Como en el caso del (des)gobernador sonorense: Robinson-Bours, denunciado ante la PGR por medio de la Fiscalía para Delitos contra Periodistas como presunto responsable de varios ilícitos. Uno de carácter penal: robo de la revista Contralínea-Sonora, donde se publican los abusos y la información que el déspota quiere ocultar a sus conciudadanos. Y dos: privación ilegal de la libertad a los encargados de distribución de la revista.
Y señalado, en una entidad donde controla y ejerce las funciones legislativas y judiciales, de violar las libertades de prensa: cometiendo con su policía, inquisición administrativa y judicial para que los periodistas de Contralínea-Sonora no ejerzan sus derechos para la manifestación de las ideas, pisoteando la inviolable libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.
Esa denuncia, atrapada en la burocracia del Ministerio Público Federal y a pesar de que se han realizado algunas investigaciones, está detenida o marcha a paso de tortuga, porque como presume Robinson-Bours, Calderón le debe favores electorales y no prosperará. El propio subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro, conoce la denuncia pues estuvo presente en la segunda comparecencia ante el MP. Ya nombraron al fiscal para conocer y proceder contra quienes vulneran los derechos del ejercicio periodístico, y tampoco hay voluntad jurídica para cumplir con sus obligaciones.
Se trata de un politiquillo de la talla influyente de Robinson-Bours, aliado con el PAN, amigo de Calderón, maniobrero electorero en la pasada y reñidísima contienda presidencial a favor del panista; y, de un millonario avícola quien, con su mafia narcopolítica, su compadre Ricardo Mazón, su familia y su secta empresarial, se ha adueñado de Sonora, concentrando bienes inmuebles y riqueza con la que reparte otra clase de favores para blindarse de impunidad.
Aún así los periodistas, que han denunciado estos hechos consumados, insistirán en ratificar y ampliar sus acusaciones. Éstas constituyen un expediente suficiente para citar al “señor gobernador” y que rinda su declaración ministerial, para que con todos los elementos se consigne ante el tribunal competente. Y, por sus inquisiciones judicial y administrativa, Robinson-Bours debe ser presentando a Juicio Político ante el Congreso General y exigimos que la Corte atraiga el problema para investigarlo.
No es poca cosa lo hecho por Robinson-Bours. Y dejar que su conducta se mantenga en la impunidad, sienta un precedente contrario a los derechos humanos, cuya vigencia exige que sean eficaces. Si desde Los Pinos nos recetan “gastritis mal atendida” y esta denuncia permanece abierta para más comparecencias de los periodistas aparentando que la PGR está expedita para impartir justicia, pero su resolución nunca llega, sabremos que Calderón y Robinson-Bours están saldando facturas electorales y las denuncias que hagan los ciudadanos contra el troglodita sonorense se reciclarán, para que su papelería, se transforme en papel higiénico y sirva así, no para limpiar los abusos del poder, sino para otros menesteres, después de sentarse sobre la denuncia y ensuciarla, echarla por el desagüe, aunque después de todo, los funcionarios se ensucien las manos con la impunidad y corrupción que impiden impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial.
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Publicado: Mayo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 79
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