LÍNEA GLOBAL

1a quincena Septiembre 2007

México, hacia un estado de excepción

México homologó su marco jurídico para equiparar sus amenazas y necesidades con las de Estados Unidos. Simultáneamente, vigorizó su integración a la superpotencia en el marco de lka ASPAN

Nydia Egremy

 

Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, México permitió que su potencial energético y su agenda de seguridad quedaran bajo jurisdicción estadunidense.

Al adaptar su doctrina de seguridad nacional a la cruzada antiterrorista de Estados Unidos, Vicente Fox y Felipe Calderón consintieron en que la potencia ampliara su perímetro de seguridad –desde el Ártico hasta el río Suchiate–, mediante el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

Alfredo Jalife, especialista en geopolítica, afirma que esa apropiación de los espacios y recursos de otros países “radica en la naturaleza parasitaria de la economía estadunidense, que se nutre de los recursos planetarios”.

Paradójicamente, detrás de su expansión, “ese país tiene una colosal quiebra financiera que se manifiesta en la deuda por cada hogar, de medio millón de dólares. Por eso recurrió al montaje hollywoodense del auto atentado del 11-S y lanzó su guerra contra el terrorismo islámico para capturar los yacimientos de petróleo y gas en el golfo Pérsico, el mar Caspio y Asia central. Si Washington lo hubiese logrado, habría respirado otra década más, pues el saqueo petrolero del Medio-Oriente habría colmado sus agujeros negros financieros”.

Hace unas semanas, la economía estadunidense sufrió una crisis que ya habían previsto analistas y círculos financieros internacionales. La venta de viviendas cayó a su nivel más bajo desde 1990, el consumo bajó y los mercados mundiales se sacudieron.

México no escapará a esa sacudida, porque Estados Unidos debe pagar la factura por la deuda que contrajo para sostener su guerra. De acuerdo con Jalife Rahme, “va por el control del petróleo y el gas de sus vecinos: Canadá –con las mayores reservas de petróleo no convencional del planeta– y México, cuyo petróleo yace en las aguas profundas del golfo”.

La fragilidad económica de ese país se traduce en su dependencia del petróleo extranjero. Basta comparar que en los años setenta, cuando ocurrió el embargo petrolero, dependía un 22 por ciento del crudo importado; ahora, su dependencia del exterior supera el 50 por ciento de los insumos petroleros, particularmente mexicanos.

Para John Saxe Fernández, coordinador del Seminario México en el Siglo XXI de la Universidad Nacional Autónoma de México, “como todo estado imperial, Estados Unidos es parasitario y vive de los recursos que se allega”. Para lograr el sustento –asegura–, la elite del poder en Washington usó políticamente el temor de sus ciudadanos al terrorismo. Un ejemplo fue la declaración de Condoleeza Rice, cuando era asistente del Consejo de Seguridad Nacional: “hay que aprovechar el 11-S para modificar la doctrina estadunidense”.

El control del petróleo provino del uso de los instrumentos del Estado –el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia Nacional de Seguridad– para la ocupación de Irak, a quien se le atribuyó responsabilidad en los ataques del 11-S. Esa “fue una excusa, pues no tuvo nada que ver con los ataques. Fue tan falaz que un analista estadunidense afirmó que era como si después de Pearl Harbor se hubiera decidido atacar a México”, observa Saxe.

 

Bajo la ASPAN

Tras la pretensión estadunidense de controlar la energía, agua y biodiversidad de México, ya existe una “integración silenciosa” –como la denominó Robert Pastor, el promotor del TLCAN y vocero del Foreign Relations Council– con México. Eso se expresa en una amplia red de normas jurídicas y reformas legales destinadas a contrarrestar el terrorismo.

Entre los efectos de esas reformas está la aprobación para permitir que agentes estadunidenses resguarden instalaciones estratégicas en nuestro país. También, se adoptaron medidas legales para prevenir el financiamiento a organizaciones terroristas, como informó el gobierno mexicano al Comité Contra el Terrorismo (CCT) de la Organización de la Naciones Unidas, de acuerdo con información obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Además, en mayo del 2005, se concretó el traspaso del Instituto Nacional de Migración (INM), al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), una dependencia creada en enero de ese año, luego de largos debates parlamentarios. El objetivo de ese cambio consistió en que todos los bancos de datos del INM formaran parte de la Red Nacional de Información, la cual se comparte a nivel trinacional, en el marco de la ASPAN.

Aunque el primer objetivo del CSN es “proteger a la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente”, organizaciones civiles mexicanas advierten que el traspaso de la información del INM al Consejo de Seguridad criminaliza la migración.

El 24 de febrero de ese año, el Senado aprobó –con el aval del PRI y PAN– una reforma al artículo 76 constitucional para que las fuerzas armadas participen en operaciones internacionales de paz y en ejercicios militares con Estados Unidos y otros países. Prevé que las decisiones sobre el nuevo papel del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea recaerán en el Ejecutivo federal, sin pasar por el Senado.

Así se preparó el escenario para las iniciativas que  propuso Felipe Calderón. Entre ellas, la derogación de la Ley de Neutralidad de 1939, la creación de un Código Penal único, la propuesta de autonomía del ministerio público de la Federación; y nuevas reglas en los procesos del crimen organizado.

Jalife ve en esas reformas un blindaje destinado a evitar que desde suelo mexicano penetren los numerosos enemigos de Estados Unidos. El TLCAN y la ASPAN son dos instrumentos que lograron que México “sea deglutido al esquema de la seguridad periférica de Estados Unidos”. Estima que las medidas civiles que diseñó México para contrarrestar el terrorismo islámico, “son parte de la estrategia estadunidense para controlar el petróleo mexicano”.

El investigador en temas de seguridad nacional, Raúl Benítez Manaut, llama la atención sobre las medidas legales aprobadas en Estados Unidos tras el 11-S. Todas ellas, amplían la esfera de seguridad de esa nación y acotan las libertades civiles de los estadunidenses mediante la ampliación de los poderes del Estado.

Benítez cita la ley FISA S, 1927, aprobada en agosto pasado, la cual permite las escuchas telefónicas e intercepción de correos electrónicos de personas en Estados Unidos que se comunican con individuos en el extranjero y modifica a la Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros, (FISA, por sus siglas en inglés) que data de 1978. 

Cita la iniciativa estadunidense vinculada con la seguridad de aeropuertos y puertos. Se trata de una forma de “inspección total” y de “seguridad total” que, afirma, no afecta de manera directa las libertades. “Sólo las priva si se quiere viajar, pues con el control de pasajeros, se restringirá más el acceso al avión con bienes y deberán acostumbrarse a esas nuevas medidas”.

Los mexicanos están entre los que más resentirán esas restricciones pues son quienes más usan las fronteras terrestres de Estados Unidos, así como los pasajeros procedentes de Asia –cuyos viajes a aquella nación van en aumento– y los europeos.

La iniciativa HR418 –que presentó el congresista James Sensebrenner de Wisconsin, en enero de 2005– también afecta a millones de mexicanos, pues facultó al Secretario de Seguridad Interna a autorizar la construcción de bardas protectoras en la frontera con México.

A través de la ASPAN ese marco legal estadunidense podría pasar a las legislaciones de Canadá y México. Es posible que surjan iniciativas en esa dirección, explica Benítez Manaut, quien agrega que para que esas leyes se apliquen rápidamente, se emiten como Decretos y paulatinamente se adaptan  o “se negocian con otros gobiernos. Este será el caso”.

Tal como ocurre en Estados Unidos desde el 11-S, también el gobierno mexicano recurrió a los decretos Ejecutivos para eludir su discusión por el Senado. Así ocurrió con la ASPAN, que entró en vigor en marzo del 2005 por decreto de los jefes de estado de Canadá, Estados Unidos y México.

Para John Saxe la remodelación del aparato judicial conforma el “desborde del Estado de Excepción” que se observa en el programa “de modernización” del sector judicial para el Código Penal, que desarrolló el Banco Mundial para México.

De igual manera, coinciden en tiempos la aprobación del espionaje telefónico de ciudadanos estadunidenses sin autorización judicial, la solicitud del Ejecutivo mexicano en el mismo sentido y la contratación gubernamental de firmas estadunidenses para monitorear teléfonos y  comunicaciones privadas de mexicanos.

Para Saxe, el uso “deplorable” de los instrumentos del Estado en los comicios mexicanos del 2006 debilitó la credibilidad de las instituciones y, simultáneamente, propiciará el abstencionismo. Esos son factores “precipitantes de violencia interna”, advierte.

 

Provocar tensión

Al fracasar el uso político de “la bandera sangrienta del 11-S” –como lo denominó el New York Times– ahora Estados Unidos mantiene lo que en la literatura social se conoce como “estrategia de la tensión”.

Saxe Fernández, refiere que esa estrategia no es nueva, pues apenas en 2002, “el Departamento de Defensa estadunidense propició una estrategia antiterrorista para provocar actos terroristas desde las fuerzas del Estado”.

A través de fuerzas especiales y grupos de provocación, se generan condiciones para detectar a los terroristas. Ese “terrorismo antiterrorista” monta fuerzas especiales en operativos de naturaleza “preventiva” y “preactiva”. Se los conoce como Preventive Proactive Operation Groups (PPOG por sus siglas en inglés). Esa estrategia fue instaurada por el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

Existen dos evidencias de actos del Estado para provocar acciones terroristas. La más reciente es la que ofreció Zbigniew Brzezinski –exasesor de seguridad nacional de James Carter–, el 7 de febrero pasado, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Ahí, calificó la ocupación de Irak de “calamidad moral, histórica y estratégica” y aseguró que mucho se temía que hubiera un acto de provocación, ya fuera en Irak o en Estados Unidos, atribuido a Irán para justificar la agresión a ese país.

Otra evidencia de autoprovocación de atentados, es la Operación Northwoods (madera del norte), que el Estado Mayor Conjunto estadounidense planteó a John Fitzgerald Kennedy. Se trataba de armar ataques terroristas contra estadunidenses civiles y militares para sacudir a la opinión pública y justificar una guerra contra Cuba, achacándole los ataques a Fidel Castro.

También en la Italia de la guerra fría se usó la “estrategia de la tensión”. La democracia cristiana auspició asesinatos, sabotajes, tiroteos y explosiones que se atribuyeron a los opositores progresistas con intención de criminalizarlos para que perdieran el poder.

“Michel Chossudovsky insiste en que se debe revisar el comportamiento del gobierno de Bush, desde enero hasta el 10 de septiembre del 2001. Debe examinarse cómo ocurrió el 11-S, señala, pues no tenemos la seguridad de qué fue lo que pasó entonces. Basta recordar que muchos de estos grupos proactivos-preventivos operan con enorme autonomía, incluso, los perpetradores de los acontecimientos no siempre están conscientes de que obedecen a sus patrocinadores”, advierte Saxe Fernández.

Las estrategias de la tensión y antiterrorista conforman el Estado de Excepción que en México se expresa con la represión gubernamental contra grupos de ciudadanos disidentes en Atenco y Oaxaca, así como la reivindicación de los atentados contra ductos de Pemex por el Ejército Popular Revolucionario, asegura John Saxe.

“Después del 11 de septiembre del 2001, lo que se instauró en Estados Unidos es una guerra declarada al estado de derecho y a la Constitución de aquel país, así como a las garantías individuales y a los derechos políticos de sus ciudadanos y del resto del mundo”.

En este contexto se inserta la nueva “Ley Marcial” que solicitó Felipe Calderón con el objetivo de centralizar el poder sin pedir autorización al poder legislativo.

Para Saxe, eso significa que ya se desbordó el Estado de Excepción. El intento del PAN de eliminar a la ley de neutralidad de 1939 busca abrir las compuertas para la presencia directa militar estadunidense en puertos y áreas estratégicas mexicanas.

 

Sigue la guerra fría

Miguel García Reyes, presidente del Centro de Estudios Geopolíticos, considera que con los demócratas en el poder, se darán las condiciones para el retiro militar de Afganistán e Irak. “Los republicanos y la dinastía Bush están en franca retirada; es el desgaste de la petrocracia texana y Estados Unidos busca la manera de salir lo menos golpeado de esta crisis.

“Bajo esa perspectiva, cambiará la agenda de seguridad internacional y el nuevo enemigo será el deterioro ambiental. Como los demócratas tienen un discurso ambientalista, se prepara el terreno para que esa sea la prioridad en la agenda estadunidense y, por ende, en la internacional.

“Así como México se plegó a la agenda estadunidense del terrorismo y de la seguridad fronteriza, de igual manera nos dirigimos a apoyar las propuestas de seguridad energética para la producción de etanol y biocombustibles a partir de la caña, maíz, arroz  y frijol”, anota el experto en Geopolítica.

Sin embargo, ahora que se transita del petróleo al etanol, México bajó los precios de su crudo en la primera quincena de agosto. Para el doctor en geopolítica, esa media es “el pago de favores de Calderón a los Bush por el apoyo en las elecciones. Ahí es donde se aprecia el sometimiento al que estamos expuestos”.

Sin embargo, los compromisos asumidos en el ASPAN son prioridad. Por ello, el Programa Nacional de Energía 2006-2012 pone en primer lugar la búsqueda de fuentes alternativas y en tercero, el petróleo. “Debía ser al revés, pero como Estados Unidos está aferrado a la agenda ambiental, nos obligan a seguir esa línea”, dice García, quien agrega que por esa razón, la superpotencia recomendó construir 40 regasificadoras en México y Canadá.

En México no hay información pública sobre esa cuestión.  Sólo se conoció cuando trascendió un documento titulado Balance energético norteamericano 2000-2012. Más adelante se conoció otro documento con el título: Para la cooperación en América del Norte. “Ese es el único punto en la agenda energética de la ASPAN, en que leí que México dará espacio para esas plantas, porque a Estados Unidos se lo prohíben sus leyes ambientales”, explica García Reyes.

“Ese programa de instalación y reposición de plantas de regasificación va viento en popa. Ya está la de Altamira y se avanza en Lázaro Cárdenas, en Colima, en Sonora, en la isla Coronado de Baja California”. Todas bajo el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad, con lo que se entiende la insistencia oficial en atender Burgos, Sabinas y Piedras Negras, con gran potencial gasífero.

En el ámbito geopolítico, García Reyes considera que el retiro estadunidense de Irak y Afganistán no será porque esté perdiendo la guerra. “Ahí les salió bien: probaron bombas, probaron armas, hicieron lo que quisieron y, además, siguen ahí y controlan el petróleo. Se van porque ya les corresponde entrar a otros negocios; los petroleros se van y ahora entran los ambientalistas”.

Entre los escenarios que Miguel García Reyes prevé, está la presión proveniente del Consejo Ejecutivo de la ASPAN –luego de su cumbre en Canadá– para aceptar la creación de una Organización de Países Exportadores de Etanol, similar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

“Estados Unidos quiere a México, Colombia y Brasil como sus aliados para enfrentar el desafío que le presentará la existencia de un bloque similar conformado por países productores y exportadores de gas natural, encabezado por Rusia. La guerra fría no terminó”, concluye.

 

 

 

Fecha de publicación: Septiembre 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 86

 

 

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