Para Juan Carlos Tamayo Pino, procurador fiscal de la Federación, el incremento de la evasión fiscal en México y de otros delitos que afectan al erario federal están vinculados con la impunidad y los órganos de impartición de justicia, por lo que anunció que la Secretaría de Hacienda apretará su labor fiscalizadora, sin caer en el “terrorismo fiscal”.

En entrevista, el funcionario se niega a llamar por su nombre a los grandes evasores del fisco, pero advierte que las autoridades han identificado otras fuentes de evasión.

Se trata, dice, de algunas organizaciones no gubernamentales —las llamadas ONG’s— y asociaciones filantrópicas, que están en la mira de la Secretaría de Hacienda para su auditoría.

“La defraudación fiscal durante años ha originado debates muy importantes al gobierno federal y obviamente en materia de recaudación, porque están muy vinculados con aspectos de impunidad que han prevalecido en el país.”

Según el procurador fiscal durante el sexenio pasado algunos de los casos más sonados de evasión y defraudación fiscal —como el del exbanquero Carlos Cabal Peniche— estuvieron relacionados tanto con la fijación de las cauciones como con los requerimientos en los plazos para la atención de algunas querellas.

Por ello ahora, y como una forma de evitar la evasión fiscal, la Secretaría de Hacienda aplica multas y recargos superiores a 23%, nivel sumamente gravoso. La misma política de tasas altas pide que este criterio se aplique en materia de cauciones en contra de los defraudadores del fisco.

Los recargos, asegura el procurador fiscal, compensarán parte de lo defraudado cuando los sujetos se administren o financien a costa del erario público. “No están invirtiendo en la bolsa, están defraudando a la sociedad y están atentando contra los programas sociales.”

Juan Carlos Tamayo Pino justifica estas acciones contra la impunidad, cuyos resultados por cierto no han dejado satisfecho a nadie, o a casi nadie, salvo, claro, a las autoridades: “Más que presentar en este momento alguna reconsideración de cómo actuamos las autoridades relacionadas con la impartición de la justicia, tendríamos que volver a revisar las instituciones que tenemos y volver a redefinir qué es lo que queremos hacer con ellas para poder darle un mejor cauce a estos temas”.

Tamayo Pino asumió hace un año la titularidad de la Procuraduría Fiscal de la Federación, cargo en el que sustituyó al controversial abogado Gabriel Reyes Orona, quien afirmó que ya tenía identificados a más de 300 “peces gordos” —evasores fiscales— que pronto pisarían la cárcel. Pero eso sólo quedó en su mente y en sus declaraciones.

Más prudente que su antecesor, Juan Carlos Tamayo Pino sólo ilustra con cifras los resultados de las acciones de la institución durante el periodo que le ha correspondido trabajar al frente de la misma.

En casos de lavado dinero, delito que va aparejado, o al menos puede investigarse paralelamente, el funcionario indica que se tienen 47 asuntos que representan mil 700 millones de pesos, cifra que equivale casi al volumen de las 26 querellas que en materia de defraudación fiscal resultaron favorables al fisco en este año y que son del orden los mil 400 millones de pesos.

Para el 2003 se tienen por ejecutar 152 órdenes en materia de evasión, algunas de las cuales —alrededor de 20— corresponden a personas que están fuera del país, los llamados “extraditables”.

A este respecto se habla de 6 mil 708 millones de pesos. Juan Carlos Tamayo asume el compromiso de presentar los resultados y avances sobre estos casos al término del primer semestre: “Muy probablemente voy a tener que decir que de los 20 señores hoy hemos avanzado todo este trámite”.

El procurador hace referencia a que los gastos para perseguir y castigar a los evasores fiscales se han incrementado de manera exponencial. “Sin embargo, si evaluamos los costos que genera al gobierno federal es por demás rentable hacerlo, porque estamos hablando de lo que puede ganar la sociedad”.

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