JUSTICIA

2a quincena abril 2008

Formal prisión a 13 directivos de Conaliteg

 

Dictan auto de formal prisión contra 13 exdirectivos de la Conaliteg por presunto abuso de autoridad, entre ellos Jorge Velasco y Félix, titular de la dependencia durante el foxismo, y Benavides Vega, quien fungía como representante jurídico.
Los exfuncionarios se habrían coaligado para viciar procesos de licitación de contratos

Paulina Monroy


Miguel Agustín Limón

 

El 19 de febrero pasado un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del exdirector de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), Jorge Velasco y Félix y de otros 12 servidores públicos por la probable comisión del delito de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
Los presuntos responsables promovieron juicios de amparo, 85/2008-V y 79/2008, contra el auto de formal prisión que dictó el juez de la causa, por lo que seguirán en libertad hasta que se resuelvan tales recursos.
Durante el proceso penal 158/2007-II, Verónica Judith Sánchez, jueza décimo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en la ciudad de México, concluyó que, en su carácter de servidor público, Jorge Velasco impidió el curso de una solicitud de manera indebida.
De acuerdo con el documento, Velasco y Félix “impidió a Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, que continuara participando en las licitaciones públicas
11137001-019-01, 11137001-021-01, 1137001-022-01, 11137001-024-01, 1137001-002-02, 1137001-003-02, 11137001-004-02 y 11137001-005-02”,
en las que se concursó la impresión de libros de educación primaria: español, matemáticas, ciencias naturales, geografía y desarrollo humano.
Para descalificar a Encuadernaciones de Oriente de los concursos 11137001-019-01 y 11137001-021-01, se argumentó que incumplía un requisito agregado indebidamente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: el numeral VI.2.
Así establecía que “en el supuesto de que el licitante utilizara equipo que no es de su propiedad, deberá manifestar que la empresa propietaria no está en los supuestos del artículo 50”. Éste, en su fracción sexta, expone que “las dependencias se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores”. No obstante, el artículo sólo es aplicable para la empresa participante, no para su arrendadora: Litografía Magnograf.
En todos los concursos, la Conaliteg optó por rechazar las propuestas de esta empresa, a la que incluso señaló de caer en suspensión de pagos. El argumento es improcedente, pues, según se demostró en el juicio, la concursante había superado el hecho en 2002.
El acta concluye que “están colmados todos los elementos del cuerpo del delito de abuso de autoridad, ya que los sujetos desplegaron una conducta de interés para el derecho punitivo, puesto que en diversas temporalidades –de septiembre de 2001 a marzo de 2002– indebidamente impidieron el curso de la solicitud presentada por la persona moral Encuadernaciones de Oriente”.
La entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) dio cuenta de ello en las resoluciones 115.5.713 y 115.5.745, 115.782, 115.5.918, 115.5.918, 115.5.953, 115.5.1004 y 115.5.1116, de abril, mayo y junio de 2001. La Dirección General de Inconformidades de la dependencia calificó los concursos como actuaciones contrarias a derecho, pues “afectan el normal y legal funcionamiento de la entidad”.
Determinó que “la sustanciación, fallo de las licitación y los actos derivados y que se deriven, desde sus orígenes están afectados de nulidad, por tanto, se decreta la nulidad total del evento”. Ordenó en cada caso la reposición de los procesos licitatorios para la adquisición de los bienes objeto en apego a derecho, y así asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado.
No obstante, señala el acta, la instrucción no se ha cumplido, como se advierte en los oficios de abril de 2002 firmados por Enrique Estévez Sandoval –exdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales– y José Leobardo Figueroa Radilla (Badillo) –subdirector de Adquisiciones–, destinados al director de Inconformidades de la Secodam y al titular del Área de Responsabilidad y Quejas.
Entonces, la Conaliteg se dijo imposibilitada para reponer la licitación 11137001-021-01, porque “los libros habían sido entregados en su totalidad en nuestros almacenes”. Así ocurrió con las licitaciones 1137001-024-01 y 11137001-002-02, en las que se contrató a la empresa Procesos Industriales de Papel; la 1137001-004-02, adjudicada a Quebecor World Directory México y Complejo Editorial Mexicano, y la 11137001-005-02 a Editorial Offset.
Para anular los fallos de la Secodam, la Conaliteg promovió juicios contenciosos; sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que “la justicia de la unión no ampara ni protege a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito contra el acto que reclama”.
Encuadernaciones de Oriente presentó su denuncia el 12 de enero de 2006, por la probable conducta en que incurrieron servidores públicos al descalificarla en ocho licitaciones y luego negarse a reponer los procedimientos, en “clara violación a sus derechos de libre participación”. La imprenta presume que estos actos le generaron un daño por 175 millones de pesos.
Para el 30 de noviembre de ese año, el Órgano Interno de Control en la Conaliteg –en el expediente DE/004/2006– resolvió que se procediera contra los servidores que resultaran responsables de los hechos señalados como irregulares.


Implicados 12 funcionarios más
Además de actuar en contra de Velasco y Félix, el auto de plazo constitucional –publicado el 19 de febrero por el Poder Judicial– ordena la suspensión de los derechos políticos de 12 indiciados más y decreta su formal prisión. El delito que se les imputa, se sanciona con pena privativa de la libertad y multa. “Su conducta –se argumenta– fue contraria a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Destaca Jorge Benavides Vega, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Conaliteg y hasta febrero titular de Adquisiciones y Almacenes en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Según la misma acta, el funcionario violó el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Como integrante del comité para concertar licitaciones, su responsabilidad se limitaba a los comentarios que emitía u omitía respecto al asunto cometido a su consideración. Por ello, Benavides Vega, “siendo perito en la materia, debió haber hecho del conocimiento las irregularidades para la descalificación de la empresa participante”.
Otros exfuncionarios requeridos por la justicia son Sergio Alberto Martín Esquivel –quien recientemente fungió como titular de Recursos Materiales de la STPS– y Salvador Humberto Pasalagua López, quien se desempeñaba hasta principios de este año como secretario particular del oficial mayor del Distrito Federal, Ramón Montaño.
En la lista también se encuentran Gerardo Alejandro Sánchez López, exdirector de Recursos Materiales; José Leobardo Figueroa Radilla, exsubdirector de Adquisiciones; Roberto Niebla, extitular del Órgano de Interno Control; Héctor Zayas Monter, extitular de Asuntos Jurídicos y después director adjunto en la Secretaría de la Función Pública; Luis David Villanueva Escabi, exsubdirector técnico; y de la contraloría interna, María de los Ángeles Cruz Montoya, Olga García Santiago, Ariel Barrios Moreno y Felipe Cázares Ríos.
En los casos de Velasco y Félix y Benavides Vega, el auto de plazo constitucional determina que la conducta es dolosa: “Se puso en peligro la administración del servicio y de la función pública”. La pena no excederá de cinco años de prisión y habrá un plazo de 30 días para el desahogo de pruebas.

 


Las confesiones
Ante el ministerio público, Enrique Rafael Estévez Sandoval –el exdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Conaliteg, que suscribió y firmó las convocatorias de las licitaciones– rindió su declaración el 20 de junio de 2007. La confesión alcanza el rango de prueba plena, pues “no está desvirtuada ni es inverosímil y sí (está) corroborada por otros elementos de convicción”.
Como consta en el auto, Estévez Sandoval expone que, supuestamente, la Secodam y un grupo de magistrados instruyeron a Velasco y Félix y Salvador Pasalagua –extitular de Asuntos Jurídicos– a que incluyeran en los requisitos al artículo 50. Expresa que la introducción del requerimiento fue avalada por el Órgano Interno de Control y el jurídico, con su rúbrica en las actas.
Declara que de viva voz del extitular de la Conaliteg supieron que éste se incluyó con la única finalidad de descalificar a Encuadernaciones de Oriente: “Siempre que se mencionó su participación, Velasco y Félix actuaba fuera de la norma y bajo su exclusivo arbitrio potestativo para anular cualquier relación de la comisión con ésta y otras empresas que tuvieran vínculos con el sexenio anterior al suyo”.
Asegura, además, que el exdirector fue apoyado por amigos personales como el excoordinador de la Conaliteg, David Villanueva Escabi, y Salvador Pasalagua y Gerardo Sánchez López, ambos del área jurídica. Describe que en diversas ocasiones el exdirector les advirtió que la empresa no debería participar en ningún concurso, pues de hacerlo “dañarían los intereses de la entidad”. Por ello, exigía que no se le convocara a los procedimientos de adjudicaciones directas e invitación a cuando menos tres personas.
El exdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales declara que en diciembre de 2002 se le encomendó encontrar nuevos argumentos de descalificación para las siguientes licitaciones. Sin hallarlos, Salvador Pasalagua sugirió que el criterio sería la suspensión de pagos.
En comparecencia, el 5 de septiembre de 2007, el subdirector de Adquisiciones, José Leobardo Figueroa, respondió que el comité sí aceptó las bases, con todo y el requisito, pues se tenía que incluir por instrucciones de la Dirección General.
Tres meses antes, el 6 de junio de 2007, el director de Encuadernaciones de Oriente, Armando Prida Huerta, aseguró a las autoridades judiciales que, tras asumir la titularidad de la Conaliteg, Velasco y Félix le pidió que no intentara presentar propuestas para participar en los concursos de libros de texto, pues ya no iban a adjudicarle contratos.
De acuerdo con la declaración del empresario, esa solicitud estaba fuera de toda norma, pues la encuadernadora “siempre” han cumplido con la ley y su trabajo es auditado y probado. Prida Huerta agregó que Jorge Velasco y Félix ordenó a Gerardo Sánchez López y a David Villanueva Escabi que su empresa no participara, bajo ningún motivo, en licitaciones futuras, y que sólo el titular de la dependencia podía revocar tal instrucción.
José Martínez –autor de El peón de la reina, que documenta las anomalías en la impresión de ediciones “fantasma” para la fundación Vamos México y las supuestas ligas de la Conaliteg con Marta Sahagún– advierte que durante la gestión de Velasco y Félix se asignó más del 60 por ciento de los contratos por adjudicación directa.
En una nota periodística publicada el 31 de enero en el diario poblano Síntesis, apunta que se contrató a RR Donelly para producir libros de Bibliotecas de Aula, empresa cuya Dirección de Operación estaba al mando del hijo del extitular de la Conaliteg.
Dice además que el exdirector enfrentó demandas laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por despidos injustificados del personal de base, mandos medios y superiores. En sueldos caídos, el daño asciende a más de 150 millones de pesos.
Contralínea solicitó entrevista con Miguel Agustín Limón, actual director de la Comisión Nacional de Textos Gratuitos; no obstante, la Unidad de Difusión se limitó a contestar que se trataba de una nueva administración y no pueden fijar una posición al respecto.

Para elaborar este trabajo, también se buscó la versión del Bufete Farell, SC –firma que representa a Velasco y Félix–, pero su personal arguyó que está obligado a la confidencialidad y no podía responder pregunta alguna ni entregar datos que pudieran facilitar la localización de su cliente.

 

 

recuadro

 

Profundizar investigaciones

En marzo de 2007, el diputado Ramón Valdés Chávez, de Convergencia, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de Federación a realizar una revisión a la administración de la Conaliteg durante el periodo 2001-2006. Entre sus consideraciones enumera:
Los sobreejercicios por hasta 1 mil millones de pesos durante la gestión de Velasco y Félix.
La impresión y distribución de material de la fundación Vamos México.
La destrucción de materiales educativos en los talleres por falta de control de calidad.
La asignación directa de contratos y diseños de programas a familiares: el Programa Nacional de Educación 2001-2006 fue firmado por la hija de Velasco y Félix.
Las demandas laborales por 70 millones de pesos.
El abuso de autoridad para asignar contratos, lo que le ganó el repudio de proveedores.
La adquisición de más de 25 millones de kilogramos de papel de un solo proveedor. (PM)

 

Recuadro

 

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de Abril de 2008 | Año 6 | No. 100

 

 

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