POLÍTICA

1a quincena Septiembre 2007

Un fiasco la ley de Seguridad Nacional

A casi tres años de publicada, la Ley de Seguridad Nacional se ha revelado como un documento obsoleto, ajeno a la realidad mexicana e incapaz de garantizar la soberanía del país. Lejos de servir de marco jurídico en la lucha contra las amenazas a la estabilidad nacional, ha resultado una coartada para legalizar espionaje telefónico, intervenir correspondencia electrónica y criminalizar a disidentes del gobierno panista.

 

Zósimo Camacho

 

El marco jurídico esgrimido por el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para enfrentar los “riesgos” y “amenazas” a la seguridad nacional es ambiguo y “prácticamente no le sirve a nadie”, consideran legisladores y especialistas en seguridad nacional.

Desde la llegada de Calderón a la Presidencia de la República –entre acusaciones de fraude electoral–, el tema de la seguridad nacional se instaló como prioritario en la agenda política del país. Invocando el combate al narcotráfico, el jefe del poder ejecutivo ordenó la salida del Ejército Mexicano a las calles y advirtió que la preservación de la seguridad nacional sería “uno de los tres temas prioritarios” durante su gobierno.

Sin embargo, el marco jurídico que debería garantizar que las acciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); las secretarías de la Defensa Nacional y Marina (Sedena y Semar, respectivamente), y la Procuraduría General de la República (PGR) respondan a los intereses de la nación y no a los del gobierno en turno o a los de grupos políticos es “inservible”.

Lejos de considerar como amenazas a la seguridad nacional la pérdida de soberanía alimentaria, las pandemias, el cambio climático o los embates contra los sectores estratégicos de la economía del país, la Ley de Seguridad Nacional vigente incluye sólo al “espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio” y los “actos que impidan a las autoridades a actuar contra la delincuencia organizada”.

Así, la nueva legislación sólo contempla las “amenazas” tradicionales heredadas de la guerra fría y que tienden a salvaguardar los intereses del grupo político que ostenta el poder. Además, concede al presidente de la República la facultad de incorporar a la Agenda Nacional de Riesgos cualquier tema de su interés y, con ello, hacerlo objeto de las actividades de todas las instancias encargadas de preservar la seguridad nacional. Desde el gobierno de Vicente Fox, la aprobación de las “reformas estructurales” se convirtió en un asunto de seguridad nacional y un “valor tutelado” por el “servicio de inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad nacional de México” (Contralínea 79).

 

Garantías individuales, “vulneradas”

Además, la Ley hizo legal el espionaje realizado por el Cisen contra particulares sospechosos de atentar contra la seguridad nacional. En el segundo capítulo de la norma, “De las intervenciones de comunicaciones”, se faculta al Cisen, previa autorización de un juez, a “la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro […] de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o tecnología”.

Mario Arroyo, especialista en seguridad nacional y catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), considera que la facultad de intervenir comunicaciones ha resultado intrascendente. Señala que las escuchas nada han aportado en la preservación de la seguridad nacional y el combate a la delincuencia organizada.

El maestro en política criminológica por la Universidad de Londres explica que el espionaje realizado por el Cisen “no tiene valor probatorio en un juicio y, por lo tanto, resulta ambigua esa disposición legal. Si no se puede utilizar esa herramienta para un juicio, entonces para consumo de quién es esa información”. Agrega que, además, “lo que está ocurriendo en la práctica es que tampoco los jueces están otorgando órdenes de investigación”.

Para el diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Armando Barreiro, esta disposición es anticonstitucional porque “va contra las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Sostiene que ninguna persona debe ser espiada o intervenida en sus medios de comunicación. “Pensamos que están utilizando a la seguridad nacional como pretexto para darle seguimiento a la disidencia y criminalizar el movimiento social”.

 

“Amenazas”, los adversarios políticos

El principal defecto de la Ley, según coinciden especialistas y legisladores, es la “ambigüedad” del concepto de seguridad nacional y las amenazas a ésta.

Guillermo Garduño, maestro en sociología y especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, lamenta que la actual legislación privilegie las “amenazas” de carácter político. “Lo que esto demuestra es que en México se sigue considerando a las izquierdas como el enemigo a combatir; y esto ya es algo insostenible”.

El catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana señala que “los elementos más importantes de defensa de la seguridad nacional actualmente no son únicamente militares: tenemos políticos, económicos y, sobre todo, sociales que la Ley no contempla”.

Considera que la lucha contra la pobreza es un asunto de seguridad nacional y, al mismo tiempo, se trata de un problema de injusticia social. “La defensa de la seguridad nacional siempre ha estado relacionada con la defensa de un orden social; la diferencia con los regímenes anteriores debe estribar en que ahora se defendería un orden social justo”.

El artículo 3 de la Ley define a la seguridad nacional como “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. La ambigüedad del concepto le ha permitido al poder ejecutivo en turno justificar sigilo, acciones encubiertas y negativas a las solicitudes de información no sólo del Cisen, Sedena, Semar y PGR, sino también de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Relaciones Exteriores.

“La Ley adolece de imprecisión en los conceptos fundamentales que la integran”, lamenta el diputado perredista Armando Barreiro. Para el legislador, secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, resulta “asombroso” que la legislación, redactada a finales del sexenio de Vicente Fox, “hable de terrorismo y delincuencia organizada; pero no, de las empresas estratégicas de la nación”.

Barreiro considera que “la mayor parte de la ley ha sido letra muerta. Ni el Cisen ha mejorado en sus funciones ni se ha logrado establecer la coordinación que supuestamente debe existir entre todas las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional. Todo ha fracasado”.

Por su parte, el general Roberto Badillo, diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusa a los gobiernos panistas de “partidizar” la seguridad nacional del país.

Según el legislador, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, los órganos de inteligencia del país son los responsables de “los escándalos que han sucedido desde el sexenio pasado y que involucraron a políticos del PRD y del PRI. Ellos están partidizando un asunto que debe estar por encima de los conflictos entre los políticos. Y todo esto es posible porque la Ley es ambigua. Nada podemos esperar de esta legislación. Mientras no hagamos una reforma profunda, no tendremos seguridad nacional”.

El catedrático del ITESM Mario Arroyo reconoce que el concepto de seguridad nacional contenido en la Ley es ambiguo. Sin embargo, se muestra cauteloso al hablar sobre la posibilidad de que se integren nuevos conceptos a la seguridad nacional, tales como las pandemias, el cambio climático y la soberanía alimentaria.

“La seguridad nacional es cambiante. Lo que hoy es un riesgo quizá mañana no lo sea: por eso se debe dejar esa facultad al Ejecutivo en turno y se debe proveer al Congreso de capacidad para que sea tomado en cuenta a través de la Comisión Bicamaral.”

El investigador señala que la Ley Seguridad Nacional no sólo es ambigua, sino incompleta. Considera que el nombre de es pretencioso porque sólo contempla las actividades del Cisen y ni siquiera menciona las que realizan la Sedena y la Semar. “Sólo debió llamarse ‘Ley que regula al Cisen’”.

 

 

Fecha de publicación: Septiembre 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 86

 

 

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