Contralínea  

Vacían fideicomisos aduaneros

Nancy Flores
Un amplio informe de la Secretaría de Hacienda revela que a finales del año pasado los fideicomisos privados Aduanas I y II –involucrados por la ASF en daños al patrimonio público que superan los 10 mil millones de pesos y oficialmente en proceso de extinción– transfirieron más de 800 millones de pesos al SAT. Los recursos, entregados bajo la etiqueta de donativos, se usarían para cubrir operaciones del órgano desconcentrado.

 

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Un mes después de recibir la venia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que el 14 de agosto de 2006 convalidó la operación discrecional de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, al declarar por mayoría de votos que los miles de millones de pesos obtenidos por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) son de naturaleza privada-, el Servicio Administración Tributaria (SAT) recibió la primera de tres excepcionales donaciones.

Los traspasos de recursos “privados” al erario público, hechos entre octubre y diciembre del año pasado por un monto total de 806 millones 933 mil 50 pesos, revelan que -tras el fallo de la Corte y en absoluta reserva- el SAT inició los movimientos financieros que afectan el patrimonio de ambos contratos.

El sigilo en las transferencias contrasta con la promesa oficial hecha por el SAT el 20 de junio de 2006, cuando -a través de un comunicado- aseguraba que a partir de entonces daría a conocer de manera periódica la información sobre los fideicomisos que administra, entre los que destacan el 954-8 Aduanas I y el Consorcio de Comercio Exterior II, conocido como Aduanas II.

Según la versión difundida por el SAT en aquella época, la institución aún encabezada por José María Zubiría Maqueo, buscaba “proporcionar información objetiva y clara sobre la administración de los fideicomisos que han aportado recursos para sustentar la modernización de las actividades tributarias en México, tanto en materia de tecnología informática y telecomunicaciones, como en la infraestructura de sus instalaciones y de las aduanas”.

Las donaciones

Las donaciones no son un asunto menor. Creados en 1993 por Francisco Gil Díaz, en su calidad de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), los fideicomisos aduaneros recaudaron el cobro del DTA desde entonces y hasta 2004.

Ambos fondos, al igual que la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), son responsabilizados por la Auditoría Superior de la Federación de cometer daños al patrimonio público por 10 mil 182 millones de pesos.

El máximo órgano de fiscalización en México acusa que los quebrantos patrimoniales se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración foxista, y fueron por 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

En esos ejercicios fiscales, detalla la ASF en sus informes, el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos obtenidos por el cobro del DTA, mismos que se depositaron “irregularmente” en el fideicomiso Aduanas I. La ruta del dinero apunta que esos ingresos se destinaban posteriormente al Aduanas II y a ISOSA.

Después de conocida la resolución de la Corte, en octubre pasado el órgano desconcentrado de la SHCP ordenó –en su calidad de fideicomitente– a Nacional Financiera (Nafin), la fiduciaria, que le entregara 10 millones 113 mil 637 pesos del Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II.

Según consta en el Informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda públicas, este monto fue reintegrado a las arcas del SAT. En sus anexos, el documento elaborado por la Secretaría de Hacienda, detalla que la “donación” tuvo como fin la “compra de bienes donados en especie para uso en diversas aduanas del SAT”.

Un mes después, en noviembre, el organismo tributario mandó a Nafin ejecutar el traspaso de 500 millones de pesos, pero ahora sustraídos del Aduanas I. Además, en diciembre se desembolsaron otros 296 millones 819 mil 413 pesos de este mismo fideicomiso, que también fueron entregados en forma de donativo al órgano desconcentrado.

Para estas erogaciones, el fin específico detallado por Nafin y el SAT fue: “apoyar los programas editorial; de actualización del RFC en Durango, Zacatecas, Coahuila; de capacitación en el marco de la puesta en marcha de la Plataforma Tecnológica para el SAT; la amortización del Programa de Separación Voluntaria del ejercicio 2003; la cobranza de adeudos de servicios, y el Programa Paisano”.

Alonso Lujambio, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), confía en que las leyes ya existentes para regular los fideicomisos y las donaciones que involucran recursos públicos bastan para transparentar estas operaciones.

En el marco de la discusión sobre la reforma a la Ley de Transparencia, el funcionario advierte que “de acuerdo con los fallos del propio IFAI, la información sobre los fideicomisos con recursos públicos es pública. De eso ya no hay duda”.

Sobre las donaciones, explica que “cada legislación determina de manera puntual cómo deben de rendir cuentas las secretarías y dependencias. Eso ya está claramente establecido en las leyes”.

El resarcimiento

De octubre a diciembre los fideicomisos Aduanas I y II reintegraron 806 millones 933 mil 50 pesos a las arcas del SAT, de los 7 mil 682 millones de pesos que, según la Auditoría Superior de la Federación, debían resarcir a las arcas públicas.

Además de evidenciar el manejo inmediato que hizo el SAT de los millonarios recursos fideicomitidos, la transferencia contradice la tesis de la Corte, que por mayoría de votos determinó que se trataba de fondos de origen y destino privados.

Ésta no es la primera vez que el SAT ordena el traslado de dinero y bienes resguardados en el Aduanas I y en el Aduanas II. En 2005, por órdenes del entonces secretario Gil Díaz, el SAT resarció 2 mil 456 millones 800 mil pesos a la Tesofe, monto correspondiente al daño patrimonial registrado en el ejercicio fiscal de 2003.

Sin embargo, al resolver la controversia constitucional 84/2004, la Suprema Corte exoneró al SAT de reintegrar los más de 7 mil millones de pesos al erario. El fallo constituyó un franco revés al proceso de “legalización” DTA, emprendido por la Secretaría de Hacienda en diciembre de 2003 a petición del entonces presidente Vicente Fox.

Con esto, la ASF no sólo quedó impedida para auditar los ingresos por este concepto, sino que la Corte dejó sin efecto los pliegos de observación emitidos por el máximo órgano fiscalizador en contra del SAT, por los daños patrimoniales descubiertos en los primeros cuatro años de la administración foxista.

Opacidad y derroche en Aduanas I

 

Entre enero y diciembre del año pasado, la lenidad de la Suprema Corte permitió que el SAT erogara en forma discrecional 4 mil 189 millones 476 pesos del fideicomiso privado 954-8 Aduanas I, de los 7 mil 64 millones 457 mil pesos que resguardó en ese ejercicio.

De acuerdo con el balance general, publicado por el SAT en su informe Tributario y de Gestión, al cierre del ejercicio 2006 el fideicomiso Aduanas I registra un activo circulante de tan sólo 2 mil 874 millones 981 pesos.

El egreso más importante, por la cantidad que implica y la opacidad del concepto, se refiere a los gastos de liquidación y asciende a mil 684 millones 767 mil pesos. Sin entrar en detalle, el SAT indica que mil 367 millones 997 mil pesos más se destinaron a la operación informática, es decir, que fueron transferidos a la empresa privada ISOSA.

Otra de las erogaciones, clasificada como “operación sustantiva”, es por 326 millones 323 mil pesos; mientras que 810 millones 389 mil pesos se registraron como transferencias a la Tesorería de la Federación, donde podrían estar contenidos los donativos a favor del SAT.

En el capítulo de ingresos, el breve documento registra que esta figura fiduciaria, administrada por dependencias públicas (el SAT es su fideicomitente, Nafin, su fiduciaria y la SHCP su fideicomisaria), recibió mil 242 millones 389 mil pesos por “recuperaciones”.

Respecto a este concepto, el SAT omite aclarar a qué se refiere, pese a que representa 500 por ciento más que los ingresos registrados un año antes: y es que en 2005 las recuperaciones apenas sumaron los 88 millones 19 mil pesos.

En los ingresos también se registran los intereses generados por 72 millones 106 mil pesos, 86 por ciento menos que en 2005, cuando ascendieron a 498 millones 335 mil pesos.

 

A investigación

 

Ante los posibles delitos cometidos por ex funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda, entre los que destaca el ex titular Francisco Gil Díaz, el diputado perredista Pablo Trejo propuso la creación de una comisión investigadora para el caso del Derecho de Trámite Aduanero.

“La Corte resolvió que no había injerencia por parte de la Auditoría Superior en los fideicomisos privados, pero nosotros creemos que si analizamos el DTA podemos llegar al fondo del asunto. Por supuesto que no vamos a dejar de lado las observaciones que ya hizo la ASF al respecto”, dice el legislador.

Explica que dicha comisión cumple con los requisitos de la constitución, pues se lograron reunir más de 130 firmas, por lo que sólo están esperando a que sea integrada. Advierte que el caso del DTA es uno de varios temas que indagarán, relacionados con Francisco Gil Díaz.

“Vamos a proponer una auditoría al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, porque hay suposiciones de que se está manejando irregularmente. Tenemos una solicitud de auditoría para el sistema informático del SAT, que presenta incumplimientos en el contrato. Además de las revisiones que ya se han solicitado a la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de intereses del ex secretario al asumir un cargo en el banco HSBC.”

Pablo Trejo confía en que la Función Pública cumpla con la ley. “El secretario Germán Martínez Cazares manifestó que si no había denuncia no podía actuar. La denuncia fue presentada por el secretario general del PRD en el Distrito Federal, Carlos Reyes Gamiz, entonces no tiene ningún pretexto para ser omiso ante esas irregularidades que se han señalado”.

Sobre la comparecencia del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ocurrida a fines de enero pasado, el diputado Trejo advierte que “se le preguntó si le estaban dando seguimiento al caso de Gil Díaz, a todos los actos que se han hecho públicos, que presumen algún delito y que por oficio deben de seguirse. Simple y sencillamente se quedó callado. A nosotros nos gustaría saber qué va a hacer el procurador general al respecto”.

Por ello advierte que presentarán un punto de acuerdo para que la PGR investigue de oficio todas las acusaciones en contra del ex secretario. “Tenemos a un gobierno federal que dice que va a aplicar la justicia, que va a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, y si no lo hace con estos casos que son evidentes pues estaríamos en el supuesto de que una cosa es la que se dice y otra la que se hace.”

Pablo Trejo señala: “Nosotros queremos llegar al fondo de las cosas. En un país donde hay muchos pobres es injusto que unos se beneficien por la información que manejan o por los cargos públicos que ostentan. Es muy preocupante que el ex secretario de Hacienda ocupe un cargo en HSBC y en Telefónica, porque toda la información que posee da una posición privilegiada a las empresas que hoy asesora”.

El legislador perredista indica que las investigaciones promovidas en la Cámara de Diputados podrían alcanzar otros hechos del pasado, como el posible tráfico de información que pudiera haber cometido el ex secretario Gil Díaz con la empresa J.E. Roberts, administradora de cartera y una de las principales accionistas de Fénix. Esta última, identificada como la compañía que vendió a 3 mil pesos las casas de interés social a los hermanos Bribiesca Sahagún.

“Si se confirma que estaba asesorando a J.E. Roberts mientras fungía como servidor público, para lo cual está impedido, estaríamos ante el delito de tráfico de la información. Se le tendría que juzgar por el uso abusivo de las funciones públicas”.

Pablo Trejo considera que el asunto de Francisco Gil Díaz “nos da la oportunidad de saber si el gobierno federal tiene la voluntad de cumplir su palabra y de aplicar las sanciones que tenga que aplicar en caso de que los ilícitos se confirmen”.

 

 

 

Publicado: Marzo 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 74



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