Contralínea  

Tráfico de influencias de Gil Díaz

Ana Lilia Pérez
La Auditoría Superior de la Federación indagará los vínculos de Francisco Gil Díaz con Fénix Administradora de Activos -empresa por medio de la cual los hermanos Bribiesca adquirieron 3 mil casas a precio ínfimo-, que habría causado un quebranto al IPAB por varios millones de pesos, en oscuras transacciones con Gonzalo Ortiz Blanco, notario e hijo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

 

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La participación del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en las operaciones que emplearon los hermanos Bribiesca Sahagún para obtener 3 mil casas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -cada una a menos de 2 mil pesos, entre 2003 y 2004- por medio de Fénix Administradora, será investigada por la Auditoría Superior de la Federación.

Derivado de una denuncia ciudadana en la que se vincula a Gil Díaz en irregularidades durante su desempeño como titular de la SHCP, la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados solicitará a Arturo González de Aragón, titular de la ASF, que incluya la fiscalización de las operaciones de Gil Díaz como asesor del consorcio J.E. Roberts, cargo que desempeñó simultáneamente con su trabajo como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB, según reveló HSBC en enero pasado, cuando Gil se integró como consejero de este consorcio financiero.

J.E. Roberts es propietaria de Fénix Administración de Activos S. de R.L., administradora de cartera que desde el sexenio pasado ha vendido la mayor parte de los bienes que recibió el IPAB como resultado del rescate bancario.

La adquisición de miles de casas del IPAB a precio de remate por parte de los hijos de Marta Sahagún, fue uno de los resultados más importantes de la Comisión Especial de diputados que el año pasado investigó el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca.

Si para sus ilegales negocios como gestores de contratos en Petróleos Mexicanos, la familia de Marta Sahagún encontró en Gil Díaz (entonces integrante del Consejo de Administración de Pemex) su principal freno, hubo entre ellos negocios compartidos, según las indagatorias que a partir de marzo analizará la ASF.

En agosto pasado, la Comisión determinó irregularidades de funcionarios de alto nivel que actuaron en complicidad con los Bribiesca, y que causaron millonarios quebrantos al IPAB.

El caso podría dar un nuevo giro, toda vez que la ASF investigará si el ex secretario de Hacienda fue quien facilitó dichos negocios; pues, como reveló el HSBC, Gil Díaz era asesor de J.E Roberts (empresa dedicada mundialmente a la “administración” o compra de cartera), dueña de Fénix, al mismo tiempo que presidía la Junta de Gobierno del IPAB, periodo en el que Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún adquirieron los activos del instituto.

Por encargo de los diputados, la ASF tendrá la responsabilidad de comprobar si fue Gil Díaz quien facilitó a los Bribiesca adquirir las casas -incautadas a los clientes por Bancrecer- mediante operaciones que habrían causado al IPAB un quebranto de más de 300 millones de pesos.

En la pasada legislatura, los diputados Jesús Gonzáles Schmall, Marta Lucía Micher y Sofía Castro Ríos determinaron que la venta de activos del IPAB que Fénix vendió a los Bribiesca provocó al IPAB un quebranto de 334 millones de pesos.

Cabe señalar que, como reveló Contralínea en septiembre pasado, según declaraciones de Magda Muñoz, ex colaboradora de Manuel Bribiesca y Miguel Khoury, la propia Marta Sahagún tenía participación en el negocio inmobiliario de sus hijos, desde 2003.

Para los Bribiesca, apropiarse de las casas significó un negocio redondo, porque además de que el IPAB, a través de Fénix, vendió a precios de ganga, Nacional Financiera y Sociedad Hipotecaria Federal les otorgaron millonarios créditos para construir viviendas y, por si eso fuera poco, la mayoría de estas casas las vendieron por medio del Infonavit y Fovissste.

De acuerdo con la denuncia, que el 16 de febrero presentó en la Comisión de Vigilancia un grupo de organizaciones ciudadanas, durante el periodo en que Gil Díaz fue asesor de J.E. Roberts, Fénix Administración de Activos hizo una serie de operaciones ilegales en detrimento del patrimonio del IPAB, que habrían causado un quebranto de 60 millones de pesos.

En estas operaciones ilegales habría tenido participación el Notario Público 98, Gonzalo Manuel Ortiz Blanco, hijo del presidente de la Corte Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Según la denuncia, entre 2004 y 2005, el IPAB preparaba una denuncia contra Fénix por un desfalco de 60 millones de pesos de impuestos que no se habían pagado en los procesos notariales que llevaba a cabo la Notaría Número 98 del Distrito Federal.

Aunque el IPAB preparó la denuncia contra Fénix y la Notaría 98, María Teresa Fernández, secretaria ejecutiva del IPAB, habría dejado prescribir la denuncia, y el IPAB pagó los 60 millones de pesos.

Mario Di Costanzo explica la oscura transacción: “El secretario de Hacienda estaba detrás de la compra de cartera del IPAB por parte de Fénix, pero al mismo tiempo era presidente de la Junta de Gobierno del IPAB; Fénix legalizaba sus acciones en la Notaría 98, del hijo de Ortiz Mayagoitia, es un completo conflicto de intereses”.

Di Costanzo denuncia que incluso la designación de Ortiz Mayagoitia como presidente de la Corte podría haberse derivado de la complicidad de su hijo con el ex secretario de Hacienda.

“Probablemente sería el pago de todas estas prebendas, pero aún más: María Teresa Fernández, a quien se designó secretaria ejecutiva del IPAB, dejó prescribir la acción que el IPAB ejercería contra Fénix y contra la Notaría 98. El IPAB pagó los 60 millones de pesos, lo terminamos pagando los contribuyentes, sólo porque entre Fénix y la Notaría 98 se echaban la pelotita”.

Contralínea solicitó al IPAB el pronunciamiento de la secretaria ejecutiva María Teresa Fernández, en relación con la denuncia del quebranto en el que habrían incurrido la empresa Fénix y el notario Ortiz Blanco, pero no hubo respuesta.

ISOSA en la mira

Dentro de las 70 auditorías consideradas como “estratégicas”, en marzo la ASF incluirá en su revisión y fiscalización al gasto público 2006, una auditoría especial sobre la relación de Gil Díaz con la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A (ISOSA), que involucra a políticos de alto nivel, como el senador Santiago Creel Miranda.

De acuerdo con el diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, presidente de la Comisión de Vigilancia en la LX Legislatura, la auditoría inculirá la fiscalización de recursos que Gil Díaz manejó dentro de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, y las triangulaciones que se hicieron a ISOSA, IASA y Controladora de Servicios Integrales (COSISA).

Entrevistado durante la entrega formal de la denuncia contra Gil Díaz que le hicieran los deudores organizados en El Barzón (el pasado 16 de febrero), Ortega Martínez señala que además de las auditorías solicitadas a González de Aragón sobre el desempeño irregular de Gil Díaz, buscará el consenso con los diputados para un punto de acuerdo donde se solicite a las autoridades se finquen responsabilidades contra quien define como “el enemigo público y social de México”.

“Esperamos que podamos iniciar las acciones políticas que deriven en una investigación concreta contra Gil Díaz. Estoy plenamente convencido que habrá muchos diputados de varios partidos dispuestos a sumarse a este punto de acuerdo”, dice el legislador perredista.

Ortega añade que “es muy grave” que aún no se haya revisado a detalle el gasto público durante la administración foxista, periodo en el que Gil Díaz dirigió las finanzas del país, y en el que, a pesar de la bonanza derivada de los excedentes petroleros, “hubo un despilfarro que derivó en la crisis que padecemos hoy”.

“Fox tuvo en tan sólo dos años el doble del presupuesto que a la nación le costó 160 años, tenía todo para dirigir el andamiaje del desarrollo, y no sólo no lo fortaleció, si no que estamos en medio de una grave crisis”, dice el legislador ante los integrantes de El Barzón, quienes confian en que tanto el Legislativo, como la ASF, investiguen y finquen responsabilidades ante la impunidad con que Gil Díaz dejó al país.

 

Publicado: Marzo 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 74



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