina por acotar el fuero constitucional para que no triunfe la impunidad. “Lo que pide el pueblo es que si un funcionario es corrupto se vaya a la cárcel, pero para eso se requiere otra mentalidad de todos los partidos”, señala.

Ley ambigua
En opinión de legisladores y especialistas se trata de un recurso eminentemente político que no busca la justicia ni castigar con vistas a enmendar, además de que su manejo está a merced de venganzas entre miembros de grupos antagónicos. Es un arma de persecución contra los opositores al régimen.

“El juicio político no es imparcial ni está exento de prejuicios. No busca la verdad; no siempre castigará al culpable y absolverá al inocente. Es ante todo un instrumento de poder; tiende a hacer llevaderas las relaciones de sometimiento y obediencia. Responde a una moral: la del dominio”, afirma el constitucionalista Elizur Arteaga.

“En el régimen priista —completa— el juicio político se activaba cada que entraba en riesgo la clase política y se optaba por sacrificar a uno de sus miembros. Desde entonces es la amputación llevada al campo de las relaciones de poder.”

El juicio político no es de los ciudadanos sino un juicio que llevan a cabo un grupo de políticos, evalúa por su parte Clemente Valdés, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAM, de la Escuela Libre de Derecho y autor del libro El juicio político, la impunidad, los encubrimientos y otras formas de opresión.

“Así cualquier partido, cualquier alianza de partidos o cualquier persona que controle la mayoría suficiente en las Cámaras puede eliminar del panorama político a los opositores a quienes considere enemigos”, expone el investigador. En referencia al único juicio que ha prosperado, el del exsenador Díaz Serrano, Clemente Valdés recuerda que el presidente De la Madrid tenía la mayoría de empleados en la Cámara de Diputados y al ministerio público a su servicio.

Las contradicciones
A decir de especialistas y legisladores la normatividad del juicio político y la declaración de procedencia es muy poco clara, pues contiene lagunas, incoherencias y contradicciones que hacen muy difícil su interpretación.

En conferencia de prensa en junio pasado el senador panista Juan José Rodríguez Prats comentó que debido a la deformación del lenguaje existe un gran debate sobre el juicio político y que la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos (LFRSP) es tremendamente confusa y ambigua, porque parece estar hecha para aplicar y hundir o aplicar y absolver de toda culpa.

Reconoció que el juicio político sí se ha ejercido en México, “pero vía la fracción VI del Artículo 76, o sea cuando el Senado declara desaparecidos los poderes”. Y citó ejemplos en prácticamente toda la república: Soto Maimenes, en Chihuahua; Tomás Marentes, en Yucatán; Bartlett Bautista, en Tabasco; Gómez Maganda, en Guerreo, que fueron desconocidos, y perdieron su credibilidad de funcionarios. “Esto es lo que remite el juicio político, repito son valores políticos”, declaró.

Por su parte el catedrático Clemente Valdés argumenta que lo discutible es que las normas establecidas en la LFRSP obligan a los diputados y senadores —que son quienes votan la destitución del funcionario— a que no vayan contra el texto constitucional, “pero resulta que la Constitución no dice mucho sobre el procedimiento, de tal manera que pueden pasar por encima del procedimiento puesto que la Constitución lo único que exige es la votación de las mayorías que ahí se señalan”.

Valdés observa que en el caso de la declaración de procedencia podría llegarse a contradicciones terribles: “Si se ve a la declaración de procedencia penal como un juicio completo, sucedería que la resolución dictada en la declaración de procedencia obligaría al juez a dictar una determinación en el mismo sentido o el juez podría no tomarla en cuenta, pero si no la toma en cuenta la Cámara de Diputados quedaría en ridículo” .

Dice que de no legislarse en la materia las resoluciones que dicten las cámaras de Diputados y Senadores seguirán respondiendo al voto de mayoría o a la cantidad de amigos y enemigos que tenga un funcionario. “Lo importante —puntualiza Clemente Valdés— es contar con un Ministerio Público independiente, con jueces honestos para determinar la culpabilidad de un alto funcionario. Si contamos con eso no necesitamos tapaderas: con una población vigilante para denunciarlos y exigir que cumplan con su función”.

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