Opinión

2a quincena junio 2008

Una farsa, el apoyo a la economía popular

 

Marcos Chávez M.

(primera parte)

 

El plan de Apoyo a la Economía Familiar calderonista: la mentira, la inutilidad, la vulnerabilidad y dependencia alimentaria, la condena a muerte de los productores agropecuarios tradicionales.      
Dicho programa, dado a conocer por Felipe Calderón Hinojosa el pasado 25 de mayo, no constituye más que un golpe mediático para el consumo popular, de escasa trascendencia. Es inútil para contener el alza de los precios de los bienes básicos y aislar los efectos perniciosos de la inflación importada. Es ineficaz para evitar que el encarecimiento deteriore aún más los niveles de vida de las mayorías y eliminar el riesgo de hambruna en México, el descontento y el eventual estallido social. Es una propuesta que sólo busca manipular políticamente las necesidades de la población más empobrecida. Varias de las supuestas medidas “novedosas” que contiene para tratar de contrarrestar una crisis alimentaria no son más que una falacia: actualmente se encuentran en operación. Los subsidios que se darán a los pobres y los productores son irrisorios. En nada contribuirán a modificar la precaria situación de los damnificados del neoliberalismo, despejar el fantasma de la hambruna y abrir un horizonte más benigno a la actividad agropecuaria, arruinada por las contrarreformas estructurales y las políticas económicas neoliberales: el desplome de gasto público sectorial, la apertura comercial indiscriminada y las importaciones masivas de esa clase de productos, su marginación del crédito de la banca comercial y la quiebra o la sobrevaluación cambiaria, entre otras medidas.


El aumento de los precios de los bienes básicos y la dependencia externa de esos bienes es responsabilidad de las políticas neoliberales priistas-panistas, que abandonaron el objetivo estratégico de la autosuficiencia y soberanía alimentaria. El programa de Calderón y sus chicago boys no busca recuperar la independencia alimentaria. Al contrario, aplica el consejo de Milton Friedeman. Aprovechar el temor de la sociedad ante el incremento desmedido de los precios de los alimentos para imponernos una nueva, súbita y rápida “terapia de shock económico: terminar por desmantelar la estructura arancelaria agropecuaria; ampliar la entrada masiva de bienes básicos importados, que terminarán por destruir a los productores rurales tradicionales; y agudizar la dependencia a Estados Unidos y las voraces y especuladoras empresas trasnacionales que, adicionalmente, fueron premiadas con los subsidios oficiales a la distribución del maíz.


Los “ejes” del programa calderonista pueden calificarse como inservibles para sus fines perseguidos: enfrentar el alza de los precios y asegurar el abastecimiento alimentario, en un escenario donde empiezan a ser perceptibles las primeras manifestaciones de una emergencia alimentaria interna y externa que, más adelante, podría activar una crisis y una revuelta social como ha ocurrido en una veintena de países.


Calderón dijo que pretende “proteger la economía de las familias mexicanas, en especial las más pobres, frente al alza internacional en el precio de los alimentos”. Pero sus palabras son hueras, usadas para tratar de tranquilizar al coro. Nada garantiza que lo logrará, porque los calderonistas carecen de los instrumentos e instituciones adecuados para alcanzarlo. Ni tiene el interés real por hacerlo, por razones ideológicas y políticas. Los operadores económicos de Calderón, Agustín Carstens y Guillermo Ortiz, son chicago boys, alérgicos a la intervención pública, ya que, según ellos, desestimulan al empresariado y distorsionan los precios y la economía. Para los fundamentalistas el dios-mercado y su “mano invisible”, el mecanismo de los precios, tienen que actuar sin interferencias para resolver todo. Tiene que ser “libre” como el viento, mientras no lo privaticen. El mercado, es decir, los productores y los distribuidores, es el que fijará el nivel de los precios, no la mano sucia del gobierno. Nos guste o no, según los neoliberales, lo más que puede hacerse es ampliar la oferta, con mayores importaciones inmediatas, porque la mayor producción interna no se eleva automáticamente, pese a los marginales apoyos que aplicarán y el otorgamiento de subsidios a los más afectados para tratar de sostener su consumo actual. Lo único que no puede ser libre son los salarios, porque sus aumentos, que permitirían recuperar su poder de compra perdido, constituyen un crimen contra los costos de las empresas, la “competitividad”, la rentabilidad y la acumulación privada de capital. Además, su alza también le quitaría el sueño a Ortiz, porque para él mejores salarios reales impedirían bajar la inflación. Para Ortiz el ideal es un nivel de precios de “primer mundo”, no importa que existan 70 millones de pobres y miserables. Eso es problema de ellos no de Ortiz.


Asimismo, Calderón tiene que cumplir con un compromiso: velar por los intereses empresariales, que financiaron ilegalmente su campaña electoral y lo respaldaron en su robo de la corona. Un buen presidente y un buen católico es aquel que honra su palabra. Y Calderón es “bien cumplidor”, como diría la plebe. Ello explica su obsesiva campaña por reprivatizar anticonstitucionalmente la industria petrolera, pese a la oposición de las mayorías.


Nuestros fundamentalistas saben que la presión inflacionaria no se debe al consumo, dado el prematuro deterioro de los salarios reales, la reducción del crédito al consumo financiado con tarjetas bancarias, que cayó 9.1 por ciento, 12.4 por ciento en marzo y abril, según el banco central, el alto subempleo y desempleo abierto y el declinante crecimiento. La demanda cae pero los precios suben, lo que redundará en un menor poder de compra de la población, pues no habrá alza salarial de emergencia. A Calderón y sus chicago boys eso no les interesa. Sólo les preocupa que no se pueda alcanzar su meta anual de precios (3 a 3.5 por ciento), cuyo diferencial con el de Estados Unidos afectará la paridad y la competitividad económica. A los empresarios no les inquieta la inflación, pues van a ganar especulando con los precios, y el aumento de los costos de producción y distribución será trasladado a los consumidores elevándoles las cotizaciones, como se les pegue la gana y sin que nadie los moleste. Sólo se inquietarán cuando la baja del consumo afecte sus ventas y no puedan compensar sus ganancias con los precios. Los principales perdedores serán las mayorías. A ellas sólo les quedará encogerse de hombros, reducir su gasto a lo que puedan comprar, sustituir su consumo por bienes de menor calidad, padecer hambre o morirse si lo desean. Pueden hacer lo que les guste, sin transgredir la ley. Virtudes de nuestra “democracia” de “mercado libre”.


Los neoliberales calderonistas saben que el alza de precios no se reduce a los bienes básicos. Es un problema generalizado, como lo revela la estructura de precios, de los cuales destacan los de las importaciones (tasa anualizada de 7.9 por ciento a marzo) y al productor (8 por ciento a abril), que casi duplican los del consumidor (4.5 por ciento) y la canasta básica (5.2 por ciento, ver gráficas). A ello hay que sumar el efecto inflacionario del impuesto empresarial a tasa única, IETU, o los aumentos mensuales de las gasolinas, el gasoil, el gas, el agua que preludian mayores precios. La sobrevaluación cambiaria (22 por ciento, en promedio, en 2008) y la pasada desgravación arancelaria ya perdieron su eficacia para ayudar a bajar la inflación. Las expectativas se descomponen y los analistas la proyectan en su peor nivel en 28 meses: 4.39 por ciento. Seguro que Ortiz sufre pesadillas.


Los chicago boys saben que la eliminación de los impuestos a la importación de trigo, arroz, maíz blanco y amarillo, el recorte de los mismos a la mitad de su nivel actual en el caso de la leche en polvo, la fijación de cuotas a la importación de frijol exentas del pago de arancel, la exención del pago de arancel del sorgo y la pasta de soya y la eliminación del arancel a la importación de fertilizantes nitrogenados y de todos los insumos químicos, no servirá en nada para “facilitar el abasto” y “mejorar los precios al consumidor”. Sólo fue una broma, un engaño de Calderón, porque: 1) La compra externa de alimentos ya está liberalizada casi por completo dentro del Tratado de Libre Comercio (ciento por ciento del trigo, maíz blanco, arroz y sorgo; 90 por ciento del maíz amarillo; 54 por ciento de leche en polvo, etcétera); 2) la mayor compra foránea topará con mayores precios; 3) los precios mundiales se han elevado incesantemente y lo seguirán haciendo, al menos los próximos 10 años, según la FAO y la OCDE (esos organismos pronostican que el precio del maíz, nuestro alimento básico, subirá 60 por ciento entre 2008 y 2017, respecto de su promedio de 1998-2007; las carnes de res y cerdo, 20 por ciento; el trigo y la leche en polvo entre 40 y 60 por ciento, y los aceites vegetales más de 80 por ciento); 4) la oferta interna, en el remoto caso que mejore no será inmediata; 5) la Conasupo fue eficaz para regular los precios, pero ya no existe.


Los precios no bajarán con los subsidios y la liberalización. La carestía ha sentado sus reales.
El gobierno no se comprometió a controlar los precios en general. Sólo el de los señalados, que, de todos modos, no lo logrará. Lo que sí juró fue “defender los intereses de los consumidores” y no “tolerar a especuladores ni acaparadores, castigar a quienes pretendan lucrar con la necesidad y el hambre de los mexicanos”. ¿Quiénes son los terribles cancerberos que cumplirán lo anterior?


El titular de la Secretaría de Economía, Eduardo Sojo, ese pobre hombre que da pena ajena por su incompetencia y que no ha quedado desempleado porque es amigo de Calderón; la Procuraduría Federal del Consumidor y su Programa de Verificación y Vigilancia de Productos Básicos, cuyos dientes son tan feroces como los de un lactante, por lo limitado de sus atribuciones legales, y que es el hazmerreír de los empresarios que actúan impunemente en contra de los consumidores; el banco central donde medra el flemático Ortiz, corresponsable del encarecimiento, al mantener sobrevaluado el peso que ha abaratado las exportaciones y el ingreso masivo de las importaciones con tal de bajar la inflación, a costa de arruinar a los productores locales y premiar la usura financiera sobre la inversión productiva y el consumo con los altos réditos reales –el Banco de México tratará de reducir la inflación con su receta conocida e inútil: subiendo más los réditos, lo que desplomará aún más el consumo, la inversión productiva y el crecimiento–; las comercializadoras como Cargill, Archer Daniels Midland, Minsa, Maseca, Distribuidora Fortimex, Suministros de Maíz del Mayab (Sumasa), Columbia Intergranos de México y Consultoría de Mercados, entre otros oligopolios, que manipulan y especulan a su gusto con los precios, en México y otros países.


A estas últimas Calderón, por medio de otro inepto jefe de despacho, Alberto Cárdenas Jiménez, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, les dará nuevos beneficios (subsidios): 100 pesos mensuales más por anticipado por la tonelada de maíz, desde agosto, sobre un precio de 3 mil 450 pesos, que estará vigente en junio y julio; 190 pesos por flete; 185 por almacenaje y pignoración por cada tonelada de grano, y 150 pesos más como prima de compras. En total, 625 pesos por tonelada en “apoyos federales”, que se trasladarán al comprador final en el precio del producto, que pasará de 2 mil 975 a 3 mil 450 pesos a partir de junio y que cerrará en 3 mil 950 en noviembre. Ello dizque para “contener” el alza del precio de la tortilla (8.50 pesos por kilo) que subirá un peso el próximo mes. O aún más.
¿Qué pasará con los productores que venden el grano por contrato a los oligopolios entre 2 mil 700 y 2 mil 800 pesos? Su futuro es oscuro. Lo que sí es claro es que con el subsidio de 625 pesos y el aumento mensual del grano, empresas como Cargill tendrán una modesta ganancia adicional por 1 mil 221.5 millones de pesos en seis meses, porque anticipadamente compró 900 mil toneladas con la agricultura de contrato, a menos precio. (La Jornada, 2 junio de 2008) ¿La diosa fortuna premió a Cargill, con la mano de Calderón? ¿Es un galardón a su prevención o a su virtud especuladora? Dios hizo el milagro de multiplicar el pan y repartirlo entre los menesterosos y Calderón emuló el prodigio, pero lo repartió entre los oligopolios que tendrán otro desayuno gratis.


Felipe Calderón no se comprometió a controlar toda la canasta básica. Si los precios que no están considerados en su programa suben –el pescado, la carne de res y el pollo, el agua, la electricidad, el transporte– es problema de los miserables, los pobres y la “clase media”. Será el castigo a su consumismo. Sin duda, nunca leyeron sobre la austeridad protestante de la que hablaba Max Weber. Afortunadamente hay clases sociales: los empresarios, Calderón, sus amigos de despacho (secretarios de Estado), legisladores, la Suprema Corte viven como una casta divina. En el caso de los bienes que supuestamente serán contenidos, Calderón no empeñó su palabra porque sus precios regresaran a su nivel anterior. Eso ya es cosa juzgada. Borrón y cuenta nueva. Si continúan elevándose, se deberá a un misterio ante el cual no podrá hacerse nada. Como el de la inmaculada concepción o la santísima trinidad.


A las víctimas de la inflación no les quedará más que encogerse de hombros. Reventar personal o socialmente.

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de junio de 2008 | Año 7 | No. 104

 

 

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