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Yenise Tinoco
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas no tiene delitos que perseguir ni sujetos que proteger. El Estado mexicano incumple su obligación internacional de prevenir, investigar y sancionar toda violación a la libertad de expresión, revela informe de la organización Artículo 19.
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Nancy Flores
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid, Guillermo Ortiz y Pedro Aspe figuran entre los exfuncionarios que habrían autorizado a Pemex constituir y operar siete empresas privadas en México y en el extranjero, cinco de ellas en paraísos fiscales. Petróleos Mexicanos admite que otras 30 inversiones, por más de 50 mil millones de pesos, carecen de “autorizaciones expresas”.
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Érika Ramírez
La familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al PAN en 2005 –la cuarta parte del total de aportaciones de particulares al partido en ese año–, se ven beneficiadas con un contrato de financiamiento multianual superior a los 4 mil millones de pesos. Son los primeros favorecidos del nuevo esquema de privatización del sistema de salud pública conocido como Proyectos de Prestación de Servicios. El otro grupo empresarial privilegiado es Acciona, trasnacional española vinculada al Partido Popular.
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Alba Martínez
La Cofetel da cuenta de más de 100 estaciones de radio “aseguradas” –tres en 2009– y advierte más “visitas de cortesía” a emisoras sin permiso como parte de la estrategia calderonista de “imponer el orden”. Radio Ñomndaa decidió pugnar “por la autonomía y el reconocimiento pleno de los derechos indígenas”, por lo que rechazó el permiso legal que el órgano regulador le ofreció.
Oficio de papel
Miguel Badillo
Defensor del Periodista
El bozal del tercer secretario de Gobernación
Álvaro Cepeda Neri
Contrapoder
Bicentenario, ¿prólogo para otra revolución?
Álvaro Cepeda Neri
Opinión
Marcos Chavez
Gustavo Robreño Díaz
Las preocupaciones de Calderón
Jorge Meléndez Preciado
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Érika Ramírez
El 16 de febrero pasado, los hermanos Cerezo Contreras cumplieron una sentencia de más de siete años de prisión en penales de máxima seguridad y en el Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, Morelos. Los jóvenes universitarios, acusados de “terrorismo” por las autoridades mexicanas en un proceso plagado de irregularidades, relatan las torturas y vejaciones a las que fueron sometidos en penales destinados a capos y sicarios del narcotráfico y secuestradores.
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