Justicia

2a quincena junio 2008

Sergio Dorantes cerca de la extradición

Paulina Monroy

La Sala Séptima del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió girar orden de aprehensión contra el testigo fabricado Luis Sánchez Martínez, en el caso del homicidio de la gerente de Newsweek México, Alejandra Dehesa. “Con esa decisión, se cumple la petición del juez estadunidense y me pone más cerca de la extradición”, considera el periodista

 

Con la intención de cerrar la averiguación FCH/CUH-2T2/3755/05-12, con causa penal 207/2006, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) logró que la Sala Séptima del Tribunal Superior de Justicia emitiera la orden de aprehensión del testigo fabricado Luis Eduardo Sánchez Martínez. La resolución –según el indiciado Sergio Dorantes Zurita– era buscada “a toda costa” por la PGJDF para obligar su extradición.


Durante la integración de la averiguación COY-269-03-07 –abierta por el asesinato de la gerente de Newsweek México, Alejandra Dehesa, ocurrido el 2 de julio de 2003– se inició otra investigación contra la agente del Ministerio Público, María del Rocío García, Alfredo Briceño Martínez y Luis Eduardo Sánchez Martínez, por la probable comisión de delitos en el ámbito de procuración de justicia y falsedad ante autoridades.


La procuraduría está obligada a cerrar esa pesquisa para que el juez del Distrito Norte de California, Joseph Spero, determine si entrega al fotógrafo Sergio Dorantes Zurita a la justicia mexicana, indiciado por el homicidio de su exesposa, y quien enfrenta un proceso de extradición en Estados Unidos, donde fue arrestado el 20 de febrero de 2007 y liberado bajo caución cinco meses después.


En febrero pasado, Joseph Spero le otorgó 90 días a la PGJDF para que informara si procedería o no con la indagatoria FCH/CUH-2T2/3755/05-12. De no cumplir con la orden, Dorantes Zurita no podría ser extraditado.
La procuraduría capitalina recurrió a una solicitud de consignación únicamente contra Luis Sánchez Martínez. La orden fue negada por el juez 24 de lo penal del Reclusorio Oriente y finalmente aceptaba por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, luego de una apelación de la procuraduría.
El fotorreportero considera que con esta actuación las autoridades intentan a toda costa lograr su extradición. Su abogado, Manuel García, niega que se pueda solicitar la captura de un solo indiciado, cuando la averiguación incluye a más de uno: “Los exime, mientras del otro aseguran que mintió en su retractación”.


Como único testigo, Sánchez Martínez aseguró haber visto al reportero gráfico en el lugar donde ocurrió el crimen. Para el también defensor del fotógrafo, Deniss Riordan, ese testimonio es la única prueba que lo vincula al crimen, pues “no hay causa probada, es decir, evidencia suficiente para encontrar culpabilidad”.


El 26 de diciembre de 2005, el declarante expuso que fue sobornado por María del Rocío García y su medio hermano Alfredo Briceño Martínez con 1 mil pesos para declarar en contra del fotógrafo. Ése fue el detonante para iniciar la indagatoria FCH/CUH-2T2/3755/05-12, con causa penal 207/2006, la que llevó a Sánchez Martínez y Briceño Martínez de testigos a probables responsables por falsedad ante autoridades. Mientras, a la agente del Ministerio Público María del Rocío García se le acusó por la probable comisión del delito en el ámbito de procuración de justicia.


Incluso, la procuraduría negó ante el gobierno de Estados Unidos que la declinación existiera. Así se advierte en un oficio realizado por la fiscalía de San Francisco: “Se debe ignorar el alegato de Dorantes Zurita sobre el testigo presencial que rescindió de su declaración, pues representantes del gobierno mexicano le aseguraron al Departamento de Estado que dicha revocación no existe y que el argumento no tiene ningún mérito” (Contralínea 83), no obstante que la retractación fue transmitida en televisión y existen actas firmadas por él mismo confirmando que fue comprado.


En la audiencia, celebrada el 23 de junio de 2007, Spero le negó la libertad bajo fianza al periodista debido a esa afirmación. Luego, la defensa del reportero gráfico comprobó que existía la revocación con una fe de hechos notariada, prueba que la fiscalía de San Francisco admitió como fidedigna.
Al tiempo, en México, el agraviado –Sergio Dorantes– y su defensoría reiteraron a la Comisión de Derechos Humanos el Distrito Federal (CDHDF) que existían irregularidades en la integración de la averiguación COY-2T1/969/03-07.


El órgano emitió en abril de 2007 la recomendación 07/2007, en la que observa que “se violentó el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso en dicha indagatoria, en virtud de que la procuraduría realizó consignaciones utilizando las declaraciones contradictorias del testigo (Sánchez Martínez) sin verificar de manera fehaciente la veracidad de las mismas”.


Sugirió que la PGJDF continuara con la pesquisa FCH/CUH-2/3755 y ampliara la investigación sobre los servidores públicos que participaron en la integración de la primera averiguación COY-2969-03-07. A un año de emitida la recomendación, la PGJDF procederá solamente contra Sánchez Martínez.
El juez de Distrito Norte de California ya le había solicitado a la procuraduría que le notificara los avances en la averiguación FCH/CUH-2/3755 y, sin que hubiera una respuesta, el 24 de agosto del año pasado se liberó bajo caución al reportero gráfico que estaba encarcelado en la prisión de máxima seguridad North County en Oakland, California. La resolución fue ratificada por el juez federal Martin Jekins, pues “existían serias irregularidades y la fabricación de evidencia cometidas por autoridades mexicanas”.


En la emisión radiofónica Frente al país, del 22 de enero, entrevistado por Pablo Hiriart, Miguel Ángel Espinoza Mancera –subprocurador de Procesos de la PGJDF– señaló que la declaración del testigo está sólo sustentada en su dicho.


“De ser así –apunta Dorantes Zurita– su primera declaración, que la procuraduría insiste en validar, fue también sólo un dicho porque, contrario a lo que establecen los lineamientos, nadie corroboró su testimonio”. También el subprocurador señaló que se solicitó la consignación de María del Rocío García, pero los jueces determinaron que no había elementos suficientes.
Opina que por esta razón, el testimonio de Sánchez Martínez carece de validez, aunque gracias a esa declaración se le giró la orden de aprehensión: “La procuraduría no admite este hecho; hacerlo sería reconocer que el testigo sí fue fabricado por María del Rocío García y Alfredo Briceño Martínez”.
Para el fotógrafo, la procuraduría protege a la agente del Ministerio Público y su hermano. “Con la decisión del Tribunal –advierte– se cumple la petición del juez estadunidense y me pone más cerca de la extradición”. Prevista para el 18 de abril, la audiencia donde se decidirá si será o no entregado a las autoridades mexicanas, fue aplazada hasta el 27 de junio.


Recomendación y disimulo
El 12 de abril de 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 09/2007 por la violación al derecho a la seguridad jurídica a favor de la agente del Ministerio Público, María del Rocío García.
En su queja, la funcionaria señaló que la pesquisa FCH/CUH-2T2/3755/05-12 no se integró en la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos de la PGJDF, cuando de un análisis de la causa penal 207/2006, la CDHDF apuntaba en la recomendación 07/2007 que ambas indagatorias –COY-2/969/03-07 y FCH/CUH-2T2/3755/05-12– sí habían sido radicadas en la Unidad 3 de dicha fiscalía.


La peticionaria también señaló que la pesquisa no había sido capturada en el Sistema de Averiguaciones Previas, “lo que facilita la manipulación del contenido de la indagatoria”. Alegó que transcurrieron 60 días desde iniciada la investigación, antes de ser citada para sustentar su defensa. Aseguró no conocer a Sánchez Martínez, cuya “declaración imprecisa –dijo– la dejó en estado de indefensión”, y haber sido amenazada por agentes de la policía judicial.


Manifestó que la indagación sobre el asesinato de Dehesa se inició en la Agencia de Coordinación Territorial COY-2, cuando hasta agosto de 2004 ella era responsable de la COY-1, por lo que negó haber conocido la integración de la averiguación previa COY-2T1/969/03-07. “Los asuntos ventilados en COY-2 fueron totalmente ajenos a ella”, asienta la recomendación. Sostuvo que la indagatoria estuvo a cargo de otros titulares agentes del Ministerio Público y bajo la supervisión de la coordinadora Claudia Morales González.
Sin embargo, según consta en una solicitud de cateo firmada por Ricardo Cortés Bonilla, agente del Ministerio Público con fecha del 28 de julio de 2003, y dirigida al juez penal correspondiente, se le pide que la diligencia sea realizada por personal de la agencia, que incluye a María del Rocío García.
La petición tuvo como fin buscar y asegurar objetos, entre ellos, la computadora para que el perito en materia de informática determinara fecha, hora y destinatario de los correos electrónicos que Dorantes dijo haber enviado el día en que sucedió el delito. El oficio 200-207-100/I-10302, que rinde ese dictamen de informática, enviado el 31 de julio de 2003 y firmado por la perito Verónica Rojas Hernández señala que “la revisión se realizó en presencia de la agente María del Rocío García y Hugo Aguilar Estrada, responsable de informática de la Agencia COY-2”.


Dorantes Zurita observa que “María del Rocío García participó en el cateo del 29 de julio de 2003 en mi domicilio. En actas existe la declaración de peritos que acreditan que la agente del Ministerio Público tuvo activa participación en la investigación COY-2/969/03-07”.

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de junio de 2008 | Año 7 | No. 104

 

 

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