Contralínea  

Narcotráfico en Sonora

Nancy Flores / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
Considerada como la entidad con más municipios dominados por el narcotráfico, en Sonora se recrudecen los llamados “ajustes de cuentas”: de enero a abril se han registrado 60 asesinatos presuntamente relacionados con el crimen organizado; según la PGR, los cárteles de Sinaloa y Juárez se disputan el control de esta “plaza”

 

 

 


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Naco, Sonora. Densas polvaredas se vuelven contra la comunidad desde la bocaza misma: de la carretera que abre paso, ya sin pavimentación salvo pequeñas evidencias, se alzan nubes de tierra ferrosa color escarlata, que terminan por ceder ante la lluvia.

Casas humildes bordean el camino hacia el centro del pueblo y se van desperdigando entre las venas de la cabecera municipal. Es fin de semana y pocos automóviles circulan; sólo los mexicanos deportados por las autoridades estadounidenses, y recién salidos de la garita, andan por la avenida Francisco I. Madero rumbo a la estación de autobuses.

En las calles de Naco también hay algunos “enganchadores” o “polleros”, quienes no dudan ofrecer sus servicios a plena luz de día, a cambio de 2 mil pesos por cada emigrante indocumentado que crucen a Estados Unidos.

Naco es “un pueblo chico, olvidado de dios”, dicen los sonorenses de la capital, que queda a cinco horas de aquí. Especialistas en migración consultados refieren que el ayuntamiento, ubicado como la principal residencia de narcotraficantes en México, es zona de tráfico de personas y de estupefacientes.

Y es que en la línea que divide la frontera de México con Estados Unidos, inmediata a esta cabecera municipal, la presencia de la Border Patrol es casi simbólica y no todo el área de paso está “amurallado”.

De acuerdo con el estudio El comercio de drogas ilegales en México del doctor Carlos Resa Nestares, consultor de la ONU y académico de la Universidad Autónoma de Madrid, a nivel nacional este ayuntamiento encabeza la lista de mexicanos sentenciados por delitos contra la salud (Contralínea 74).

Víctor Tarango Sandoval, actual síndico y ex director de seguridad pública municipal, reconoce que el narcotráfico es uno de los problemas que aqueja al pueblo, aunque califica de injusta la primera posición dada por el español experto en temas de narcotráfico.

“En la Escuela Secundaria Técnica número 29, donde trabajo como académico, (hace un par de años) hicimos una encuesta y (descubrimos que) más del 90 por ciento de los alumnos tenía un pariente directo detenido por delitos contra la salud. Eso refleja que la gente se dedicaba en mayor parte a esa actividad”, indica.

Para el funcionario, esta problemática se relaciona con las escasas fuentes de empleo. Por ello advierte que la administración local, dirigida por el panista José Villegas Vásquez, tiene entre sus metas conseguir inversión nacional y extranjera.

Sobre el señalamiento de ser la principal residencia de los narcotraficantes, Tarango Sandoval dice que “este tipo de opiniones extranjeras nos afectan y son injustas, porque ponen en entredicho, a nivel nacional, a una comunidad muy pequeña que está buscando salir del hoyo administrativo. Ese tipo de comentarios deja muchas dudas a personas que quisieran invertir aquí”.

El síndico advierte que, a diferencia de municipios vecinos como Agua Prieta y Cananea, Naco es un lugar seguro: ningún ajusticiamiento, “levantón” o secuestro se ha perpetrado aquí.

Inseguridad y narcotráfico

En los primeros cuatro meses del año, Sonora ha registrado 60 ajusticiamientos supuestamente relacionados con el narcotráfico, lo equivale a un homicidio por cada dos días.

En abril pasado también ocurrieron dos atentados con granadas en contra de la sede de la Policía Estatal de Seguridad Pública, el día 15, y del diario Cambio, el 17, ambos ubicados en Hermosillo. Mientras que el día 16 secuestraron a Saúl Martínez Ortega, editor del Diario de Agua Prieta. Una semana después, el 23, su cuerpo fue encontrado en límites del estado con Chihuahua.

El arzobispo emérito de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, dice que “la situación actual sí nos preocupa(…) Tuvimos la oportunidad de que el gobernador Eduardo Bours Castelo nos llamara para platicarnos la situación. Todo esto ha sido más bien no contra la sociedad, según nos dijo, sino es una lucha interna de los cárteles de la droga. Nos pidió que no tuviéramos la triste realidad de que estamos en un momento desolado, sino que es como ellos llaman ‘ajustes de cuenta’”.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), los cárteles de Sinaloa y de Juárez disputan el control de Sonora, como territorio de trasiego. Las autoridades federales indican que el cártel de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, es el que domina la “plaza”.

Al hablar del líder del cártel de Sinaloa, el maestro Rafael Robles, especialista en políticas públicas para combatir el narcotráfico, señala que su fuga, ocurrida en enero de 2001, evidencia la complicidad entre el poder político y el crimen organizado.

“¿En dónde está el Chapo?, ¿(las autoridades) lo están buscando? No se sabe nada. Aquí es un mito: se dice que está en Hermosillo; en Caborca, cuidando la plaza; en Culiacán, Sinaloa, y puede estar en cualquier lado. El gobierno no le da seguimiento y esto da para pensar que hay una colusión del poder público con el narcotráfico”, indica.

Agrega que la política pública antinarcóticos, a nivel federal y estatal, es un fracaso. En el primer caso observa como errática la utilización del Ejército en los operativos, pues el camino natural es que la institución se corrompa. Además, advierte, se prevén mayores violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos.

Para el investigador, los operativos son una medida de legitimación del presidente Felipe Calderón, pero no la solución al problema: “la lucha contra el narcotráfico es una guerra perdida, mejor sería transparentar la actuación de las autoridades, permitir el escrutinio ciudadano y despenalizar la venta de la droga”.

En el segundo caso, refiere que los operativos emprendidos por el gobierno de Sonora se dan bajo la lógica siguiente: “Si yo permito que entre el gobierno federal demuestro debilidad”. Y puntualiza que en este caso tampoco hay resultados.

Aunque en entrevista, el pasado 26 de abril el gobernador Eduardo Bours indica que, a pesar de la presencia de las autoridades federales, “lo que no ha habido es el incremento que hemos solicitado desde hace bastante tiempo. Entiendo que haya problemas y que hayan tenido que hacer operativos en otros estados, pero a nosotros lo que nos interesa es Sonora”, en los hechos se ha inclinado por la no intervención de la federación.

Presencia militar

El arzobispo Quintero observa que los sonorenses están divididos, “entre quienes quieren que estén presentes las fuerzas federales, para que den más seguridad, y quienes no. Evidente que nosotros siempre hemos querido paz y bienestar. Ahora queremos sin duda alguna que se terminen estas masacres o estos males de lucha contra alguna gente. Si es real que hay esta delincuencia organizada, pues deberíamos de tener mayor firmeza para atacarlos”.

La presidenta del Congreso estatal, Susana Saldaña, y el dirigente del partido blanquiazul en la entidad, Enrique Reina, se pronuncian por una intervención inmediata de las fuerzas federales, mientras la diputada perredista Petra Santos y el maestro Rafael Robles advierten que ésa no es la solución.

“Es muy alarmante lo que está sucediendo en nuestro estado: los asesinatos, las bombas (granadas de manos). Cada quien debe actuar desde donde está, nosotros reformando y haciendo leyes, como las de seguridad pública y el sistema de administración de justicia. Y, de forma muy personal, le digo al gobernador que es preferible cometer un exceso al pedir refuerzos y apoyos federales, para afrontar esta situación”, dice la legisladora panista Susana Saldaña.

Agrega que “sería preferible que se cometiera, se viviera, un exceso de pedir fuerzas. Considero que es muy importante que pidamos este apoyo y como presidenta de esta legislatura el gobernador tiene todo nuestro apoyo para las decisiones que tome y las nuevas estrategias que se deberán utilizar para poder salir de esta situación tan alarmante”.

Sin embargo, su compañera en el Congreso Petra Santos dice que la entrada del Ejército no va a solucionar nada, pues en estados como Baja California, donde se han instrumentado los operativos, ni siquiera ha disminuido la violencia. La diputada perredista indica que más que reformas a la ley lo que se necesita es que se apliquen las reglas ya existentes.

El maestro Rafael Robles señala que en los operativos federales hay una usurpación de funciones. “El problema de la participación del Ejército en estas actividades es la posibilidad de violación de los derechos humanos. El Ejército es el perro del Estado y hay ocasiones en que el Estado no controla a su perro. El ciudadano no ve a la policía cuidándolo, sino a un militar en su hummer”.

Sobre las ejecuciones y los atentados, Enrique Reina dice que es un problema que arrancó en el sexenio de Eduardo Bours y con el tiempo se ha recrudecido. Añade que no hay coordinación ni del estado con la federación ni del estado con los municipios, además de la escasa legitimidad que tienen las autoridades.

“Ninguno (de los crímenes) se ha resuelto. Ahí está el caso del periodista Alfredo Jiménez, en el que involucraron a gente de la misma Procuraduría, a Ricardo Tapia Chan (colaborador del gobernador). Quienes nada más se separaron de su cargo y no pasó nada más.”

Para el dirigente del Partido Acción Nacional los operativos federales sí contribuirían a generar mayor seguridad. “Esta presencia permitiría saber si hay elementos (policiacos) suficientes y con estrategia, pero cuando vemos que en el gobierno estatal no hay interés de solicitar la presencia federal, pareciera que es para tolerar la participación de ellos (los narcotraficantes) aquí en el estado”.

Sin embargo, Eduardo Bours justifica la ausencia federal, al explicar su reciente reunión con el secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna. “Llegamos a acuerdos de coordinación: quedamos en tener comunicación, subir la base de datos para que sea consultada por ambos lados. Nos informaron que van a abrir una nueva base en Agua Prieta y otra en San Luis Río Colorado, nosotros pedíamos que también fuera en Caborca, les insistimos en que es importante ampliar la presencia territorial, la presencia de investigación en el estado.

“Desafortunadamente por falta de personal y por los operativos que están haciendo en otros estados no han podido hacerlo en el estado, cuando tenemos años solicitando que se incremente la presencia. Esperamos que ahora sí pueda haber un incremento de la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública federal.”

El “mapa de las drogas en México”, apartado del estudio El comercio de drogas ilegales en México que muestra una radiografía de los 100 municipios con más habitantes relacionados con delitos contra la salud, concluye que además de Naco otros 24 municipios de Sonora son refugio de narcotraficantes.

Los 24 ayuntamientos, donde se encuentra la residencia de los sentenciados por producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos, son Onavas, en la segunda posición, Sáric, Imuris, General Plutarco Elías Calles, Yécora, Altar, Nogales, Rosario, Bacerac, Puerto Peñasco, Bavispe, Agua Prieta, Álamos, San Luis Río Colorado, Bacoachi, Santa Ana, Caborca, Nácori Chico, Cananea, Magdalena, Navojoa, Cajeme, Pitiquito y Banámichi.

 

 

Los camiones Bachoco y el trasiego

El 16 de marzo pasado, elementos del Ejército descubrieron un cargamento de dos toneladas 470 kilos de marihuana y mil 449 pastillas psicotrópicas, que eran transportadas en un camión con razón social de la empresa Bachoco Huevo Mexicano, propiedad de la familia Bours.

El transporte fue asegurado en el Punto de Revisión Carretero Precos, de Benjamín Hill, localizado a 120 kilómetros al norte de Hermosillo.

Para la diputada Petra Santos, esta situación es delicada. “Ha salido en el periódico cómo les han quitado droga a los Bachocos. Eso ha salido en la prensa. La gente dice entonces con quién voy, quién me protege, quién manda. Cómo se va a acabar esta situación, tan difícil y tan dura”.

Según reportes de la prensa local, referentes al decomiso, el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Genaro Fausto Lozano Espinoza, declaró que los narcóticos eran transportados en la parte trasera del cargamento de pollo y distribuidos en 323 paquetes. Dicho camión procedía de Culiacán, Sinaloa, con destino a Ciudad Juárez, Chihuahua.

El tráiler, de la marca Freightliner con placas 772 BUZ, tiene razón social de la empresa Bachoco Huevo Mexicano y era conducido por Ángel Manuel Juárez Mares.

El gobierno de Sonora se deslindó del hecho, bajo el argumento de que la empresa Bachoco arrienda el servicio para la distribución de sus productos, por tanto advirtió que no es responsable de las situaciones que se generen en este transporte.

Ésta es la tercera ocasión en que vehículos relacionados con la empresa de la familia Bours incurren en hechos delictivos relacionados con el trasiego de drogas.

El 11 de junio de 2005, elementos de la Base de Operaciones Mixta Urbanas de Culiacán, decomisaron un tráiler de Bachoco que transportaba 34 kilogramos 802 gramos de metanfetaminas y dos kilogramos 227 gramos de cocaína, de acuerdo con la averiguación previa AP/SIN/CLN/338/2005/M-l.

Según dio a conocer la PGR, los agentes de la Policía Estatal Preventiva que supuestamente brindaban protección al transporte, Víctor Manuel Picos Valdez, de 24 años; Baudelio González Elizalde, de 27 años; Juan Alvarado González de 50 y Carlos Manuel Velázquez Esparza de 30, fueron puestos en libertad bajo reservas de ley, por no encontrarles cargos en su contra.

 

 

Publicado: Mayo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 79



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