1a quincena mayo 2008

Empleo precario, migración y desempleo: la oferta laboral calderonista

En México, más de 90 millones de niños, adultos y ancianos se ven obligados a laborar por cuenta propia y 3 millones trabajan sin recibir remuneración alguna, según datos de la UNAM. Cada año, 550 mil personas abandonan el país en busca de sustento. En la mayoría de ellas, el Estado mexicano invirtió más de 10 años de educación. Apenas 16 millones de trabajadores cuentan con salario y prestaciones que marca la ley, luego de 17 meses de gobierno de quien prometió ser el “presidente del empleo”

Paulina Monroy

 

Su contrato es sólo de palabra y estará vigente hasta que el patrón decida. Grupo Indi –empresa holding que agrupa a otras dedicadas a servicios de ingeniería y construcción–, los contrató para erigir la nueva sede del Senado en el predio de Paseo de la Reforma. Se prevé que la obra dure tres años, tiempo en el cual su sueldo crecerá conforme “suban peldaños”, les aseguró la compañía.


La obra tendrá un costo de casi 1 mil 700 millones de pesos; mientras, los trabajadores ganan hasta 1 mil 500 pesos semanales. El salario menor corresponde a las trabajadoras, quienes ganan 1 mil 200 pesos, 300 menos que los ayudantes generales por las mismas tareas. En jornadas de ocho a ocho, de lunes a sábado, las 11 mujeres que trabajan en esa construcción deben recoger escombro y varilla de hasta una pulgada de grosor y nueve kilogramos.


Aunque cuentan con equipo de seguridad y atención médica, están expuestas a accidentes y sólo dos tienen seguro social, porque lo han exigido. Obedeciendo al ánimo del superior, pueden no gozar del pago de horas extra.
“De no caerle bien” a su superior o velar por la seguridad de otros compañeros, los trabajadores son despedidos. La paramédico, quien exigía que se atendiera mejor a los empleados, fue echada inmediatamente. Si expresan su descontento, dicen, pueden ser liquidados con un finiquito de tres días de salario.


Madre soltera, la joven es el soporte de su madre y su hija. Un embarazo de alto riesgo la dejó imposibilitada para seguir como costurera en una empresa. Con estudios de secundaria, el sueldo que percibe es insuficiente: una despensa básica; el transporte, y la leche y los pañales para su hija le cuestan 1 mil 230 pesos a la semana.


Antes planeaba permanecer hasta la conclusión de la obra; sin embargo, “en una empresa que no comparte las utilidades y no responde, no sé cuánto tiempo más duré, pero no serán los tres años”.
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) define como trabajo decente a la actividad productiva con remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad para que los individuos se organicen y participen en la toma de decisiones e igualdad.


No obstante, en México cada vez son más los trabajadores obligados a emplearse informalmente o subemplearse, poniendo en riesgo su seguridad, salud y educación.


Los especialistas observan una precarización en el empleo. Para los 45 millones 621 mil 687 trabajadores, que conforman la población económicamente activa (PEA), sólo se ofrecen trabajos mal remunerados y violatorios de los derechos laborales. Además, advierten que la intención del gobierno federal es favorecer al capital por encima del asalariado.


“En la concepción capitalista –anota Gerardo González Chávez, del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México– la fuerza de trabajo es también una mercancía”. En ese sentido, el investigador adscrito a la Unidad de Economía de Trabajo y Tecnología advierte que el deterioro en el mercado laboral va en detrimento de conquistas laborales y la inexistencia de prestaciones sociales.


La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presume que en 2007 se crearon 800 mil empleos, en tanto que la tasa de desempleo en México es menor a la de otros países más desarrollados. No obstante, González Chávez señala que el 60 por ciento de esos empleos son temporales, no cumplen con la definición de la OIT sobre trabajo decente e implican subcontratación, informalidad y no remuneración.


Escenario precario
Para la OIT por cada punto porcentual del crecimiento en la economía, se deben generar 150 mil empleos. González Chávez expone que en 2006 se generaron 750 mil empleos con una tasa de crecimiento mayor a la de 2007; por lo que son cuestionables los datos de la STPS. El indicador de la dependencia se basa en el número de nuevos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, incluye a quienes fueron regularizados.


De enero a la fecha se han generado 150 mil empleos. No obstante, la perspectiva de crecimiento económico de sólo 2.8 por ciento podría inhibir su creación. La expectativa del gobierno federal es de 650 mil este año.
Aunque según la STPS la tasa de desempleo se redujo a 3.8 por ciento –por debajo de la de Estados Unidos, que se ubica en 5 por ciento– el especialista advierte que en 2000 se contaban 1 millón 3 mil desempleados, y para 2007 había 1 millón 616 mil personas desocupadas. Señala también que la tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) es mayor que la de la STPS.


Para Pedro Reyes Linares, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), en México es imposible que una persona no haga ningún tipo de actividad productiva, y no significa que trabaje contratado. A ello le atribuye que haya un porcentaje de desempleo muy bajo. Observa que a la tasa de desocupación habría que sumar la población que se considera inactiva y está disponible para trabajar, y el número aumentará a 7 millones de personas, es decir, el 9 por ciento de la población mayor de 14 años.
Además, añade que hay 1 millón 520 mil personas que tienen experiencia previa y han sido desplazados de sus puestos, sin poder recuperarlos: “Se están perdiendo empleos estables que no se recuperan y hay una creación insuficiente de empleos”.


González Chávez lamenta que buena parte de la mano calificada está desempleada. Describe que el promedio de educación de los emigrantes es de 10 años y que de cada 20 emigrantes, uno es médico. Además, en su último reporte, el sitio web Mi Salario arrojó que el 70 por ciento de los encuestados que se decían licenciados, con grado de maestría y doctorado tenían salarios que iban de 6 mil a 7 mil pesos.


Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2007 la PEA totalizaba 45 millones 621 mil 685, de 106 millones de habitantes. Anota que la perspectiva es que a la PEA se incorporen, para los siguientes cinco años, 1 millón 140 mil personas anualmente. Mas –indica– sólo el 30 por ciento de la población en edad de trabajar tienen un empleo formal. Entre 2000 y 2006, los asalariados en este rubro fueron 1 millón 143 mil 370.


La STPS declaraba en 2007 que uno de cada dos mexicanos no tiene un empleo formal, es decir, 19 millones trabajaban en la informalidad. González Chávez apunta que los trabajadores por cuenta propia –niños, jóvenes, adultos y ancianos– suman 90 millones 701 mil y los no remunerados, 3 millones 174 mil: “En la medida en que no existe un seguro de desempleo, el individuo tiene que inventarse una actividad, mantenerse en la búsqueda de un empleo o emigrar”.


Y es que –explica– el 50 por ciento de la fuerza de trabajo gana de uno a tres salarios mínimos. En tanto, desde 1976 los trabajadores han perdido más del 80 por ciento de su poder adquisitivo. Estima que por esa razón, de ser 300 mil emigrantes a Estados Unidos en 2000, para 2007 eran cerca de 545 mil. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en el país vecino residen 29.3 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 11.1 millones nacieron en México.


Javier Aguilar García, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explica que en empresas de 100 trabajadores, sólo registran a un promedio de 20 ante el IMSS y a quienes sí están asegurados no se les entrega la documentación para tener acceso a los servicios médicos. Según Reyes Linares, el 35 por ciento de la PEA no tiene acceso a la salud.


“Del total de la PEA, el IMSS tiene registrados a 14 millones y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, 2 millones; es decir, 16 millones de trabajadores están asegurados. El INEGI tiene registrados como empresarios a 2 millones de personas y otros tres trabajan en el sector comercial. El resto carece de seguridad social”.


Deterioro en derechos laborales
En el XI informe de violaciones a los derechos laborales, 2007, titulado La mano dura de Calderón. Tres reformas, arrebatar el poder a los trabajadores, Cereal apunta que en el sector servicios ocurren violaciones laborales: contratos temporales y de protección, outsourcing o terciarización, se imposibilita la libertad sindical, horarios flexibles, salarios insuficientes, prestaciones limitadas, falta de seguridad social.


El investigador de Cereal, Reyes Linares, declara que en tanto el empleo industrial está reducido drásticamente, la única oferta son empleos en el sector terciario y se los están ofreciendo en su mayoría a jóvenes y mujeres con mínimas condiciones, en muchos casos sin seguridad social.
Describe el caso de violaciones laborales cometidas por la cadena de restaurantes estadunidense Hooters. Con nueve sucursales en México, las “animadoras” –llamadas así para evitar que se tabule su salario con el de una mesera– deben ser “guapas”, delgadas y extrovertidas y vestir uniforme ajustado.


Además están obligadas a firmar tres cláusulas, según su Manual del Empleado: “Mi trabajo requiere que interactúe y divierta a los clientes; el concepto de Hooters está basado en el atractivo sexual femenino y los chistes y la insinuación sexual son lugares comunes, y no encuentro que mis deberes o el ambiente de trabajo sean ofensivos”.


De organizarse, corren el riesgo de ser despedidas, y cuando son contratadas se les obliga escribir una carta donde declaren no estar embarazadas; se explota su imagen en publicidad y no se les incluye en la toma de decisiones. También son obligadas a pagar el servicio de los garroteros, anfitrionas y cajeros.


Cuando las trabajadoras se niegan a cumplir con ciertas promociones, se les amenaza con no recibir propina, su principal fuente de ingresos. Además sufren insultos, comentarios en doble sentido y manoseos por parte de los clientes sin ser defendidas por la gerencia.


“Lo más grave –señala Reyes Linares– es que las reglas de un manual estén por encima de la Constitución y de los ordenamientos de derechos humanos que México ha ratificado”. El investigador describe que en algunas maquiladoras los contratos se renuevan cada 28 días para observar el periodo menstrual de las trabajadoras y verificar, mediante examen clínico, que no estén embarazadas, de lo contrario pierden su empleo. Reyes Linares apunta que ese tipo de relaciones contractuales son ilegales.


En otras empresas, los contratos se firman junto con la renuncia y, en trasnacionales como Hitachi, los empleados son encerrados bajo llave para firmar su renuncia. En su gran mayoría, los trabajadores no poseen copia de su contrato y lo desconocen, y en otros casos los asalariados deben someterse a requisitos como no tener un familiar que sea abogado.


Anota que mediante el outsourcing o el uso de agencias de contratación, el patrón evade sus obligaciones con el asalariado. Así, ejemplifica que en una fábrica de 10 mil obreros en Guadalajara, 9 mil 500 tenían un contrato hecho con 10 agencias diferentes. El especialista sugiere que en el sector servicios el 95 por ciento de los trabajadores están contratados de esa manera.


Informalidad, única opción
Zapatos con suela rota, ropa vieja, la muñeca olvidada, discos de acetato, el fierro viejo, libros deshojados, el electrodoméstico descompuesto, aquí todo está en barata y al precio que más convenga, porque aquí también se regatea.
No importa si son artículos de segunda o tercera mano, en el tianguis El Piojo todo se vende desde hace 18 años cada sábado y domingo. Y mientras hay quien viene a deshacerse de lo que ya le es inútil, otros lo compran y lo revenden, o acuden a las recicladoras para completar el gasto de la semana. El Piojo es la fuente de empleo de casi 200 familias.


Reparada y limpia, la mercancía desperdiciada se vuelve a ocupar, dicen. En su mayoría son comerciantes que tienen plaza en otro mercado ambulante o que, de ser alfareros, pasaron al ambulantaje por las bajas ventas del oficio. Apenas seis pares de calzado se ven en un puesto y los dueños se preguntan cuánto capital puede representarles. Ni siquiera 100 pesos, calculan.


Desde que fue reubicado a las afueras del municipio de Metepec, Estado de México, el tianguis no tiene la misma afluencia por la falta de transporte y tiene que lidiar con la competencia de otro mercado de usado, La Pulga. Atenidos a la suerte de ganar o no, los mercantes también se dedican al cuidado del lugar con sus recursos: el mantenimiento de coladeras y el servicio de limpia, pues las frecuentes lluvias dejan estragos en la explanada.


Bertha vende ropa usada en El Piojo desde que este fue fundado hace 18 años.
—Vienen los mayoristas –describe la mujer de más de 65 años– y hay que darla barata porque no sale. La gente que viene es humilde; si se le da caro no regresa. Por eso no me alcanza. A veces vendo 100 pesos y hay veces que no me persigno. Así es el negocio.


“Chacharero” se hace llamar Genaro García y vende refacciones para camiones. Cada pieza le costó 20 pesos. Con puestos también en Santiago Tiaguistengo y en Toluca, mantiene a una familia de seis: “No nos va muy bien, tampoco muy mal. Llevamos algo para comer y salimos mientras Dios nos dé licencia”.


José Hernández Riwes, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, asegura que el sector informal representa cerca de un tercio del producto interno bruto.


La informalidad incluye a quienes laboran por cuenta propia, los microempresarios relacionados con la subcontratación y los empleados no remunerados: vendedores ambulantes, artesanos, transportistas, prestadores de servicios domésticos y de reparaciones diversas, trabajadores sexuales. Además, patrones de asalariados que no los inscriben en registros oficiales, fiscales o de seguridad social. “Desde el punto de vista jurídico es el incumplimiento de las disposiciones administrativas”, define el académico.
Reyes Linares advierte que ese tipo de trabajos no otorgan estabilidad económica al país. “En la mayor parte de los casos, se trata de personas que sostienen su vida, pero en niveles precarios”.


Hernández Riwes enuncia que el Estado es omiso e incumple con lo que tiene derecho cualquier trabajador: “El problema de la informalidad no ha sido resuelto porque no se deja de ser informal hasta no tener seguridad social”. Apunta que las leyes están diseñadas para otro tipo de ciudadanos, cuando los trabajadores informales no pueden satisfacer sus necesidades.


Imperante cambiar modelo económico
El investigador de Cereal, Pedro Reyes Linares, anota que la precarización del trabajo es resultado del modelo económico que se ha profundizado. Con la administración de Felipe Calderón “no se recupera lo perdido, sino que se está perdiendo más”. Observa que lo que sí es inédito es la poca disponibilidad del gobierno calderonista para escuchar y conciliar con los trabajadores.
González Chávez, del Iiec, indica que el problema es la visión empresarial que beneficia al gran capital y relega al capital nacional, cuyo incentivo sería la fuerza laboral. Opina que el Estado debe recobrar su participación en la economía y su capacidad de generar empleo, que a su vez originará más empleo.


Benedicto Martínez, de la Coordinación Colegiada del Frente Auténtico del Trabajo, declara que el gobierno federal responde más a los intereses de los dueños del dinero. Considera que se debe acabar con la simulación, empezando –sostiene– por el gobierno mismo que contrata a trabajadores eventuales y por honorarios cuando realizan las mismas actividades que quienes están de base:
“Hemos entrado a una etapa de falsedades, donde muchas empresas negocian cuánto se les concede, desconocen las conquistas laborales, recortan personal, reducen salarios y prestaciones, y empeoran las condiciones de vida de los mexicanos. Tiene que cambiar el modelo económico y el gobierno debe verse hacia adentro para reactivar la industria nacional”.


Y es que –señalan los especialistas– no hay un plan industrial que incentive a los sectores productivos y aumente el empleo estable: “Lo que sí se tiene –asevera Reyes Linares– son pequeñas y medianas empresas contraídas que generan empleos, que no son protegidas y luchan por sobrevivir en un esquema de liberación económica”.

 

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Programas de fomento al empleo, fracaso y violaciones a la Ley

 

De acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Laboral, correspondiente a 2006, el 35 por ciento de las personas que obtuvieron un empleo a través del Programa de Empleo Formal, no cuenta con un contrato escrito, y sólo entre el 51 y 66 por ciento obtuvo un empleo de planta.
Los especialistas advierten que el tipo de empleos que está promoviendo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) son precarios y llegan a violar disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. El Servicio Nacional de Empleo (SNE) tiene como objetivo facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo, mediante acciones de orientación, apoyo a la calificación del trabajador y auxilio para cubrir sus requerimientos de personal.
En su Primer informe de gobierno, Felipe Calderón expuso que en los primeros siete meses de 2007, el SNE atendió a 1 millón 359 mil 98 personas, de quienes se colocó a 25 mil 422: 69 por ciento mediante vinculación laboral, 29 por ciento gracias al Programa de Apoyo Laboral (PAE) y 1 por ciento a través del Programa Desarrollo Local Microrregiones (PDL).
Pedro Reyes Linares, investigador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), revela que en el SNE se promueven trabajos que exigen disponibilidad absoluta. Ejemplifica la oferta de un empleo para chofer con jornadas diarias de 12 horas: “La autoridad laboral que estaría encargada de vigilar la calidad de los empleos, en su mismo órgano ofrece empleos que no están dentro de la Ley Federal de Trabajo”.
Tanto servicios de vinculación laboral como programas de apoyo al empleo se repiten en esta administración: las estrategias Empleo Formal, Jornaleros Agrícolas, Repatriados Trabajando y Bécate, todas del PAE, y el Servicio Nacional de Empleo.
En los proyectos para combatir el desempleo y el empleo informal, los especialistas observan que se favorece al contratante por encima del empleado.
La STPS ofrece cursos para oficios como ayudante general, costura industrial, ensamble de partes automotrices, soldadura, carpintería, mesero y preparación de alimentos, capturista de datos, empleado de mostrador, corte y confección, panadería, auxiliar contable, manualidades y artesanías, serigrafía y cría y engorda de ganado bovino.
Programas en la mira
Para fomentar la competitividad de la economía nacional, el Programa de Apoyo a la Capacitación (Bécate) financió 16 mil 334 cursos e instruyó a 133 mil 41 trabajadores de 19 mil 801 micro, pequeña y mediana empresas en el primer semestre de 2007. En ese tiempo se erogaron casi 60 millones de pesos.
Bécate otorga cursos de capacitación y estímulos económicos a la población desempleada y subempleada para calificarla y promover su incorporación en las empresas durante el tiempo de capacitación –de uno a tres meses– y de su permanencia en las mismas, obligando a éstas a contratarlos después de la formación del trabajador.
Benedicto Martínez, del Frente Auténtico de Trabajadores, opina que aunque existen condiciones en los convenios entre el gobierno y los empleadores, existe el temor de que las empresas utilicen a los becarios para que participen de su producción, sin la garantía de que reciba un salario: “Aprovechan esos dos meses, sin ninguna obligación con el Estado”. Para Martínez no sólo se requiere capacitación, sino incentivar la producción a través del apoyo tecnológico y de asesoría a la pequeña y mediana empresa.
La Secretaría del Trabajo también promueve capacitación y autoempleo. Al respecto, Javier Aguilar García del Instituto de Investigaciones Sociales apunta que este tipo de trabajo no puede ser una fuente de empleo permanente, porque en el país no hay características para ello.
Tanto Bécate como el autoempleo se fomentan dentro del PDL, orientado a las zonas más pobres del país. El investigador anota que en las regiones más marginadas no hay oportunidades de desarrollo con el autoempleo, pues acaso la población podrá beneficiarse de dos a seis meses por el apoyo del gobierno, “pero permanecer largo tiempo es difícil”. Añade que el autoempleo es una forma de encubrir las estadísticas del desempleo abierto.
Sobre el programa de Repatriados Trabajando –que busca otorgar empleo a los emigrantes que regresan al país– Martínez y Aguilar observan complicaciones, pues no hay opciones productivas para esta población que tendrá que competir contra otros desempleados.


Recientemente lanzado el Portal de Empleo www.empleo.gob.mx– ya tiene 4 millones 789 mil visitas. Gerardo González Chávez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM dice que ello refleja la cantidad de desempleados que es mucho mayor a los indicadores de la STPS: “Esa cantidad se anunció como un gran logro, cuando más de 80 millones de personas quedan excluidas porque no tienen acceso a internet, pues sólo 20 millones de hogares tienen computadoras”.
El académico comenta que el Programa de Primer Empleo –cuyo presupuesto es de 3 mil millones de pesos– se realizó para darle facilidades al empresario para generar empleos.
El gobierno federal aseguró que se crearían 70 mil empleos para los jóvenes que se incorporaban por primera vez al mundo laboral. Sólo se generaron 7 mil, por lo que se anunció que se darían más facilidades a los empleadores. “No es esa la solución –ataja González Chávez– porque es la misma visión del mercado, donde prevalece el interés privado”.
Jaime Domingo López Buitrón, subsecretario de Empleo y Política Laboral aclara que la STPS sólo se enfoca en el trabajo formal y que continuamente se inspecciona y supervisa a la pequeña y grande empresa. Asegura que “en cuestión de cómo está la enfermedad, se da la cura y por eso ha habido una corrección positiva en los últimos años mediante las estrategias de la secretaría”.
Dice que mientras haya más reformas estructurales, habrá más generación de empleos. “Para 2008 la STPS planea incrementar esfuerzos y el presupuesto del Servicio Nacional de Empleo para profundizar las medidas. No estamos perdiendo, seguimos creciendo pero por mucho más”, asegura. (PM)

 

 

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Violaciones a derechos de emigrantes con bendición gubernamental

Con el objetivo de “ofrecer una alternativa de ocupación segura y redituable a los jornaleros agrícolas mexicanos y satisfacer las necesidades de los granjeros canadienses”, se instrumentó en 1974 el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México- Canadá (PTAT).
Asegura ser un modelo que garantiza el respeto a los derechos laborales, sociales y humanos de los emigrantes; no obstante, el sindicato United Food and Comercial Workers (UFW) en Canadá –que agrupa a 240 mil empleados del sector agrícola– advierte en el estudio La situación de los trabajadores agrícolas emigrantes en Canadá 2006- 2007 que el trabajo agrícola es temporal, intensivo, peligroso y mal pagado.
El UFW apunta que las leyes laborales en Manitoba, Alberta y Ontario excluyen a los trabajadores agrícolas de disposiciones que rigen horarios de trabajo, días de descanso, empleo infantil, permiso de maternidad, leyes de sanidad y seguridad, e incluso se les prohíbe organizarse.
En 2005, 20 mil 274 trabajadores agrícolas emigrantes había en Canadá, de los que 11 mil 798 provenían de México. Ante las violaciones denunciadas, el UWF señala que los campesinos son expuestos a que se les retengan documentos, a accidentes laborales y falta de atención médica, a maltrato físico y verbal, a vivir en condiciones que ponen en riesgo su seguridad física y a demoras en el pago de salarios.
Anota que en 1999 el promedio de muertes en las granjas ascendió a 11.6 por cada 100 mil trabajadores al año. En el periodo de cinco años se produjeron 503 muertes en granjas en Canadá. En Columbia Británica los trabajadores no tienen derecho a obtener cobertura de salud hasta haber permanecido en la provincia por tres meses y en caso de sufrir algún padecimiento, se les obliga a contratar un seguro privado.
Además, según las leyes de repatriación del CSAWP –el equivalente al PTAT en Canadá– el empleador puede enviar de vuelta a su país a los trabajadores por cualquier motivo. “Proporciona –observa el análisis– una instancia de inmunidad al patrón para tratar a los contratados como mejor les parezca, puesto que cualquiera que reclame puede ser repatriado de inmediato”, sin que tampoco exista un medio de apelación.
Según la STPS entre enero y julio de 2005 se atendieron a 6 mil 382 personas y la tasa de colocación gracias al PTAT fue de 132 por ciento, es decir, 1.3 por ciento menor que en el mismo periodo del año anterior. Entre enero y junio de 2006 se incrementó en casi 13 por ciento y se colocaron 8 mil 280 trabajadores. (PM)

 

 

 

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Empleos generados en lo que va del año: 150 mil
Tasa de desempleo: 3.8
Desempleados en 2007: 1 millón 616 mil
Desplazados de su puesto: 1 millón 520 mil
PEA en 2007: 45 millones 621 mil 685
Porcentaje de PEA con empleo formal: 30 por ciento
Población en empleo informal: uno de cada dos mexicanos
Emigrantes a Estados Unidos en 2007: 545 mil
Habitantes de Estados Unidos de origen mexicano: 29.3 millones
Estimación de creación de empleos para 2008: 650 mil

 

 

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Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 1 de Mayo de 2008 | Año 6 | No. 101

 

 

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