Desactivar y retirar las minas en Colombia costará 45 millones de dólares y se llevará por lo menos 10 años, asegura Tomás González, subdirector de Planeación Nacional del foro Colombia Camina sin Tropiezos —organizado en Bogotá en noviembre pasado—, durante el cual se dieron a conocer los programas de educación y prevención del gobierno para el desminado y las políticas de atención a las víctimas de quiebrapatas, como se les conoce a las minas antipersonales en aquel país.

Por encima de Nicaragua y El Salvador, Colombia es el país con mayor número de campos minados sin control en todo el continente y ahora inicia la costosa tarea de recuperar para millones de campesinos y labriegos el derecho a caminar con seguridad.

Los centros minados más grandes se encuentran en departamentos como Santander, Antioquia, Guaviare, Amazonas, Magdalena y Arauca, pero la población de San Vicente de Chucurí en el Magdalena Medio es la más conocida por sus historias de mutilados.

De los mil 97 municipios del país, localizados en 22 de los 31 departamentos, 140 fueron escenario de accidentes con artefactos explosivos en los diez primeros meses del 2001. Estas cifras aumentarán si no se moviliza a la sociedad civil con información adecuada y se introducen medidas para atender integralmente a las víctimas.

Colombia, Estado firmante de la Convención de Ottawa, deberá garantizar la destrucción de todas las minas antipersonales en su territorio para cumplir con la Ley 554 del 14 de enero del 2000, que entró en vigor en marzo del año pasado. Se sabe que en su mayoría los lesionados en estos incidentes tienen que viajar varios días en busca de atención médica y apenas la cuarta parte llega a hospitales apropiados en las seis horas siguientes.

Serranía de los cobardes
Nadie sabe en el pueblo por qué las montañas que rodean a San Vicente de Chucurí llevan ese nombre: “serranía de los cobardesî, aunque las innumerables minas antipersonales plantadas por los guerrilleros del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) en los cultivos de cacao a principios de los noventa inducen al visitante a deducir una teoría al respecto.

Hoy los chucureños sobrellevan la vida con tranquilidad luego de haber sido el pueblo más temido de Santander por sus masacres, complots revolucionarios y crímenes de guerra. Ahí ronda el fantasma de la vereda de Llanacaliente, donde murieron más de 100 campesinos a manos de un pelotón del ejército que perdió el control tras el asesinato de su coronel: Rogelio Correa Campos, a orillas del río Oponcito, el 29 de mayo de 1987.

Fue la época en que se fundó el Batallón Luciano D‘huller, para recuperar la zona dominada por la guerrilla. En respuesta, el frente “Capitán Parmenio” del ELN determinó una estrategia: minar el terreno por donde sospechaba que los militares iban a patrullar. Poco a poco, desde las veredas, comenzaron a llegar al pueblo grupos de campesinos aterrorizados que llevaban a jornaleros y niños mutilados en estado de coma profundo a causadel dolor infligido por las minas.

El médico Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación Colombiana para el Dolor, refiere que en muchos casos los pacientes que han perdido algún miembro en estos accidentes siguen sintiendo dolor en la parte del cuerpo que perdieron, afectados ya por el “síndrome del miembro fantasma”, de tal manera que es muy difícil controlarlo y muchas de estas personas se vuelven dependientes de la morfina. Esto se debe a que la representación de esta parte del cuerpo persiste en el cerebro y éste le otorga nuevas funciones al área responsable de la misma. Un síndrome que en Colombia avanza casi a la par que el número de víctimas de minas antipersonales.

Fundación CIREC
El Centro de Investigación y Rehabilitación de Colombia (Cirec) es la fundación que más apoyo y rehabilitación ofrece a las víctimas de minas antipersonales de San Vicente de Chucurí, El Carmen y los demás sitios de riesgo y campos minados en Colombia. La doctora Perry de Saravia, presidenta del centro, comenta que los esfuerzos del plan “Semillas de Esperanza” están enfocados a los líderes comunales, para la implementación de estrategias de ayuda y rehabilitación de víctimas.

Narra la que califica de difícil experiencia en su trabajo con los niños de zonas minadas: “Algunos suelen esconderse en sus fincas y no vuelven a tener contacto con los pueblos más cercanos y muchas de las familias no pueden asimilar tan fácil el proceso de rehabilitación y de aceptación del discapacitado”.

Sin embargo, el Cirec ha tenido éxitos en San Vicente, pese a todos los obstáculos. Libardo Dulcey es un jornalero de 35 años de la finca La Esperanza. Sube y baja unas 40 veces al día una cuesta de casi 200 metros cargando naranjas en una recua de mulas. Pero desde hace nueve años Libardo sólo tiene una pierna por causa de una mina. Hoy trabaja como cualquier otro jornalero hasta el final de la tarde por cinco mil pesos el día (dos dólares).

Otro caso es Mónica, una niña de 10 años que llegó al centro con su hermano de 12 desde el municipio La Vega, entre las montañas del Cauca. Hace tres meses encontraron en su finca un artefacto de unos veinte centímetros semejante a un cohete espacial por sus aletas y que resultó ser una granada de fusil abandonada por el Ejército luego de un combate con la guerrilla.

Los niños llevaron el nuevo juguete a su casa y éste explotó durante una maniobra infantil. En el percance Mónica y su hermano perdieron una pierna, la madre de los niños se quedó sin talones y otros vecinos que se reunían en la casa resultaron gravemente heridos. El Cirec hace una labor de búsqueda de pacientes en las regiones más apartadas de la zona para reintegrarlos a la sociedad, para lo cual echa mano de prótesis con tecnología láser, asesorías psicológicas y terapias ocupacionales.

El Grupo Marte
Pedro Ignacio Peralta, campesino de 57 años, se disponía a sembrar las 25 hectáreas de su finca —en el corregimiento Arrayanes, en Santa Rosa del Sur— con nuevas plantas de yuca, frijol y maíz.

Un mes antes sus predios eran parte de las 9 mil 600 hectáreas de tierra con cultivos lícitos que aún hay en el sur de Bolívar. Mientras Peralta y su familia alistaban las semillas, guerrilleros de las FARC rondaban centímetro a centímetro la finca para sembrar en las noches minas antipersonales.

El campesino descubrió las minas una madrugada, según cuenta un corresponsal del periódico El Tiempo, cuando con machete en mano segaba la hierba de los surcos, cuyos alrededores se disputan guerrilleros del frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, del ELN, de las FARC y los Power Rangers, como se conoce en la zona a los paramilitares.

Los Peralta no son las únicas víctimas de esos “sembradores de muerte”. Según cifras del Ejército y alcaldías de la zona, ahora, en reemplazo de la yuca y del maíz, hay plantadas unas 10 mil minas antipersonales.

El “Grupo Marte” —entrenado por asesores estadounidenses y británicos— conforma la Unidad de Antiexplosivos del Ejército o Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos que entrena soldados en el mismo oficio. Este año desactivó 250 minas en Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa, Simití, Morales, Arenal y Río Viejo.

Algunos de sus miembros caminan como si tuvieran ojos en los pies y otros llevan amuletos en los bolsillos del uniforme camuflado. Unos 135 soldados y agentes de la policía han muerto desactivando minas o al pisarlas.

Desde que los paramilitares ingresaron a las regiones dominadas por la guerrilla se multiplicaron las minas, al punto que hoy hay 250 zonas totalmente vedadas para la agricultura y la ganadería en el país.

Los guerrilleros que colocan las minas pertenecen a los llamados “Talleres de Armamento Popular” y no sólo siembran explosivos sino también muerte, paranoia, confusión y miedo.

Testimonios de vecinos de la región de San Pablo, al sur de Bolívar, señalan que el ELN ya no respeta los cultivos de frijol, café, cacao, maíz, lulo y yuca, que tradicionalmente han abastecido mercados de Bolívar, Santander, Cesar y Bogotá.

El Ejército asegura que el ELN coloca minas para proteger sus campamentos ubicados en la parte alta de la serranía de San Lucas, donde los guerrilleros controlan unas 150 mil hectáreas de selva, parte de la siembra y comercialización de la hoja de coca. La especialidad de los guerrilleros son las minas, trampas cazabobos, rampas de lanzamiento y municiones modificadas.

Pese al peligro inminente los labriegos han tratado de familiarizarse con los explosivos, como explica Delmar Burgos, alcalde de Santa Rosa: “Frente a la ilusión de seguir trabajando sus tierras, los campesinos conviven con las minas, las ubican y les hacen un cerco como si se tratara de una huerta, para evitar que alguien caiga, y siguen trabajando el resto de la finca”.

Crónica hospitalaria
Al Hospital Militar Central de Bogotá llegan de todo el país soldados que pisaron minas y han perdido alguna extremidad al cuidar torres de energía, oleoductos o en incursiones.

Luego de varios meses de terapias de rehabilitación psicológica y física se recuperan parcialmente. Todos los martes en la mañana el helipuerto del hospital se convierte en campo de futbol por los pacientes más antiguos: son 23 y a todos les falta una pierna. Ayudados por sus muletas se impulsan hábilmente y pelean por el balón.

El partido sólo se interrumpe por los helicópteros que llegan de emergencia. Alberto García es un soldado voluntario que fue enviado en 1999 al frente de una patrulla móvil en la región de Apartadó, al norte de Colombia, donde pisó una mina que lo hizo volar.

Alberto García, festeja tras anotar un gol.

Ese día sus compañeros de pelotón lo socorrieron dos horas más tarde, luego de inspeccionar la zona para no activar otras cargas. Alberto supera su discapacidad y juega en el equipo “Los mochos” del hospital donde cada martes cierra la mañana con gritos de gol.

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