Abandona gobierno a emigrantes

El gobierno de Felipe Calderón redujo considerablemente los recursos destinados al apoyo de migrantes mexicanos y suprimió la atención a los detenidos portadores de VIH/SIDA y tuberculosis en la frontera con Estados Unidos

Nydia Egremy

La asistencia jurídica urgente a los mexicanos en el extranjero, así como la atención a repatriados y visitas a centros de detención migratoria, son los programas de ayuda a emigrantes que el gobierno redujo para este año, mientras que el apoyo a mexicanos con VIH/SIDA, simplemente desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio de 2007. Esa limitación de recursos orilla a los mexicanos en Estados Unidos a sufrir detenciones, maltrato o condenas a muerte por el sistema judicial de aquel país, estiman especialistas.

La asesoría y apoyos materiales que no llegarán a los mexicanos en Estados Unidos por esa decisión gubernamental son el Programa de Atención a Migrantes Detenidos por Vigilantes de la Frontera , que no recibió fondos para este año, en contraste con los 14.1 millones de pesos (mdp) que ejerció el año pasado; los programas de Atención a Repatriados y Visitas a Centros de Detención Migratoria (15 mdp en 2006) y el de Apoyo a Migrantes Mexicanos con VIH/SIDA y tuberculosis (30 mdp el año anterior). Ninguno se consideró en el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 2007.

Los programas cuyos montos económicos se redujeron sustantivamente son el de Asesoría Jurídica Urgente para Mexicanos en el Extranjero, que en 2006 ejerció 45 millones de pesos y en 2007 sólo recibió 7 mdp. El de Defensa de Condenados a Muerte, que en 2006 recibió 15 mdp y este año sólo recibió 6 mdp; igual ocurrió con el de Repatriación a Personas Vulnerables, 15 mdp en 2006 y sólo 5.4 mdp en 2007. Este recorte también alcanzó al Programa de Consulado Móvil y Consulado sobre Ruedas, que en 2006 ejerció 25 mdp y bajó a 17.4 mdp para 2007.

De esa manera, el primer presupuesto de la administración de Felipe Calderón, cuyo monto estimado es de 2.26 billones de pesos, es decir casi 208 mil millones de dólares para 2007, sólo destinó mil 672 millones de pesos para financiar programas de atención a los emigrantes. El contraste entre esa suma y los casi 24 mil millones de dólares que los mexicanos en la Unión Americana enviaron a sus familias en México como remesas es enorme, señala el diputado emigrante por el Partido de la Revolución Democrática , José Jacques Medina.

Esa suma representa unos 152 millones de dólares, que equivalen al 0.6 por ciento de lo que ingresa al país por concepto de remesas, dice Jacques Medina, quien desde que se aprobó la medida, en diciembre pasado, rechazó esa reducción presupuestaria. Esa cantidad “está por debajo de lo que requerimos en 62 por ciento”, expresó al tiempo en que reiteró que la tendencia a la baja en esos programas se mantiene desde el PEF de 2006.

En contraste, Andrés Bermúdez, diputado emigrante por el partido Acción Nacional (PAN), respondió de esta manera a la medida: “Sí, se necesitan más recursos para algunos programas y se van a obtener, pero hay que entender que se trata de una cuestión política”. Bermúdez y Jacques Medina integran la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, cuya presidencia detenta el PAN.

El escenario antes descrito le sugiere a Javier Urbano, especialista de la Universidad Iberoamericana (UIA) en temas migratorios, que se trata de una “ineptitud absoluta; porque los encargados de los temas de la protección migratoria no tienen ni la más remota idea de lo que significa”. El académico subraya que, hasta ahora, el tema de la protección consular se ha abordado como un fin, no como una herramienta que debiera complementarse con la capacitación y asistencia de las comunidades de emigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Agrega que no sólo se trata de asignar más recursos a la protección consular: “Ese es un discurso bastante atrasado. Se debe considerar la forma de aumentar las capacidades de la protección migratoria y cambiar los principios de ese concepto, que es muy limitado y reduce la responsabilidad de los burócratas de la diplomacia”. El investigador propone ampliar la visión de la asistencia consular sin limitarse sólo a la protección.

En su opinión, visión del gobierno mexicano es: “proteger es suficiente”; sin embargo, mientras que las zonas de asentamiento de emigrantes han cambiado, la ubicación de los consulados mexicanos permanece igual: “Eso me sugiere dos cosas: una, que muchos cónsules están nada más de turismo, y dos, que quienes realmente trabajan, de verdad hacen verdaderos apostolados”.

Para ser más eficaces, Urbano Reyes propone ampliar la cobertura de los consulados mexicanos. “Que tengan alcance en ciudades intermedias, como un consulado móvil permanente, donde no se mueva la oficina pero sí los funcionarios y que permanentemente estén presentes en rangos de tiempo”. Aunque parece claro que los recursos económicos sí interesan, “antes hay que ver para qué fines se destinan. Se debe trabajar para definir un aumento en los gastos de protección consular, pero también para aumentar su eficacia”.

El catedrático lamenta que la administración pública –“ésta y las anteriores”– se acerca poco a quienes trabajan en temas de migración. Esa lejanía da por resultado medidas que se adoptan “por sentires o por contentillo, y eso provoca irritación en quienes trabajamos los temas de migración, pues observamos políticas sumamente limitadas”, que van a contracorriente de las medidas que se deben adoptar por la importancia de los temas.

Sin diálogo

“Seguimos anquilosados en el esquema de los consulados tradicionales y no somos capaces de percibir que se está desviando y modificando el flujo migratorio hacia regiones en donde antes no veíamos a un solo mexicano. Tenemos que modificar la cartografía de la ubicación de los consulados”, destaca Ventura. Esa transformación contribuirá a elevar la eficacia de una gran parte de los funcionarios de consulados móviles.

Otra limitante en la protección consular es la falta de una política de vinculación con las comunidades de emigrantes. “Es preocupante porque no hemos logrado hacernos de un buen mecanismo de comunicación con ellas, y algunas han adquirido poder político”, señala el investigador, quien sugiere que esas agrupaciones serían gestoras e intermediarias de la asistencia de los consulados. Un ejemplo sería con las agrupaciones de indocumentados, que son los más vulnerables, y cuyas necesidades conocen bien las comunidades organizadas.

Subraya que tampoco se tiene una percepción real del valor de la comunidad ya organizada. Es decir, cómo pueden contribuir los clubes de zacatecanos, de oaxaqueños, o de poblanos a ampliar el trabajo consular hacia otros mexicanos en Estados Unidos. De qué manera ellos pueden ayudar a transformar la actividad de protección en una herramienta de asistencia.

Para Alejandro Anaya, coordinador del área de Estudios Internacionales de la UIA , se debe conocer la justificación del gobierno para la disminución en esa ayuda. “Es preciso conocer los recursos del Estado y, para medir su nivel de compromiso, sí se puede exigir la progresividad de los recursos disponibles, como plantean los lineamientos internacionales en materia de derechos económicos y sociales”.

Si el Estado carece de recursos, “no se le puede exigir mucho –plantea–; sin embargo, si no hay progresividad en la ayuda y, en cambio, hay regresión en los recursos para ese rubro habría que señalarlo y criticarlo muy fuertemente”.

Según Anaya, hay que tener cuidado al identificar los 24 mil millones de dólares que envían los emigrantes a México como recursos del país. “Ese dinero no pasa por sus manos, sino que se va a las familias, aunque cabe preguntarse: ¿cuánto ingresa al gobierno en términos de impuestos de esos 24 mil millones? Y de eso, ¿cuánto dedica éste a los emigrantes?

Se podría argumentar –indica– que la mayoría de ese ingreso va al consumo, que en muchos casos implica un Impuesto al Valor Agregado (IVA). Si gran parte del consumo se dedica a bienes, ampliación de viviendas, equipos electrodomésticos, éste generaría impuestos, aunque es difícil medirlo, porque también se va para alimentos y medicinas que no tienen IVA.

Desde el 9 de octubre, Contralínea buscó conocer la versión de la cancillería sobre este recorte presupuestal, sin embargo, no obtuvo respuesta.

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Transferencia récord de muertos

En materia migratoria el 2004 fue significativo e. El 26 de noviembre, al término de su participación en el Seminario ODCA-PAN América Latina 2025: Una Visión Humanitaria, Luis Ernesto Derbez respondió a una pregunta sobre el cierre de consulados previsto en caso de que el presupuesto así lo determinara.

“No sé, lo estamos revisando. Parte de la reunión de ayer con el secretario de Hacienda fue tener una idea muy clara del presupuesto que se presentó en la Cámara. Lo que sí le puedo decir es que, por definición, tendrá que ocurrir. Si nos rebajan esa cantidad, habrá que reducir los servicios humanos: protección consular, protección de nuestros conciudadanos, etcétera”.

Ahí comenzó la tendencia a la baja en los programas de ayuda, que se concretó en el presupuesto de 2006 y que, incluso en 2007, suprimió algunos más.

En diciembre de 2004, la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores un “informe detallado” sobre los criterios para trasladar a México los cuerpos de los emigrantes e indocumentados fallecidos en Estados Unidos. La petición fue formulada a partir de un punto de acuerdo que propuso el legislador priísta Álvaro Burgos Barrera.

La respuesta de la cancillería carecía de un análisis sustancial: cada año traspasan la frontera entre México y Estados Unidos cerca de 8 mil cadáveres, pertenecientes a emigrantes e indocumentados, en lo que constituye el mayor movimiento internacional de restos humanos en el mundo.

La causa de muerte de la mayoría de esos mexicanos se atribuye a accidentes laborales, viales, deshidratación, hipotermia y enfermedades derivados del trabajo. Esta realidad, señaló Alberto Mijangos Sosa, promotor de los derechos de los emigrantes en Los Ángeles, California, se vinculan con la deficiente atención que reciben nuestros connacionales en los consulados para ser apoyados en la repatriación.

La reflexión del activista cobra importancia en virtud del recorte presupuestal para los programas de ayuda a las comunidades de emigrantes en Estados Unidos. Tan sólo en 2004, la cancillería ejerció un presupuesto de 120 millones de pesos destinados a servicios como la repatriación de cadáveres. En esa fecha, el costo anual estimado para repatriar los cuerpos de los emigrantes fallecidos en Estados Unidos ascendía a 60 millones de pesos. El valor unitario era de casi 35 mil pesos, de los cuales la familia eroga el 50 por ciento.

Sin embargo, recuerda Mijangos, siempre ha habido quejas de los padres y hermanos de los fallecidos, ya que la ayuda que brinda Relaciones Exteriores es discrecional “hay algunos cónsules que apoyan más, otros evalúan la situación familiar y la forma en que falleció la víctima; no hay una constante”.

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