El Ejército Mexicano en el banquillo de la CIDH

Abel Barrera Hernández*

En la Montaña de Guerrero, donde no hay brechas transitables, donde la muerte acecha en los caseríos de lodo y zacate a causa de la desnutrición de las madres y los niños, donde la tasa de analfabetismo se eleva al 70 por ciento y donde la siembra del maíz ha sido suplantada por el “maíz bola” (la amapola), los gobiernos han procurado una mayor inversión para que en lugar de médicos y maestros lleguen militares, gafes y hummers. Se ha adelgazado el gasto social y no hay fondos para construir clínicas y escuelas porque se ha priorizado la inversión en equipo e instalaciones militares, en cuarteles de la policía y en centros de readaptación social. Para los pobres, en lugar de salud, educación, trabajo y alimentación tienen ahora adentro de sus territorios a todo el aparato represivo del Estado que está presto para contener y criminalizar la protesta social.

En contrapartida, la guerra contra las drogas y el terrorismo ha dado pie para que el gobierno de Estados Unidos continúe con sus planes injerencistas a través de programas bélicos encubiertos, como la nueva Iniciativa de Mérida, que contempla una ayuda de 500 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que en realidad es una propuesta guerrerista contra el terrorismo y la población emigrante, al empeñarse en sellar sus fronteras. Lo mismo que sucedió con el Plan Colombia: en México se quiere implantar un modelo de intervención militar disfrazado de apoyo económico y tecnológico.

A nivel interno, el Ejército Mexicano no sólo goza de la simpatía y el apoyo financiero del ejecutivo federal, sino que se pasea con él y lo presenta como el baluarte de la democracia neoliberal. Sin detenerse en sopesar los riesgos que implica la incorporación del Ejército en asuntos civiles, le sigue asignando funciones metaconstitucionales al depositar su confianza para que tome el mando de la seguridad pública y la procuración de justicia, expandiendo impunemente el fuero militar al ámbito civil.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción militar ha de tener un carácter restrictivo y excepcional”. La misma Corte Interamericana ha manifestado que cuando un Estado permite que las investigaciones las dirijan militares, la independencia e imparcialidad se ven claramente comprometidas y el resultado es una impunidad de facto que supone la corrosión de la ley y viola los principios de la Convención Americana.

La injerencia indebida del Ejército en investigaciones de civiles ha propiciado un etnocidio jurídico entre los pueblos indígenas, que es consentido y avalado por las mismas autoridades que procuran y administran justicia, al no proporcionarles garantías de acceso efectivo al sistema de justicia estatal. La ley mestiza no sólo discrimina a la población indígena que se expresa en su propia lengua y que cuenta con otro sistema normativo, sino que la cataloga como cómplice de la insurgencia armada y como productora de amapola.

La declaración de guerra del gobierno contra la guerrilla y el narcotráfico se ha traducido en una invasión permanente del Ejército a los territorios indígenas; en una intromisión violenta a su vida comunitaria y en una agresión sistemática contra sus líderes y contra las mujeres.

En Guerrero, con este ambiente belicista en las regiones indígenas, se han podido documentar seis casos de mujeres que han sido violadas por militares, sin que hasta la fecha las autoridades civiles hayan investigado y procedido penalmente contra los responsables.

El 3 de diciembre de 1997 en un paraje de Zopilotepec, municipio de Atlixtac, ubicado en la Montaña alta, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez Rámirez, de 31, indígenas me’phaa, fueron violadas sexualmente frente a sus esposos por varios elementos del Ejército Mexicano, por el simple hecho de encontrarlos cerca de un sembradío de amapola. Otro caso que raya en la barbarie militar fueron las ejecuciones del niño mixteco Antonio Mendoza Olivera, de 10 años, y de Evaristo Albino Téllez de 27, quienes pastoreaban sus chivos cerca de un campamento militar. Fueron agredidos porque el tío portaba una escopeta y el Ejército interpretó que era un plan para emboscarlos. Al siguiente día, el 21 de abril de 1999, al ver que no llegaban sus familiares, Victoria Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, madre y esposa, fueron a buscarlos siguiendo el rastro de los chivos. Nunca pensaron que en su camino se toparían con los guachos, quienes abusando de su fuerza impune, las sometieron y violaron. No sólo sufrieron el ultraje sino soportaron las muertes cobardes de Antonio y Evaristo. La comunidad mixteca de Barrio Nuevo de San José, municipio de Tlacoachistlahuaca tuvo que sufrir en silencio este dolor porque saben que, con el Ejército, su vida peligra.

En Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú, de 17, años fue también violada por varios elementos del Ejército cuando lavaba su ropa, el 16 de febrero de 2002. En Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, Inés Fernández Ortega, indígena me’phaa de 27 años, fue violada por varios militares que entraron en su casa, con el pretexto de que su esposo se había robado una vaca. La prueba burda era la carne que se encontraba tendida en el patio y que la estaban oreando.

Sólo Valentina e Inés se han mantenido en pie para exigirle al Estado mexicano que atienda su denuncia y que ponga en el banquillo de los acusados a los militares violadores. Nada ha pasado a lo largo de estos cinco años; por el contrario, el gobierno sigue protegiendo a los militares al permitir que los dos casos se investiguen en la procuraduría de justicia militar, fungiendo a la vez como juez y parte y decretando con ello la impunidad.

A pesar de la total indefensión y de los grandes riesgos que corren, es admirable el afán de justicia que mantienen Valentina e Inés. Su valentía y tenacidad se transformaron en las grandes virtudes que han logrado colocar en el banquillo de los acusados al Ejército Mexicano en la CIDH , por la misma complicidad de las autoridades de nuestro país, que se han empeñado en criminalizar la lucha legítima de los pueblos indígenas de ser respetados y reconocidos como sujetos de derecho público.

Este pasado 12 de octubre en Washington, D.C., el gobierno mexicano quedó evidenciado y desarmado jurídicamente ante los comisionados, cuando Inés y Valentina le espetaron en su idioma me’phaa “no somos delincuentes, ni sembramos droga, a nosotras nos violaron los guachos y queremos justicia”. La delegación mexicana enmudeció mientras Valentina e Inés recibían el saludo solidario del presidente de la CIDH.

Revista Contralínea

México

Fecha de publicación: Noviembre 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 91