CAPITALES

1a quincena Septiembre 2007

Protege director de PEP a defraudadores

En 2004, un grupo de ingenieros de Pemex asignados al proyecto Cantarell, fue inhabilitado al comprobarse el uso de documentos apócrifos para justificar millonarios montos erogados a cuenta de viáticos en comisiones de trabajo. Tras el quebranto, ahora PEP lo beneficia con onerosos contratos para sus empresas. 

 

Ana Lilia Pérez

 

La compañía Coyma, S.A. de C.V., de Tabasco, es un ejemplo de cómo funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) crean empresas privadas para obtener contratos petroleros en complicidad con altos directivos de la paraestatal.

Con domicilio fiscal en la ciudad de Villahermosa, Coyma de Tabasco es propiedad de Ramón Orlando Ahumada Velásquez, un exfuncionario medio de Pemex Exploración y Producción (PEP), despedido e inhabilitado en 2004 por participar en un millonario fraude en el Proyecto Cantarell (Contralínea, 28).

Semanas antes de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitara, Ahumada creó la empresa que ahora es protegida por funcionarios de alto nivel de la subsidiaria que encabeza Carlos Morales Gil.

En clara violación a las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Obra Pública y Servicios, funcionarios de PEP han otorgado a Coyma, por adjudicación directa y licitaciones amañadas, onerosos contratos por más de 130 millones de pesos.

Se trata de Téodulo Gutiérrez Acosta, Vicente Jáuregui Arteaga, Araceli Ferrera Basilio, Juan Yunes Dergman, Alberto González Nava, Eloy Pérez Baruch, Miguel Ángel Huerta, Arturo Durán, Oscar Alberto Torruco, Abraham García, Nicolás Vargas Peñafiel, Francisco Enríquez Andreu, Luis Enrique Osorio.

Otros funcionarios que están involucrados son Oscar Chavarría Collado, Pedro Llamas Hubner, Miguel Ángel Lugo Valdez, Francisco Romero Fuentes, Erasmo Pérez Isidro, José Armando Viñas, Isabel Meza, Francisco Osorio Torres, Noé Zuarth Corzo, José Antonio Lavín, Carlos Aguilar Morales, Armando de Jesús Brito, Narciso Maldonado, Ramón Figuerola Piñera, Joel Bermúdez, Tomás Malibrán, José de Jesús Escamilla, Erasmo Ledesma, Armando Esquivel, Narciso Maldonado, Rufino Ordaz y Miguel Ángel Lugo.

De acuerdo con una denuncia presentada ante la SFP por trabajadores del área de ductos de la paraestatal, estos funcionarios los obligan a realizar trabajos adjudicados a Coyma de Tabasco.

Historia negra

En el sexenio pasado, la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas (SIDO) de PEP –antes Proyecto Cantarell–, se caracterizó por el dispendio del que gozaban 350 funcionarios al mando de Federico Martínez Salas. Tan sólo por concepto de viáticos gastaban anualmente más de cien millones de pesos.

Ante el exorbitante desembolso, el Órgano Interno de Control (OIC), encabezado por Jorge Ramos Negrete, abrió una investigación y detectó que los empleados de la SIDO utilizaban facturas apócrifas para justificar el millonario gasto.

En la auditoría 126/2002 (hecha entre 2002 y 2004), el OIC auditó la comprobación fiscal del uno por ciento del monto promedio anual: un millón cien mil pesos y descubrió que 15 ingenieros con niveles 37, 38 y 39, presentaron 600 facturas falsas de hoteles de cinco estrellas, farmacias, lavanderías y Sanborns.

Entre los involucrados figuran Ramón Orlando Ahumada Velásquez, Carlos Edgardo Zamacona Pérez, Antonio Víctor Barkley Turkie, Víctor Manuel Díaz López, Daniel Flores Córdoba y Roberto Cortés Campos; todos, con más de una década en Pemex.

En mayo de 2004, la Dirección General de Responsabilidades de la SFP atrajo los expedientes, que derivaron en su inhabilitación por violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Como eran delitos del fuero federal, Pemex debía presentar denuncias penales contra los involucrados; sin embargo, aunque el titular de la SIDO Federico Martínez Salas fue notificado de la resolución de la SFP, no procedió contra sus subordinados.

Los beneficios

Ramón Orlando Ahumada Velásquez ingresó a Pemex a mediados de la década de 1980. En 1999 fue designado supervisor de mantenimiento en Cantarell. Desde entonces, ocupaba una lujosa oficina en la Torre Empresarial de Pemex, en la colonia Tabasco 2000. A finales de 2004, la SFP determinó su inhabilitación.

Aunque radicaba con su familia en Villahermosa (en el lujoso fraccionamiento La Ceiba), Ahumada cobraba a Pemex su hospedaje en hoteles de cinco estrellas y justificaba mil 200 pesos diarios en viáticos: boletos de avión, restaurantes, lavandería.

En la SFP hay tres expedientes que involucran a Ahumada en uso de documentos apócrifos (CI-R-PEP-057/2004) abierto el 19 de noviembre de 2003, que derivó en inhabilitación por un año y sanción económica de 572 mil 229 pesos; el CI-R-PEP-058/2004, que derivó en la destitución e inhabilitación por 3 años y 392 mil pesos; y el 68/2003, del 24 de febrero, suspensión por 90 días y 15 mil 583 pesos.

En la Dirección General de Atención Ciudadana  otro expediente lo denuncia por “ejercicio indebido de funciones”, pero el motivo específico está  clasificado como “reserva”, y la resolución de la SFP respecto a este caso, determinó también su inhabilitación.

Además de su despido, la obligación de Pemex era denunciarlo penalmente por haber incurrido en  delito del fuero federal, pero fue Ahumada el que demandó a la paraestatal por “despido injustificado”. Su defensa la llevó el notario 117 de Villahermosa, Virgilio Martínez, a quien contrataron casi todos los involucrados en el fraude a Cantarell.

En 2005, Carlos Morales Gil, director de PEP, ordenó que se le pagara y el 7 de septiembre Ahumada recibió un millón 705 mil pesos por indemnización.

El negocio

Entre 2003 y 2005 Ramón Ahumada adquirió terrenos y casas en diversos municipios de Tabasco, un rancho ganadero en Huimanguillo, que opera con recursos de programas gubernamentales como Tiempo Fértil, de donde obtuvo 200 cabezas de ganado.

Su esposa, Lorena Jerónimo Ferrer, está inscrita en el programa Alianza para el Campo –de la Sagarpa–, en donde, además de un apoyo monetario,  recibió un tractor.

Para seguir beneficiándose con recursos de Cantarell, Ahumada creó Coyma de Tabasco, empresa en la que aparece su esposa como prestanombres. El registro se hizo en una notaría pública de Huimanguillo en octubre de 2003.

En el acta constitutiva 13347, aparecen como socias las hermanas Lorena y Magda del Carmen Jerónimo Ferrer, con 80 y 20 por ciento de las acciones, respectivamente. El capital social es de 200 mil pesos. Su inscripción en el registro público de la propiedad se hizo el 16 de diciembre de 2003. Lorena Jerónimo aparece como administradora única.

Ante Pemex, la empresa registró como domicilio la avenida La Gloria, lote 50, manzana G, fraccionamiento La Gloria, municipio Centro. En la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco, la clave catastral de dicho predio está a nombre de Lorena Jerónimo Ferrer, pero el predio continuo –el lote 51– está a nombre de Ramón Orlando Ahumada; ambos aparecen como propietarios de numerosos terrenos y de un inmueble tipo residencial en Blancas Mariposas 181.

Los contratos de Coyma han sido exclusivamente con la SIDO, donde Ahumada trabajó casi diez años y se le comprobó fraude en tres procesos distintos. Pese a su reciente creación y su reducido capital social, la empresa obtuvo, en sólo 24 meses, contratos por 130 millones de pesos.

La Ley Federal de Responsabilidades prohíbe que un servidor público trabaje como contratista de Pemex y que un exservidor que incurrió en daño patrimonial contra la paraestatal o su familia directa tengan tratos con la empresa, máxime cuando se trata de un delito grave.

 

Los cómplices 

El primer contrato que PEP le otorgó a Coyma de Tabasco fue el 5 de agosto de 2004, por 4 millones de pesos para la construcción de un gasoducto en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. Según las actas firmadas en el proceso de licitación número 18575062-058-04, Ramón Orlando Ahumada acudió como representante de la empresa para la adjudicación, por lo que los funcionarios de PEP tenían conocimiento pleno de sus vínculos con Coyma.

Entre los requerimientos destaca que la contratista debía acreditar un capital contable de 2 millones 520 mil pesos, según su última declaración fiscal, pero Coyma aún no tenía ingresos.

En enero de 2005, le otorgaron el contrato 415124814 por 5 millones de pesos, para la construcción de líneas de inyección en los pozos Sitio Grande 801 y 911 del Activo Integral Macuspac.

El 20 de abril, PEP le adjudicó el contrato 415125832 “para la adecuación de gasoducto de 24 pulgadas” en las compresoras Cunduacán-Samaria II, por 14 millones de pesos.

El 16 de agosto, la Gerencia de Mantenimiento y Construcción Región Sur le adjudicó el contrato 415135871 por 19 millones de pesos para la “rehabilitación de ductos de recolección y transporte” del sector Samaria del Activo Integral Samaria Luna.

Sobre este contrato, las actas del proceso de licitación registradas en la SFP indican que ninguna empresa presentó propuesta técnica ni económica.

En respuesta a una solicitud de Contralínea a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, PEP justifica que la adjudicación a Coyma la decidieron Rufino Ordaz Cruz, subgerente de Mantenimiento a Ductos y Vías de Acceso; Miguel Ángel Lugo Valdez, subgerente de Recursos Materiales; y Araceli Ferrera Basilio, superintendente de Ingeniería de Costos, “después de un proceso de licitación entre 12 empresas”.

El 18 de agosto, estos mismos funcionarios le adjudicaron el contrato 415125957 por 2 millones de pesos, para la “estabilización de taludes de batería y compresoras Muspac”; el 24 de febrero de 2006, el contrato 24153 por 150 mil pesos, para “fabricación de patín de medición multifásica”; y el 14 de junio, el contrato 425026882 por 4 millones de pesos, para la construcción de un acueducto en el complejo Sitio Grande.

 

Las grandes ligas

Un mes después, Coyma saltó a los contratos  lucrativos. A finales de junio, la Subdirección de PEP Región Sur, que dirige Teódulo Gutiérrez Acosta, publicó la licitación 18575062-069-06 para  “lavado e inertización de ductos fuera de operación” del Activo Integral Muspac. 

En la licitación participaron: Consorcio Constructor y de Telecomunicaciones, Grupo VC Industrial y Merodio Construcciones HF Comercializadora. En ninguna acta de licitación aparece como concursante Coyma de Tabasco, lo que hace inexplicable que el 20 de julio de 2006, se le haya otorgado el contrato No. 425026912 por 52 millones de pesos.

De acuerdo con Pemex, decidieron la adjudicación  Vicente Jáuregui Arteaga –supervisor de la Superintendencia de Mantenimiento a Ductos y Vías de Acceso del sector Macuspac y encargado de éste proyecto– y Araceli Farrera Basilio, de la Subgerencia de Recursos Materiales Región Sur. Ambos se beneficiaron de la adjudicación ilícita de Coyma de Tabasco y recientemente fueron denunciados ante la SFP.

En la reunión para adjudicar éste contrato, el 20 de julio en la Sala Reforma de la Subgerencia de Recursos Materiales de PEP en Villahermosa, no estuvo presente ningún representante del OIC, como marca la ley.

Ese mismo día, Jáuregui Arteaga; Ferrera Basilio; Pedro Llamas Hubner, superintendente de Administración; Alberto Arturo Durán Gutiérrez, subgerente de Construcción de Obras; y Abraham García Frías, superintendente de Ingeniería de Costos, otorgaron a Coyma el contrato 425026908 por 10 millones de pesos, para la “sustitución de líneas de descarga de los pozos Cunduacán e Iride”, en el Activo Integral Samaria Luna.

Ese mismo mes, la Superintendencia de Contratación de Obras y Servicios Relacionados publicó la licitación 18575062-079-06, para la construcción de un oleogasoducto del complejo Acuyo 1 a la Batería Artesa, en el campo de Reforma, Chiapas.

En el proceso participaron Construcción y Recubrimientos Industriales Mayurse, y Grupo Industrial Sisa. La visita de obra, como parte de la propuesta técnica, la hizo la primera. En ninguna de las actas de la licitación aparece Coyma de Tabasco; sin embargo, el 24 de julio, los mismos funcionarios de PEP que autorizaron los contratos 425026912 y 425026908, le adjudicaron ésta última obra, con el contrato número 425026932, por 19 millones de pesos.

El 29 de agosto de 2006, le otorgaron el contrato 425026903 por 3 millones 500 mil pesos, para “adecuaciones a la infraestructura para utilizar la presa de quema de la batería de separación y estación de compresoras” del Activo Integral Macuspac. La obra tenía un periodo original de ejecución de 45 días, pero, mediante un convenio adicional, los funcionarios de la Región Sur autorizaron un incremento en el monto de 3 millones de pesos, tan sólo por cinco días más de trabajo.

De acuerdo con la denuncia enviada a la SFP,  las obras  y servicios que Pemex ha facturado a Coyma de Tabasco, son realizados por los propios trabajadores de Pemex, por ello, solicitan que el OIC verifique cada uno de los contratos.

En enero pasado, por adjudicación directa, PEP asignó a Coyma un contrato para desmantelar el tanque TV-8 de la central de abastecimiento y bombeo en el Complejo Procesador Cactus 1, que se incendió en diciembre de 2006. Según la denuncia, Vicente Jáuregui Arteaga obligó a los trabajadores del Activo Muspac a realizar parte de la obra.

La mayoría de los contratos adjudicados a Coyma de Tabasco fueron etiquetados por los funcionarios de PEP como Proyectos Pidiregas, esquemas en los que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado graves anomalías, las cuales constituyen el pasivo más grande no sólo de Exploración y Producción, sino de toda la paraestatal.

Orlando Ahumada se justifica diciendo que como toda su vida laboral fue en Pemex, cuando lo despidieron: “no tenía otra opción que seguir trabajando allí. “¿Qué querías que hiciera?, ni modo que me muera de hambre”.

Reconoce que la idea de poner a su esposa y su cuñada –quien actualmente vive en España– como propietarias de la empresa fue precisamente para disimular su participación en el negocio, aunque, alega, “yo no sabía que la ley me impide tener tratos con Pemex”.

Ahumada asegura que es común que funcionarios despedidos de la petrolera por alguna irregularidad monten su propia empresa y por sus buenas relaciones se conviertan en contratistas privilegiados.

Con desparpajo indica que en los últimos tres años ha tenido mejores ingresos que cuando laboró como supervisor de obra para Pemex. Sobre las sanciones económicas que le impuso la SFP, dice que no pagó un solo peso gracias a los arreglos de su abogado, el notario Virgilio Martínez.

Rechaza que su empresa provoque daño patrimonial a la paraestatal. Dice que los montos que le han pagado “ni pintan, porque Pemex es muy grande, es de todos los mexicanos” y que, en los procesos de licitación, su empresa cumplió con los requerimientos.

¿Por qué en ninguna de las reuniones en las que se le adjudicaron los contratos estuvo presente el representante del OIC?

“Ese señor nunca quiso estar, ¿ni modo que yo lo trajera arrastrando, verdad?”.

Se solicitó entrevista con Jesús Reyes Heroles y con Carlos Morales para que expliquen por qué la paraestatal otorga contratos a funcionarios inhabilitados de Pemex. El área de Comunicación Social, que encabeza Carlos Ramírez, confirmó la relación de Ahumada con Coyma de Tabasco, pero se negó a hacer comentarios  al respecto.

 

 

 

Fecha de publicación: Septiembre 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 86

 

 

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