Organizaciones contra el racismo:

Coalición española contra el racismo
Observatorio permanente de la inmigración
Amnisitía internacional España.
Racismo e Interculturalidad

Madrid, España.— “En España hemos sido racistas desde hace 500 años. Aquí con los gitanos y en América con los indios y negros”, admite el doctor Tomás Calvo Buezas. Y recuerda crímenes racistas que se han cometido en España, como el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez en 1992, el de un ecuatoriano y de algunos marroquíes en el pasado reciente. “Aquí sí hay racistas militantes y xenófobos”.

Buezas evoca que durante la Guerra Civil emigraron a América Latina medio millón de españoles, principalmente a México y a Chile, y que en el periodo comprendido entre 1850 y 1950 unos 5 millones de españoles se asentaron entre el río Bravo y la Patagonia en su huida de la confrontación fratricida.

Por ello “tenemos una deuda con América, además de lo que significó para España la colonización. Sin embargo, muchos en España padecen amnesia histórica, incluidos los gobernantes, pues siempre hemos sido inmigrantes, hemos sido pobres y hecho los trabajos que otros no querían”.

“Ahora nos toca como país desarrollado acoger —no siempre con hospitalidad— a poblaciones de otros continentes”. Por esa “razón histórica”, el luchador contra el racismo ante Europa se inclina por políticas de gobierno que respalden a los latinoamericanos, sin desfavorecer la migración de colectivos como los marroquíes o negros africanos hacia su país.

Fortaleza Europa
Tomás Calvo Buezas explica que en la actualidad “hay un control y un miedo excesivo a los inmigrantes, porque se ven más los riesgos negativos que puede tener la inmigración que la posibilidad de enriquecimiento mutuo” no sólo en los 15 países que integran la Unión Europea sino en todo el Viejo Continente.

Esto no sucede únicamente en España “sino en toda Europa y en los países ricos de tradición migratoria, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, que mantienen una doble política: una abierta, que permite regularizaciones eventuales porque necesitan de mano de obra barata para desarrollar sus economías; y otra de severo control, para expulsar a todo aquel inmigrante que cometa cualquier tipo de ilícitos”.

Esta vigilancia extrema se hizo más evidente después del 11 de septiembre y en especial con quienes proceden de sociedades islámicas. Si bien “el control de las fronteras es un derecho legítimo de los Estados, pero anterior a ese derecho está el de las personas a emigrar en busca de oportunidades en otros países”, comenta el defensor de la migración abierta.

Empleos repudiados
El especialista aporta cifras sobre los empleos que desprecian los españoles y en los que se ubican los migrantes: “generalmente 80% de los inmigrantes realiza trabajos que los españoles y las españolas no quieren, ya sea por las condiciones y/o por los salarios y/o sueldos. Un 30% se concentra en la agricultura y ganadería, 20% en el servicio doméstico y atención a ancianos y niños, 15% en construcción, 10% en hotelería y el resto en profesiones variadas”.

En relación con Europa la inmigración en España ha subido de 1.7 % al 4% en los últimos cinco o seis años, y es similar a la de Italia y Portugal, aunque está todavía por debajo de la de Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza y Austria, que tienen alrededor de 9 ciento. Calvo Buezas comenta que “por lancha sólo llega a España 10% de los inmigrantes, 85% lo hace por avión –personas que entran al país como turistas y luego se quedan— y el 5% restante por carretera”.

Las zonas de las que proceden los extranjeros en situación migratoria irregular (unos 200 mil) son en su mayoría el norte de África (Marruecos y Argelia), África subsahariana (Senegal, Gambia y Nigeria), países latinoamericanos (Colombia, Ecuador y República Dominicana), Europa del Este (Rumania, Ucrania y Polonia) y Asia (China y Filipinas).

La inmigración a España ha subido en los últomos 5 años.

Madrid, Barcelona, el litoral mediterráneo y los dos archipiélagos canario y balear son las regiones en las que se concentra el mayor número de residentes extranjeros. En Madrid vive 19.83 por ciento del total de extranjeros (158 mil 885), mientras que en Barcelona lo hace el 16.12% (129 mil 199). El 78% de la inmigración se concentra en cinco comunidades autónomas y el 22% en las otras 12 comunidades.

Sin embargo, según Calvo Buezas, la inmigración mexicana es mínima : “unos 4 mil y todos legales. Creo que casi no hay indocumentados mexicanos. En este caso es una inmigración selecta, que viene ya con trabajo”.

Más control
El gobierno derechista del Partido Popular (PP) instrumentó el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España, con el que dispone de un sistema de búsqueda y recepción de información.

Consta de datos primarios (información obtenida directamente de entrevistas, encuestas e informes de servicios sociales municipales y autónomos, de embajadas y consulados, así como de diferentes organizaciones y asociaciones) y secundarios (fuentes estadísticas oficiales, estudios sectoriales, análisis o documentos sobre países de procedencia).

También se apoya con el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, que a través de sensores, radares y aparatos ópticos, centros de mando y equipos de comunicaciones monitorean el ingreso de extranjeros en las fronteras terrestres y marítimas españolas.

A la par se realizan campañas informativas en los países de origen y tránsito de inmigración irregular para advertir de los riesgos de explotación y daños físicos que implica una red de tráfico humano y la dificultad de integrarse en el país de destino cuando se ingresa de forma irregular.

Requisitos extremos
Las más recientes reglas de control migratorio en España, impuestas por el Ministerio del Interior, establecen: “Podrá autorizarse la entrada a España a los extranjeros cuando se encuentren provistos de la documentación necesaria y válida, de medios económicos suficientes y un visado si estuviesen sometidos a tal exigencia”.

Además, exigen documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista, que los visitantes “no estén sujetos a prohibiciones de entrada ni supongan un peligro para el orden público, para la seguridad interior o exterior del Estado, o para la salud pública”.

En febrero próximo la Comisión Consultiva del Consejo de Europa —integrado por los miembros de la Unión Europa y otros 30 más del Viejo Continente— publicará su informe, como cada cuatro años, sobre el estado de racismo en cada una de estas naciones.

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