POLÍTICA

1a quincena junio 2007

Pensiones Discresionales en Sedena

El gobierno federal destina más de 4 mil millones de pesos anuales para cubrir el pago de pensiones y retiros a miembros del Ejército Mexicano. Los altos mandos castrenses, encargados de decidir a qué militares se les otorga haberes de retiro y recompensas.

Yenise Tinoco

Los haberes de retiro en el Ejército Mexicano son tan raquíticos como los salarios de militares en activo.El incremento de las pensiones se hace a través de recompensas, las cuales están sujetas a la discrecionalidad de los altos mandos castrenses, asegura Guillermo Garduño, investigador y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destina más de 330 millones de pesos al mes para el pago de los 64 mil 179 militares retirados y pensionistas, de acuerdo con un documento proporcionado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Garduño explica que un divisionario, al término de su vida útil en el Ejército, es enviado a retiro obligatorio y el monto de su pensión asciende entre los 10 y 12 mil pesos mensuales.

 

“Dado que la pensión es muy baja, se hacen las siguientes consideraciones: si tuvo alguna importancia dentro de la estructura militar, se establecen algunas comisiones para que pueda seguir cobrando como si estuvieran en activo”, dice el experto en milicia mexicana.

 

El general brigadier Francisco Gallardo afirma que el manejo de las pensiones militares no es transparente, en virtud de que el Consejo de Administración del Banco del Ejército lo forma el director del banco, el secretario de la Defensa, el jefe de Estado Mayor Presidencial y el director de Administración e Intendencia del Ejército. Por lo tanto, la entrega de pensiones se vuelve un asunto de carácter de mando.

 

“Es el secretario el que decide quién recibe las pensiones, y bajo qué condiciones”, precisa el general Gallardo.

El investigador universitario Guillermo Garduño sostiene que, debido al hermetismo en el manejo de las finanzas por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), resulta difícil obtener información fidedigna del destino de los recursos públicos.

 

Asegura que no sólo la poca transparencia que manejan las fuerzas armadas en sus dineros ha perjudicado los haberes de los militares en retiro, sino también las devaluaciones que ha vivido el país y que provocaron que las pensiones de miles de militares perdieran poder adquisitivo, sobre todo los retirados antes de 1994.

 

De acuerdo con Garduño, durante la administración de Carlos Salinas, la Presidencia de la República absorbió mediante un decreto el fondo de pensiones del Ejército, y en la actualidad destina 4 mil 68 millones 412 mil 932 pesos para cubrir los pagos.

 

Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, considera que a nivel de tropa el pago de las pensiones se da de forma transparente. Sin embargo, agrega que no podría afirmar lo mismo en cuanto a los haberes de retiro de los altos mandos.

El legislador de extracción perredista comenta que se tiene conocimiento de quejas en algunas zonas militares, fundamentalmente de gente que deserta, en el sentido de que existe un trasiego en los recursos para pensiones, y de que una parte queda para los altos mandos. Sin embargo, dice, nunca se ha acreditado una denuncia formal.

Jorge Justiniano González Betancourt, presidente de la Comisión de Defensa Nacional y militar de carrera, difiere de las dudas que hay sobre el manejo de las finanzas en el Ejército Mexicano, y asegura que “los recursos que son destinados a la Defensa Nacional se manejan leal y rigurosamente”.

Roberto Badillo, diputado priísta y secretario de la misma Comisión, asegura que los militares tienen que manejar en forma transparente los recursos entregados por el Estado o, de lo contrario, deben ser severamente castigados de acuerdo con la disciplina castrense.

 

Ley de Seguridad Social

La Ley de Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas define como retiro la facultad que tiene el Estado, y que ejerce por conducto de la Sedena y de Marina, para separar del activo a los militares, ya sea porque llegan a las edades de los 50 a los 65 años –dependiendo el grado–, porque fueron inutilizados por arma de fuego en acción o por solicitud después de 20 años o más de servicio.

 

Actualmente, las Fuerzas Armadas cuentan con 42 mil 17 casos de haberes de retiro, que contempla desde los generales de división que perciben al mes alrededor de 24 mil pesos, sin contar las recompensas, hasta los soldados que reciben 3 mil 308 pesos.

 

El artículo 33 de la citada ley señala que los efectivos con 20 años o más de servicio tienen la posibilidad de retiro con todas las prestaciones, incluidas las médico-quirúrgicas, en tanto que los elementos con menos años de servicio tienen prestaciones limitadas e, incluso, reciben una compensación por única vez.

 

Sin embargo, a través de un recurso interpuesto por militares retirados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros puntualizaron que al crear la Ley del ISSFAM, los legisladores no justificaron en forma debida las razones por las cuales los militares con 20 años o más de servicio tienen derecho a todas las prestaciones de retiro y atención médica, y los que tienen menos años no.

 

Un militar que duró más de 20 años en activo se retira con el 60 por ciento de su sueldo, y según los años de servicio aumenta 4 por ciento. Los oficiales que permanecieron 30 años dentro del Ejército reciben el ciento por ciento de su salario, además de todos los servicios médicos para ellos y sus familias. Pero a los militares que estuvieron menos de 20 años sólo se les da una compensación en efectivo, de acuerdo con el número de años de servicio.

 

La misma Ley especifica las pensiones con prestación económica vitalicia a que tienen derecho los familiares de los militares en los casos y condiciones que se fijan en el ordenamiento, como la muerte.

 

Según datos del ISSAFM, hay 22 mil 162 pensionados, donde la familia de un general de división obtiene 15 mil 316 pesos mensuales, en tanto que la de un soldado 2 mil 575 pesos.

 

Las reformas

El presidente de la Comisión de Defensa, González Betancourt, comenta que se trabaja en una reforma a la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, con el fin de aumentar las pensiones al personal retirado. Así también otra reforma a la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Fuerza Aérea.

Suárez del Real considera que se tendrán que hacer cambios a la Ley de Pensiones del Ejército, “toda vez que se ha dado un ajuste salvaje y contrario a los intereses de los trabajadores del Estado con la reforma a la Ley del ISSSTE. Esta situación tan desventajosa va a tener que reflejarse en todos los ordenamientos secundarios de las diferentes instancias, incluyendo la Sedena”.

 

Además, el diputado perredista califica como necesaria una reforma a la terminología que se emplea en las Fuerzas Armadas, ya que la actual no permite tener una transparencia en particular, pues poca gente sabe qué son los haberes y sobrehaberes.

 

 

Fecha de publicación: Junio 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 80

 

 

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